FAO>Pesca y Acuicultura
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agriculturapara un mundo sin hambre
EnglishFrançaisРусский
  1. Perfil
    1. Legislación básica
    2. Definición legal
    3. Pautas y códigos de conducta
    4. Acuerdos y Organizaciones Internacionales
  2. Planificación
    1. Sistema de autorización
    2. Acceso a la tierra y el agua
    3. EIA
  3. Operación
    1. Calidad del agua y descarga de aguas residuales
    2. Movimientos de peces
    3. Control de enfermedades
    4. Drogas
    5. Alimentos
  4. Inocuidad de los alimentos
    1. Misceláneo
      1. Referencias
        1. Legislación
        2. Recursos relacionados
      2. Vínculos relacionados
        Perfil
        Legislación básica
        En Colombia la acuicultura se ha desarrollado principalmente a nivel rural y como complemento a las actividades de la agricultura. La Ley Nº 13 de 1990 (Ley Nº 13 de 1990 - Estatuto General de Pesca) y su Decreto reglamentario Nº 2256 de 1991 (Decreto Nº 2.256 de 1991 – Reglamenta la Ley Nº 13 de 1990, Estatuto General de Pesca), constituyen el principal marco normativo de la acuicultura en Colombia bajo la autoridad central del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) para la administración y manejo de las pesquerías (como lo confirma el Decreto Nº 1985 de 2013, art. 1, inciso segundo).

        La Ley Nº 13 de 1990 estableció el Estatuto General de Pesca y dictó, junto con su Decreto reglamentario Nº 2256 de 1991, las funciones de la entidad encargada de su implementación. Inicialmente el Instituto Nacional de pesca y Acuicultura (INPA) fue creado como entidad adjunta al MADR y a cargo de la implementación. No obstante, esta entidad fue liquidada en 2003. Actualmente, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), que fue creada mediante el Decreto Nº 4181 de 2011, está a cargo de todas las funciones originalmente otorgadas al INPA.

        A parte de estos dos instrumentos legales de base existe una amplia variedad de leyes, acuerdos y resoluciones. Entre estos, los más importantes son la Ley Nº 99 de 1993 (Ley Nº 99 de 1993 - crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y se dictan otras disposiciones), la Ley Nº 101 de 1993 (Ley Nº 99 de 1993 - crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y se dictan otras disposiciones) y la Ley Nº 811 de 2003 (Ley Nº 811 de 2003 - Crea las organizaciones de cadenas en el sector agropecuario, pesquero, forestal, acuícola, y se dictan otras disposiciones).

        Otros instrumentos legislativos incluyen i. Ley Nº 1731 de 2014 por medio de la cual se adoptaron medidas en materia de financiamiento para la reactivación del sector acuícola, ii. Decreto Nº 1071 de 2015 que es el Decreto Único Reglamentario del sector administrativo agropecuario, pesquero y de desarrollo rural, iii. Decreto Nº 1780 de 2015 que adicionó al Decreto Nº 1071 de 2015 reglamentos sobre la adopción de medidas para administrar, fomentar y controlar la actividad de la acuicultura, y iv. Decreto Nº 440 de 2016 que modifica el Decreto Nº 1071 de 2015 en lo referente a la gestión de restitución de tierras despojadas para la acción de restitución en un marco de justicia transicional en el ámbito civil y agrario. La Administración del sector pesquero y de acuacultura está integrada por MADR y sus entidades adscritas. Son entidades adscritas, con personería jurídica y con jurisdicción sobre materias de la acuicultura el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP).

        La autoridad central encargada de administrar y ejecutar las políticas públicas formuladas por el Gobierno mediante el MADR, era en un principio el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INPA) como lo formuló la Ley Nº 13 de 1990 y su decreto. No obstante y como se mencionó anteriormente, el INPA fue liquidado y remplazado primero por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) mediante el Decreto Nº 1293 de 2003, y más recientemente sus funciones fueron transferidas a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) mediante el Decreto Nº 4181 de 2011.

        La AUNAP fue creada en 2011 como una Unidad Administrativa Especial adscrita al MADR. Bajo el Decreto Nº 4181 de 2011, la AUNAP tiene como objetivos “ejercer la autoridad pesquera y acuícola de Colombia, adelantando los procesos de planificación, investigación, ordenamiento, fomento, regulación, registro, información, inspección, vigilancia y control de las actividades de pesca y acuicultura, aplicando las sanciones que haya lugar, dentro de una política de fomento y desarrollo sostenible de los recursos pesqueros”. Por lo tanto, la AUNAP es la entidad que opera a nivel nacional bajo el manto del MADR, y se encarga de la administración y ejecución general de la política pesquera que formula el MADR. La AUNAP también se encarga del otorgamiento de autorizaciones, permisos, licencias y concesiones de pesca y acuicultura.

