FAO>Pesca y Acuicultura
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agriculturapara un mundo sin hambre
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  1. Perfil
    1. Legislación básica
    2. Definición legal
    3. Pautas y códigos de conducta
    4. Acuerdos internacionales
  2. Planificación
    1. Sistema de autorización
    2. Acceso a la tierra y el agua
    3. EIA
  3. Funcionamiento
    1. Aguas y aguas residuales
    2. Movimientos de peces
    3. Control de enfermedades
    4. Drogas
    5. Alimentos
  4. Seguridad de los alimentos
    1. Misceláneo
      1. Referencias
        1. Legislación
        2. Recursos relacionados
      2. Vínculos relacionados
        Perfil
        Legislación básica
        El principal instrumento jurídico encargado de regular el sector pesquero en Costa Rica es la Ley Nº 8.436 de 2005, denominada Ley de Pesca y Acuicultura y promulgada por la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, con el soporte técnico de su Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales.
        El objeto principal de esta Ley de Pesca y Acuicultura consiste en fomentar y regular la actividad pesquera y acuícola en sus diferentes etapas, correspondientes a la captura, extracción, procesamiento, transporte, comercialización y aprovechamiento sostenible de las especies acuáticas. Asimismo, busca garantizar la conservación, la protección y el desarrollo sostenible de los recursos hidrobiológicos, mediante métodos adecuados y aptos que aseguren su permanencia para el uso de las generaciones actuales y futuras y para las relaciones entre los diversos sujetos o agentes vinculados con la actividad. Además, el gobierno de Costa Rica elaboró el Plan Nacional de Desarrollo de la Pesca y de la Acuicultura, el cual busca proteger de manera efectiva los intereses nacionales relacionados a la pesca a través del uso responsable de los recursos pesqueros, estableciendo un régimen administrativo respecto de los mismos que busca impedir la aparición de monopolios, creando organizaciones y asociaciones formales de productores de pesca y acuicultura, promoviendo el intercambio de información y estableciendo programas de formación para el desarrollo de la pesca y acuicultura. La actividad pesquera debe ser llevada a cabo de tal manera que no cause un daño irreparable a los ecosistemas ni obstaculice la navegación.
        En julio de 2009, el gobierno de la República de Costa Rica fijó como prioridad el desarrollo sostenible de las actividades y las comunidades pesqueras y acuícolas.

        El órgano administrativo competente para conocer de los asuntos relacionados a la pesca es el Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura (INCOPESCA), el cual se encuentra vinculado por rectoría con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y que fue creado mediante la Ley Nº 7.384 de 1994, ley que Crea el Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura (INCOPESCA). El INCOPESCA es responsable de la coordinación, promoción y desarrollo de los sectores de pesca y acuicultura. También se encuentra a cargo de preparar y proponer el Plan Nacional de Desarrollo de la Pesca y de la Acuicultura en concordancia con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, el cual deberá ser aprobado por el MAG. Asimismo, INCOPESCA es la autoridad encargada de ejecutar la mencionada ley y el plan (éste último en coordinación con la denominada Comisión Nacional del Mar). Mediante el Decreto Nº 35.260-MAG, del 25 de febrero de 2009, el MAG declaró que el fortalecimiento de la gestión de INCOPESCA es una prioridad nacional, en cuanto dicho órgano administrativo es el encargado de ejecutar la Ley de Pesca y Acuicultura de 2005. Sin embargo, cabe hacer presente que dicho decreto ha sido derogado mediante Decreto Nº 37.947-MAG, del 18 julio de 2013.

        Cabe tener presente que el Plan Nacional de Desarrollo de la Pesca y de la Acuicultura de Costa Rica para el período 2012-2022 ha sido aprobado y oficializado mediante el Decreto N° 37587-MAG, del 25 enero de 2013.

