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Los conflictos, la agricultura y la
seguridad alimentaria

La existencia de un entorno pacífico y estable en todos los países constituye una condición básica para conseguir una seguridad alimentaria sostenible.

Párrafo 3 del Plan de Acción de la Cumbre Mundial
sobre la Alimentación

INTRODUCCIÓN

Figura 13

Los conflictos armados y las contiendas civiles fueron las principales causas de la inseguridad alimentaria en los años noventa, y seguirán siéndolo en este siglo, aunque es posible que su número y las pérdidas que comportan sean más reducidas (véase la Figura 13). Según cual sea la definición que se utilice de las varias existentes, de 30 a 40 países sufrían conflictos a finales del siglo XX33. En conjunto, resultaron afectados centenares de millones de personas, la gran mayoría de los cuales vivían en países de bajos ingresos, en los que la agricultura era una fuente importante de subsistencia, de ingresos en divisas y de estabilidad social. La inmensa mayoría de los países afectados se encontraban en el África subsahariana. Las pérdidas económicas y las perturbaciones en el suministro de alimentos y el acceso a ellos que ocasionan los conflictos pueden ser desastrosas, especialmente en los países de bajos ingresos donde no existen redes eficaces de seguridad social. Aunque es cierto que los conflictos son el desencadenante de las situaciones de inseguridad alimentaria en muchos países, también lo es que el aumento de la productividad agrícola y la reducción del hambre y la malnutrición en los países pobres es un camino seguro hacia la paz. Pero esto se olvida muchas veces, como lo ha subrayado recientemente el ex Presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter34.

LA CUANTIFICACIÓN DE LAS PÉRDIDAS CAUSADAS POR LOS CONFLICTOS EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO

Las consecuencias más graves de todos los conflictos, como las de las catástrofes naturales, son el sufrimiento, las lesiones y la muerte de hombres, mujeres y niños. En comparación con ello, las pérdidas de productos, medios de producción e infraestructura parecen insignificantes, pero es indudable que estas pérdidas materiales también son importantes, porque socavan la capacidad de subsistencia y recuperación de quienes sobreviven a los conflictos. Esto es especialmente evidente en la agricultura, donde la destrucción de los cultivos y del ganado redunda, en el mejor de los casos, en una reducción de la seguridad alimentaria, y en las situaciones más graves, en el hambre y la muerte. De hecho, en muchas ocasiones, las muertes ocasionadas indirectamente por los conflictos (a consecuencia del hambre, por ejemplo) son más numerosas que las que provoca la violencia directa. La estimación de las pérdidas materiales es un elemento importante para evaluar la gravedad de un conflicto y constituye una guía para formular una política a largo plazo destinada a afrontar los conflictos.

La reducción de la seguridad alimentaria, las hambrunas y los efectos a largo plazo de los conflictos armados pueden causar más muertes que las que provoca directamente la violencia.

Se ha llegado a la conclusión de que los costos indirectos de la guerra son mayores que los costos directos y que persisten mucho tiempo después de que haya concluido35. Sin embargo, estimar los costos de un conflicto (tanto directos como indirectos) es una tarea de gran complejidad36. Las consecuencias de la guerra no se deben evaluar en un marco estático, pero es difícil tener en cuenta los cambios en la tecnología, las instituciones y las relaciones sociales diferentes que se producen durante los conflictos. También es extremadamente difícil evaluar el valor económico y el impacto en el empleo de la pérdida de vidas humanas.

En esta sección, que se centra en los países en desarrollo, las estimaciones de las pérdidas causadas por la guerra se limitan al impacto directo sobre la producción agrícola y no se abordan las pérdidas de capital ni los efectos indirectos, por ejemplo, sobre las actividades rurales no agrícolas37. Las pérdidas directas pueden producirse por varios mecanismos: la emigración de la población de las zonas afectadas por el conflicto, con el consiguiente abandono de la tierra y el ganado; la reducción de los productos comercializados por la desorganización de los servicios de transporte; la destrucción de cultivos en los campos o de las existencias poscosecha y del ganado por grupos armados; y la disminución de los rendimientos por la falta de acceso a insumos esenciales. (Estas cuestiones se analizan más detalladamente en la sección titulada Las características de la agricultura y el efecto de los conflictos)

Recuadro 4

LOS CONFLICTOS Y EL CONSUMO DE ENERGÍA ALIMENTARIA EN LOS PAÍSES AFRICANOS

En un estudio realizado por la FAO sobre los factores que determinan los niveles de consumo de energía alimentaria1 se incluyeron estimaciones de los efectos de la guerra y los disturbios civiles en una serie de países africanos durante el período comprendido entre 1971 y 1992. En el estudio se utilizó un análisis de regresión para explicar la evolución del consumo de energía alimentaria per cápita, estimada por el suministro de energía alimentaria (SEA) menos su componente de ayuda alimentaria para un cierto número de países que experimentaban situaciones de guerra civil y/o disturbios (los datos sobre esas situaciones se recabaron del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos [USDA]). La guerra civil y/o los disturbios se representaron en el análisis mediante una variable simulada.

El estudio llegó a la conclusión de que los efectos de la guerra o los disturbios civiles sobre el consumo de energía alimentaria variaban notablemente según la frecuencia y gravedad de la situación, pero que en algunos casos eran considerables. Así, entre los países en los que el impacto de esa variable era significativo (es decir, en un nivel estadístico del 10 por ciento), la energía alimentaria perdida en Uganda en cada uno de los años de guerra o disturbios civiles ascendía a 56 kcal, o el 2,5 por ciento del nivel medio del SEA. La energía alimentaria perdida era muy alta en Liberia (362 kcal, el 16 por ciento del total) en Somalia (438 kcal, el 20 por ciento) y en Etiopía (120 kcal, el 6 por ciento).

1 Preparado para la FAO por el profesor George P. Zanias, de la Universidad de Economía y de Actividades Empresariales de Atenas, Grecia.

Es preciso señalar que las estimaciones de los costos son aproximadas. En muchos casos, la falta de estadísticas fiables perjudica la exactitud de las estimaciones. Muchos de los países afectados por conflictos son países de bajos ingresos en los que las estadísticas agrícolas son poco fiables incluso en tiempo de paz38. A menudo, los conflictos interrumpen el proceso normal de recopilación de datos y de estimación y, además, durante los conflictos suele ser mayor la parte de la producción que no se registra porque se canaliza a través de redes no estructuradas de comercialización.

Cuadro 7

PÉRDIDAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PRODUCIDAS POR LOS CONFLICTOS, POR REGIONES: DECENIOS DE 1970,1980 Y PERÍODO 1990-97

Región

Decenio de 1970

Decenio de 1980

1990-97

Pérdidas totales 

 

Países

Pérdidas (millones de dólares EE.UU. precios de 1995)

Países

Pérdidas (millones de dólares EE.UU. precios de 1995)

Países

Pérdidas (millones de dólares EE.UU. precios de 1995)

 

America
Latina
y el Caribe

Colombia,
Nicaragua, Honduras (3)

1 328 (7%)

Nicaragua, Perú, El Salvador, Guatemala, Colombia, Honduras, Panamá (7)

8 686 (12%)

Nicaragua, Perú, El Salvador, Guatemala, Colombia (5) [Haití, sin datos]

5 011 (8%)

15 025 (10%)

África subsahariana

Angola, Burundi, Chad, Rep. Dem. del Congo, Guinea Bissau, Etiopía, Mozambique, Namibia, Rwanda, Sudán, Zimbabwe (11)

9 427 (15%)

Angola, Rep. Centroafricana, Chad, Rep. Dem. del Congo, Etiopía, Liberia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Sudán, Zimbabwe (11)

21 951 (26%)

Angola, Burundi, Rep. Centroafricana, Congo, Rep. Dem. del Congo, Etiopía, Kenya, Liberia, Mozambique, Somalia, Sudán, Zimbabwe (12)

21 005 (40%)

52 383 (30%)

Asia meridional y sudoriental

Camboya, Rep. Dem. Popular Lao, Sri Lanka, Viet Nam (4)

4 346 (21%)

Camboya, Filipinas, Sri Lanka (3)

6 707 (13%)

Camboya, Filipinas, Sri Lanka (3)

6 360 (10%)

17 413 (14%)

Asia
Occidental y África del Norte

Irán, Iraq (2) (no existen datos para otros PAC)

206 (6%)

Afganistán, Irán, Iraq (3) (no existen datos para otros PAC)

13 211 (11%)

Afganistán, Argelia, Iraq (3) (no existen datos para otros PAC)

22 382 (58%)

35 800 (40%)

TOTAL

Países: 20
por año 10,3

15 307 (16%)

Países: 24
por año 16,9

50 556 (18%)

Países: 23
por año 15,3

54 758 (41%)

120 620 (28%)

Notas: Se han enumerado los países para los que el modelo (véase infra) arrojó resultados estadísticamente significativos para la variable de los conflictos (excepto con las excepciones señaladas infra). Se omiten los países afectados por conflictos (PAC) para los cuales el método mostró resultados insignificantes desde el punto de vista estadístico y aquellos para los que no existían datos. Los porcentajes que figuran entre paréntesis corresponden a la proporción de las pérdidas de valor añadido agrícola durante los años de conflictos, ponderados en el conjunto de los países y por el valor total añadido de cada país. Las pérdidas se estiman mediante el siguiente modelo de regresión por países:
Agric = ao + a1 (ag/man) + a2 (Com/ncom) + a3 (T) + a4 (conf) + e siendo (con las variables en forma logarítmica excepto T y conf):
agric = valor añadido agrícola en dólares constantes de 1995; ag/man = relación entre los precios agrícolas y manufactureros entre productos comercializables; Com/ncom = relación entre precios de productos comercializables (agricultura, minería y manufactura) y no comercializables (servicios), tipo de cambio real; T = tendencia temporal; Conf = variable del conflicto, que tiene el valor 1 en los años de conflictos, y e = término de error.
Cuando la variable del conflicto era significativa al nivel ,1 en los años afectados por la guerra, se multiplicó por la producción real para obtener las pérdidas estimadas. Este método no se pudo aplicar a varios países y fue necesario utilizar otra metodología.

