De forma histórica, la Asamblea del Ecuador aprobó la Ley de Alimentación Escolar, un esfuerzo insterinstitucional que constituirá la base para establecer políticas de Estado que fortalezcan el vínculo entre nutrición, educación y sistemas alimentarios; y garantizar un proceso sostenible para que la alimentación escolar sea un pilar del desarrollo de la sociedad ecuatoriana.

Un proceso que inició hace más de dos años liderado por el Frente Parlamentario Ecuador Sin Hambre y propuesto por el Asambleísta Mauricio Proaño, ha sido aprobado por unanimidad en el pleno de la Asamblea Nacional con un total de 96 votos;  y es el resultado de un trabajo coordinado entre el poder Ejecutivo, Legislativo, la sociedad civil, la academia, el sector privado y la cooperación internacional, encaminado a resolver los problemas que afectan directamente la seguridad alimentaria de las niñas, niños y adolescentes ecuatorianos.   

El contexto internacional registra un aumento de la malnutrición, producto de los cambios en el entorno alimentario, incluyendo el incremento de las ventas de productos procesados y ultraprocesados, la composición de los alimentos, los cambios en los patrones de consumo, la ingesta de comida rápida y el crecimiento de los supermercados;  en donde los entornos políticos, legales e institucionales son necesarios para garantizar el derecho a la alimentación adecuada.

Datos del último informe de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la ONU determinó que, el número de personas subalimentadas ha alcanzado 822 millones, es decir, una de cada nueve personas en todo el mundo, no alcanzan a cubrir sus necesidades alimentarias. Solo en América Latina y el Caribe, se registran 42.5 millones de personas en esta situación. Ecuador no escapa de esta realidad de malnutrición. La última Encuesta de Salud y Nutrición (ENSANUT 2018) del país reportó que, uno de cada cuatro niños menores de cinco años (23%) continúan con baja talla para su edad. Así mismo, 35 de cada 100 niñas y niños de 5 a 11 años (35.4%), tienen sobrepeso y obesidad, es decir que, en los últimos 6 años, esta prevalencia aumentó 5.5 puntos porcentuales.

La Ley de Alimentación Escolar constituye el marco normativo nacional que, responderá a las necesidades de la sociedad de una manera intersectorial y hacia un cambio transformador hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental del país, promoviendo la entrega de comidas escolares saludables que contengan alimentos frescos, naturales y variados, gracias a la integración de la Agricultura Familiar Campesina y de la Economía Popular y Solidaria, respaldadas por un recurso financiero establecido en la Ley.

Por otra parte, desde la visión de la FAO y la experiencia del trabajo en territorio, se ha identificado prácticas para mejorar o superar la barrera de la malnutrición, a través de intervenciones efectivas como son los Programas de Alimentación Escolar que cuentan con un sistema descentralizado y con acciones articuladas entre los diferentes niveles de gobierno a nivel nacional, y local, una característica que también ha sido considerada en la Ley.

Además, se incluyó otros aspectos importantes como la calidad e incouidad de alimentos, el control de los bares escolares y las previsiones presupuestarias. Tras los aportes de los asambleístas, se ratificó la participación de los entes rectores de educación, salud, agricultura, producción así como autoridades sanitarias y el Servicio de Contratación Pública.

El Representante de la FAO en Ecuador, Agustín Zimmermann, reconoció el importante esfuerzo del Legislativo en aprobar esta Ley, pero señaló que es fundamental que el poder Ejecutivo pueda articular sus intervenciones de manera coordinada para tener un impacto positivo que favorezca significativamente a la educación alimentaria y nutricional no solo de estudiantes, sino también, de padres de familia, docentes y de todos los actores involucrados, al forjar hábitos alimentarios y estilos de vida más saludables.

La FAO junto a otras agencias de Naciones Unidas en Ecuador: PMA, UNICEF y OPS-OMS brindó asistencia técnica en todo el proceso de construcción y revisón de este cuerpo legal, con el fin de superar los desafíos de la malnutrición, mediante el fortalecimiento de la gobernanza y el diálogo político; así como la coordinación de acciones conjuntas e intercambios de experiencias con enfoques inclusivos y multisectoriales a nivel regional.

Frentes Parlamentarios contra el Hambre

El Frente Parlamentario Ecuador sin Hambre es parte de la red regional del denominado Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe que reúne a legisladores, provenientes de 21 países y de diferentes grupos políticos, interesados en el derecho a la alimentación adecuada.

Se trata de una alianza que cuenta con el apoyo de la FAO, la Cooperación Española, el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) y el Programa Mesoamérica sin Hambre AMEXCID – FAO.

A la fecha es una plataforma que ha impulsado más de 30 leyes orientadas a hacer del derecho a la alimentación y el desarrollo sostenible, una prioridad en las agendas nacionales.