Investigación académica al servicio del derecho a la alimentación


Un grupo de académicos pioneros en España contribuye a la lucha contra el hambre

La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada en 1948, establece que la alimentación es un derecho humano básico. Tras varias décadas, más de 820 millones de personas siguen pasando hambre. © FAO / Pedro Costa Gomes

 “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; (...)”. Declaración Universal de los derechos Humanos, Artículo 25.

En diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas marcaba un hito con la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el primer reconocimiento internacional de algunos derechos humanos fundamentales. El artículo 25 establece el derecho humano a la alimentación.

71 años después, todavía millones de personas en todo el mundo no gozan de esos derechos, y en concreto, más de 820 millones de personas aún no cuentan con suficientes alimentos nutritivos para llevar a cabo vidas activas y saludables.

Desde su creación en 1945, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha dedicado todos sus esfuerzos erradicar el hambre y la malnutrición. Para ello, trabaja estrechamente con sus Estados miembros, pero también con actores de otros sectores imprescindibles para lograr que el derecho a la alimentación se cumpla en todo el mundo.

Una lucha mundial

Sí, en todo el mundo. En los llamados países en desarrollo, pero también en los países más avanzados, este derecho no está aún garantizado. No basta con que haya alimentos disponibles, los alimentos deben ser sanos y nutritivos y los Gobiernos deben velar porque así sea, adecuando la legislación para proteger este derecho.

“El hambre es un problema complejo que no puede abordarse aisladamente desde una única perspectiva, ya que son diversos los factores que impactan en la agricultura y la alimentación”, explica Celia Fernández Aller, profesora de Derecho en la Universidad Politécnica de Madrid, España. Celia forma parte del Observatorio del derecho a la alimentación de España (ODA-E), una red de académicos única por sus características en Europa.

“Es necesario un observatorio de esta naturaleza en España”, afirma con rotundidad. “No solo porque la inseguridad alimentaria ha empeorado en los últimos años, sino porque construir un mundo más justo compromete a todos los países. Las naciones desarrolladas causan y condicionan gran parte de los problemas que afectan a nivel mundial, como el cambio climático, el modelo industrial y el consumo energético.”

Las dietas poco saludables son uno de los principales factores de riesgo de muerte causados por enfermedades no transmisibles. El derecho a la alimentación no se refiere solo al acceso a los alimentos, sino también al acceso a alimentos nutritivos. Izquierda: © FAO / Eduardo Soteras; Derecha: © FAO / Miguel Schincariol

Otra de las prioridades del ODA- E son las dietas poco saludables, que constituyen el principal factor de riesgo de muerte por medio de las enfermedades no transmisibles (como la diabetes y ciertos tipos de cáncer), además de repercutir negativamente en los presupuestos sanitarios nacionales.

Celia colabora también con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), donde el Observatorio imparte talleres sobre el derecho humano a una alimentación adecuada (DHAA) a funcionarios con el objetivo de contribuir al reconocimiento institucional de este derecho universal.

Celia fue una de las invitadas a hablar en la mesa redonda organizada por la FAO con motivo del pasado Día Mundial de la Alimentación en España.

“En mi intervención, ante las autoridades del Ministerio de Agricultura, urgí a reconocer el DHAA, no solo por parte de los estados, sino también de la sociedad y las empresas. Fue una excelente oportunidad para sensibilizar y generar conciencia en la opinión pública sobre su importancia”, asegura.

También miembro del ODA-E, la profesora de Sociología de la Alimentación en la Universidad de Oviedo (al norte de España), Amparo Novo, participó como observadora en la primera Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición, que se celebró en octubre de 2018 en la capital de España. En aquella ocasión, el Observatorio preparó una batería de propuestas y desafíos: entre ellas, implantar políticas fiscales que graven los alimentos procesados, restringir la publicidad de alimentos que inciden en dietas poco saludables y elaborar una ley marco sobre el DHAA. “

Es necesario el diálogo con las instituciones implicadas, ya que de otro modo no podremos erradicar el hambre y la malnutrición”, indica.

Uno de los interlocutores habituales y directos del ODA-E son los tomadores de decisiones, especialmente la recientemente creada Alianza parlamentaria española por el derecho a la alimentación.

“Son uno de nuestros mayores aliados. Contamos con su apoyo, y nuestro último objetivo es ayudar en el análisis de iniciativas legislativas y el monitoreo de las mismas. Juntos podemos esclarecer cuál es el mejor camino en política y gobernanza para realizar el DHAA”, comenta Amparo.

Los integrantes del ODA-E se reúnen periódicamente para debatir propuestas de acción que garanticen el derecho a la alimentación, además de intercambiar experiencias con los legisladores y la sociedad civil. ©FAO/Marta Ramón Pascual

Inspiración desde el otro lado del Atlántico

El ODA-E se creó en 2018 inspirado por el ODA de América Latina y el Caribe, existente desde 2011. Ambos Observatorios nacieron y cuentan con el apoyo del equipo de Derecho a la Alimentación de la FAO y la Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre, fruto de la alianza del Gobierno de España con la FAO. “Detectamos que los desafíos a los que se enfrenta América Latina, como el cambio climático o la migración, también afectan a España. El hambre y la malnutrición son un asunto global, y en Europa también lo sufrimos”, recalca Amparo.

El ODA-E ha despertado gran interés desde su creación y actualmente está formado por diez universidades, diez entidades sociales y cerca de 40 investigadores a título individual. Todos ellos participan regularmente en actividades de incidencia, con vistas a que el conocimiento generado tenga amplia visibilidad y aplicación práctica, en lugar de quedar recluido en despachos o bibliotecas.

El sector académico tiene una responsabilidad fundamental en la transmisión de valores basados en los derechos humanos, la producción de conocimiento, la divulgación de datos precisos y el desarrollo de capacidades analíticas. La Agenda 2030 llama a la participación de una multiplicidad de actores, y el mundo académico tiene mucho que aportar para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.


Más información

2. Zero hunger, 17. Partnership for the goals