En el Cuadro 7 se presentan las pérdidas estimadas de producción, muy cuantiosas, para todos los países en desarrollo. Durante los 28 años comprendidos entre 1970 y 1997, la cifra total de pérdidas estimadas asciende a casi 121 000 millones de dólares a los precios de 1995, es decir, 4 300 millones anuales en promedio. Se puede comparar esta cifra con el costo estimado de incrementar la nutrición a los niveles mínimos necesarios. Se calcula que costaría alrededor de 13 dólares por persona y año suministrar alimentos suficientes para alimentar a las personas subnutridas en un nivel mínimamente aceptable39. Dividiendo las pérdidas estimadas (4 300 millones de dólares anuales) por 13 se obtiene la cifra de 330 millones de personas subnutridas que podrían haber incrementado la ingesta de alimentos hasta los niveles mínimos requeridos durante el año.

Recuadro 5

LOS CONFLICTOS Y LAS SITUACIONES DE URGENCIA ALIMENTARIA

Durante los últimos quince años se ha registrado un gran número de situaciones de urgencia alimentaria desencadenadas por factores naturales o humanos. Su número ha fluctuado entre 20 y 30 casi todos los años, pero ha mostrado una tendencia a aumentar durante los años noventa, particularmente en la última parte del decenio. Este incremento guarda relación principalmente con la mayor incidencia de conflictos. La figura muestra, de hecho, un cambio evidente en las causas de las situaciones de urgencia alimentaria. Mientras que en 1984 las catástrofes provocadas por los seres humanos representaron únicamente el 10 por ciento de las situaciones de urgencia, a finales de 1999 eran el factor determinante en más del 50 por ciento de los casos.

Fuente: FAO.

Figura A

La reducción de la malnutrición conseguida de esta forma igualaría a la alcanzada mediante toda la ayuda alimentaria. En los años ochenta y noventa, las pérdidas causadas por los conflictos en los países en desarrollo superaron la ayuda alimentaria de todo tipo recibida por esos países (véase el cuadro del Recuadro 6). En el decenio de 1980, las pérdidas ascendieron a unos 37 000 millones de dólares y la ayuda fue de 29 000 millones de dólares (en ambos casos, en precios actuales).

Las pérdidas económicas determinadas por conflictos en países en desarrollo excedieron el valor total de la ayuda alimentaria proporcionada a dichos países en las décadas de 1980 y 1990.

Entre 1976 y 1990, las pérdidas en precios constantes aumentaron de forma alarmante -un 12 por ciento annual- (véase la Figura 14), estabilizándose en los años noventa en una cifra comprendida entre 6 500 y 7 000 millones de dólares anuales. Las pautas de las pérdidas de producción justifican la conclusión de que se alcanzó la cota máxima en 1990, aunque posteriormente no se ha invertido la tendencia anterior. En el decenio de 1990 los conflictos continuaron siendo una de las causas principales de las pérdidas de producción y de la inseguridad alimentaria en los países en desarrollo. La cuantía relativa de las pérdidas se puede calcular comparándolas con el comercio agrícola de todos los países en desarrollo (el promedio de las importaciones y exportaciones). Aunque la comparación no es totalmente rigurosa, pues el comercio se refiere a la producción bruta y las pérdidas al valor añadido, las cifras son considerables (véase la Figura 15). Tras fluctuar entre el 1 y el 3 por ciento entre 1970 y 1980, las pérdidas iniciaron una tendencia al alza, alcanzando algo más del 7 por ciento del comercio agrícola total en 1990.

Recuadro 6

LA AYUDA ALIMENTARIA Y LOS CONFLICTOS

La ayuda alimentaria contribuye de manera importante a reducir los efectos de los conflictos en los grupos de población aquejados de inseguridad alimentaria. La ayuda alimentaria distribuida para hacer frente a los conflictos daría una indicación de las pérdidas ocasionadas por los conflictos en la agricultura si fuera posible desglosarla oportunamente. Los datos disponibles sólo permiten desglosar la ayuda alimentaria «de urgencia», que comprende desembolsos para todos los tipos de urgencias, tanto naturales como provocadas por el hombre. El cuadro refleja los envíos de ayuda alimentaria en cereales a los países afectados por conflictos que se enumeran en el Cuadro 7, con la excepción de la República Democrática Popular Lao y Viet Nam (puesto que los conflictos internos de estos países ya habían concluido en 1989/90, años que constituyen el punto de partida del cuadro). Durante el decenio de 1990, el 86 por ciento la ayuda alimentaria de urgencia destinada a los países afectados por conflictos fue a parar a la región del África subsahariana.

AYUDA DE URGENCIA EN CEREALES A LOS PAÍSES AFECTADOS POR CONFLICTOS, POR REGIONES (1989/90 A 1997/98)

 

(Miles de toneladas)

(Porcentaje)

 

America
Latina

África
sub-sahariana

Asia meridional y sudoriental

África del Norte y Asia occidental

Total

America Latina

África sub- sahariana

Asia meridional y sudoriental

África del Norte y Asia occidental

1989

85

994

9

68

1 156

7,4

86,0

0,8

5,9

1990

37

1 846

38

120

2 041

1,8

90,5

1,9

5,9

1991

12

2 513

75

261

2 861

0,4

87,9

2,6

9,1

1992

13

3 082

125

174

3 394

0,4

90,8

3,7

5,1

1993

12

2 306

55

276

2 649

0,4

87,0

2,1

10,4

1994

33

2 209

60

265

2 567

1,3

86,0

2,3

10,3

1995

14

1 526

68

274

1 881

0,7

81,1

3,6

14,5

1996

9

1 147

36

320

1 512

0,6

75,9

2,4

21,2

1997

15

1 177

55

174

1 421

1,1

82,8

3,9

12,2

Total

230

16 800

521

1 931

19 482

1,2

86,2

2,7

9,9

Nota: Las cifras se refieren a los mismos países que en el Cuadro 7, con la excepción de la República Popular Democrática Lao y Viet Nam,
en Asia meridional y sudoriental. Se indica el primer año del período de 12 meses, es decir, 1989 = 1989/90.
Fuentes: FAO y PMA.

La situación por regiones

Las regiones de América Latina y el Caribe y de Asia meridional y sudoriental registran pérdidas por conflictos mucho más reducidas (véanse la Figura 16 y el Cuadro 8). La primera de las regiones citadas es un caso excepcional en el sentido de que a finales de los años noventa sólo un país latinoamericano, Colombia, seguía sufriendo un riesgo grave de conflictos. En esta región, las pérdidas se concentraron en el decenio de 1980 y en los primeros años del de 1990. En América Central, los conflictos de El Salvador, Guatemala y Nicaragua se debieron a problemas políticos de índole diversa y a la inestabilidad socioeconómica, pero también surgieron a causa de prolongadas disputas sobre la distribución de la tierra (especialmente en los dos primeros países). Las pérdidas resultantes de los conflictos en Honduras fueron básicamente efectos «secundarios» de las luchas armadas ocurridas en otros Estados40.

Cuadro 8

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PÉRDIDAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, POR REGIONES Y DECENIOS

Región

Decenio de 1970

Decenio de 1980

Decenio de 1990

Total

América Latina y el Caribe

9

17

9

13

África subsahariana

62

43

38

43

Asia meridional y sudoriental

28

13

12

14

África del Norte y Asia occidental

1

26

41

30

América Latina es la región en desarrollo que se ha visto menos afectada por los conflictos a partir de los años ochenta.

Cuadro 9

PÉRDIDAS AGRÍCOLAS Y FLUJOS DE CAPITAL EN LOS PAÍSES SUBSAHARIANOS AFECTADOS POR CONFLICTOS, 1975-1997

 

1975-79

1980-89

1990-97

Total

   

(Millones de dólares - valor actual)

 

Pérdidas

11 924

31 160

21 916

64 999

AOD

7 999

50 811

65 715

124 525

IED

2 740

984

14 030

22 753

   

(Porcentaje)

 

Pérdidas/AOD

149

61

33

52

Pérdidas/IED

435

521

156

286

Las pérdidas por conflictos fueron especialmente acusadas en el África subsahariana. En el período considerado, esta región experimentó las mayores pérdidas en términos absolutos, 52 000 millones de dólares (en precios de 1995). En el conjunto de los países afectados durante los años de conflicto, esta suma representó casi el 30 por ciento de la producción agrícola (Cuadro 7). A diferencia de las dos regiones a las que se ha hecho referencia anteriormente, las estimaciones correspondientes al África subsahariana no muestran en los años noventa una tendencia clara a la disminución, ni por la incidencia de los conflictos (número de países) ni por las pérdidas causadas por éstos. El número de países afectados fue prácticamente el mismo en cada uno de los decenios. En relación con la producción agrícola total de los países afectados en los años de conflicto, las pérdidas aumentaron en una cifra cercana al 5 por ciento anual entre 1976 y 1996, registrándose un importante descenso en 1997. Aunque es cierto que la paz ha retornado a varios países, incluido Mozambique, después de unas guerras prolongadas y devastadoras, la región seguía estando gravemente afectada por conflictos al finalizar el siglo.

Recuadro 7

AGRICULTURA, CONFLICTO Y GENOCIDIO EN RWANDA

Las dos características principales de la agricultura de Rwanda son la elevada densidad de población en las zonas rurales y la concentración en cultivos de exportación, como el té y el café. En el período comprendido entre 1969 y 1981, la producción de café aumentó en promedio el 4,4 por ciento anual, mientras que la producción de té lo hizo el 17 por ciento anual. Sin embargo, la calidad del café, principal cultivo de exportación, se deterioró desde finales del decenio de 1970. A causa de ello, los cultivadores de café y la economía perdieron capacidad para beneficiarse de los aumentos de precios imprevistos y quedaron más expuestos al descenso de los mismos. Entre 1985 y 1992, el precio mundial del café disminuyó el 72 por ciento en términos reales y el del té el 66 por ciento. Aunque en 1989-90, Rwanda produjo un 40 por ciento más de café que a principios de los años ochenta, los ingresos disminuyeron el 20 por ciento. A partir de 1992, los efectos de la estabilización del precio del café dejaron de transferirse a los cultivadores, como parte del programa de ajuste estructural aplicado en el país. A esa crisis hay que sumar el hecho de que el fuerte crecimiento demográfico registrado durante un largo período produjo una disminución del tamaño de las explotaciones, mientras que apenas se intensificó la producción. Las sequías de los años ochenta empeoraron aún más las condiciones. Se ha estimado que en 1989, uno de cada seis rwandeses estaba aquejado por el hambre. Según las estimaciones oficiales, la producción de energía alimentaria disminuyó de 2 055 kcal por agricultor y día en 1984 a 1 509 kcal en 1991. Así pues, durante el decenio de 1980 la agricultura de Rwanda se vio sometida a graves presiones. Según algunas estimaciones, el estallido de la guerra en 1990 provocó el desplazamiento del 15 por ciento de la población. Las consecuencias de la guerra de 1994 sobre la agricultura fueron desastrosas. Cuando accedió al poder el Frente Patriótico de Rwanda, hecho que puso fin al genocidio, 2 millones de personas habían huido del país y centenares de millares estaban clasificados como personas desplazadas en el interior del país.