        Adicionalmente a la AUNAP existen dos agencias relevantes a la regulación de las actividades relacionadas a la acuicultura. Como resultado de la formulación de nuevos decretos creados en 2015 con miras a una reforma institucional, el INCODER fue liquidado mediante el Decreto Ley Nº 2365 de 2015, y las funciones que estaban otorgados únicamente a este instituto fueron transferidas a dos nuevas agencias. Estas agencias son la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural, creadas a partir de los Decretos Ley Nº 2363 de 2015 y 2364 de 2015 respectivamente.

        Las políticas públicas pesqueras y de la acuicultura en Colombia son señaladas por el Gobierno Nacional a través del MADR. La Dirección de Pesca y Acuicultura es la división del MADR a cargo de la acuicultura. Esta tiene como función principal coordinar la ejecución de la política sectorial para la pesca y la acuicultura en Colombia. En general, la Dirección se encarga de la formulación de las políticas y lineamientos estratégicos para el desarrollo de la acuicultura, así como de la atención de asuntos internacionales relacionados. También se encarga del seguimiento y acompañamiento a las actividades de la AUNAP.
        Definición legal
        El Decreto Nº 2811 de 1974 y La Ley Nº 13 de 1990 definen la acuicultura como “el cultivo de organismos hidrobiológicos con técnicas apropiadas, en ambientes naturales o artificiales, y generalmente bajo control”.
        Pautas y códigos de conducta
        No hay pautas o códigos de conducta sobre acuicultura.
        Acuerdos y Organizaciones Internacionales
        Colombia es hace parte de:

        A. Organizaciones de Membrecía global
        • La Organización Mundial del Comercio (OMC). La OMC es una organización multilateral para la liberación del comercio internacional.
        • La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
        La FAO ha desarrollado una variedad de instrumentos de relevancia para el ejercicio de la acuicultura en Colombia. Entre ellos el Código de Conducta para la Pesca Responsable.
        • Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).
        • El Codex Alimentarius.
        El Codex Alimentarius fue establecido conjuntamente por la FAO y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1963. A través de sus normas, directrices y códigos de prácticas alimentarias voluntarias, el Codex contribuye a la seguridad alimentaria en conexión con el comercio internacional. El Codex genera varios instrumentos con estándares en varios campos de los alimentos. Más específicamente, en relación a la acuicultura el “Código de prácticas para el pescado y los productos pesqueros” es de especial relevancia. B. Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP)
        • La Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS).
        • La Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT).
        • La Comisión de Pesca del Atlántico Centro Occidental (COPACO).
        • La Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS).
        • Centro para los servicios de información y asesoramiento sobre la comercialización de los productos pesqueros de América Latina (INFOPESCA).
        C. Convenciones ambientales
        • La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES).
        • El Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD).
        • Protocolo de Cartagena sobre Seguridad en la Biotecnología.
        • Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
        D. Convenios sobre el derecho del mar
        • Convención sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de la Alta Mar.
        • Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
        Planificación
        Sistema de autorización
        Ley Nº 13 de 1990 y su Decreto Nº 2256 de 1991 determinan como requisito el haber un permiso para la acuicultura, también denominado como “permiso de cultivo”. A partir del 2011 y según el Decreto Nº 4181 de 2011, la AUNAP es la autoridad que actualmente se encarga de expedir estos permisos mediante un acto administrativo. Un permiso para acuicultura es intransferible.