        INCOSPESCA tiene la facultad para coordinar los sectores pesqueros y acuícolas; promover y regular el desarrollo de la pesca, caza marina, acuicultura y la investigación en estas materias; y fomentar la conservación, explotación y uso sostenible de los océanos, la biodiversidad marina y los recursos acuícolas, basándose para ello en criterios técnicos y científicos. INCOPESCA también elabora, promueve y fiscaliza la aplicación de la legislación nacional, con el objeto de regular y evitar el deterioro de los recursos marinos y acuícolas como resultado de la actividad pesquera y acuícola y otras actividades contaminantes que amenacen los recursos anteriormente mencionados; mantiene el registro de acuicultores; determina las especies de aguas marinas y de agua dulce que pueden ser utilizadas en la acuicultura comercial; y se encarga de expedir las autorizaciones de acuicultura. En este sentido, por ejemplo, INCOPESCA está facultado para implantar períodos de veda, basándose para ello en criterios técnicos y científicos, con el objeto de garantizar la protección sustentable de los recursos. Durante estos períodos de veda, INCOPESCA, en asociación con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), podrá asignar a los pescadores que se encuentren en situación de pobreza una ayuda económica temporaria como compensación al período de cesantía a la que se verán afectos, siempre y cuando hayan cumplido con los requisitos establecidos en el Decreto Nº 36.043-MAG-SP-MS del 13 mayo de 2010, promulgado por el MAG, el Ministerio de Seguridad Pública (SP) y el Ministerio de Salud (MS).

        Para poder cumplir con estas funciones, INCOPESCA es asistido por diversas comisiones, entre las cuales se encuentran la Comisión Nacional Consultiva de Pesca y Acuacultura, la Comisión de Mercadeo y la Comisión de Coordinación Científico Técnica. Unida a INCOPESCA también se encontraba la Comisión para el Desarrollo y Conservación del Golfo de Nicoya (CDCGN), creada mediante el Decreto Nº 28.368-MAG-MINAEdel septiembre de 1999, promulgado por el MAG y por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). Sin embargo, este último decreto fue derogado por el Decreto Nº 37.498-PLAN, del noviembre de 2012.

        En el ámbito regional, INCOPESCA colabora con la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA), Órgano Regional de Pesca de carácter transoceánico (ORP). Esta colaboración en materia de pesca entre los diversos países miembros busca establecer una política de integración que permita velar por el uso adecuado y sostenible de los recursos de la pesca y los productos de la acuicultura.

        En marzo de 2009, el Decreto Decreto Nº 35.188-MAG creó el Consejo de Expertos en Competitividad de Pesca y Acuicultura. Este Consejo, que también se encuentra vinculado con el MAG, actúa como un cuerpo técnico consultivo con el poder ejecutivo. Los principales objetivos del Consejo son debatir, realizar contribuciones sustanciales y guiar a las autoridades de gobierno en el desarrollo de políticas, planes y acuerdos que apunten a la competitividad en los sectores de pesca y acuicultura.

        Además del MAG, el MINAE también juega un rol fundamental en materia de pesca y acuicultura. El MINAE contribuye a mejorar la calidad de vida de los habitantes a través del uso, conservación y desarrollo sustentable de los elementos, bienes y recursos naturales del país, incluido los recursos pesqueros. La Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad, creada mediante Ley Nº 7.788 de 1998 (denominada Ley de Biodiversidad) como un órgano autónomo dentro del MINAE, incluye a un representante de INCOPESCA entre sus miembros, tal como se especifica en el Decreto Nº 29.680-MINAE del 23 de julio de 2001, encargado de reglamentar el funcionamiento de la Comisión Nacional de Gestión para la biodiversidad.

        Los diversos ministerios están acostumbrados a cooperar entre sí con el objeto de alcanzar decisiones que sean de aprobación general. Así sucede, por ejemplo, con el Decreto Nº 36.005-MP-MINAET-MAG-SP-MOPT-TUR-RE (interinstitucional) del 3 de febrero de 2010 que creó la Consejo Nacional del Mar (actualmente Comisión Nacional del Mar, por Decreto Nº 37.384-MINAET-MAG-SP-MOPT, del 6 de noviembre de 2012, y modificado mediante Decreto Nº N° 38014-MINAE-MAG-SP-MOPT-RE-MIVAH-TUR del 9 de octubre de 2013), cuya principal función consiste en aprobar recomendaciones, acuerdos y directrices que permita reunificar los criterios de las diversas instituciones gubernamentales así como alcanzar un mejor manejo de los recursos y servicios que el mar provee. El Director General Técnico de Pesca de INCOPESCA es parte de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional del Mar.

        Por último, vale la pena mencionar la Ley Nº 7.317 de 1992, Ley de Conservación de la Vida Silvestre y su modificaciones de 2008 (Ley Nº 8.689) y de 2012 (Ley Nº 9.106), que prohíbe la caza, pesca y extracción de fauna y flora continental e insular que se encuentre en peligro de extinción.
        Definición legal
        La Ley que crea el INCOPESCA define como acuicultor a la “[…] persona, natural o jurídica, que realiza el cultivo de organismos vivos, en medios acuáticos y marinos”.