Fueron muchos los que predijeron después del genocidio que se produciría una situación de hambre sin precedentes, pero esos temores resultaron ser exagerados. Las estimaciones de las pérdidas ocasionadas por el conflicto que se realizaron posteriormente indicaron que habían sido muy distintas de unas a otras provincias y en el interior de ellas. También pusieron de manifiesto que los problemas de la producción agrícola y de la rehabilitación de Rwanda no guardaban relación únicamente con las semillas y las cosechas, sino que afectaban a toda la organización de la producción rural. Lejos de ser autosuficientes, la mayor parte de los agricultores necesitaban dinero en efectivo para adquirir insumos esenciales como las semillas. Las dos fuentes más importantes de ingresos, además de la venta de la producción agrícola que se comercializaba, eran la emigración estacional de los varones a otras prefecturas y el trabajo como asalariadas en explotaciones agrícolas por parte de las mujeres. Ambas se vieron interrumpidas en los años noventa, la primera como resultado directo del conflicto y la segunda por la huida o la muerte de los dueños de grandes explotaciones. En 1995, el Ministerio de Agricultura estimó que con posterioridad desde abril de 1994 tres de cada cuatro agricultores habían sido desplazados y que la cosecha recogida en diciembre-enero se había reducido a la mitad de la cosecha normal.

A partir de 1995 comenzó una recuperación desigual de la agricultura, con el retorno de los campesinos a sus tierras, la solución parcial de los conflictos legales y la reanudación de la emigración de la mano de obra. Sin embargo, el problema de la rehabilitación posterior al conflicto y de la política agrícola, más en general, no se reducía simplemente a restablecer los niveles de producción y las instituciones a la situación existente antes de la guerra. Para encontrar soluciones a largo plazo es necesario reorganizar el sistema de producción agrícola en su conjunto.

Fuentes: P. Gourevitch. 1999. We wish to inform you that tomorrow we will be killed with our families. Londres, Picador; J. Pottier. 1996. Agricultural rehabilitation and food insecurity in postwar Rwanda: assessing needs, designing solutions. IDS Bulletin, 27(3); A. Storey. 1999. Economics and ethnic conflict: structural adjustment in Rwanda. Development Policy Review,17: 43-63; P. Uvin. 1996. Development, aid and conflict: reflections from the case of Rwanda. Research for Action No. 24. Helsinki, Universidad de las Naciones Unidas/Instituto Mundial de Investigaciones de Economía del Desarrollo.

Si bien es cierto que los derechos de las poblaciones indígenas a los recursos han sido una fuente de graves problemas en América Latina, sólo en Guatemala los problemas étnicos desencadenaron un conflicto importante. En general, las pérdidas por países fueron menores que en otras regiones, en términos relativos, inferiores al 10 por ciento de la producción total en los años de conflicto. Nicaragua es la excepción: a finales de los años setenta, las pérdidas estimadas a causa de los conflictos triplicaban con creces ese porcentaje. En Nicaragua, las disputas por la tierra también siguieron alimentando los conflictos en los años noventa en mayor grado que en los demás países de América Central. Pese a la larga historia de levantamientos rurales en América Latina, casi siempre por la distribución de la tierra, lo cierto es que al concluir el siglo XX era la región menos afectada por ese fenómeno.

Figura 14

Las pérdidas económicas imputables al conflicto en el África subsahariana equivalen prácticamente al 30 por ciento de la producción agrícola de los países afectados desde 1970.

En Asia meridional, sudoriental y oriental, ninguno de los países muy poblados (Bangladesh, China, la India, Indonesia y el Pakistán) sufrieron pérdidas estadísticamente significativas a causa de los conflictos. En Asia sudoriental, los conflictos estuvieron estrechamente relacionados con las rivalidades de la guerra fría, ilustradas por los casos de dos países, la República Democrática Popular Lao y Viet Nam, que consiguieron una paz interna duradera a mediados del decenio de 1970. En trágico contraste, la guerra continuó en Camboya durante los años noventa, e incluso al concluir el siglo la consecución de la paz era en este país un objetivo difícil. El caso de Camboya demuestra con qué facilidad se pueden acumular las pérdidas. Si la producción agrícola se hubiera mantenido en un nivel constante en desde 1970 (incluso teniendo en cuenta el gran número de pérdidas de vidas en las comunidades rurales y urbanas), en 1997 la producción per cápita habría duplicado las cifras conseguidas. A pesar del caso de Camboya, las pérdidas registradas en la región durante los años de conflictos supusieron una parte relativamente reducida (el 14 por ciento) de la producción del sector (véase el Cuadro 7).

Figura 15

En la mayor parte de los países subsaharianos, los conflictos han sido relativamente cortos, pero recurrentes. En algunos países, los conflictos se extendieron durante todo el período de 28 años que se está considerando. Angola es un caso extremo, con enfrentamientos armados casi permanentes desde antes de 1970 y sin una perspectiva de paz inminente al concluir el siglo (pese a la firma de un acuerdo oficial de paz a comienzos de los años noventa). Las estimaciones indican que al final del decenio de 1990, la producción agrícola de Angola era mucho menos de la mitad de la que se podrían haber alcanzado si no se hubieran producido situaciones de guerra. El Sudán se ha visto afectado durante un período casi igualmente prolongado, aunque las pérdidas han sido menores. En el Cuadro 9, se expresa en dólares (en precios de 1995) la gravedad de los efectos de los conflictos en los países subsaharianos. En los países afectados por conflictos, las pérdidas en la agricultura se estiman en el 75 por ciento de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) correspondiente a los 28 años, porcentaje que ha aumentado en cada uno de los decenios. Las pérdidas por conflictos registradas en el África subsahariana han superado con creces la inversión extranjera directa (IED). Teniendo en cuenta que más del 80 por ciento de la IED se destinó a dos países inmersos en conflictos, Angola y Nigeria, las pérdidas agrícolas superaron con mucho esas entradas de capital privado en los otros países.

Los trabajos de Luckham, Ahmed y Muggah41 corroboran estas estimaciones de las pérdidas e indican que de los 11 países del África subsahariana más afectados por la guerra la producción agrícola per cápita se redujo más acusadamente en los cuatro en los que el Estado se derrumbó durante los años noventa (Sierra Leona, Liberia, Somalia y Rwanda). Uno de esos 11 países fue el Chad, que, aunque afectado por conflictos, no experimentó grandes pérdidas, según las estimaciones. Tal vez la causa es que las contiendas fueron de escasa entidad y se produjeron en lugares alejados de las principales zonas agrícolas.

Según algunas estimaciones, el norte de África y Asia occidental fueron aún más propensas que el África subsahariana a sufrir conflictos, y las guerras internas o las invasiones afectaron a una larga lista de países. A pesar de ello, las pérdidas en la agricultura sólo fueron estadísticamente significativas en cuatro países: Afganistán, Argelia, la República Islámica del Irán e Iraq. Con arreglo a las estimaciones estadísticas, las pérdidas por conflictos no comenzaron hasta los últimos años del decenio de 1970 y luego se intensificaron enormemente (véanse la Figura 16 y el Cuadro 8), hasta el 26 por ciento anual en precios constantes entre 1979 y 1988. Este fenómeno fue en su mayor parte consecuencia de los conflictos de Afganistán y de la guerra irano-iraquí. Tan terribles fueron los efectos de los conflictos en esa zona que en el decenio de 1990 las pérdidas sufridas por tres países -Afganistán, Iraq y Argelia- fueron superiores a las pérdidas totales registradas en el África subsahariana. Estos países fueron, en promedio, los más gravemente afectados de todas las regiones. En los años noventa, las pérdidas registradas durante los años de conflicto en los países afectados ascendieron, en promedio, al 60 por ciento de la producción total.

LA NATURALEZA DE LOS CONFLICTOS

Figura 16

El impacto de los conflictos en la agricultura se puede situar en el contexto de la naturaleza de los conflictos contemporáneos, que se ha modificado desde la segunda guerra mundial. Hasta entonces, las guerras consistían en enfrentamientos entre gobiernos, se libraban con ejércitos regulares, existía una clara distinción entre combatientes y civiles, había frentes de batalla reconocidos y su conclusión estaba relativamente clara.

Pero desde la segunda guerra mundial los conflictos entre países han sido escasos y, por lo general, breves (aunque las guerras de Corea y Viet Nam y el enfrentamiento entre la República Islámica del Irán e Iraq fueron muy prolongados). En su mayor parte, los conflictos contemporáneos no son entre países, sino entre un gobierno y grupos políticos o militares que tratan de derrocarlo o de crear un Estado distinto. En esos conflictos no se enfrentan dos ejércitos regulares, sino que se trata de una compleja lucha entre el Gobierno y varios oponentes, que pueden estar enfrentados entre sí42. En algunos casos es difícil determinar quién se encuentra oficialmente o de hecho al frente del Gobierno. Como no se trata de un conflicto declarado43, su comienzo y su final son ambiguos. Como lo muestra el conflicto de Angola, ni siquiera un acuerdo formal de paz firmado por las partes en lucha indica necesariamente el final de la guerra44.

En los últimos tiempos los conflictos tienden a estallar sobre todo entre gobiernos y grupos opositores de un mismo país.

Ante la dificultad de establecer con precisión la distinción entre combatientes y civiles, los conflictos internos suelen tener efectos indiscriminados sobre la población. De hecho, la mayor parte de las víctimas son civiles. Con frecuencia, los instrumentos de la guerra son de un bajo nivel tecnológico, utilizándose armas de pequeño calibre y minas terrestres. Estas últimas constituyen un obstáculo especialmente fuerte para la agricultura, al impedir el laboreo de vastas extensiones de tierra cultivable hasta que se retiran. Sin embargo, más grave que sus efectos sobre la capacidad productiva de los agricultores es el hecho de que esos conflictos suelen provocar situaciones de inseguridad alimentaria al perturbar el transporte y la distribución de alimentos.

