Perfil Legislación básica Definición legal Pautas y códigos de conducta Acuerdos y Organizaciones Internacionales Planificación Sistema de autorización Acceso a la tierra y el agua EIA Operación Calidad del agua y descarga de aguas residuales Movimientos de peces Control de enfermedades Drogas Alimentos Inocuidad de los alimentos	Misceláneo Referencias Legislación Recursos relacionados Vínculos relacionados

Perfil

Legislación básica

Definición legal

El concepto “acuicultura” viene recogido en la Constitución Española donde también aparecen otras expresiones para hacer mención a la actividad tales como; “cultivos marinos”, “maricultura” y “acuicultura marina”. Sin embargo la legislación sectorial emplea el término de “cultivos marinos”. Así se recoge el mismo en la Ley estatal Nº 23/1984 de Cultivos Marinos, y en la normativa autonómica.

La definición de acuicultura marina está desarrollada en Ley Nº 23/1984 de Cultivos Marinos, la misma que dispone que “Se entiende por cultivos marinos la realización de las acciones y labores apropiadas para la reproducción o crecimiento de alguna o varias especies de la fauna y flora marinas o asociadas a ellas”.

La legislación autonómica regula la actividad marisquera y de cultivos marinos en línea con la Estatal. Además cabe señalar que existen ordenamientos jurídicos como el Asturiano  , que han añadido junto al concepto de acuicultura el de “alguicultura” para hacer referencia a las actividades de cría y recolección de algas.

A nivel Comunitario, el Reglamento (CE) Nº 1421/2004  , señala que debe entenderse como “acuicultura: la cría o cultivo de organismos acuáticos con técnicas encaminadas a aumentar, por encima de las capacidades naturales del medio, la producción de los organismos en cuestión; éstos serán, a lo largo de toda la fase de cría o de cultivo y hasta el momento de su recogida, propiedad de una persona física o jurídica.”

Pautas y códigos de conducta

La Secretaria General de Pesca Marítima (SGPM) ha elaborado el “Plan Estratégico Nacional en materia pesquera”, de conformidad con las directrices del nuevo Fondo Europeo de la Pesca 2007–2013  y la Política Pesquera Común .
En este sentido, España ha establecido las siguientes prioridades estratégicas para el desarrollo de la acuicultura durante el periodo 2007–2013:

• Diversificación de especies.
• Abastecimiento del mercado (aumento de la producción de especies con buenas perspectivas de mercado).
• Establecimiento de métodos o formas de explotación acuícola que reduzcan las consecuencias negativas o mejoren los efectos positivos sobre el medio ambiente.
• Apoyo a actividades tradicionales de acuicultura.
• Medidas de salud pública.
• Promoción de acciones específicas sobre el mercado.
• Medidas de promoción de la calidad.
• Medidas socioeconómicas.
• Medidas de sanidad animal.

El sector acuícola español se agrupa en diferentes asociaciones profesionales y cooperativas. Siendo las más importantes las siguientes:

• SEA- Asociación Española de Acuicultura.
• OPMEGA- Organización de Productores de Mejillón de Galicia.
• AROGA- Asociación de Productores de Rodaballo Gallego.
• Organización Nacional de Productores de Ostra y Almeja.
• APROMAR- Asociación de Productores de Cultivos Marinos.
• OPAC- Asociación de Productores de Acuicultura Continental.
• AQUAPISCIS- Organización Interprofesional de Acuicultura Continental Española.

De las asociaciones antes mencionadas solamente APROMAR y OPAC, forman parte de la Federación de Productores Europeos (FEAP) . Dicha Federación ha adoptado un Código de Conducta para la Acuicultura Europea, que viene siendo observado por los miembros. El objetivo principal de este Código de Conducta es promover el desarrollo y el manejo responsable de la acuicultura con la finalidad de asegurar un alto estándar en la calidad de la producción, respetando las consideraciones ambientales y las demandas de los consumidores.
La Secretaria General de Pesca Marítima (SGPM), en colaboración con la Unión Internacional para la Naturaleza (UICN) y la Federación de Productores Europeos (FEAP), ha elaborado la primera de las “Líneas Directrices para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura”.
Esta primera guía de acuicultura analiza la interacción entre la acuicultura y el medioambiente, emitiendo recomendaciones prácticas sobre los siguientes aspectos principales de la acuicultura: Domesticación, Introducción de Especies Marinas, Capturas de Stocks Silvestres en Acuicultura, Ingredientes de las Dietas, Materia Orgánica en Efluentes, Transferencia de Patógenos, Productos Terapéuticos y otros, Productos Antifouling y Efectos sobre la Fauna y Flora Local.