        La AUNAP estableció mediante la Resolución Nº 601 de 2012 que una solicitud de permisos y patentes relacionados a la acuicultura debe ser presentada ante la AUNAP, en cualquiera de sus oficinas a nivel nacional. Los requisitos específicos y documentos necesarios están enumerados en esta resolución. Para realizar una actividad de acuicultura comercial se requiere un permiso que es dado hasta por diez años. La AUNAP es la autoridad encargada del procesamiento, otorgamiento y examen de los requisitos. Como fue provisto en el artículo Nº 92 del Decreto Nº 2256 de 1991, el permiso de cultivo debe tener en su contenido:
        1. Identificación del titular del permiso.
        2. Lugar en donde se realizará la actividad autorizada y área proyectada.
        3. Nombre de la fuente, corriente o depósito de aguas que soportará el cultivo e identificación del permiso o concesión para su utilización, cuando fuere de uso público.
        4. Especie o especies cuyo cultivo se autoriza y volúmenes estimados de producción.
        5. Actividades autorizadas, tales como: embrionaje, levante, engorde, reproducción, procesamiento y comercialización.
        6. Autorización para obtener del medio natural la población parental, cuando así se solicite.
        7. Término del permiso.
        8. Causales de revocatoria y sanciones por incumplimiento. Destino de la producción.
        9. Los requisitos para la prórroga.
        10. Obligación de presentar informes periódicos en la forma que establezca la AUNAP.
        Además del permiso, el artículo 92 del Decreto Nº 2256 de 1991 establece que el titular del permiso deberá solicitar a las entidades competentes los derechos de uso de terrenos, aguas, costas, playas o lechos de ríos o fondos marinos que sean necesarios para el desarrollo de la actividad. Estos otros requisitos se explican en la sección siguiente.
        Acceso a la tierra y el agua
        De acuerdo al artículo 44 del Decreto Nº 2256 de 1991, las Zonas con Vocación para la Acuicultura son aquellas que reúnen las condiciones científicas, ecológicas y técnicas para el cultivo de especies acuáticas. Por lo cual, además de poseer un permiso para el ejercicio de la acuicultura se debe solicitar un permiso para el ejercicio de la acuicultura dependiendo de su ubicación geográfica.

        La AUNAP es la entidad actualmente a cargo de la identificación de las Zonas con Vocación para la Acuicultura en coordinación con la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria (UPRA), que debe ser hecha teniendo en cuenta las necesidades del desarrollo acuícola en el territorio nacional. Luego de dicha identificación, la AUNAP propone al MADR las áreas potenciales para su incorporación a los planes de ordenamiento territorial del Gobierno Nacional.

        Colombia cuenta con tres áreas aptas para la acuicultura que son el Océano Pacífico, el Mar Caribe y las áreas continentales. Dada que cada área está bajo la jurisdicción de distintas entidades, es responsabilidad del poseedor del permiso de acuicultura de recurrir a la autoridad competente para obtener los permisos adicionales requeridos para el acceso a la tierra y el agua. Estos permisos incluyen el uso del suelo, el agua, las costas, playas y ríos o fondos de mar. a. Acuicultura marina

        Bajo los términos del Decreto Nº 2324 de 1984 Decree No.2324 of 1984, en el caso de la acuicultura marina una concesión debe ser obtenida de la Dirección General Marítima del Ministerio de Defensa Nacional (DIMAR), que es la entidad encargada de regular, autorizar y controlar las concesiones y permisos en las aguas, terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso público de las áreas de su jurisdicción.

        b. Acuicultura continental

        Bajo el Decreto Nº 1541 de 1978 para la reglamentación de las aguas no marítimas, se estableció que la práctica de la acuicultura en aguas continentales necesita de una concesión de agua, para toda persona natural o jurídica, pública o privada.

        La administración de aguas públicas y privadas no marítimas corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ante el cual se debe solicitar un permiso de concesión de aguas superficiales y este la puede otorgar mediante una resolución por un periodo máximo de diez años. Las concesiones se piden para el uso de aguas públicas. Las áreas de uso público son:
        1. Ríos y otras aguas que corran por cauces naturales.
        2. Aguas derivadas de un cauce natural que corran por causes artificiales.
        3. Lagos, lagunas, ciénagas, pantanos.
        4. Aguas privadas que no sean usadas por tres años.
        5. Las demás aguas siempre y cuando no nazcan y mueran en el mismo predio.
        La solicitud que se presenta ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible debe contener al menos información referente a:
        1. Datos del solicitante: Nombres y apellidos del solicitante, documentos de identidad, domicilio, nacionalidad. Si se trata de una persona jurídica, pública o privada, se indicará su razón social, domicilio, los documentos relativos a su constitución, nombre y dirección de su representante legal.
        2. Nombre de la fuente de donde se pretende hacer la derivación, o donde se desea usar el agua.
        3. Nombre del predio o predios, municipios o comunidades que se van a beneficiar, y su jurisdicción.
        4. Información sobre la destinación que se le dará al agua.
        5. Cantidad de agua que se desea utilizar en litros por segundo.
        6. Información sobre los sistemas que se adoptarán para la captación, derivación, conducción, restitución de sobrantes, distribución y drenaje, y sobre las inversiones, cuantía de las mismas y término en el cual se van a realizar.
        7. Informar si se requiere establecimiento de servidumbre, para el aprovechamiento del agua o para la construcción de las obras proyectadas.
        8. Término por el cual se solicita la concesión.
        9. Extensión y clase de cultivos que se van a regar.
        10. Los demás datos que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible considere necesarios.
        c. Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