        La Ley de Pesca y Acuicultura es aún más específica en su definición, estableciendo que “la actividad acuícola consiste en el cultivo y la producción de organismos acuáticos, sea flora o fauna, mediante el empleo de métodos y técnicas para su desarrollo controlado, y abarca su ciclo biológico completo o parcial, en ambientes hídricos naturales o artificiales, en aguas tanto marina como continentales”.

        Adicionalmente la mencionada ley define acuicultura como “la producción comercial en cautividad de animales y de plantas en condiciones controladas. La acuicultura comercial implica la propiedad individual colectiva de los organismos cultivados, así como los procesos de transporte, industrialización y comercialización de estos organismos”.
        Pautas y códigos de conducta
        No hay pautas o códigos de conducta sobre acuicultura.
        Acuerdos internacionales
        Costa Rica es miembro de la Organización de las Naciones Unidad para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Internacional de Comercio (OMC) y de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).

        También es miembro de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UCLOS, por sus siglas en inglés), Derecho Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, por sus siglas en inglés) y el Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD, por sus siglas en inglés), ratificó el Protocolo de Kioto de 2002 y el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad de 2007.

        En el ámbito regional, Costa Rica es parte de la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA), encargada del desarrollo y la gestión coordinada de las actividades regionales de pesca y acuicultura.
        Planificación
        Sistema de autorización
        Tal como se establece en la Ley de Pesca y Acuicultura, para construir una instalación de acuicultura en Costa Rica se requiere ya sea una licencia, una concesión, una autorización o un permiso. Las autorizaciones o permisos deberán ser concedidos por el INCOPESCA, mientras que las concesiones son entregadas por el MINAE.

        Las concesiones de acuicultura son emitidas para el establecimiento de granjas de acuicultura en terrenos de dominio público, fondos marinos y aguas marinas y continentales. En general, las áreas de concesión no exceden las 40 hectáreas. Sin embargo, el límite disminuye a 10 ha. en caso de fondos marinos de carácter arenosos, barrosos o rocosos, destinados al desarrollo de zonas de cría sin que se afecte la libre navegación. Los dueños de las concesiones tienen la obligación de identificar y delimitar de forma adecuada y visible el área concedida.

        Las autorizaciones de acuicultura son otorgadas para el establecimiento de instalaciones comerciales de acuicultura en terrenos privados, pero que requieren de aguas de dominio público. Los titulares de dichas autorizaciones deben evitar la contaminación de las aguas. Adicionalmente, tanto los titulares de concesiones como de autorizaciones deben velar por evitar, de todas las maneras posibles, la contaminación de las áreas circundantes a sus instalaciones.

        En relación a los beneficiarios mismos, las concesiones y autorizaciones podrán ser otorgadas tanto a personas naturales o jurídicas costarricenses como a extranjeros.

        Con relación a su duración, las autorizaciones pueden ser concedidas por un plazo de diez (10) años y podrán ser prorrogadas por un período equivalente al de la primera autorización. duración de las concesiones se deciden de acuerdo a las circunstancias particulares de cada solicitud, según un análisis caso a caso, pudiendo ser otorgadas por un máximo de treinta (30) años.

        Para requerir una autorización o una concesión para el uso de aguas, las personas interesadas deben presentar un proyecto de acuicultura acompañado de un estudio de impacto ambiental. El análisis de dicha evaluación de impacto ambiental es de responsabilidad de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), quien tendrá que aprobarla o rechazarla dentro del plazo de sesenta (60) días corridos.