Acuerdos y Organizaciones Internacionales

España es miembro de las siguientes Organizaciones Internacionales:

• Unión Europea (UE).
• Organización Mundial de Comercio (OMC).
• Organización Mundial de la Salud (OMS).
• Organización Mundial de Sanidad Animal (OIM).
• Consejo Internacional para la Exploración del Mar.

España es parte además de los siguientes Convenios, y Acuerdos Internacionales y Regionales:

• Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.
• CITES.
• Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD).
• Protocolo de Cartagena sobre Biotecnología del Convenio de la Diversidad Biológica.
• Convención para la Protección del Medio Ambiente Marino del Noreste Atlántico (OSPAR Convenio).
• Convención para la Protección del Medio Ambiente Marino y la Región Costera del Mediterráneo (Barcelona Convenio 1995).

Planificación

Sistema de autorización

Los potenciales acuicultores que quieran desarrollar una actividad de acuicultura, ya sea marina o continental deben solicitar diversas autorizaciones o permisos ante los organismos competentes, según corresponda.
El marco legal aplicable para el desarrollo de esta actividad conforme se ha señalado previamente, es de competencia de las Comunidades Autónomas, por ello las mismas aplicarán su propia normativa para el desarrollo de estos procedimientos de autorización/concesión que los potenciales acuicultores deban de seguir. No obstante, para aquellas Comunidades que no han adoptado normativa propia, se aplicará de forma supletoria la Ley Nº 23/1984 de Cultivos Marinos (en caso de acuicultura marina), la Ley de Pesca Fluvial de 1942 (para la acuicultura continental) y la Ley Nº 22/1988 de Costas.

La Ley Nº 23/1984, establece que solo “podrán ser personas titulares de concesiones o autorizaciones de cultivos marinos, las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española”. Asimismo dispone que debe entenderse por:

• Concesión: El otorgamiento del derecho al uso y disfrute exclusivo y con carácter temporal por personas naturales o jurídicas de nacionalidad española en terrenos de dominio público, para instalación de establecimientos destinados a la investigación o explotación de cultivos marinos.
• Autorización: Permiso que se otorga a personas naturales o jurídicas de nacionalidad española, para el establecimiento de investigación o explotación de cultivos marinos.

Dentro de este contexto, debe señalarse también que los procedimientos administrativos que los potenciales acuicultores deben de seguir para la apertura y explotación de una instalación acuícola son diferentes según se trate de instalaciones de acuicultura continental o marina, y estén en el dominio público o privado. Estos procedimientos administrativos pueden ser:

1. Procedimiento administrativo para el trámite de concesión/autorización de establecimientos acuícolas continentales.
2. Procedimiento administrativo general para el trámite de concesión/autorización de establecimientos acuícolas marinos ubicados en zonas de dominio publico marítimo-terrestre.
3. Procedimiento administrativo general para el trámite de concesión/autorización de establecimientos acuícolas marinos ubicados en zonas de dominio privado pero que utilizan áreas de dominio publico marítimo-terrestre para captar/verter agua.

1) Procedimiento administrativo para el trámite de concesión/autorización de establecimientos acuícolas continentales.

Para el otorgamiento de la concesión/autorización respectiva de un establecimiento acuícola continental, el potencial acuicultor deberá obtener las siguientes autorizaciones o licencias:

• Licencia de obra y apertura otorgado por el Ayuntamiento afectado por la obra.
• Autorización para el vertido y la toma de agua y concesión para el uso o la ocupación del dominio publico hidráulico. Ambos permisos son otorgados por las Confederaciones Hidrográficas de la Comunidad Autónoma correspondiente.
• Autorización para el ejercicio de la actividad otorgado por el Órgano Competente de las Comunidades Autónomas.

Las Comunidades aplicarán su propia normativa para el desarrollo de los mismos, y aquellas que no cuenten con legislación propia aplicarán las disposiciones de la Ley de Pesca Fluvial de 1942. No obstante, se puede señalar que de forma general, el procedimiento administrativo para el ejercicio de la actividad de acuicultura en las diferentes Comunidades Autónomas comprende las siguientes etapas:

• El potencial acuicultor deberá presentar la solicitud ante la Delegación correspondiente. Indicando en la misma, la localización exacta de la actividad, la especie a cultivar, el ciclo de cultivo y la producción máxima.
• Posteriormente la Comunidad Autónoma comunicara al peticionario si no es posible conceder la autorización en la localización solicitada. En caso contrario, se le comunicará las condiciones a las que deberá someterse el proyecto de obras y explotación.
• Si el peticionario acepta las condiciones establecidas, deberá presentar la solicitud de autorización, adjuntando una copia autenticada de la concesión de aguas otorgada por el organismo competente, y una copia del proyecto de obras y explotación suscrito por un técnico competente.
• Si la Comunidad Autónoma considera que el proyecto puede lesionar otros intereses, el proyecto será sometido a información publica.