        El Decreto Nº 2668 de 2012 reglamentó la Ley Nº 915 de 2004, por la cual se dictó el Estatuto Fronterizo para el Desarrollo Económico y Social del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Según este decreto, la Junta Departamental de Pesca del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, es el órgano encargado del otorgamiento de concesiones, autorizaciones y permisos que se requieran para el desarrollo de la acuicultura. En especial, en el momento de otorgar las debidas autorizaciones la Junta deberá tener en cuenta como criterios mínimos:
        1. Las actividades de la acuicultura deberán desarrollarse en zonas que no perturben las actividades turísticas, tales como playas, zonas de baño, zonas destinadas a deportes náuticos y similares, y navegación. En todo caso, la Junta evaluará las áreas objeto de las solicitudes para proyectos de acuicultura y las técnicas que se pretendan utilizar, con el propósito de identificar la compatibilidad del proyecto de acuicultura pretendido con las demás actividades desarrolladas en la misma zona incluyendo las turísticas.
        2. En ningún caso se aprobarán proyectos de acuicultura que estén soportados por paquetes tecnológicos con especies invasoras o no nativas.
        3. Los proyectos de acuicultura deberán garantizar la generación de empleo mediante la contratación de mano de obra local, que cuente con su situación migratoria plenamente definida ante la entidad encargada del control, circulación y residencia en el Archipiélago.
        4. Se priorizarán los proyectos de acuicultura que se presenten a iniciativa de la comunidad Raizal, de las Cooperativas, ONG y empresas con domicilio principal en el Departamento Archipiélago, así como aquellos que se presenten a iniciativa de la población vulnerable como madres cabeza de familia.
        EIA
        Bajo los términos de la Ley Nº 99 de 1993, la introducción de especies exóticas de flora o fauna que podrían afectar negativamente a los ecosistemas naturales y la vida silvestre está sujeta al otorgamiento de una licencia ambiental por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. De acuerdo al artículo 2 de la Ley Nº 99 de 1993 y en concordancia con el Decreto - Ley Nº 3570 de 2011, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el organismo rector a cargo de la gestión de licencias ambientales para la acuicultura. Es importante mencionar que la licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación de la actividad. La duración de la licencia es igual al término de la actividad determinado por el permiso de acuicultura y el permiso de concesión (máximo de diez años).

        Las autoridades competentes para el otorgamiento de licencias pueden ser el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Corporaciones Autónomas Regionales y las de desarrollo sostenible, los municipios, distritos y áreas metropolitanas.

        El procedimiento para obtener una licencia ambiental se inicia con una solicitud a la autoridad competente para establecer si se necesita un Diagnóstico Ambiental de Alternativas. Cuando sea necesario, la evaluación de las alternativas debe proporcionar los siguientes datos:
        • Información sobre la localización y características del marco geográfico, ambiental y social de las diferentes alternativas de proyecto.
        • Un análisis comparativo de los efectos y riesgos del proyecto.
        • Las posibles soluciones y medidas de control y mitigación para cada opción.
        Subsecuentemente, la autoridad podrá requerir un Estudio de Impacto Ambiental que involucre una o más alternativas de proyecto, las cuales deben incluir la siguiente información:
        • Localización del proyecto.
        • Elementos abióticos, bióticos y socioeconómicos que puedan ser afectados negativamente por el proyecto.
        • Evaluación de impacto.
        • Descripción de los planes de prevención, mitigación, corrección y compensación.
        • Plan de manejo ambiental del proyecto.
        Los Estudios de Impacto Ambiental deben ser presentados conjuntamente con la solicitud de licencia ambiental. La autoridad entonces deberá emitir una resolución otorgando o rehusando la licencia.
        Operación
        Calidad del agua y descarga de aguas residuales
        El Decreto Nº 3930 de 2010 reconoce a la acuicultura como una de las actividades previstas para el uso de aguas. El artículo 9 específica “se entiende por uso para pesca, maricultura y acuicultura su utilización en actividades de reproducción, supervivencia, crecimiento, extracción y aprovechamiento de especies hidrobiológicas en cualquiera de sus formas, sin causar alteraciones en los ecosistemas en los que se desarrollan estas actividades”.