Figura 17

Otra de las características de los conflictos internos es que se libran en el campo más que en las ciudades. Por esa razón, tienen efectos devastadores sobre la población rural y la agricultura. Este hecho contrasta con las guerras entre países del pasado (y con los conflictos recientes en Iraq y en los Balcanes) en los que los bombardeos aéreos destruían principalmente las ciudades.

Los conflictos internos de un país perjudican más a la población rural que las contiendas internacionales.

Es evidente que la competencia por unos recursos escasos, como la tierra y el agua, aumenta la probabilidad de que se produzcan conflictos. El control de las tierras fértiles, el agua y las existencias de alimentos suele ser un objetivo estratégico de todas las partes implicadas en el conflicto. A la inversa, la destrucción de las existencias y de los medios de producción agrícola puede ser un objetivo militar del gobierno y de los insurgentes. Cualquiera de los dos bandos puede poner en práctica una táctica de «tierra quemada», sobre todo el gobierno, como medio para socavar el apoyo a los insurgentes. Esta táctica tiene una larga tradición45. En este tipo de lucha, la inseguridad alimentaria se convierte en un arma poderosa que tiene efectos catastróficos sobre la población rural.

Recuadro 8

LA CRISIS DE LAS ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA DURANTE
LOS CONFLICTOS

Cuando las familias se encuentran en peligro de sufrir de inseguridad alimentaria, recurren a distintas estrategias de supervivencia para mantener el acceso a los alimentos y proteger sus medios de subsistencia durante la crisis. Recoleccionan alimentos silvestres, tratan de conseguir crédito, venden su trabajo o reducen el consumo. Las reacciones de la población dependen principalmente de su percepción de la gravedad de la crisis y de su posición económica y social.

Al decidir entre las opciones posibles, la familia sopesa cuidadosamente los costos económicos y sociales de cada decisión, aunque durante los conflictos, la población puede verse obligada a asumir súbitamente mayores riesgos, puesto que su primer objetivo es salvar vidas. Además, la libertad de movimientos se ve limitada muchas veces a causa de la inseguridad y ello limita el acceso a los alimentos. La recolección de alimentos silvestres con los que no se está familiarizado puede resultar arriesgada; muchos de ellos pueden contener toxinas naturales y cuando se desconoce la forma de prepararlos y de utilizarlos, su consumo puede causar toxicidad y envenenamiento. A menudo, las casas y las explotaciones son destruidas al huir la población y ello hace que le resulte muy difícil reanudar la existencia normal cuando regresa a sus comunidades. Por otra parte, muchas de las redes económicas y sociales a las que recurren normalmente las familias en los momentos de crisis pueden desaparecer en las situaciones de conflicto; la comunidad, o incluso la familia, tal vez no existen ya como red de seguridad. En tales casos, las posibles estrategias de supervivencia son realmente limitadas.

En las zonas en las que suelen producirse conflictos, un conocimiento adecuado de las distintas estrategias de supervivencia que pueden adoptar las familias es esencial para implantar un sistema eficaz de prevención y protección frente a la inseguridad alimentaria.

Fuente: Texto adaptado de A. Hussain y
M. Herens. 1997. Child nutrition and food security during armed conflict. Alimentación, Nutrición y Agricultura, Nº 19.

LAS CARACTERÍSTICAS DE LA AGRICULTURA Y EL EFECTO DE LOS CONFLICTOS

Por su naturaleza, las guerras internas afectan a la agricultura en formas diversas. Sus efectos difieren también en función de las características de la agricultura de cada país. En algunos puede haber un excedente de mano de obra en las zonas rurales y en tales casos las bajas producidas por la guerra, con independencia de su costo humano evidente, no menoscaban necesariamente la productividad agrícola ni las tendencias de la producción. En otras circunstancias, la agricultura puede sufrir una escasez de fuerza de trabajo, especialmente durante los períodos estacionales de máxima actividad (la cosecha, la escarda, etc.). Cuando eso ocurre, las bajas ocasionadas por la guerra o el reclutamiento de agricultores para las fuerzas armadas socava la viabilidad de la agricultura.

El costo directo de los daños de la guerra suele ser mayor cuando la agricultura está más capitalizada, es decir, cuando la mecanización y el riego están más avanzados, se utilizan insumos adquiridos y se comercializa una gran parte de la producción.

La guerra comporta un costo mayor para la agricultura mecanizada que para los cultivos de subsistencia.

Los conflictos pueden afectar a la agricultura y a la seguridad alimentaria en muchas otras formas. En las zonas especializadas en cultivos de exportación para los que es necesario utilizar mucha mano de obra, la guerra tiene repercusiones sobre los ingresos en divisas, y ello puede tener graves consecuencias para el desarrollo y la seguridad alimentaria. Si la población rural está formada por compradores netos de alimentos, que tal vez proporcionan mano de obra asalariada a las explotaciones comerciales, la perturbación de las fuentes de ingresos y de las redes de comercialización expone a la población a una mayor inseguridad alimentaria que en los casos en que predomina la producción alimentaria de subsistencia. Cuando las zonas agrícolas comerciales dependen, al menos en parte, de la emigración de la fuerza de trabajo, la guerra puede interrumpir la corriente habitual de emigración estacional, afectando a la productividad de las explotaciones comerciales. Además, este factor también reduce los ingresos en zonas que no están afectadas directamente por la guerra pero que envían emigrantes a las zonas en conflicto. Por ejemplo, los trabajadores de Kordofan meridional, en el Sudán, no podían emigrar a otras regiones en busca de trabajo en los períodos de guerra civil. Los trabajadores emigrantes repatriados a Bangladesh y Filipinas desde el Iraq, así como las familias dependientes de sus remesas, se vieron afectados por la guerra del Golfo debido a la pérdida de ingresos46.

Las actividades ganaderas son muy vulnerables a la guerra: durante los conflictos nadie cuida de los animales, y es fácil que se difundan enfermedades.

Los efectos de la guerra sobre la agricultura a largo plazo dependen, entre otros factores, de la composición de cultivos. Por ejemplo, en las zonas donde predominan los cultivos arbóreos como el café o el anacardo, la huida de refugiados y los conflictos dan lugar al descuido o el abandono de los árboles, que quedan más expuestos a sufrir plagas y enfermedades47. Así ocurrió, por ejemplo, en el caso del banano, un alimento básico en Rwanda y Burundi. Esto retrasa la recuperación de la productividad agrícola en el período de posguerra, dado que los árboles y arbustos pierden productividad con la edad, y aumentan los costos de revitalizar la producción de exportación competitiva. Análogamente, una de las actividades agrícolas más vulnerables en tiempo de guerra es la cría de ganado. Las estimaciones realizadas indican que durante los años centrales del decenio de 1990 Somalilandia perdió más de la mitad de la cabaña por los efectos directos e indirectos de los conflictos48. Las estimaciones realizadas para Mozambique apuntan a una pérdida aproximada del 80 por ciento de la cabaña49.

FAO/21328

Víctimas de las minas Algunas veces los agricultores se
ven obligados a cultivar campos que están
minados

- FAO/21328

Las grandes explotaciones, ya sean estatales, privadas o mixtas, quedan relativamente protegidas de los efectos directos de la guerra, pero resultan vulnerables por ser blanco de los insurgentes. Por ejemplo, una explotación estatal será frecuentemente un blanco para aquellos rebeldes cuya estrategia incluye la destrucción selectiva de la propiedad pública. Los gobiernos pueden destinar tropas a proteger esas empresas, pero probablemente se debilitarán, o desaparecerán completamente, los vínculos entre las grandes y las pequeñas explotaciones debido a la inseguridad reinante durante la guerra. En los países de ingresos bajos y medios, la población rural obtiene sus ingresos de fuentes distintas como la producción de subsistencia, la elaboración de cultivos para mercados locales y distantes y de pequeñas empresas como el transporte y la artesanía. Existen vinculaciones entre la agricultura y los sectores manufactureros: en muchos casos el motor de la industrialización es la elaboración agrícola, por ejemplo, el desmotado del algodón, el refino del azúcar, la producción de bebidas no alcohólicas, la producción industrial de cerveza, la fabricación de muebles y las fábricas de pasta y papel. También existen flujos de recursos entre distintos sectores. La guerra puede perturbar todas estas vincula-ciones.

Las minas terrestres representan un peligro para los trabajadores agrícolas y reducen su capacidad de producción.

Si los conflictos debilitan los vínculos entre las zonas rurales y urbanas o reducen el turismo en las zonas rurales, muchas de las distintas fuentes de ingresos de la población rural resultarán afectadas por la falta de demanda o de insumos. La agroindustria también puede verse gravemente afectada por los conflictos cuando se interrumpe el suministro normal de materias primas y su venta por los productores a las empresas industriales, o cuando se reduce la demanda de materia prima. Pero aun cuando continúe el flujo intersectorial de recursos, los mecanismos pueden verse socavados por la guerra. Los organismos de comercialización pueden tener menos capacidad para comprar cosechas o pueden sufrir, en su organización y su dotación de personal, las consecuencias de la desviación de recursos al esfuerzo de guerra. Los efectos positivos de las transferencias de recursos de la agricultura a otros sectores y de la reinversión en la agricultura también resultarán afectados. Otro mecanismo de violencia perturba la agricultura: la destrucción de la infraestructura de transporte y comunicaciones durante la guerra.

Habitualmente, las minas terrestres se dispersan por las zonas rurales, en algunos casos de manera indiscriminada (véase el Recuadro 9). Se colocan en campos de cultivo, en las sendas que conducen desde las aldeas hasta los campos y los ríos y en los caminos rurales de acceso, las carreteras principales y los puentes. Tienen un efecto directo importante sobre la producción agrícola al hacer demasiado peligrosa cualquier actividad en este sector. Para neutralizar el efecto de las minas terrestres es necesario establecer su localización, pero a menudo ni quienes ocupan el poder ni sus adversarios han registrado el lugar donde se han colocado. En Afganistán, Angola y Camboya, países en los que existe una densidad muy elevada de minas, el impacto sobre la producción agrícola es de extraordinarias proporciones y puede prolongarse durante varios años una vez concluido el conflicto.