        Las concesiones y autorizaciones para acuicultura pueden finalizar por las siguientes causas (art. 88 Ley de Pesca y Acuicultura):
        • El vencimiento del plazo.
        • La imposibilidad de realización del objeto como consecuencia de medidas adoptadas por una autoridad pública.
        • El acuerdo mutuo de la Administración concedente y el beneficiario.
        • El incumplimiento de los términos del contrato.
        Las autorizaciones se extinguen por las siguientes causas (art. 113 Ley de Pesca y Acuicultura):
        • Expiry of duration, without a legal request for its extension being presented.
        • Impossibility to execute the object.
        • Express renunciation or withdrawal by the interested persons.
        • Cancellation of the authorizations by the relevant authorities, respecting due process.
        La autoridad ejecutora procederá a cancelar las licencias, las concesiones, los permisos o las autorizaciones, con respeto del debido proceso, cuando sus titulares (art. 114 Ley de Pesca y Acuicultura):
        • Pongan el ecosistema en riesgo inminente.
        • Proporcionen la información fuera de los términos y plazos que solicite el INCOPESCA o incurran en alguna falsedad al rendirla.
        • Nieguen a esa autoridad el ingreso para la inspección de las instalaciones.
        • Incumplan, sin causa justificada, las condiciones generales de orden técnico para la pesca y acuicultura, que indique el INCOPESCA.
        • Cuando transfieran estos derechos sin la debida autorización o en los casos en que sean intransferibles.
        • Incumplan en la concesión acuícola los planes de inversión y manejo ya previstos.
        • Incurran en estado de quiebra, insolvencia, concurso, disolución o liquidación del patrimonio.
        • No instalen debidamente los equipos terminales y los censores conformantes del sistema de seguimiento satelital en las embarcaciones atuneras cerqueras, en los plazos establecidos en esta Ley.
        Para administrar y controlar los recursos marinos vivientes, INCOPESCA exige a cualquier persona (ya sea natural o jurídica) que participe en pesca, caza marina y actividades acuícolas, que esté registrada en sus registros.
        Además, cualquier persona a la que se le ha concedido una licencia, permiso, concesión o autorización deberá llevar un registro de actividades.

        Por último, la Ley Nº 7.788, Ley de Biodiversidad de 1998, señala que el acceso a recursos de la biodiversidad se encuentra sujeto a una autorización concedida por la Oficina Técnica de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad.
        Acceso a la tierra y el agua
        De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 276, Ley de Aguas de 1942, para el uso de aguas de dominio público se requiere de una concesión otorgada por el Ministro de Ambiente. El establecimiento de estanques para viveros o criaderos de peces es el último de 9 ítems en orden de prioridad para el otorgamiento de concesiones de aprovechamiento especiales de aguas públicas (art. 27). La duración de las concesiones se determinará caso a caso, pudiendo extenderse hasta un plazo máximo de treinta (30) años.

        Las concesiones para el uso y aprovechamiento de aguas para proyectos de acuicultura pueden ser otorgadas en el mar, al interior o exterior de ensenadas o golfos; asimismo, las autorizaciones para desarrollar actividades acuícolas también pueden ser otorgadas en aguas continentales, sean estas naturales o artificiales.

        Las concesiones sobre aprovechamiento de las aguas y los proyectos acuícolas en aguas marinas no podrán impedir ni restringir el libre acceso a las playas; tampoco podrá realizarse el vaciado de desechos que en alguna forma contaminen, limiten, restrinjan o imposibiliten dicho acceso (art. 84 inciso 2º Ley de Pesca y Acuicultura).
        La Ley de Pesca y Acuicultura establece que le corresponderá al MINAE normar la forma, el modo, los requisitos y los procedimientos aplicables para el otorgamiento de las concesiones, en consulta previa a la autoridad administrativa competente (i.e. principalmente al Servicio Nacional de Riego y Avenamiento – SENARA), y tomando en consideración sus observaciones (art. 84 inciso 3º). Los titulares e INCOPESCA quedarán sujetos a los criterios vinculantes establecidos por el MINAE (art. 84 inciso 4º).

        La reformada Ley de Biodiversidad (1998), y su correspondiente Reglamento (Decreto Nº 34.433-MINAE, del 11 de marzo de 2008) definen el término área silvestre protegida como “un espacio geográfico definido, declarado oficialmente y designado con una categoría de manejo en virtud de su importancia natural, cultural y/o socioeconómica, para cumplir con determinados objetivos de conservación y de gestión” (art. 3º, letra a) Decreto Nº 34.433-MINAE, Reglamento a la Ley de Biodiversidad).

        El Decreto Nº 34.433-MINAE del 11 marzo de 2008, crea el Consejo Nacional de Áreas de Conservación, ente encargado de aprobar las concesiones de servicios y actividades no esenciales dentro de las áreas silvestres protegidas de carácter estatal. Estas concesiones en ningún caso podrán comprender la autorización de acceso a elementos de la biodiversidad a favor de terceros, así como tampoco a la construcción de edificaciones privadas. Además, deberán estar amparadas por estrategias o planes aprobados para las Áreas de Conservación, previa aprobación por parte del Consejo Regional.
        EIA
        La Ley Nº 7.554, Ley Orgánica del Medio Ambiente (1995), en su versión enmendada, contempla el requerimiento de una evaluación de impacto ambiental (EIA) para cada actividad humana que altere o destruya elementos del ambiente o genere residuos, materiales tóxicos o peligrosos. En especial, la ley ha establecido que dicha EIA es de carácter obligatoria para las construcciones que pudieran causar daños a los recursos marinos y costeros o a los humedales, así como para aquellas actividades que pudieran afectar dichos ecosistemas o poner en peligro a los seres vivos que habitan en ellos.