        De acuerdo a este Decreto Nº 3930, toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. La solicitud de dicho permiso se debe presentar ante la autoridad ambiental competente, y deber contener:
        1. Nombre, dirección e identificación del solicitante y razón social si se trata de una persona jurídica.
        2. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado.
        3. Certificado de existencia y representación legal para el caso de persona jurídica.
        4. Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero tenedor.
        5. Certificado actualizado del Registrador de Instrumentos Públicos y Privados sobre la propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la posesión o tenencia.
        6. Nombre y localización del predio, proyecto, obra o actividad.
        7. Costo del proyecto, obra o actividad.
        8. Fuente de abastecimiento de agua indicando la cuenca hidrográfica a la cual pertenece. Características de las actividades que generan el vertimiento.
        9. Plano donde se identifique origen, cantidad y localización georreferenciada de las descargas al cuerpo de agua o al suelo.
        10. Nombre de la fuente receptora del vertimiento indicando la cuenca hidrográfica a la que pertenece.
        11. Caudal de la descarga expresada en litros por segundo.
        12. Frecuencia de la descarga expresada en días por mes.
        13. Tiempo de la descarga expresada en horas por día.
        14. Tipo de flujo de la descarga indicando si es continuo o intermitente.
        15. Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para el vertimiento proyectado de conformidad con la norma de vertimientos vigente.
        16. Ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, planos de detalle del sistema de tratamiento y condiciones de eficiencia del sistema de tratamiento que se adoptará.
        17. Concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad municipal competente. Evaluación ambiental del vertimiento.
        18. Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento.
        19. Constancia de pago para la prestación del servicio de evaluación del permiso de vertimiento.
        20. Los demás aspectos que la autoridad ambiental competente consideré necesarios para el otorgamiento del permiso.
        Movimientos de peces
        Introducción de especies no nativas

        El artículo 1 del Decreto Nº 1780 de 2015 establece que se podrán cultivar todas las especies nativas y las foráneas introducidas o aquellas cuya introducción acuerden conjuntamente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la AUNAP.

        El Decreto Nº 1780 de 2015 establece que una vez el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible haya dado su concepto relativo a los riesgos y el manejo ambiental, la AUNAP puede declararlas como especies domesticadas. Esta declaración debe hacerse mediante un acto administrativo basado en consideraciones técnicas y sin prejuicio de las normas legales vigentes en Colombia sobre bioseguridad, salud pública y sanidad animal. De acuerdo al decreto, las especies declaradas como domesticadas no se consideran especies invasoras.

        No obstante, el Decreto Nº 1780 de 2015 prohíbe las actividades de liberación y/o repoblamiento con las especies que sean declaradas como domesticadas por parte de la AUNAP. Así mismo, la acuicultura con especies domesticadas solo se podrá desarrollar en espacios confinados.

        Importaciones y exportaciones

        En línea con las obligaciones de Colombia bajo el acuerdo MSF de la OMC, se requiere un Documento Zoosanitario para la importación y la exportación de peces, moluscos y/o crustáceos vivos en todas sus fases de desarrollo y sus productos, lo cual incluye gametos y huevos fecundados de peces, crustáceos y moluscos. Este documento también es necesario para los alimentos para animales que contengan materias primas de origen animal, y para los productos biológicos y microorganismos.

        La AUNAP es la entidad que autoriza todas las importaciones y exportaciones previamente a cualquier otro trámite usual de aduana. Por ejemplo, la AUNAP evalúa periódicamente la necesidad de importar ovas embrionadas, larvas, post-larvas, alevinos y reproductores de especies hidrobiológicas con fines de acuicultura.

        El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), adjunto al Ministerio de Agricultura, es la principal autoridad a cargo del control y la certificación sanitaria de las importaciones y exportaciones de animales y sus productos. La ICA monitorea y controla a fin de prevenir la introducción de enfermedades que puedan afectar la sanidad animal del país. Las Resoluciones Nº 3336 de 2004 y 1418 de 2006 establecen pautas para las importaciones y exportaciones de animales y sus productos, y establecen los requisitos de un Documento Zoosanitario para la importación de algunos productos de animales acuáticos, así como excepciones a dichos requisitos.

