RESUMEN INFORMATIVO SOBRE LA PESCA POR PAISES: LA RÉPUBLICA DE COLOMBIA

Noviembre 2003

1. MANEJO GENERAL DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA

La formulación y ejecución de la política pesquera y acuícola colombiana le corresponde al Estado. En tal sentido, el organismo rector es el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el ejecutor es el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER quien a su vez autoriza el ejercicio de la actividad a nivel nacional, y por lo tanto se constituye en el principal interlocutor con los gremios y productores del sector.

El rol del Estado se concentra en la formulación, ejecución y seguimiento de las medidas regulatorias y no regulatorias de ordenamiento pesquero y acuícola, para lo cual se desarrollan investigaciones interdisciplinarias que las sustenten (biológicas, pesqueras, tecnológicas, sociales, económicas y ambientales). También se realiza el fomento con la participación de las autoridades regionales, organizaciones no gubernamentales y comunidades rurales. Con relación a la investigación para el desarrollo del sector, se adelantan actividades conjuntamente con el sector productivo y académico y con el apoyo de fuentes de cooperación y financiación nacional e internacional.


2. ESTRATEGIAS GUBERNAMENTALES DE ORDENACIÓN PESQUERA

Para el ordenamiento de la actividad pesquera y acuícola se establecen medidas regulatorias y no regulatorias. Las primeras se refieren a las normas (leyes, acuerdos y resoluciones) tendientes a controlar el acceso a los recursos pesqueros; las segundas tienen por objetivo capacitar y concientizar a los usuarios del sector en la necesidad de ejercer la pesca y la acuicultura de manera responsable.

Las medidas regulatorias que expide la autoridad pesquera nacional se refieren al: control de la flota pesquera (número, tamaño, tipo de embarcaciones y vinculación a empresas nacionales); el establecimiento de cuotas de pesca de los principales recursos marinos en aprovechamiento; vedas sobre los recursos y cuerpos de agua donde se ejerce la pesca marina y continental; áreas de reserva y de exclusividad para la pesca artesanal; tallas mínimas de captura; reglamentación de artes y métodos de pesca artesanal; autorización al ejercicio de la actividad (autorizaciones, permisos, patentes, licencias, salvoconductos y concesiones); visitas de control en sitios de captura, comercialización y movilización; fijación de sanciones y multas por infracciones a la normatividad pesquera.

Las medidas no regulatorias frecuentemente empleadas son: la realización de jornadas de difusión y distribución de material divulgativo sobre la legislación pesquera y las medidas regulatorias que periódicamente se expiden; realización de alianzas estratégicas y concertación con comunidades de productores, autoridades civiles y militares para diseñar y ejecutar actividades de ordenamiento así como para expedir las respectivas normas; cursos de capacitación relativas al aprovechamiento sostenible y la pesca responsable; asistencia técnica y transferencia de tecnología en pesca y acuicultura, y evaluación de normas, acuerdos y convenios nacionales e internacionales relacionados con la actividad.


3. LA INSTITUCIONALIDAD PESQUERA

Entre 1968 y 1990, la Subgerencia de Pesca y Fauna del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (INDERENA) fue la responsable de ejecutar la política pesquera y acuícola del país; su gestión se caracterizó por la orientación netamente conservacionista y con escaso énfasis en el desarrollo sectorial y la negociación internacional, pues su misión se regía por una política de enfoque ambiental.

A raíz de la sanción de la Ley 13 de enero 15 de 1990 – Estatuto General de Pesca, se creó el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura – INPA que orientó su gestión hacia el ordenamiento, investigación y fomento de la actividad, aunque con profundas debilidades institucionales. Ambos institutos fueron adscritos al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que ha conservado su rol como rector de la política pesquera y acuícola nacional.