Las autorizaciones para el desarrollo de la actividad de la acuicultura continental pueden ser concedidas con carácter provisional hasta por un periodo de 5 años, a partir de los cuales los Órganos Competentes pueden otorgar autorización definitiva.

2) Procedimiento administrativo general para el trámite de concesión/autorización de establecimientos acuícolas marinos ubicados en zonas de dominio público marítimo-terrestre.

Para el otorgamiento de la concesión/autorización respectiva de un establecimiento acuícola marino ubicado en zonas de dominio público marítimo-terrestre, el potencial acuicultor deberá obtener las siguientes autorizaciones o licencias:

• Licencia de obra y apertura otorgado por el Ayuntamiento afectado por la obra.
• Concesión para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente.
• Autorización para el ejercicio de la actividad expedido por el Órgano Competente de las Comunidades Autónomas.

Conforme se ha venido señalando, las Comunidades aplicarán su propia normativa para el desarrollo de este procedimiento, y aquellas que no cuenten con legislación propia aplicarán las disposiciones de la Ley Nº 23/1984 de Cultivos Marinos y la Ley Nº 22/1988 de Costas.
Sin embargo, se puede señalar que de forma general, el procedimiento administrativo para el ejercicio de la actividad de acuicultura marina en las diferentes Comunidades Autónomas comprende las siguientes etapas:

• El potencial acuicultor deberá presentar la solicitud de autorización para la actividad, adjuntando los siguientes documentos:
  • Una solicitud para la concesión de la ocupación del dominio público marítimo-terrestre dirigida al Ministerio de Medio Ambiente.
  • La acreditación de la personalidad física o jurídica.
  • El proyecto de obra civil suscrito por un técnico competente.
  • Un estudio económico financiero y un plan de explotación firmados por un técnico competente.
  • Acreditación del pago de tasas.
  • La memoria de impacto ambiental y los requisitos sanitarios según corresponda.
• Posteriormente deberá transcurrir un periodo de información pública de 30 días, durante el cual se solicitaran además los informes de los Organismos Competentes de Defensa, Navegación, Turismo y Ayuntamientos, Medio Ambiente y Sanidad, y otros organismos que la Comunidad Autónoma estime convenientes.
• De contarse con la opinión favorable de los organismos antes mencionados, la Comunidad Autónoma solicitará el respectivo informe a la Demarcación de Costas correspondiente, el mismo que deberá ser emitido en un plazo de dos meses. Mediante dicho informe, la entidad se pronunciará sobre la viabilidad de la ocupación, así como las condiciones en que esta será otorgada.
• En esta etapa procedimental, la Comunidad Autónoma comunicará al peticionario las condiciones que debe cumplir, así como las que imponga la Dirección General de Costas para que le sea otorgada la autorización de la actividad. De aceptar el potencial acuicultor dichas condiciones, el expediente se tramitará directamente ante la Dirección General de Costas.
• Una vez que el peticionario cuente con la concesión otorgada por la Dirección General de Costas, la Comunidad Autónoma procederá a otorgar la autorización para el desarrollo de la actividad. Dicha autorización será publicada en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma.

Finalmente cabe señalar que estas autorizaciones para el desarrollo de la actividad son concedidas generalmente por un periodo de 10 años, prorrogables hasta 30 o 50 años como máximo.

3) Procedimiento administrativo general para el trámite de concesión/autorización de establecimientos acuícolas marinos ubicados en zonas de dominio privado pero que utilizan áreas de dominio público marítimo-terrestre para captar/verter agua.

Para el otorgamiento de la concesión/autorización respectiva de un establecimiento acuícola marino ubicado en zonas de dominio privado pero que utiliza áreas de dominio público marítimo-terrestre para captar/verter agua, el potencial acuicultor deberá obtener las siguientes autorizaciones o licencias:

• Licencia de obra y apertura otorgado por el Ayuntamiento afectado por la obra.
• Autorización para el vertido y la toma de agua ante el organismo competente, según corresponda. No obstante debe señalarse que este procedimiento difiere entre las Comunidades Autónomas, ya que algunas lo consideran como un trámite independiente, otras como parte del procedimiento para la autorización de la actividad y la concesión del dominio público o como parte del Informe de Impacto Ambiental.
• Concesión para la ocupación del dominio publico marítimo-terrestre otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente.
• Autorización para el ejercicio de la actividad expedido por el Órgano Competente de las Comunidades Autónomas.