        El Documento Zoosanitario de Importación que es dado por el ICA es válido para un solo embarque y tiene vigencia única de 90 días calendario a partir de la fecha de su expedición. Igualmente, para exportaciones se requiere un Certificado Zoosanitario de Exportación que el ICA expedirá a solicitud una vez se hayan cumplido todos los requisitos sanitarios exigidos por el país de destino. Este documento es válido por un solo embarque y su vigencia varía según el bien exportado y su destino.

        Finalmente, la Resolución Nº 1418 de 2006 establece que como resultado del riesgo insignificante frente a la importación de productos acuícolas procesados, refrigerados y congelados a Colombia, no se requerirá un Documento Zoosanitario para la importación de productos destinados al consumo humano. Ejemplos de dichos productos son los enlatados y el pescado seco.
        Control de enfermedades
        El Decreto Nº 3518 de 2006 crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública. Las entidades encargadas de la implementación son conjuntamente el Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), las Direcciones Departamentales, Distritales y Municipales de Salud, las Entidades Administradores de Planes de Beneficios de Salud, las Unidades Notificadoras y las Unidades Primarias Generadoras de Datos. El artículo 39 de este Decreto Nº 3518 do 2006 enumera las siguientes medidas sanitarias preventivas con el objetivo de prevenir o controlar la ocurrencia de un evento que amenace la salud pública en general:
        1. Aislamiento o internación de personas y/o animales enfermos.
        2. Cuarentena de personas y/o animales sanos.
        3. Vacunación u otras medidas profilácticas de personas y animales.
        4. Control de agentes y materiales infecciosos y tóxicos, vectores y reservorios.
        5. Desocupación o desalojamiento de establecimientos o viviendas.
        6. Clausura temporal parcial o total de establecimientos.
        7. Suspensión parcial o total de trabajos o servicios.
        8. Decomiso de objetos o productos.
        9. Destrucción o desnaturalización de artículos o productos si fuere el caso.
        10. Congelación o suspensión temporal de la venta o empleo de productos y objetos.
        La principal autoridad para el manejo de la salud animal es el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en colaboración con el Ministerio de Salud y Protección Social. El control de enfermedades animales es cubierto más específicamente por el Decreto Nº 1840 de 1994 sobre el manejo de la sanidad animal, de la sanidad vegetal y el control técnico de los insumos agropecuarios. Este decreto también regula el material genético animal y las semillas para siembra y todas las disposiciones necesarias para la prevención, el control y el manejo de enfermedades.

        Las medidas contempladas bajo este decreto para la prevención y control de enfermedades son:
        1. Campañas de prevención, control, erradicación y manejo de enfermedades, plagas, malezas y otros organismos dañinos a las plantas, a los animales y a sus productos.
        2. Diagnóstico y la vigilancia sanitaria y epidemiológica animal y vegetal.
        3. Medidas cuarentenarias fitosanitarias y zoosanitarias.
        4. Control sanitario de la calidad, la seguridad y la eficiencia de los productos biológicos y químicos para uso y aplicación ya sea en vegetales, en animales y en sus productos, o en el suelo.
        5. Control técnico de la producción, comercialización y uso de los insumos agropecuarios.
        6. Control técnico de la calidad de semillas para siembra y del material genético animal.
        7. Registro, control y pruebas tendientes a garantizar la protección de las variedades vegetales.
        8. Acreditación de personas jurídicas oficiales o particulares, mediante la celebración de contratos o convenios, para el ejercicio de acciones relacionadas con la sanidad agropecuaria y el control técnico de los insumos agropecuarios.
        9. Aplicación de cualquier otra medida relacionada.
        Drogas
        El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) es la autoridad competente que ejerce el control técnico-científico de la producción, comercialización de medicamentos veterinario, y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) se encarga de la vigilancia sanitaria y el control de calidad de los medicamentos entre otros. El ICA regula el uso de químicos y medicamentos veterinarios y se encarga de controlar en ingreso, la comercialización y la salida del país de productos de la acuicultura que excedan los límites o niveles máximos de residuos químicos aceptados en Colombia e internacionalmente. En particular, dos resoluciones del ICA son relevantes al tema: la Resolución Nº 3826 de 2003 y la Resolución Nº 3759 de 2003. La Resolución Nº 3826 de 2003 establece Buenas Prácticas de Manufactura para las empresas productoras por contrato de medicamentos veterinarios. El ICA verifica la implementación y el cumplimiento con estas prácticas directamente y a través de las Unidades Técnicas que para tal efecto están registradas en el ICA.