Recuadro 9

LAS MINAS TERRESTRES EN ANGOLA

Angola ha vivido en una situación de guerra casi ininterrumpidamente desde 1961. Las minas terrestres se utilizaron por primera vez a mediados de 1961 en la guerra entre las autoridades coloniales portuguesas y los grupos nacionalistas. Con el aumento del apoyo exterior a los movimientos nacionalistas, que comenzó en 1968, aumentó también la utilización de minas terrestres. Una de las fases más intensas de actividad militar tuvo lugar a finales de los años ochenta, con los encarnizados enfren-tamientos en la zona de Cuito Cuanavale. Ambos bandos sembraron grandes cantidades de minas y la colocación de éstas se intensificó tras el fracaso del proceso de paz y de las elecciones entre 1990 y 1992. El gobierno del Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA) y UNITA colocaron millares de minas para impedir el paso por carreteras y puentes en torno a las ciudades sitiadas. Había «cinturones» de minas de hasta 3 km de anchura.

Según una estimación, el número de minas terrestres que se colocaron en Angola asciende a alrededor de 20 millones. En 1999, había todavía 4 millones de minas enterradas, 6 millones habían sido retiradas o detonadas y 8 millones estaban aún sin localizar. Se han identificado 60 tipos diferentes de minas antipersonas procedentes de 19 países distintos. No existe, sin embargo, un estudio completo de su dispersión y nadie sabe con exactitud cuántas minas se han colocado. Este país tiene uno de los índices más elevados de heridos por minas terrestres del mundo. En una población cercana a los 9 millones de habitantes, hay decenas de millares personas que han sufrido amputaciones, en su mayor parte por efecto de las minas. Si se hace una estimación prudente de 20 000 heridos graves por minas terrestres, el índice de heridos equivaldría a 5 millones de personas en los Estados Unidos.

Un gran número de minas se colocaron en las sendas que conducen a los ríos y en pequeñas explotaciones agrícolas, y otras en carreteras y puentes. Los efectos sobre la agricultura, aunque imposibles de cuantificar, son evidentes: las minas limitan el acceso a las fincas e impiden el cultivo; cuando las minas hieren o matan a personas, la fuerza de trabajo agrícola resulta afectada, con efectos potenciales graves sobre la asignación de la mano de obra familiar y sobre la seguridad alimentaria; y las minas en carreteras y puentes perturban el comercio y obstaculizan las operaciones de socorro. Junto con la lucha activa, la huida de los refugiados y el reclutamiento por las fuerzas armadas, las minas terrestres son responsables de la destrucción de una gran parte de la base del suministro agrícola en el país y de la reducción de muchos angoleños a una situación de hambre periódica.

«La existencia de minas y municiones puede hacer imposible la reconstrucción de las comunidades rurales después de un conflicto. No se pueden construir nuevos edificios y resulta imposible intensificar la utilización de la tierra para sostener a un mayor número de personas. Los refugiados y personas desplazadas por el conflicto, desesperados por reiniciar sus vidas, deben permanecer apartados de sus lugares de origen o retornar a pesar de las minas. La imposibilidad de practicar la agricultura o de recolectar con seguridad frutos, madera y otros recursos naturales es una consecuencia habitual de la contaminación con minas terrestres. En algunos casos, la economía local y la contaminación con minas terrestres supone no sólo la imposibilidad de utilizar la tierra, sino también que la que se puede cultivar no puede dar el rendimiento necesario. Al restar tierra a la agricultura y hacer menos eficaz el uso de la tierra, las minas terrestres y la munición sin estallar pueden provocar inseguridad alimentaria, lo cual, a su vez, puede fomentar actividades peligrosas, como la recuperación de chatarra de las municiones sin explotar en el intento de la población de conseguir un medio de vida o complementar sus ingresos. Impulsados por la necesidad de alimentar a sus familias, muchos se ven obligados cultivar tierras minadas, frecuentemente tratando de removerlas ellos mismos. Esta desesperación provoca accidentes y empuja aún más a la población hacia la pobreza.»

The Mines Advisory Group

Fuentes: Africa Watch.1993. Landmines in Angola. Londres; Human Rights Watch. 1999. Landmine monitor - toward a mine-free world. Nueva York; S.H. McCormick. 1994. The Angolan economy: prospects for growth in a postwar environment. Washington, D.C., Center for Strategic and International Studies); Mines Advisory Group. 1999. The effects of landmines on the community. www.oneworld.org/mag/effectstxt.htm

La infraestructura productiva y de comunicaciones es esencial para la vitalidad de la producción agrícola50. Un sistema de transporte deficiente aumenta los costos de producción y comercialización y la destrucción de infraestructura empeora esta situación, por ejemplo, aumentando los márgenes de los comerciantes. Además, durante los períodos de guerra se desorganiza el acceso al petróleo, y el equipo de transporte, especialmente los camiones, suele estar controlado por el gobierno o por grupos armados51.

En situaciones de guerra los sistemas de comercialización y distribución se disgregan y los alimentos se vuelven más costosos.

Una de las consecuencias del mayor riesgo de comercialización de la producción y los insumos agrícolas es que los beneficios de los comerciantes tienden a aumentar. Quienes están dispuestos a asumir los riesgos pueden obtener ingresos importantes del monopolio de la guerra; ciertamente, esos beneficios pueden ser necesarios para que continúe la comercialización y en ocasiones se les denomina «impuestos de guerra». Este es un ejemplo concreto de la forma en que en una guerra civil se erosiona, disminuye o desaparece el control de las normas sociales y económicas. En esas circunstancias, la producción agrícola y las actividades conexas sólo pueden proseguir a un ritmo reducido en unas condiciones que se han caracterizado como un «fundamentalismo vicioso del mercado»52. Algunas personas resultan muy beneficiadas por estas condiciones53. Mientras que las actividades de quienes se ven beneficiados pueden ofrecer un medio de vida a una parte de la población que de otra forma carecería de oportunidades de obtener ingresos durante la guerra, las condiciones que dan a la población acceso a las fuentes de ingresos son peores que en tiempo de paz.

Un ejemplo extremo es la imposición de un gravamen directo a los productores sobre sus productos para alimentar a las fuerzas militares a cambio de una compensación escasa o nula. En Sierra Leona, por ejemplo, «... jóvenes [armados]... descubrieron que el control de las operaciones comerciales les permitía obtener mayores beneficios, como la oportunidad de exigir alimentos a los agricultores, establecer controles de carretera para cobrar peajes por el comercio interno y organizar operaciones de protección y de saqueo... Esta promesa de supervivencia, la exención de la explotación generalizada de las poblaciones locales, e incluso la obtención de ganancias materiales en medio de la destrucción de la guerra, es un incentivo importante que impulsa a los jóvenes y los niños a intervenir en la lucha»54. En otros casos, la guerra puede provocar directamente, o como efecto secundario, la acumulación de tierra y otros bienes por parte de unos a expensas de otros; es decir, un aumento de la desigualdad cuyas consecuencias económicas a largo plazo no se aprecian de forma inmediata55.

CUESTIONES DE POLÍTICA

El hecho de que los conflictos suelen estar estrechamente relacionados con bajos niveles de desarrollo, con la desigualdad y con la competencia por recursos escasos apunta a una conclusión evidente: los países deben tratar de fomentar un crecimiento rápido e integrador. Si es necesario crear las bases del crecimiento adoptando medidas de estabilización y reforma macroeconómica, el reto consiste en aplicar esas medidas de manera que contengan las tensiones sociales y reduzcan las desigualdades, o cuando menos no las acentúen. Este punto de vista concita ahora gran apoyo, a pesar de las dificultades de traducirlo en hechos concretos. En un informe elaborado por el Banco Mundial56 en 1997 se afirmaba que:

Es posible formular políticas macroeconómicas para impedir la agudización de tensiones y conflictos que pueden llevar a la guerra.

«El Banco debe integrar la preocupación por los conflictos en operaciones de desarrollo. Debe asegurar que sus intervenciones no agraven las desigualdades existentes... y que mejoren las situaciones potenciales de conflicto mediante un análisis social prudente y mediante una atención adecuada a las políticas distributivas...»

La insistencia excesiva en una estabilización rápida y que comporte una austeridad fiscal estricta puede impedir las inversiones necesarias para rehabilitar el sector agrícola, así como el llamado dividendo de la paz (véase el Recuadro 10). Los programas de estabilización y ajuste propugnan una menor presencia del Estado en los mercados, pero con frecuencia las situaciones de posguerra exigen una mayor intervención del Estado en la ayuda a las comunidades locales durante el proceso de reconstrucción, por ejemplo, mediante la provisión directa de bienes y servicios para conseguir la seguridad alimentaria y mediante el suministro de insumos agrícolas.

Especial importancia revisten las cuestiones relacionadas con la distribución, incluso en el sector agrícola, en el que los conflictos por los recursos son muchas veces directos y tienen lugar en un contexto de desigualdad y escasez crecientes. Es esencial que la competencia por unos recursos escasos se produzca en un entorno equitativo, dentro de un marco jurídico impuesto, de unas normas de comportamiento comercial comúnmente aceptadas y del respeto de los derechos de propiedad, tanto individuales como comunitarios. La aplicación de una legislación que apoye estructuras equitativas de propiedad de la tierra es un paso importante en esta dirección.

Fomentando el desarrollo rural se puede reducir el riesgo de conflictos en los países que dependen de la agricultura.

Se ha observado que entre los países más propensos a sufrir conflictos figuran aquellos en los que la agricultura es un elemento básico de la economía y en los que la población es mayoritariamente rural. En esas situaciones, el fomento del desarrollo agrícola y rural no sólo favorece el desarrollo y la seguridad alimentaria, sino que es un instrumento importante para reducir el riesgo de conflicto.

El mantenimiento de existencias estratégicas de alimentos parecería ser una respuesta evidente a las situaciones de inseguridad alimentaria causadas por los conflictos. Sin embargo, mantener reservas resulta muy costoso y es difícil de gestionar, especialmente durante los conflictos, en los que se desarticula el sistema de transporte y los silos se convierten en blancos naturales para los beligerantes. La construcción y mantenimiento de instalaciones de almacenamiento agrícola en las zonas propensas a los conflictos sólo es una opción viable cuando es posible protegerlas y controlarlas y cuando los alimentos almacenados se pueden dirigir a las zonas en que se necesitan. Hay que señalar también que es muy difícil y costoso mantener existencias de alimentos adecuadamente en las zonas tropicales y húmedas.