        En relación a la acuicultura, la Ley de Pesca y Acuicultura condiciona el otorgamiento de una autorización a la presentación de una EIA. En efecto, para solicitar una autorización o una concesión para hacer uso de aguas de dominio público, las personas interesadas deben presentar un proyecto de acuicultura junto a una EIA. El sistema de EIA se encuentra bajo responsabilidad del SETENA, cuerpo autónomo del MINAE. Las autorizaciones deberán ser llevadas a cabo por profesionales autorizados y aprobados mediante resolución dictada por la propia Secretaría.

        Los costos incurridos en el EIA corren por cuenta del solicitante. Adicionalmente a la evaluación, deberá rendirse por parte del interesado una garantía de cumplimiento para asegurar la consecución de las obligaciones ambientales contraídas. El monto de esta garantía podrá ascender hasta el 1% del monto de la inversión realizada en la obra. La publicidad y la participación civil en el proceso de evaluación deberán ser proveídas por la propia autoridad.

        Sin embargo, los requisitos anteriormente señalados no aplican a la acuicultura de consumo doméstico ni tampoco a las actividades acuícolas de pequeña escala dedicadas a la recreación (art. 83 inciso 3º Ley de Pesca y Acuicultura). En tales casos, las personas interesadas deberán presentar una carta de compromiso ambiental, de acuerdo a las reglas establecidas por la SETENA.
        Funcionamiento
        Aguas y aguas residuales
        La Ley de Aguas establece que los estanques para viveros están sujetos a las regulaciones contempladas en materia de salud y contaminación de aguas. Tal como se mencionó anteriormente en el párrafo sobre autorizaciones, la regulación sobre otorgamiento de autorizaciones y concesiones acuícolas establece que los titulares de éstas deberán evitar la contaminación de las aguas por todos los medios posibles. No existen otras menciones especiales relativas a acuicultura.

        Consideraciones básicas sobre la descarga de residuos se encuentran establecidas en la Ley Nº 5.395, Ley General de Salud (1973, consolidada en 2006). Además, en la Ley Nº 7.317, Ley de Conservación de la Vida Silvestre (1992) , en su versión enmendada, se establece una prohibición general de descargar aguas residuales en cursos de agua, mientras que el tratamiento de efluentes se encuentra regulado especialmente por el Decreto Nº 33.601-MINAE-S de 9 de agosto de 2006, y enmendado por el Decreto Nº 36.304-MINAET-S del 1º julio de 2010, sobre Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, emitido por el MINAE y el MS.
        Movimientos de peces
        De acuerdo a lo señalado en la Ley de Pesca y Acuicultura, la introducción de especies animales o de plantas en aguas interiores y la importación/exportación de especies acuáticas vivas requieren de un permiso que deberá ser emitido por el MAG (i.e. INCOPESCA).

        En el área donde se encuentre el proyecto de acuicultura, sólo se podrán utilizar productos y especies que hayan sido autorizadas expresamente por el INCOPESCA. Los productores tendrán que realizar controles periódicos y recurrir a los medios más eficientes posibles para evitar que los animales, las especies vegetales, y principalmente las especies exóticas no escapen de las instalaciones de acuicultura.

        La importación, exportación y tránsito de animales en el país se encuentran reguladas por el (Decreto Nº 14.584-S, Reglamento de Defensa Sanitaria Animal de 16 de mayo de 1983 (enmendado por el Decreto Nº 29.288-MAG-S, del 5 de febrero de 2001), el cual establece provisiones adicionales respecto de las especies acuáticas así como también por la Ley Nº 8.495, Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal (2006)

        Las aplicaciones para los permisos de importación y tránsito, así como para el certificado de salud para exportación, deberán ser remitidas al Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) del MAG.

        La importación de animales y de productos de origen animal requiere de la presentación de un certificado de salud, el cual deberá ser emitido por la autoridad de salud correspondiente del país de origen del producto. Toda la documentación proveída para la importación de estos productos debe ser validada previamente por la autoridad consular del país exportador que se encuentre en Costa Rica.