        La Resolución Nº 3759 de 2003 del ICA dicta disposiciones sobre el registro y el control de los plaguicidas químicos de uso agrícola. De acuerdo a la resolución, solamente las personas naturales y jurídicas que posean un registro con la ANC-ICA de acuerdo a los requisitos, podrán fabricar, importar, exportar, envasar y distribuir plaguicidas químicos de uso agrícola.

        En cuanto al rol del INVIMA, la Ley Nº 1122 de 2007 le dio competencia exclusiva para evaluar los factores de riesgo y expedición de medidas sanitarias relacionadas con alimentos y materias primas para su fabricación, así como la inspección, vigilancia y control en la inocuidad en la importación y exportación de alimentos y materias primas en los puntos de entrada y salida del país. Los niveles de referencia aceptables de residuos de medicamentos veterinarios y otras sustancias químicas presentes en animales vivos y otros productos de la acuicultura siguen la Directiva del Consejo de la Unión Europea 96/23/CE (incluyendo sus modificaciones y anexos), cuando son para exportación hacia la Unión Europea.

        En referencia al Límite Máximo de Residuos (LMR) de medicamentos veterinarios y otras sustancias químicas usadas en la acuicultura, Colombia se adhiere a las recomendaciones del Codex Alimentarius y el reglamento CEE 2377/90.
        Alimentos
        Con el fin de garantizar la inocuidad del producto final de la acuicultura, el ICA es la entidad encargada del control de la producción, comercialización y uso de los alimentos, aditivos y sales mineralizadas utilizados en la alimentación animal. Para dicho propósito el ICA registra y controla las plantas productoras de alimentos y sales mineralizadas para animales, así como los productores por contrato. El ICA también registra y hace seguimiento a las actividades y procedimientos de los laboratorios de control de calidad e importadores de materias primas.

        La Resolución Nº 1056 de 1996 del ICA dicta disposiciones sobre el control técnico de los insumos agropecuarios. Entre las medidas contempladas bajo esta resolución están requisitos de producción como el uso de buenas prácticas de manufactura, el registro de productores por contrato y de laboratorios de control y calidad de importaciones, dirección técnica a cargo de un médico veterinario, y el registro de los productos para su comercialización.
        Inocuidad de los alimentos
        La Ley Nº 9 de 1979 dicta normas generales con el objeto de preservar, restaurar y mejorar condiciones sanitarias relacionadas a la salud humana. Esta ley también dicta normas generales relativas a procedimientos y medidas para la regulación, legalización y control de descargos de residuos y materiales que pueden afectar el medio ambiente en sus condiciones sanitarias. Adicionalmente, resoluciones y decretos más recientes han modificado y reglamentado esta ley para adaptarla a condiciones más específicas. A continuación se explican dos instrumentos que han regulado esta ley en materias más específicas.

        Primero, el Decreto Nº 561 de 1984 reglamenta el Título V (Alimentos) de la Ley Nº 9 de 1979 que dicta medidas sanitarias, en cuanto a captura, procesamiento, transporte y expendio de los productos de la pesca. Se aplica a los productos de pesca y acuicultura que se capture, procese, transporte, comercialice o consuma en Colombia. En particular, el Decreto Nº 561 detalla los estándares específicos de calidad para cada tipo de producto pesquero vivo, fresco o procesado. Las disposiciones también están hechas para reglamentar el procesamiento de productos pesqueros a bordo de las embarcaciones pesqueras y en las plantas de procesamiento.

        Segundo, la Resolución Nº 604 de 1993 del Ministerio de Salud también reglamenta el Título V (Alimentos) de la Ley Nº 9 de 1979, en cuanto a las condiciones sanitarias de las ventas de alimentos en la vía pública. Se aplica en todo el territorio nacional a toda persona natural o jurídica que prepare y/o expenda de forma formal alimentos para el consumo humano en vías públicas. Entre las condiciones incluidas en esta resolución se encuentran protocolos de higiene de manos de los manipuladores/vendedores, reglas higiene personal general y ropa adecuada, estado de los puestos de trabajo y preparación y estado de los utensilios. La resolución también establece el requisito de poseer un permiso sanitario para dicha actividad.

        La Resolución Nº 2505 de 2004 del Ministerio de Transporte reglamenta las condiciones que deben cumplir los vehículos de transporte de pescado. Esta resolución aplica al pescado fresco y otros productos de la pesca. También determina requisitos mínimos tales como aislamientos térmicos de la unidad de transporte, diseño, y contenido.