Recuadro 10

¿EXISTE UN DIVIDENDO DE LA PAZ?

El desarme y la resolución de un conflicto parecen ofrecer la perspectiva de destinar el gasto público al crecimiento económico y el bienestar social, lo que se conoce generalmente como el «dividendo de la paz». Varios factores pueden impedir que se consiga este dividendo de la paz:

La transferencia de recursos de los usos militares a los usos civiles entraña costos, como la capacitación del personal, la financiación del reasentamiento (tal vez incluso la necesidad de equipar a la población con aperos agrícolas) y la transformación de las bases militares.

Cuando no se produce una reasignación inmediata de la mano de obra de las tareas militares a los trabajos civiles se produce desempleo.

La consecución del dividendo de la paz depende de la conclusión definitiva del conflicto, pero por la naturaleza de la guerra civil no terminan claramente las hostilidades. En muchos casos, la inseguridad política, económica y física persiste cuando la guerra ya ha concluido oficialmente y ello supone un desincentivo para reasignar recursos a fines productivos, particularmente por el sector privado. Al mismo tiempo, el mantenimiento de la tensión hace necesario un gasto permanente en seguridad nacional.

Existen problemas fiscales asociados con la realización del dividendo de la paz. Es posible que la conclusión de la guerra no suponga un aumento de los ingresos. Por ejemplo, en Etiopía el Estado aplicó durante la guerra medidas coercitivas para aumentar los ingresos y cuando suprimió esas medidas al llegar la paz, disminuyeron los ingresos del Estado. Cualquier dividendo de la paz puede desaparecer fácilmente cuando existe la necesidad de reducir el déficit y una presión externa para hacerlo.

No existe un mecanismo automático para conseguir un dividendo de la paz. En último extremo, es una cuestión política, en el contexto de tensiones sociales extremadamente sensibles.

No está tan claro que exista un dividendo de la paz. Ocho años después de haber conseguido la paz, la economía de Uganda se encontraba todavía muy por debajo del nivel alcanzado antes de la guerra1. En Sudáfrica y en la región del África meridional, todavía están por ver los beneficios económicos del dividendo de la paz, a pesar de que entre 1989 y 1995 el presupuesto de defensa disminuyó el 45 por ciento2. Pese a todo, hay ejemplos de posibles efectos del dividendo de la paz. Aunque la economía mozambiqueña también permanece por debajo de los niveles alcanzados en la independencia, presenta uno de los mayores índices de crecimiento del mundo desde el acuerdo de paz de 1992.

Las repercusiones del dividendo de la paz sobre la agricultura son ambiguas y no se ha efectuado un análisis directo de sus efectos sobre el sector. El mecanismo más evidente a través del cual puede esperarse un dividendo de la paz es el regreso de refugiados, personas desplazadas en el interior del país y soldados desmovilizados, todo lo cual representa una recuperación de mano de obra para la agricultura. Después de la guerra se pueden reparar o reconstruir con relativa rapidez edificios y equipo agrícolas, existe una mayor seguridad y puede registrarse una mejora significativa de la eficiencia de los mercados. Con la ayuda de donantes, las existencias de semillas se han podido sustituir rápidamente. Sin embargo, hay una serie de problemas que pueden dificultar la realización del dividendo de la paz agrícola. En muchas zonas que han sufrido conflictos, las minas terrestres tardan años en ser removidas. En Zimbabwe, algunas zonas estaban todavía valladas veinte años después de que hubieran concluido los conflictos en el país3.

La revitalización de los mercados y la reducción de la pobreza después de una guerra dependerán probablemente del alcance y rapidez de la reconstrucción de la infraestructura. No se trata simplemente de reconstruirla, sino también de decidir las prioridades en la inversión en infraestructura. El seguimiento realizado por la FAO del impacto del conflicto en Sierra Leona y Liberia sobre la alimentación y la agricultura puso de relieve los daños ingentes que había sufrido la infraestructura. Por último, en muchas situaciones de posguerra el cambio institucional afecta a la producción agrícola, el acceso a la tierra y la seguridad alimentaria. En la mayor parte esas situaciones, los enfrentamientos por la tenencia de la tierra continúan cuando ya se ha firmado la paz.

En resumen, el dividendo de la paz no es una varita mágica. Comprender cuál es el margen existente para el dividendo de la paz no es un proceso automático, sino que depende de las decisiones que adopten las instancias pertinentes, entre ellas los donantes extranjeros. Estos deberán considerar cuidadosamente en qué forma sus intervenciones pueden reducir los costos de conversión y potenciar al máximo los beneficios del dividendo de la paz. Dado que estos beneficios se dejan sentir a medio o largo plazo, los donantes tendrán que adoptar compromisos a largo plazo para apoyar el proceso que permita obtener el dividendo.

1 J.-P. Azam et al. 1994. Some economic consequences of the transition from civil war to Peace. Policy Research Working Paper No. 1392. Washington, D.C., Banco Mundial.
2
P. Batchelor y S. Willett. 1998. Disarmament and defence industrial adjustment in South Africa. Oxford, Reino Unido, Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz y Oxford University Press, p. 170.
3
S. Willett. 1996. Military spending trends and developments in southern Africa: South Africa, Angola, Zimbabwe, and Mozambique, p. 36. Report for the Development Co-operation Directorate, OCDE. 3 de enero de 1996, Londres, Kings College, Universidad de Londres (mimeografiado).
Fuentes:
C. André y J.-P. Platteau. 1995. Land relations under unbearable stress: Rwanda caught in the Malthusian trap. Namur, Bélgica, Centre de Recherche en Économie du Développement, Facultad de Economía, Universidad de Namur;
P. O'Brien. 1988. The economic effects of the American Civil War. Studies in Economic and Social History. Basingstoke, Reino Unido, y Londres, Macmillan; S.J. Stern. 1998. Shining and other paths: war and society in Peru, 1980-95. Durham, Reino Unido, y Londres, Duke University Press.

El Acuerdo sobre la Agricultura de la Organización Mundial del Comercio (la Ronda Uruguay) permite a los países acumular productos básicos para garantizar la seguridad alimentaria y vender parte de esas existencias a los pobres urbanos y rurales a precios inferiores a los del mercado. En general, el Acuerdo sobre la Agricultura es totalmente flexible con respecto a las políticas agrícolas dirigidas explícitamente a la reducción de la pobreza y éstas son pertinentes en las situaciones de conflicto. Es de gran importancia la Decisión sobre medidas relativas a los posibles efectos negativos del programa de reforma en los países menos adelantados y en los países en desarrollo importadores netos de productos alimenticios (la denominada Decisión sobre los efectos negativos). Esta decisión refleja la intención de las partes de establecer mecanismos para garantizar que las normas estipuladas por el Acuerdo sobre la Agricultura no afecten a la seguridad alimentaria de los países menos adelantados y con déficit de alimentos (es decir, la mayor parte de los países afectados por conflictos) velando por que la ayuda alimentaria sea suficiente; garantizando que se suministren a esos países alimentos en condiciones cada vez más favorables; y asumiendo el compromiso de considerar las peticiones de asistencia técnica y financiera para fomentar el crecimiento de la agricultura y la seguridad alimentaria. Lamentablemente, al concluir el decenio de 1990 no se habían adoptado todavía medidas concretas para poner en práctica esos compromisos.

Políticas de ayuda a la recuperación

Las experiencias de los países indican que existen diferencias muy marcadas por lo que respecta a la rapidez de la recuperación de la agricultura después de un conflicto. En Mozambique, la recuperación fue extraordinariamente rápida, pero en Nicaragua resultó sumamente lenta. Las enseñanzas que pueden extraerse de esas experiencias no son siempre concluyentes. Se ha de seguir investigando para determinar en qué medida la política facilita la recuperación de la agricultura en los momentos posteriores a un conflicto. Sin embargo, es posible formular algunas observaciones de carácter general.

El sector público debe desempeñar una serie de funciones en el proceso de recuperación. En primer lugar, es preciso atender a las necesidades inmediatas derivadas del reasentamiento de refugiados y excombatientes, la rehabilitación de la tierra y la infraestructura y la reintegración de las comunidades a las redes de comercialización. Además, hay programas que favorecen la resolución de las tensiones estructurales que generan los conflictos, mediante medidas como la descentralización de las facultades y los recursos, el fomento de los procesos participativos de la adopción de decisiones para sustituir a las decisiones impuestas desde arriba, y la clarificación de los derechos de propiedad rural. No obstante, en las situaciones de posguerra el sector público ve considerablemente debilitados sus medios de intervención y el proceso de creación de capacidad puede llevar bastante tiempo. En estas circunstancias, la rapidez de la rehabilitación depende particularmente del dinamismo del sector privado y de la sociedad civil, así como de la labor que desempeñen las organizaciones no gubernamentales, que en muchos casos cumplen una función crucial en actividades como la prestación de socorro, el asesoramiento a las comunidades y el apoyo a las actividades de planificación y programación local.

En todas los momentos posteriores a un conflicto la política agrícola exige equilibrar las actividades de socorro con los esfuerzos de desarrollo. Se ha señalado, de hecho, que «se ha manifestado un desfase entre el socorro y el desarrollo que tiene repercusiones para las organizaciones que tradicionalmente se han dedicado a una u otra actividad. La necesidad de organizar intervenciones para superar ese desfase y facilitar una transición más rápida de la respuesta de urgencia al desarrollo sostenible es apremiante»57. Se debe hacer hincapié en los objetivos de desarrollo a largo plazo. Incluso los programas de recuperación agrícola que se ponen en marcha inmediatamente después de la terminación de las hostilidades y cuya finalidad es la ayuda de socorro y la reparación de la infraestructura pueden vincularse con una estrategia de desarrollo a largo plazo. Hay muchas limitaciones para promover eficazmente el desarrollo sostenible a largo plazo en las condiciones reinantes durante el momento inmediatamente posterior a un conflicto. No es la menor de ellas la falta de voluntad política y de capacidad institucional. Pueden surgir tensiones entre el intento de creación de capacidad a largo plazo y el intento de potenciar de forma inmediata los beneficios de los planes de obras públicas intensivos en mano de obra, que deben resolverse teniendo en cuenta las condiciones concretas.