Con la política de renovación de la administración pública, el INPA fue liquidado mediante el Decreto 1293 de mayo 21 de 2003 y sus funciones fueron transferidas al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER, creado con el Decreto 1300 en la misma fecha. Su objetivo es ejecutar la política agropecuaria y de desarrollo rural, facilitar el acceso a los factores productivos, fortalecer las entidades territoriales y sus comunidades. Con la creación del INCODER se liquidaron cuatro entidades que cumplían las funciones globales de: reforma agraria, adecuación de tierras, desarrollo rural y administración de la pesca y acuicultura, todas ellas adscritas al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

En la estructura orgánica del INCODER se creó la Subgerencia de Pesca y Acuicultura que asumió las funciones de ordenamiento e investigación que anteriormente cumplía el INPA. El fomento de estas actividades se integró al concepto de desarrollo rural integral en la Subgerencia de Desarrollo Productivo Social del mismo Instituto.

Dada la reciente creación del INCODER, aún no se ha diseñado su página de Internet; sin embargo, continúa vigente el sitio web del INPA www.inpa.gov.co. La dirección electrónica del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural es www.minagricultura.gov.co. Otras páginas con información de interés sectorial son: del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial www.minambiente.gov.co; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo www.mincomex.gov.co y www.Colombiacompite.gov.co; Departamento Nacional de Planeación www.dnp.gov.co y el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas www.dane.gov.co.


4. MARCO LEGAL

Hasta la sanción de la Ley 13 de 1990 - Estatuto General de Pesca, la administración de los recursos pesqueros y de la acuicultura carecieron de un esquema acorde con su importancia socioeconómica y geopolítica. Su objetivo es regular el manejo integral y la explotación racional de los recursos pesqueros con el fin de asegurar su aprovechamiento sostenido; esta ley se reglamentó mediante el Decreto 2256 de octubre 4 de 1991.

Pese al cambio institucional que significó la liquidación del INPA y la creación del INCODER, el marco legal aún no se ha modificado, aunque en los últimos cinco años se adelantaron varios esfuerzos interinstitucionales y gremiales tendientes a actualizar la Ley 13 de 1990, la cual fue promulgada antes de la Constitución Política de Colombia de 1991, del Código de Conducta de Pesca Responsable (FAO, 1995) y de otros acuerdos y convenios internacionales en materia pesquera, comercial y ambiental; adicionalmente, no responde de manera adecuada a la evolución que la pesca y la acuicultura han tenido en el país ni a los cambios institucionales ocurridos en la última década.

Otra norma directamente relacionada es la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, que reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y recursos naturales renovables. Otorga al Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial la facultad de participar en la fijación de las especies y volúmenes de pesca susceptibles de aprovechamiento (modificado por el Decreto 245 de 1995), con base en las cuales la autoridad pesquera otorga las cuotas para cada permisionario. También asigna a las Corporaciones Autónomas Regionales la función de autorizar el uso, aprovechamiento o movilización de recursos naturales renovables y el ejercicio de actividades que puedan afectar el medio ambiente; las concesiones para el uso de aguas y vedas para la pesca deportiva y la aplicación de las sanciones a que haya lugar.


5. SISTEMAS DE ORDENACIÓN DE LAS PESQUERÍAS

Se basa en la Ley 13 de 1990 y Decreto reglamentario 2256 de 1991, que proporcionan el marco jurídico, institucional y administrativo. Si bien no define el concepto de ordenación ni sus objetivos específicos, si contiene el objetivo general de ordenación así: ”Regular el manejo integral y la explotación racional de los recursos pesqueros con el fin de asegurar su aprovechamiento sostenido”. A pesar que la normatividad no otorga poder jurídico para priorizar las obligaciones de los acuerdos y convenios internacionales, Colombia las acata a través de resoluciones o acuerdos expedidos por la autoridad pesquera (INCODER).
Las pesquerías marinas con mayores medidas de ordenamiento son las de alto interés comercial tales como el atún, pequeños pelágicos, camarones de aguas someras y de aguas profundas, langosta y caracol. Para todas ellas se definen anualmente cuotas de pesca; se requiere contar con permisos, licencias, patentes y es obligatorio el pago de tasas y derechos; se han reglamentado los artes y métodos de pesca, las tallas mínimas de los recursos y se imponen sanciones y multas por infracciones a la normatividad.