        Adicionalmente, la Resolución Nº 2652 de 2004 del Ministerio de Protección Social establece requisitos técnicos de rotulado etiquetado que todos los alimentos envasados y las materias primas de alimentos para el consumo humo deben poseer. Esta resolución fue notificada a la OMC mediante el documento G/TBT/N/COL/31 de 2003 y aplica a todos los alimentos para consumo humano y materias primas para alimentos, nacionales e importados, que se comercialicen en Colombia.

        El ICA se encarga de la formulación, preparación y desarrollo de los planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos relacionados con la expedición de las medidas sanitarias y fitosanitarias, velar porque estas se encuentren armonizadas con las directrices internacionales y/o soportadas en evaluaciones de riesgo.

        El INVIMA es la entidad encargada de verificar el cumplimiento de la reglamentación sanitaria vigente en productos de exportación e importación. El Decreto Nº 539 de 2014 expidió el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios y fitosanitarios de alimentos para el consumo humano aplicables a exportadores e importadores. En este decreto Colombia hace referencia a sus obligaciones bajo los acuerdos MSF y OTC como miembro de la OMC. También la Ley Nº 1480 de 2011 establece que “todo productor debe asegurar la idoneidad y seguridad de los bienes y servicios que ofrezca o ponga en el mercado, así como la calidad ofrecida, sin que en ningún caso éstas sean inferiores o contravengan lo previsto en los reglamentos técnicos y medidas sanitarias o fitosanitarias”.

        Misceláneo
        Inversión en acuicultura 
        No hay disposiciones específicas.
        Referencias
        Legislación
        Law No.101 - General Law on the Development of Agriculture and Fisheries (Ley No.101 - Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero) (1993)
        Legislative Decree No.2.811 establishing the National Code on Renewable Natural Resources and Environmental Protection (Decreto Legislativo No.2.811 - Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente) (1974, as amended)
        Decree No.561 regulating Title V (Food Products) of Law No.9 of 1979 establishing Health Measures, concerning Capture, Processing, Transport and Sale of Fishery Products (Decreto No.561 - Reglamenta el Título V (Alimentos) de la Ley No.9 de 1979 que dicta Medidas Sanitarias, en cuanto a Captura, Procesamiento, Transporte y Expendio de los Productos de la Pesca) (1984)
        Decree No.1.293 abolishing the National Institute for Fisheries and Aquaculture (Decreto No.1.293 - Suprime el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura - INPA) (2003)
        Resolución Nº 811 - Establece lugares y puntos de muestreo para el control y la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano en la red de distribución.
        Decreto Nº 3.570 - Modifica los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible e integra el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
        Decreto Nº 539 - Reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los importadores y exportadores de alimentos para el consumo humano, materias primas e insumos para alimentos destinados al consumo humano. Resolución Nº 1.056 - Disposiciones sobre el control técnico de los insumos pecuarios.
        Resolución Nº 3.759 - Registro y control de los plaguicidas químicos de uso agrícola.
        Resolución Nº 2.652 - Reglamento sobre requisitos de etiquetado para los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano.
        Recursos relacionados

        failed
        faolexSearch parameters: country=COL, Keywords=aquaculture;mariculture
        Records Returned: 0
        Title of textDate of textConsolidated dateEntry into forceCountries
        Presidency of the Republic (Presidencia de la República)
        Ministry of Agriculture and Rural Development (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)
        Colombian Institute for Rural Development (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER)
        Colombian Institute for Agriculture and Livestock (Instituto Colombiano Agropecuario - ICA)
        Ministry of Environment, Housing and Land Development (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial)
        Institute of Hydrology, Meteorology and Environmental Studies (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM)
        Ministry of Commerce, Industry and Tourism (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)
        Maritime Portal of Colombia – Directorate-General of Maritime Affairs, DIRMAR (Portal Maritimo Colombiano - Dirección General Marítima)
        Special Administrative Unit Directorate of National Taxation and Customs (Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN)
        Fisheries Country Profile: Republic of Colombia (Resumen Informativo sobre la Pesca por Paises: la República de Colombia)
        Colombian Association of Aquaculture Farmers - ACUANAL (Asociación Nacional de Acuicultores de Colombia)
        Vínculos relacionados
        Country profiles: Colombia
         
        Powered by FIGIS