        Adicionalmente a estos requisitos, quienes importen especies acuáticas deben proveer un certificado de salud cerciorando que dichos especímenes provienen de un centro de cultivo seguro y que no se vieron afectados por alguna de las enfermedades especificadas en el Decreto Nº 14.584-S, Reglamento de Defensa Sanitaria Animal del 16 de mayo de 1983, durante el último año.

        La importación de cualquier animal, ya sea doméstico, salvaje o acuático, y de alimento para animales debe ir acompañada de un certificado de salud previo. La importación, tránsito o desplazamiento de animales domésticos, salvajes o acuáticos que puedan ser potenciales portadores de agentes infecciosos, parasitarios o tóxicos que amenacen al medio ambiente, la salud pública o la salud animal está prohibida.

        En caso de importación ilegal de estos especímenes, los animales salvajes o acuáticos serán decomisados, enviados inmediatamente de vuelta a su país de origen o sacrificados.
        Para finalizar, vale la pena mencionar que es de responsabilidad del SENASA establecer un programa nacional que permita rastrear el origen de toda especie de animales, incluidas las especies acuáticas.
        Control de enfermedades
        El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) del MAG es la autoridad competente para el control de enfermedades en Costa Rica. Su estructura y funciones se encuentran establecidas en el Decreto Nº 36.001-MAG del 19 de abril de 2010, modificado por Decreto Nº 36.571/MAG - Reglamento de la estructura organizativa del Servicio Nacional de Salud Animal. 14/03/2011, y por Decreto Nº 37.917/MAG - Reglamento de la estructura organizativa del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA). 31/07/2013.

        Los principales instrumentos legislativos que regulan esta materia son la Ley Nº 8.495, Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal (2006) y el Decreto Nº 34.669-MAG del 8 de julio de 2008, modificado por el Decreto Nº 36.570-MAG del 1º marzo de 2011 y por el Decreto Nº 39.128-MAG del 28 de julio de 2015, los cuales establecen una lista de enfermedades animales que requieren de declaración obligatoria. El Decreto Nº 34.669-MAG establece los requisitos y mecanismos de notificación.

        Toda persona tiene la obligación de informar al SENASA, dentro del plazo de veinticuatro (24) horas desde que tomó conocimiento, sobre cualquier duda, signo, diagnóstico o existencia de enfermedades establecidas en el mencionado decreto que puedan presentarse en sus propios animales o en ajenos, estén estos vivos o muertos.

        Por otra parte, la Ley Nº 8.495, Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, ha instaurado el laboratorio oficial del SENASA, denominado Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios. Los resultados de los análisis realizados por el Laboratorio Nacional son de carácter vinculante y pueden determinar la cancelación de concesiones, autorizaciones y permisos.
        Drogas
        La Dirección de Medicamentos Veterinarios, que es parte del SENASA, es la autoridad competente encargada de controlar los químicos y microorganismos existentes en los productos de pesca y acuicultura, así como de garantizar que estos sean inocuos para las personas, tal como se establece en el Decreto Nº 36.001-MAG del 19 de abril de 2010, que regula al SENASA, modificado por Decreto Nº 36.571/MAG - Reglamento de la estructura organizativa del Servicio Nacional de Salud Animal. 14/03/2011, y por Decreto Nº 37.917/MAG - Reglamento de la estructura organizativa del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA). 31/07/2013.

        En efecto, la Dirección de Medicamentos Veterinarios está a cargo de registrar, controlar y regular los medicamentos veterinarios para que de esta forma no constituyan ninguna amenaza para la salud pública veterinaria, la salud animal y el medio ambiente.

        El Decreto Nº 34.687-MAG del 9 de julio de 2008 establece un límite para los químicos, medicamentos veterinarios y contaminantes permitidos en los productos pesqueros y acuícolas (i.e. mercurio y dioxina están permitidos en la medida que no excedan el límite impuesto, mientras que el cloranfenicol está prohibido).

        El SENASA podría modificar la lista de medicamentos permitidos para las especies acuícolas, siempre y cuando esto sea aprobado por el Departamento de Registro y Control de Medicamentos Veterinarios del SENASA.

