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Normas sociales y ambientales

La FAO está a la vanguardia en la labor hacia una agricultura sostenible mediante la promoción de la protección y el uso sostenible de los recursos naturales, a la vez que se satisfacen las necesidades crecientes de la sociedad de medios de vida decentes y resilientes.

En este contexto, la FAO ha actualizado sus Directrices de Manejo Ambiental y Social para apoyar la implementación de normas ambientales y sociales. El objetivo de las Directrices es identificar, evaluar y gestionar los riesgos ambientales y sociales de un proyecto, adoptar una jerarquía de mitigación y promover sistemas agrícolas y alimentarios sostenibles.

La visión, objetivos estratégicos, principios fundamentales para la sostenibilidad y las normas ambientales y sociales de la FAO establecen límites para los programas y proyectos de la Organización. Dentro estos límites existen proyectos potenciales de la FAO en los que los riesgos ambientales y sociales deben gestionarse con el fin de lograr los resultados esperados para cada proyecto individual, a la vez que se mitigan los posibles impactos ambientales y sociales negativos.

Las normas sociales y ambientales de la FAO están relacionadas con las siguientes áreas:

  1. Gestión de recursos naturales

  2. Biodiversidad, ecosistemas y hábitats críticos

  3. Recursos fitogenéticos para la  alimentación y la agricultura

  4. Recursos genéticos animales, ganaderos y acuáticos para la alimentación y la agricultura

  5. Plagas y manejo de plaguicidas

  6. Reasentamiento involuntario y desplazamiento

  7. Trabajo decente

  8. Igualdad de género

  9. Pueblos indígenas y patrimonio cultural

Mecanismo de revisión de conformidad

La FAO se compromete a garantizar que sus programas se ejecutan de conformidad con las obligaciones ambientales y sociales de la Organización. Con el fin de garantizar que los beneficiarios de programas de la FAO tengan acceso a un mecanismo eficaz y oportuno para atender sus preocupaciones sobre el incumplimiento de estas obligaciones, la Organización ha confiado a la Oficina del Inspector General el mandato de examinar de forma independiente las quejas que no pueden ser resueltas a nivel de la gestión de los programas.

El mecanismo establecido en las directrices está diseñado para ser independiente, transparente y eficaz, con el fin de proporcionar a los beneficiarios del programa un medio para resolver sus denuncias y para mantenerlos informados de lo que se está haciendo para abordar sus quejas a lo largo del proceso de revisión de la conformidad.