Con la participación de más de 2500 asistentes de 35 países y 117 expositores, de los cuales 70 fueron internacionales se celebró en la ciudad de Cuenca, Ecuador, la Tercera Cumbre Mundial de Regiones por el Hambre Cero.

El evento ha sido promovido por la Organización de Regiones Unidas (ORU-Fogar) y coordinado por el Gobierno Provincial de Azuay. Además, recibe el apoyo del Gobierno ecuatoriano y del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, entre otras instituciones públicas y la cooperación internacional y en una estrecha colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La lucha contra el hambre y la desnutrición es más que una obligación moral o una opción política; es una obligación de derechos humanos jurídicamente obligatoria. El derecho a la alimentación está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 como parte del derecho a un nivel de vida adecuado y está consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966.

En el último informe del Estado de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la FAO del 2017, los datos revelan que a nivel mundial, todavía existen 815 millones que padecen hambre y más de dos mil millones sufren deficiencias de micronutrientes. Las cifras también muestran que la prevalencia de la subnutrición también ha aumentado, llegando al 11% de la población mundial, el mismo nivel que hace cinco años (2012).

El Representante de la FAO en Ecuador, John Preissing señaló que hoy tenemos la oportunidad de transformar los sistemas alimentarios para que sean más sostenibles y generar soluciones, tanto en áreas urbanas como rurales relacionados a temas alimentarios como: la desnutrición y la obesidad; y temas productivos y medio ambientales como: la degradación del suelo, el agotamiento de fuentes de agua, emisiones de Gases de Efecto Invernadero, que repercuten directamente en la sostenibilidad económica y social y enfatizó que esta transformación ya no puede ser considerada solo como una prerrogativa nacional o global, se requiere una intervención concertada y una articulación de los diferentes niveles de gobierno. Las autoridades locales, regionales y sus socios locales son sin duda actores centrales del cambio.

Para el Prefecto Paúl Carrasco, quien ha liderado el proceso de convocar a la Cumbre, fortalecer, a través de los gobiernos intermedios, la política pública ecuatoriana de soberanía alimentaria y apoyar para que se cumpla la meta de bajar del 30% al 13% la desnutrición infantil hasta el 2021. “La intención es que no se quede en el discurso y en el papel. Por ello, hay que desarrollar prácticas y propuestas concretas”, agregó Carrasco. Para ello, él aseguró que la FAO planteó la creación de una comisión que vigile el cumplimiento del acuerdo de Cuenca mediante la creación de indicadores certeros y la presentación de la propuesta a los presidentes de los 35 países, que tienen presencia en esta cumbre mundial.