Se presentan los resultados del análisis de informes nacionales y documentos de 16 países de América Latina (Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay) relacionados con la aplicación de un instrumento armonizado de diagnóstico para la Acuicultura de Recursos Limitados (AREL) y de Micro y Pequeña Empresa (AMYPES) en Latinoamérica y El Caribe. No obstante las diferencias en la profundidad de la información recibida, el panorama regional muestra que Colombia, Brasil, Ecuador, Perú y Paraguay, son los países que registran mayor actividad en la escala de producción-objetivo. Por otro lado, la acuicultura AREL y AMYPE es, con mucho, una actividad centrada en peces dulceacuícolas, siendo prácticamente en toda la región la tilapia, la carpa, la cachama y la trucha arcoíris las especies más cultivadas por este sub-sector. Existe un número importante de factores que limitan el desarrollo de este sub-sector de la acuicultura en la región, de acuerdo con la percepción de los productores. Destacan por su reiterada mención en la encuesta aplicada para este propósito, el limitado acceso al capital, a mejoras tecnológicas y al mercado. La situación institucional y de políticas públicas e instrumentos de apoyo para el subsector, es muy diversa dentro de la región, pudiendo observarse en algunos países reconocimientos formales a los AREL y AMyPE, con programas focalizados y recursos asignados, en contraste con situaciones de indefinición y de falta de reconocimiento formal que lo distinga y oriente los mecanismos de apoyo a su desarrollo. No obstante, existen indicios de que el sector, en lo general, se encamina a una nueva etapa de reconocimiento y apoyo formales, así como de mayores exigencias en cuanto a contar con un registro y cumplir con algunas exigencias básicas para evitar el daño ambiental. El documento presenta recomendaciones para la estructuración de una estrategia regional de apoyo al desarrollo de este sub-sector que involucra, según los datos preliminares, a más de 100,000 familias en la región.