        Por lo demás, la importación de medicamentos veterinarios se encuentra regulada por el Decreto Nº 28.852/MAG del 12 de agosto del 2000, en su versión modificada.
        Alimentos
        Esta materia se encuentra regulada por la Ley Nº 6.883 de 1983, Ley de Control de la Elaboración y Expendio de Alimentos de Animales, y por su Reglamento (Decreto Nº 16.899-MAG del 16 de diciembre de 1985, Reglamento para el Control de la Elaboración y Expendio de Alimentos para Animales y Decreto Nº 28.852-MAG del 12 de agosto de 2000, Reglamento para la Importación de Insumos Agropecuarios y Alimentos para Animales Previamente Registrados). Otras disposiciones básicas en la materia pueden ser encontradas en la regulación sobre salud animal (Decreto Nº 14.584-A del 16 mayo de 1983, Reglamento de Defensa Sanitaria Animal, en su versión modificada).

        La autoridad competente para establecer restricciones en el uso de alimentos es la Dirección de Alimentos para Animales del SENASA, la cual está a cargo de registrar, controlar y regular el alimento para animales, y así evitar que éste pueda constituir una amenaza para la salud pública veterinaria, la salud animal y el medio ambiente.

        Previo a su distribución en el país, el alimento para animales (incluida la materia prima y mezclas) deben ser ingresadas al Registro de Alimento Animal, el cual es llevado por la Dirección de Alimentos para Animales del SENASA.

        Finalmente, cabe mencionar el Decreto Nº 33.102-MAG del 16 enero de 2006 que crea el Registro de Importadores de Animales, Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal. Este decreto establece la obligación de registrarse a cualquier persona (ya sea natural o jurídica) que importe animales, sub-productos animales y productos de origen animal, sean estos frescos o congelados, sin procesar o escasamente procesados para el consumo humano y/o para uso industrial.
        Sin embargo, no existen normas específicas que regulen el alimento para peces.
        Seguridad de los alimentos
        Las normas básicas en materia de seguridad alimentaria se encuentran establecidas en la Ley General de Salud, en su versión modificada. La importación, procesamiento y marketing de productos alimentarios en general está sujeto a registro ante el Ministerio de Salud, en relación con el Decreto Nº 31.595-S (promulgado por el Ministerio de Salud) del 2 diciembre de 2003, Reglamento de Notificación de Materias Primas, Registro Sanitario, Importación, Des almacenaje y Vigilancia de Alimentos.

        El nuevo Reglamento de Inspección Veterinaria de Productos Pesqueros se encuentra establecido mediante el Decreto Nº 39010-MAG, del 11 de diciembre de 2014, el cual vino a derogar el antiguo, creado a través del Decreto Nº 18.696-MAG-S del 16 de diciembre de 1988, enmendado por el Decreto Nº 29.082-MAG-S (promulgado por el MAG y EL MS) del 7 de agosto de 2000.

        En 2001, el Decreto Nº 30.083-MAG-S del 22 de octubre de 2001 creó el Consejo Ministerial para la Inocuidad de Alimentos y la Comisión Intersectorial para la Inocuidad de Alimentos, incluyendo éste último un representante de la Cámara Nacional de Exportadores de Productos Pesqueros.

        Adicionalmente, el Decreto Nº 34.687-MAG del 9 de julio de 2008 establece un tope máximo de químicos, medicamentos veterinarios y de contaminantes permitidos en los productos pesqueros y acuícolas.

        Además, el Decreto interinstitucional Nº 35.485-COMEX-MEIC-MAG del 15 de junio de 2009 inter institutional Decree No.35.485/COMEX/S/MEIC/MAG of 2009 publicó el Reglamento Técnico sobre Criterios Microbiológicos para la Inocuidad de Alimentos. Este decreto tiene por objeto establecer parámetros microbiológicos para seguridad alimentaria y sus límites de aceptación para el registro y la seguridad en los puntos de venta al por menor. Establece regulaciones que se hacen cargo específicamente de la seguridad de los productos pesqueros y marinos.

        De esta manera, tal como se establece en el Decreto Nº 26.559-MAG-S del 9 diciembre de 1997 sobre Control para Empresas de Transformación de adopten el Sistema de Análisis de Riesgo y Control de Puntos Críticos (HACCP, por sus siglas en inglés), las plantas de procesamiento de productos de origen animal (incluyendo los productos pesqueros) que adopten el HACCP quedarán sujetos a auditoría, inspección y control del MAG. Dichas labores serán desarrolladas por el Departamento de Servicios Zoosanitarios Internacionales.

        En abril de 2010, Costa Rica lanzó una política nacional de seguridad alimentaria a través del Decreto Nº 35.960-MAG-MEIC-COMEX sobre Política Nacional de Inocuidad de los Alimentos. Este decreto promueve el derecho a una alimentación saludable, y asegura la transparencia en materia alimentaria, incluyendo la de los productos pesqueros y acuícolas.