Durante la fase de emergencia se pueden adoptar iniciativas de desarrollo mediante la creación de capacidad en los servicios públicos locales y nacionales que suministren insumos agrícolas, servicios de extensión y asesoramiento en materia de comer-cialización. Frecuentemente, esto exige la capacitación de los funcionarios en actividades de prestación de servicios a las comunidades rurales. La labor de capacitación se puede combinar con el fortalecimiento de los vínculos entre las actividades de los sectores privado y público, que se ha demostrado importante para conseguir un crecimiento rápido en distintas zonas del mundo. Para fomentar esos vínculos es necesario desarrollar instituciones rurales eficaces, como oficinas de promoción de empleo del sector público y redes de organismos locales de desarrollo. También es preciso impulsar las relaciones entre las instituciones privadas y públicas. La rehabilitación del sector agrícola después de un conflicto es, por su propia naturaleza, impulsada por el sector público, aunque se debe fomentar la participación del sector privado.

Las actividades de socorro de urgencia deberían asociarse a objetivos de desarrollo a más largo plazo.

La recuperación del sector agrícola exige la actuación de donantes externos, así como un gran esfuerzo nacional. Una serie de organismos de las Naciones Unidas desarrollan operaciones en países afectados por conflictos. La participación de organizaciones internacionales abarca un espectro de actividades, desde la reconstrucción material, el fomento institucional y la desmovilización, hasta la creación o reconstrucción de una sociedad integradora y no discriminatoria. El PMA puede prestar socorro, la FAO puede brindar asesoramiento sobre el desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria y el Banco Mundial puede financiar la infraestructura. Sin embargo, para la rapidez de la recuperación es importante que la asistencia de estos y otros organismos se preste en estrecha armonización y colaboración entre ellos y con el gobierno. Este, a su vez, debe desempeñar un papel fundamental en la creación de un entorno político, económico e institucional capaz de potenciar al máximo los beneficios de la ayuda externa.

La función de la FAO en los países afectados por conflictos abarca una amplia gama de actividades. Tan pronto como lo permite la situación de seguridad, la FAO organiza misiones para llevar a cabo evaluaciones con el objeto de cuantificar las necesidades de alimentos y de ayuda de urgencia para la agricultura. Se evalúan aspectos tales como las repercusiones del conflicto sobre la oferta y demanda de alimentos en el país, la situación de la seguridad alimentaria y nutricional de los grupos afectados, la necesidad de ayuda alimentaria internacional de la población, la capacidad de producción agrícola en la zona afectada, la necesidad de ayuda para la agricultura a fin de reanudar rápidamente la producción y la necesidad de adoptar medidas de rehabilitación y reconstrucción a largo plazo. Las evaluaciones se utilizan como base para las actividades de socorro de la FAO y se difunden rápidamente a la comunidad internacional para permitir una respuesta oportuna y eficaz de los donantes.

La FAO también proporciona «socorro agrícola», que se define como la ayuda a la rehabilitación agrícola que se proporciona con carácter de urgencia. Esta ayuda de socorro tiene por objeto reducir rápidamente la dependencia de la ayuda alimentaria de urgencia y sentar las bases de una rehabilitación a largo plazo. La asistencia incluye el suministro de insumos agrícolas esenciales como semillas, herramientas, fertilizantes, ganado y suministros veterinarios para que las poblaciones afectadas puedan reanudar rápidamente las actividades productivas básicas, con el horizonte de la siguiente campaña agrícola cuando ello es posible.

Las operaciones especiales de socorro agrícola comprenden también el suministro de servicios y asesoramiento técnico que no pueden prestar otros organismos de las Naciones Unidas ni las ONG.

En sus intervenciones de socorro, la FAO también presta una atención especial a la seguridad alimentaria de los hogares en riesgo de las zonas afectadas, así como a la necesidad de facilitar información adecuada que permita a esos hogares tomar decisiones bien fundadas respecto de la adquisición, preparación y distribución de alimentos en situaciones con las que no están familiarizados.

Después de prestar una ayuda inmediata a la agricultura, la FAO presta asistencia para restablecer los servicios de extensión, veterinarios, de protección fitosanitaria y de suministro de insumos, así como las instituciones cuando hayan resultado dislocadas, y para la reconstrucción material de la infraestructura agrícola, como las presas y sistemas de riego, los mercados y las instalaciones de almacenamiento de las cosechas. Además, la FAO brinda apoyo sobre cuestiones de política y estrategia para formular programas de recuperación y desarrollo en los sectores de la agricultura y la alimentación. La ayuda tiene por objeto poner fin a las necesidades de ayuda de socorro y permitir que se lleven a cabo actividades de desarrollo. Comprende actividades que contribuyen al desarrollo sostenible, previendo y preparando la posibilidad de nuevas catástrofes y urgencias. Se concede especial atención al fortalecimiento de la coordinación de instituciones de urgencia y desarrollo activas a nivel local y al fomento de la participación de la población afectada en el diseño y ejecución de intervenciones encaminadas a promover la seguridad alimentaria y la nutrición de los hogares.
Se da prioridad a las necesidades de las familias aquejadas de inseguridad alimentaria y a la promoción de medios de subsistencia sostenibles y saludables.

NOTAS

1 El presente informe está basado en la información disponible en marzo de 2000. La información actualizada sobre el mercado del trigo puede encontrarse en la publicación bimensual de la FAO Perspectivas alimentarias.

2 Pueden consultarse estadísticas más detalladas sobre los envíos de ayuda alimentaria en cereales y en otros productos en www.fao.org/ en las secciones Statistical databases y All databases.

3 Expresados en moneda local.

4 Salvo indicación en contrario, las estimaciones económicas y previsiones de esta sección están tomadas de FMI, Perspectivas de la economía mundial, octubre de 1999.

5 Naciones Unidas. 1999. The World Economy in 1999. Washington, D.C.

6 Estas previsiones fueron preparadas para la FAO por el Institute for Policy Analysis, Universidad de Toronto, Canadá, asociado con el Proyecto LINK.

7 Los países de bajos ingresos y con déficit de alimentos con capacidad mínima para financiar importaciones de alimentos son un subgrupo establecido por la FAO dentro de la categoría más general de países de bajos ingresos y con déficit de alimentos. Este subgrupo consta de 31 países (17 en África, 3 en América Latina y el Caribe, 8 en Asia y el Pacífico y 3 en el Cercano Oriente) en los cuales las importaciones de alimentos representan el 25 por ciento o más del total de los ingresos de exportación. El grupo de países que dependen fuertemente de las exportaciones agrícolas consta de 47 países (24 en el África subsahariana, 18 en América Latina y el Caribe y 5 en Asia), cuyas exportaciones agrícolas, pesqueras y forestales equivalen al menos al 20 por ciento del total de sus exportaciones, o al 20 por ciento del total de sus importaciones.

8 Los fracasos del crédito rural se han documentado ampliamente. Véase FAO/GTZ. 1998. Agricultural finance revisited: Why? Agricultural Finance Revisited No. 1. Roma (véanse también otras publicaciones de esta sería); Banco Mundial. 1975. Agricultural credit. Washington, D.C.; y Banco Mundial. 1993. A review of Bank lending for agricultural credit and rural finance, 1948-1992. Washington, D.C.

9 Registradas oficialmente como miembros de la Campaña de la Cumbre sobre el Microcrédito.

10 Miembros del Grupo Consultivo de Ayuda a la Población más Pobre (CGAP), grandes donantes de microcrédito. El consorcio CGAP se creó en 1995 y tiene su sede en el Banco Mundial.

11 Las organizaciones de microfinanciamiento (OMF) varían por su tamaño, especialización, base de financiamiento, clientela, objetivo, cobertura geográfica y otras características. Pueden estar administradas por el Estado o el gobierno local, por banqueros privados, por ONG locales o internacionales o por organizaciones comunitarias. El microcrédito puede ser la actividad primaria de una OMF o formar parte de la estrategia de desarrollo general de un gobierno u ONG.

12 Otras estimaciones mencionan cifras más bajas. Según el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM, 1999) serían 6,9 millones; según el Banco Mundial (1999), 16 millones.

13 S. Khandker. 1998. Fighting poverty with microcredit, pág. 11. Washington, D.C., Banco Mundial.

14 FNUDC. 1999. Working paper on microfinance. Nueva York.

15 Ibid.

16 Las OMF tienen en general un componente de ahorro. En este estudio se tiene en cuenta únicamente la parte relacionada propiamente con el crédito.

17 Khandker (pág. 150, op. cit., nota 13) señala que los agricultores marginales reciben el 72 por ciento de los préstamos de microcrédito otorgados a la agricultura, frente al 3 por ciento de los préstamos agrícolas concedidos por los bancos de desarrollo agrícola.

18 FAO. El estado mundial de la agricultura y la alimentación 1998, pág. 290. Roma.

19 IIPA. 1998. Rural finance and poverty alleviation. Washington, D.C.

20 Estos temas han sido examinados con detenimiento, por ejemplo, en Banco Mundial. 1993, op. cit., nota 8, y en K. Hoff y J. Stiglitz. 1990. Introduction: imperfect information and rural credit markets: puzzles and policy perspectives. The World Bank Economic Review, 4(3).

21 J. Morduch. 1998. Does microfinance really help the poor? New evidence from flagship programs in Bangladesh. HIID, Harvard University (documento inédito).

22 Aunque J.D. von Pishke (1999. Poverty, human development and financial services. UNDP Occasional Paper No. 25) ha comprobado que estos programas no influyen en los reembolsos, parece que sí influyen en la capacidad de obtener ingresos.

23 Khandker, pág. 145, op. cit., nota 13.

24 El 95 por ciento de los prestatarios del Grameen Bank son mujeres.

25 Khandker, pág. 155, op. cit., nota 13.

26 J. Morduch. 1999. The Grameen Bank: a financial reckoning (documento inédito). Puede consultarse en: www.wws.princeton.edu/~rpds/ macarthur/workingp1.html

27 Las tasas reales de interés que se fijan en los préstamos de microcrédito oscilan entre el 2,5 y el 6 por ciento al mes, mientras que las aplicadas por los prestamistas van del 7 al 40 por ciento, según los distintos países.

