FAO ha señalado que se requiere de un incremento del 50% en la producción de alimentos, piensos y biocombustibles entre 2012 y 2050 para suplir las necesidades de una población de 9,7 mil millones de personas. Para enfrentar este enorme desafío, América Latina y el Caribe posee un gran potencial para la producción agroalimentaria, pues dispone de la mayor reserva de suelos arables del mundo (576 millones de hectáreas, equivalente al 30% del total mundial), un 30% de las reservas de agua renovable del planeta, un 25% de los bosques (un 46% de los bosques tropicales) y un 30% de la biodiversidad mundial. Pero para que estos recursos naturales puedan seguir contribuyendo a la producción de alimentos en las próximas décadas, es necesario hacer frente a diversas amenazas tales como su sobreexplotación y degradación, la competencia con otros usos productivos y no productivos y el cambio climático.

El sector agropecuario está, en efecto, obligado a adaptarse a las amenazas que la mayor variabilidad climática y el aumento de los eventos extremos representan sobre las variables naturales, los medios de producción y la infraestructura. El sector tiene además la enorme responsabilidad de hacer su aporte para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Según datos del IPCC, la actividad agropecuaria, incluyendo su impacto en el uso de la tierra, responde por cerca del 21% de las emisiones a nivel mundial. Las áreas rurales, por otra parte, juegan un rol relevante en materia de migraciones, pues son fuente de expulsión de millones de familias que no son capaces de alcanzar una vida digna trabajando en la agricultura. Ambos fenómenos ponen al sector agropecuario en el centro del debate político mundial, no sólo por su contribución a algunos de los problemas más apremiantes de la actualidad, sino también por ser fuente potencial de su mitigación.