En el caso de las pesquerías de camarón de aguas someras y pequeños pelágicos del Pacífico, así como para el caracol y la langosta espinosa del Atlántico, se han definido también vedas temporales anuales y se ha regulado el esfuerzo a través de la prohibición del ingreso de nuevos barcos. De esta manera se pretende asegurar la sostenibilidad de estos recursos y la rentabilidad de quienes ya ejercen la pesca industrial y artesanal.

Desde la perspectiva institucional, el INCODER actúa conjuntamente con la Armada Nacional, la Policía Nacional, la Dirección General Marítima – DIMAR, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y el Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, para cumplir las actividades de control, seguimiento y vigilancia a la pesca marítima, cada una de ellas en el área de su competencia.

Las decisiones de ordenamiento pesquero las toma el INCODER y efectúa consultas y acuerdos tanto con las autoridades militares, ambientales y civiles como con los usuarios de la pesca (industriales y artesanales). Si bien todas las consultas no son imprescindibles para el ordenamiento, sus sugerencias se toman en cuenta a fin de hacer más efectivo y participativo el cumplimiento de las medidas implantadas y reducir el grado de los conflictos, particularmente en las pesquerías del camarón y la langosta.


6. MEDIDAS DE ORDENACIÓN DE LAS PESQUERÍAS

En cumplimiento de la legislación pesquera, desde 1971 se han expedido normas para regular la pesca marítima y continental, así:

Les sept axes stratégiques sont :

  • Vedas anuales sobre los siguientes recursos marinos y continentales: Desde 1976 permanente sobre pirañas. En 1987 para el pirarucú (Arapaima gigas) del Amazonas y bagre rayado (Pseudoplatystoma fasciatum) de la Cuenca del Magdalena (mayo 1 – 31 y septiembre 15 – octubre 15). En 1991 para los camarones de aguas someras y profundas del Pacífico (enero 20 a marzo 20). En 1992 para la carduma del Pacífico (noviembre 1 – diciembre 31). En 1995 sobre los recursos de consumo y ornamentales de la Orinoquía (mayo 1 a junio 30); en 1997 en la pesca ornamental de los departamentos de Casanare, Meta y Guaviare (mayo 15 a junio 15), y en 1996 para la arawana de la Amazonía (Osteoglossum bicirrhossum) (septiembre 1 a noviembre 15).
  • Artes y métodos de pesca: En 1992 se reglamentaron los del Golfo de Morrosquillo y Archipiélago de San Bernardo. En 1993 para la Cuenca del Magdalena. En 1995 para la pesca artesanal y deportiva de marlin, pez vela, pez espada y afines. En 1996 en la Ciénaga Grande de Santa Marta. En el 2000 para el Embalse del Guájaro (Atlántico), cuenca del río Orinoco y zona norte del Pacífico colombiano (departamento de Chocó).
  • Desde 1993 es obligatorio el uso de Dispositivos Excluidores de Tortugas – DET’S en la flota camaronera de arrastre del Atlántico y desde 1996 en el Pacífico. En 1992 se prohibió el aprovechamiento de tortugas marinas capturadas de forma incidental en la pesca de arrastre de camarón.
  • En 1994 se ratificó la adhesión de Colombia al Acuerdo de La Jolla (1992) y se continúa con el Programa Internacional de Conservación y Protección de Delfines de la Comisión Interamericana del Atún Tropical – CIAT. Desde 1992 se reglamenta la pesca de atún con motonaves de capacidad superior a 400 TRN en el OPO y desde el 2000 se fija el límite de mortalidad de delfines para esta flota. En 1998 (noviembre 26 – diciembre 31) y 1999 (diciembre 2 – 31) se efectuó la veda de atún aleta amarilla para la flota colombiana en el OPO, según lo acordado por la CIAT.
  • En 1992 se estableció el uso de motonaves hasta de 5 TRN para la pesca artesanal comercial. En 1996 se definieron las características de las motonaves de pesca artesanal y se reglamentó la pesca con redes de arrastre en el Pacífico y Atlántico, sobre las cuales se prohíbe su uso en la primera milla náutica.
  • En 1995 se zonificó el litoral Pacífico colombiano en cuatro áreas para el manejo de los recursos pesqueros y se delimitó la primera milla náutica para uso exclusivo de la pesca artesanal. También se zonificó el litoral Atlántico en siete áreas y se delimitaron las primeras 5 millas náuticas como exclusivas de pesca artesanal, donde se prohíbe la pesca de arrastre en el departamento de Córdoba, el Golfo de Morrosquillo, una parte interna del Golfo de Urabá y una zona de la Península de la Guajira.
  • Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: en 1995 se vedó el caracol pala (Strombus gigas) (junio 1 a octubre 31) salvo en el Bajo Quitasueño donde es permanente y se fijó la talla mínima del caracol pala y langosta espinosa. En 1996 se reglamentó el tamaño y tipo de motonaves de pesca artesanal. En 1999 se limitó la captura de langosta espinosa en 10 kg/día/nasa y 6,5 kg/día/buzo y se prohibió el ingreso y reemplazo de motonaves a esta pesquería.
  • En el 2002, para la cuenca del río Sinú se reglamentó la línea de anzuelos empleada en la pesca artesanal, máximo en 70 mts. Se estableció una veda total de dicho río para 40 km del Departamento de Córdoba, y un área de reserva aledaña a la anterior donde sólo se permite la pesca artesanal de subsistencia.
  • Desde 1993 se otorgan cuotas de pesca a los titulares de permiso de pesca marítima comercial, con base en las cuotas globales por recursos pesqueros de cada océano. Para la pesca continental no se fijan cuotas porque los recursos están asociados a los regímenes hidrológicos y ello dificulta la determinación real de volúmenes de pesca:

    OCÉANO

    RECURSO

    ESPECIE

    CUOTA 2001

    Pacífico

    Camarón de aguas someras

    Blanco, tití y tigre

    3 400

    Camarón de aguas profundas

    Coliflor, rojo, café

    1 200

    Peces oceánicos

    Atún aleta amarilla, barrilete, ojo grande, patudo, dorado y otras especies promisorias

    150 000

    Peces pelágicos medianos

    Jureles, sierra, carecaballo, caballas y macarela

    9 000

    Peces demersales

    Cherna, merluza, espejuelo, pargo, tiburones, palometas y colorado

    5 900

    Peces pelágicos pequeños

    Carduma y plumuda

    45 000

    Total océano Pacífico

    214 500

    Atlántico

    Camarón de aguas someras

    Rosado, pintado, blanco

    1 400

    Langosta

    Langosta espinosa

    500

    Caracol

    Caracol pala

    30

    Peces oceánicos

    Atún aleta amarilla, barrilete

    40 000

    Peces pelágicos medianos

    Jureles, bonito, sierra, cojinúas

    6 000

    Peces pequeños pelágicos

    Machuelo, ojo gordo, sardina, caballeta, sardineta, sardinata

    44 000

    Peces demersales

    Pargos, sargos, cachicachi, cachuas, pejepuerco, mojarra, corvinas, roncos y otros

    6 200

    Total océano Atlántico

    98 130

    GRAN TOTAL

    312 630


7. MEDIDAS DE ORDENACIÓN DE LA ACUICULTURA

Si bien la normatividad expedida por la autoridad pesquera en acuicultura no fue tan amplia como en la pesca, para obtener el permiso de cultivo se debe otorgar información técnica y de infraestructura detallada sobre el proyecto, contar con un plan de manejo ambiental, un adecuado sistema de manejo de aguas y de la especie objeto de cultivo.