28 Khan et al., citado en H. Zaman. 1999. Assessing the poverty and vulnerability impact of microcredit in Bangladesh: a case study of BRAC. Documento de antecedentes para el Informe sobre el desarrollo mundial 2000/2001. Washington, D.C., Banco Mundial. El Banco Mundial (2000, Parte 5.35) señala también que, cuando el microcrédito es utilizado por los prestatarios como instrumento de prevención de emergencias, los beneficios se destinan en general a acumular activos más que al consumo directo.

29 Algunas investigaciones parecen indicar que en los hogares el control del préstamo y de la actividad productiva puede ser competencia de los hombres (por ejemplo, L. Mayoux. 1999. Women's empowerment and microfinance programmes: approaches, evidence and ways forward. Milton Keynes, Reino Unido, Development Policy and Practice Working Paper No. 41.), pero otras publicaciones ponen en tela de juicio esa opinión.

30 S. Schuler, S. Hashemi y A. Riley. 1997. The influence of women's changing roles and status in Bangladesh's fertility transition. World Development, 25(4).

31 E. Ostrom, R. Gardner y J. Walker. 1994. Rules, games and common-pool resources. Ann Arbor, Estados Unidos, University of Michigan Press.

32 Khandker (pág. 7, op. cit., nota 13) menciona una mayor rentabilidad y una mayor eficiencia en función de los costos en los préstamos del Grameen Bank en comparación con otros programas de microcrédito, programas de alimentación orientados a objetivos específicos y bancos de desarrollo agrícola.

33 El Banco Mundial estimaba en un documento que más de 50 países se habían visto involucrados en conflictos civiles entre 1980 y 1995. Véase Banco Mundial. 1997. A framework for World Bank involvement in post-conflict reconstruction, p. 3. Washington, D.C. En el presente documento, el número es de 33 (véase el Recuadro 5).

34 J. Carter. 1999. First step toward peace is eradicating hunger. International Herald Tribune, 17 de junio de 1999.

35 Véanse R.H. Green. 1987. Killing the dream: the political and human economy of war in sub-Saharan Africa. IDS Discussion Paper. Brighton, Reino Unido, Institute of Development Studies; R.H. Green. 1994. The course of the four horsemen: the costs of war and its aftermath in sub-Saharan Africa. En J. Macrae y A. Zwi, eds. War and hunger: rethinking international responses in complex emergencies. Londres, Zed Books; F. Stewart. 1993. War and underdevelopment: can economic analysis help reduce the costs? Journal of International Development, 5(4): 357-380; y F. Stewart. 1998. The root causes of conflict: evidence and policy implications. Documento preparado para la Conferencia sobre la guerra, el hambre y el desplazamiento: economía y política de la prevención de situaciones de emergencia humanitaria, Estocolmo, 15-16 de junio de 1998. Universidad de las Naciones Unidas/Instituto Mundial de Investigaciones de Economía del Desarrollo.

36 Véase un examen crítico de los costos de la guerra en C. Cramer. 1999. The economics and political economy of conflict in sub-Saharan Africa. Documento presentado a Standing Committee on University Studies of Africa (SCUSA) Conference, Norwich, Reino Unido, septiembre de 1999. Para establecer un paralelismo histórico con la primera guerra mundial, véase: A.S. Milward. 1984. The economic effects of the two world wars on Britain, 2a edición. Studies in Economic and Social History. Basingstoke y Londres, Reino Unido, Macmillan.

37 En el método adoptado se especifica un modelo de equilibrio simple en el que se determina el nivel de producción agrícola en ausencia de conflictos por los precios relativos y una variable tendencial. Mediante los primeros se intenta reflejar las decisiones de los agricultores que potencian al máximo la producción a corto plazo, y la segunda constituye una aproximación alcrecimiento de la mano de obra y el cambio técnico. Las pérdidas resultantes de los conflictos se estiman en este marco mediante una variable binaria («simulada») que adopta el valor unitario para los años en los que se producen conflictos. En el presente estudio, se determinaron los años en que hubo conflictos para cada país recopilando información de diversas fuentes especializadas en el seguimiento de los conflictos. La Figura 13 muestra el número de países en desarrollo en los que se produjeron pérdidas por conflictos estadísticamente significativas. Aunque otros países también se vieron afectados por conflictos, sus efectos sobre la agricultura no eran estadísticamente significativos o no se disponía de datos para realizar una estimación. La contabilización de los países afectados por conflictos indica que después de aumentar durante casi 15 años, el número de conflictos que merman la producción alcanzó una cota máxima en 1990 y disminuyó posteriormente.

38 P. Svedberg. 1990. Undernutrition in sub-Saharan Africa: a critical assessment of the evidence. En J. Dreze y A. Sen. The political economy of hunger. Oxford, Reino Unido, Clarendon Press.

39 FAO. 1996. Food assistance and food security. World Food Summit Technical Background Documents, Vol. 3, Nº 13. Roma. Esta estimación se basa en el supuesto, nada realista, de que es posible canalizar perfectamente la ayuda alimentaria.

40 Las pérdidas debidas a los conflictos en América Central se estiman mediante un método similar en J. Weeks. 1997. Trade liberalization, market deregulation and agricultural performance in Central America. Journal of Development Studies, 35(5).

41 L. Luckham, I. Ahmed y R. Muggah. 1999. The impact of conflict on poverty in sub-Saharan Africa. Background Paper for World Bank Poverty Status Assessment for Sub-Saharan Africa. Brighton, Reino Unido, Institute of Development Studies, Universidad de Sussex, p. 21-22.

42 Un caso que ilustra perfectamente esta situación es el conflicto de Angola, en el que al menos dos movimientos anticoloniales estaban en guerra entre sí y con el ejército portugués.

43 En ocasiones, los insurgentes consiguen un cierto reconocimiento internacional al concedérseles la condición de «beligerantes», como ocurrió en el caso de los insurgentes de El Salvador en los años ochenta.

44 En Angola, la muerte y la destrucción registradas en los dos años posteriores al acuerdo de paz de 1992 fueron más intensas que en 1961, año en que comenzó el conflicto anticolonial, y en 1992. Véase el prólogo a E. Medi. 1997. Angola: study of vocational rehabilitation, training and employment programmes for persons disabled by the conflict: experiences and issues. Ginebra, OIT.

45 Véase una descripción de la historia de las perturbaciones sufridas por la agricultura a causa de los conflictos desde el siglo XII en PRIO. 1999. To cultivate peace: agriculture in a world of conflict. PRIO Report No. 1/99. Oslo. Instituto Internacional para la Investigación de la Paz.

46 E. Messer, M.J. Cohen y J. D'Costa. 1998. Food from peace: breaking the links between conflict and hunger. Food, Agriculture and the Environment Discussion Paper No. 24. Washington, D.C., IFPRI.

47 Por ejemplo, antes de la independencia, Angola era el cuarto exporta de café del mundo. La sequía intermitente, la desatención en materia de política, los efectos directos de la guerra y la inseguridad política ocasionaron la disminución de la producción anual de exportación de 220 000 toneladas en 1973 a 3 000 toneladas en 1993. Véase S.H. McCormick. 1994. The Angolan economy: prospects for growth in a postwar environment. Washington, D.C., Center for Strategic and International Studies. Respecto de una guerra similar y sus efectos sobre la producción de anacardo en Mozambique, véase C. Cramer. 1999. Raising agricultural output capacity and productivity in low-income countries: with special reference to Mozambican cashew production. Documento básico para la UNCTAD. Least Developed Countries Report, 1999. Londres, School of Oriental and African Studies, Universidad de Londres.

48 I. Ahmed y R.H. Green. 1999. The heritage of war and state collapse in Somalia and Somaliland: local-level effects, external interventions and reconstruction. Third World Quarterly, 20(1): 113-128.

49 T. Bruck. 1997. Macroeconomic effects of the war in Mozambique. QEH Working Paper No. QEHWPS11. Oxford, Reino Unido, Queen Elizabeth House.

50 Sobre las repercusiones económicas de la provisión de infraestructura, véase Y. Hayami and J.-P. Platteau. 1997. Resource endowments and agricultural development: Africa versus Asia. Cahiers de la Faculté des Sciences Économiques, Sociales et de Gestion - Namur, Série Recherche, no 192, 1991/12. Namur, Bélgica, Centre de Recherche en Économie du Développement; R. Ahmed y N. Rustagi. 1984. Marketing and price incentives in African and Asian countries: a comparison. En E. Dieter, ed. Agricultural marketing strategy and pricing policy. Washington, D.C., Banco Mundial.

51 Desde hace mucho tiempo se considera que la dedicación a otros menesteres de los vehículos y el equipo de transporte utilizado habitualmente en las actividades rurales, que tiene lugar en tiempo de guerra, es uno de los factores que determina la estrecha relación entre la guerra (aunque no se trate de una guerra civil) y el hambre. Véase J. Illiffe. 1987. The African poor: a history. African Studies Series No. 60. Cambridge, Reino Unido, Cambridge University Press.

52 M. Chingono. 1995. The state, violence and development: the political economy of war in Mozambique. Aldershot, Reino Unido, Avebury.

53 P. Collier. 1999. Doing well out of war. Documento preparado para la Conferencia sobre los programas económicos en las guerras civiles, Londres, 26-27 de abril de 1999.

54 W. Reno. 1998. Humanitarian emergencies and warlord economies in Liberia and Sierra Leona. Documento presentado en la Conferencia sobre la guerra, el hambre y el desplazamiento: economía y política de la preven-ción de situaciones de emergencia humanitaria, Estocolmo, 15-16 de junio de 1998. Universidad de las Naciones Unidas/Instituto Mundial de Investigaciones de Economía del Desarrollo, p. 17-18.

55 D. Keen. 1994. The benefits of famine: a political economy of famine and relief in Southwestern Sudan, 1983-89. Princeton, Nueva Jersey, EE.UU., Princeton University Press. Véase también Luckham, Ahmed y Muggah, op. cit., nota 41. Véase un análisis del papel de la agricultura en los orígenes del conflicto en PRIO, op. cit., nota 45; Stewart, 1998, op. cit., nota 35; Collier, op. cit., nota 53; y Cramer, op. cit., nota 36.

56 Banco Mundial, op. cit., nota 33.

57 E. Muehlhoff y M. Herens. 1997. Household food security and nutrition in agricultural relief and rehabilitation programmes. Alimentación, Nutrición y Agricultura, No 19, p. 5.


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