        Al decreto antes mencionado le siguió el Decreto Nº 35.966-MEIC, también de abril de 2010, el cual creó el Departamento de Codex en el seno del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Este departamento actúa como punto focal entre la industria alimentaria, los consumidores y el gobierno. Promueve la creación de regulaciones técnicas que aseguren la seguridad alimentaria, incluyendo en ellos los productos pesqueros y acuícolas. Cabe hacer presente que el año 2012, mediante Decreto Nº 37.457-MEIC, se estableció el Reglamento a la Ley Orgánica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el cual vino a regular las funciones del Departamento de Codex.
        Misceláneo
        Inversión en acuicultura 
        No se han encontrado disposiciones específicas en la materia.
        Referencias
        Legislación
        Decree No.35260/MAG stating the national fisheries policy (Declaratoria de de política nacional de pesquera) (2009).
        Decree No.36.043/MAG/SP/MS implementing temporary help for economic poverty in fishery sector due to closed seasons (Implementación de ayuda temporal por pobreza coyuntural en el sector pesquero por declaratorias de Vedas) (2010) (Gaceta Oficial Nº 115, 15 de junio de 2010).
        Decree No.35.188/MAG creating the Council of experts in fishery and aquaculture competitiveness (Decreto No.35.188/MAG-Crea el Consejo de Expertos en Competitividad de Pesca y Acuicultura) (2009) (Gaceta Oficial No.99 de 25 mayo 2009).
        Decree No. 36.005/MP/MINAET/MAG/SP/MOPT/TUR/RE creating the National Council for the Sea (Decreto Nº 36.005/MP/MINAET/MAG/SP/MOPT/TUR/RE - Crea el Consejo Nacional del Mar) (2010) (Gaceta Oficial Nº 91, 12 de mayo de 2010).
        Decree No.18.696-MAG-S (as amended) establishing the Regulation on veterinary Inspection of Fish Products (Decreto No.18.696-MAG-S - Reglamento de Inspección Veterinaria de Productos Pesqueros) (1988).
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        Decree No.26.559/MAG/S – Control over Processing Plants adopting the Hazard Analysis and Critical Control Point System (Decreto No.26.559/MAG/S - Control para Empresas de Transformación que adopten el Sistema de Análisis de Riesgo y Control de Puntos Críticos) (1997).
        Decree No.30.083/S/MAG creating the Ministerial Council for Food Safety and the Intersectorial Commission for Food Safety ( Decreto No. 30.083/MAG que crea el Consejo Ministerial para la Inocuidad de Alimentos y la Comisión Intersectorial para la Inocuidad de Alimentos) (2001).
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        Decree No.35.485/COMEX/S/MEIC/MAG that publishes Resolution No.243- 2008 (COMIECO-LX), technical regulations on microbiological criteria for food safety (Decreto Nº 35.485/COMEX/S/MEIC/MAG - Publica la ResoluciónNº 243-2008 (COMIECO-LX), Reglamento técnico sobre criterios microbiológicos para la inocuidad de alimentos) (2009).
        Decree No. 16.726/MAG prohibiting the Export of Cockles Anadara Tuberculosa and Anadara Multicostata (Decreto No.16.726/MAG que prohíbe la Exportación de Piangua Anadara Tuberculosa y Anadara Multicostata) (1985).
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        Recursos relacionados

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        Decreto Nº 28.368/MAG/MINAE - Crea la Comisión para el Desarrollo y Conservación del Golfo de Nicoya (CDCGN).1999-09-13Costa Rica

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        Convention on Biological Diversity Website (Convenio sobre la Diversidad Biológica).
        Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres).
        Costa Rican System of Legal Information (SCIJ) (Sistema Costariccense de Información Jurídica).
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        Ministry of Agriculture and Livestock (Ministerio de Agricultura y Ganaderìa).
        Ministry of Environment, Energy and Telecommunication (Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones).
        National Service for Groundwater, Irrigation and Drainage (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento - SENARA).
        National Service of Animal Health (Servicio Nacional de Salud Animal).
        National Technical Secretariat for the Environment (Secretaría Técnica Nacional Ambiental).
        National System of Protection Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación – SINAC).
        Parliament’s official website (Asamblea Legislativa de Costa Rica).
        World Organization for Animal Health (OIE) (Organización Mundial de Sanidad Animal).
        World Trade Organization (WTO) (Organización Mondial del Comercio).
        Vínculos relacionados
        Country profiles: Costa Rica
         
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