Las autoridades pesqueras y ambientales regulan la introducción de especies exóticas al país, el uso de los cuerpos aguas, la implantación de sistemas de producción sostenibles y limpios. La autoridad pesquera regula además de los cultivos para producir semilla y carne, la acuicultura con fines de investigación, el repoblamiento de cuerpos de agua de uso público, la capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología. Algunas normas expedidas en la materia son:

  • En 1995 se establecieron los requisitos para el cultivo de tilapia roja y plateada (Oreochromis spp.) en ambientes naturales o artificiales controlados.
  • En 1995 se determinaron los requisitos para el repoblamiento íctico de las aguas continentales de Colombia y se prohíbe el repoblamiento con especies exóticas y transplantadas de otras cuencas sin permiso de la autoridad pesquera nacional.
  • Desde 1999 se exige un certificado sanitario de origen para la importación de camarón, langosta, artemias y poliquetos y así evitar el ingreso al país de las enfermedades Mancha Blanca y Cabeza Amarilla. También se controla la movilización de productos y recursos vivos de la acuicultura y pesca nacional e importada para evitar la propagación de enfermedades virales.

8. INVERSIONES Y SUBSIDIOS DIRIGIDOS AL SECTOR PESQUERO

Las inversiones realizadas por el sector privado se concentran en plantas procesadoras, flota, cultivos acuícolas, empresas comercializadoras de productos pesqueros así como de insumos y equipos asociados a la actividad. El sector académico y algunos gremios cuentan con estaciones acuícolas experimentales, centros de investigación en acuicultura y han conformado alianzas estratégicas con el Estado en pro del desarrollo sectorial.

El Gobierno Nacional ha invertido en estaciones para investigación y fomento de la acuicultura (tanto del INPA como de algunas Corporaciones Autónomas Regionales), mercados locales para comercializar productos provenientes de la pesca artesanal, la generación de líneas de crédito especializadas para promocionar el desarrollo del sector y en la disponibilidad de fondos económicos de diversos programas y entidades nacionales para financiar proyectos en pesca y acuicultura como por ejemplo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (PRONATTA, PROAGRO y PADEMER), de la Presidencia de la República (Fondo de Inversiones para la Paz) y COLCIENCIAS, entre otros.

En la actualidad no hay subsidios dirigidos al sector pero si se cuenta con algunos incentivos comerciales para promover las exportaciones tales como: El Certificado de Reembolso Tributario – CERT para atún y camarones; las negociaciones realizadas por Colombia con el gobierno de Estados Unidos para que el atún ingrese como producto beneficiado de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas – ATPDEA, y la suscripción de convenios de competitividad exportadora entre los sectores público y privado para los siguientes productos: atún, camarón de cultivo, camarón de pesca y productos de la piscicultura de agua dulce, y la generación de información para exportadores bajo el sistema de inteligencia de mercados.

9. PROYECCIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA A 25 AÑOS

Considerando que la producción pesquera y acuícola ha crecido un 52% entre los años 1991 y 2001, se prevé que para el año 2030 la oferta crezca un 60% que representa cerca de 285 000 toneladas. Este incremento se dará con base en el gran dinamismo que ha tomado la acuicultura, tanto de los productos ya tradicionales (camarón, trucha, tilapia y cachama), de aquellos promisorios (pargo, ostra, bocachico, carpa y yamú), así como de la pesca marina (atún, dorado, calamar y algunos recursos de la pesca blanca). También es importante el aporte de los productos importados, entre los cuales se destacan los procesados de alto valor agregado y pescados frescos o congelados, bien sean enteros o en filetes; a ello contribuye la política global de mercado externo tendiente a reducir y eliminar las barreras arancelarias entre las regiones.

Desde la perspectiva de la demanda también se prevé un paulatino crecimiento en la medición del consumo per-cápita, el cual si bien ha mostrado una desaceleración en las estadísticas oficiales desde 1998 cuando era de 6,5 kg/año/persona respecto al 2001 que llegó a 5,03, la aceptación en el mercado demuestra una tendencia ascendente gracias al mayor reconocimiento de sus cualidades nutricionales y la disponibilidad en el mercado de productos de diferentes precios y presentaciones, accesibles a la mayoría del público.

En tal sentido, se espera que para el año 2030 este indicador llegue a 10 kg/año/persona, lo cual se logrará no sólo con el crecimiento de la oferta sino también por el impulso que el sector público y privado den a la realización de campañas masivas para promover el consumo de productos pesqueros y acuícolas, con énfasis en la población más joven por ser la más susceptible a modificar y ampliar sus hábitos de consumo.