Acceso a la tierra y el agua

La Ley Nº 22/1988 de Costas establece que corresponde a la Administración del Estado, la gestión del dominio público marítimo-terrestre, incluyendo el otorgamiento concesiones y autorizaciones para su ocupación y aprovechamiento del mismo. En este sentido, y de conformidad con lo señalado previamente, la concesión del dominio público marítimo - terrestre para el desarrollo de la actividad acuícola será otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente.
Sobre la autorización para el vertido y la toma de agua y concesión para el uso o la ocupación del dominio público hidráulico debe precisarse que ambos permisos son otorgados por las Confederaciones Hidrográficas de la Comunidad Autónoma correspondiente.
La Secretaria General de Pesca Marítima, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha diseñado un Sistema de Identificación de Instalaciones de Acuicultura , el mismo que permite localizar geográficamente los establecimientos de acuicultura continental y marina existentes en España.

EIA

El marco legal para la regulación del procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) en España se encuentra conformado por la Directiva 85/377/CEE de 27 de junio de 1985, la misma que fue incorporada al ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto Legislativo Nº 1302/1986, de 28 de junio y del Real Decreto Nº 1131/1988, de 30 de septiembre. Con la emisión de la Directiva 97/11/CE algunas disposiciones establecidas en la Directiva 85/337/CE fueron modificadas. Dichas modificaciones han sido incorporadas al sistema español mediante la Ley Nº 6/2001, de fecha 8 de mayo.El referido dispositivo legal establece en su Art. 1, numeral 2) que “los proyectos de instalaciones para la acuicultura intensiva que tengan una capacidad de producción superior a 500 toneladas al año estarán sometidos a una evaluación de impacto ambiental cuando lo determine el órgano ambiental correspondiente.Dentro de este contexto, se ha señalado que el procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental es diverso en las Comunidades Autónomas . Sin embargo de manera general se puede mencionar que los estudios de impacto ambiental que un potencial acuicultor someta a evaluación deben contener la siguiente información:

• Descripción general del proyecto y exigencias previsibles en el tiempo, en relación con la utilización del suelo, y de otros recursos naturales según corresponda.
• Examen de alternativas técnicamente viables y justificación de la solución adoptada.
• Evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos del proyecto.
• Establecimiento de medidas protectoras y correctoras.
• Programa de vigilancia ambiental.
• Resumen del estudio y conclusiones.

Operación

Calidad del agua y descarga de aguas residuales

La Comunidad Europea con la promulgación de la Directiva 2000/60/CE, de fecha 23 de Octubre del 2000 ha establecido un marco comunitario para la protección de las aguas superficiales continentales, las aguas de transición, las aguas costeras y las aguas subterráneas. Dicha Directiva ha sido incorporada al ordenamiento jurídico español con la emisión de la Ley 62/2003, de fecha 30 de Diciembre del 2003.

Dentro de este mismo contexto, debe señalarse que las principales disposiciones sobre la calidad del agua y los vertidos de aguas residuales en el dominio público hidráulico, se encuentran contempladas en el Real Decreto Legislativo Nº 1/2001 de fecha 20 de Julio del 2000, “Texto refundido de la Ley de Aguas”. Así, el referido dispositivo legal establece que queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales u otro elemento del dominio público hidráulico sin contar con la previa autorización administrativa otorgada por la Autoridad competente, según corresponda.

Cabe señalar también que se ha adoptado un Reglamento para la Planificación Hidrológica con la emisión del Real Decreto Nº 907/2007 de fecha 6 de Julio del 2007. Este Reglamento tiene como principal objetivo alcanzar el buen estado y la debida protección del dominio público hidráulico y de las aguas materia del Texto refundido de la Ley de Aguas. Finalmente se ha dispuesto que esta planificación se realice mediante los planes hidrológicos de cuenca y el Plan Hidrológico Nacional.

Movimientos de peces

La Ley Nº 23/1984 de cultivos marinos, establece que el traslado de esporas o individuos de talla no comercial, en cualquier fase, solo se utilizara con fines de cultivo, investigación o experimentación. Asimismo, se dispone que para la exportación de dichas especies, se deberá contar con la autorización del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, previo informe del Organismo Competente de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Los acuicultores que soliciten la importación de especies de cualquier talla para su posterior inmersión o cultivo, deberán contar con el informe favorable del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Se requerirá también el informe favorable del Instituto Español de Oceanografía cuando se solicite importar especies foráneas que no se den naturalmente en aguas españolas.

España como país miembro de la Comunidad Europea aplica entre otras, las siguientes Directivas y Decisiones para la introducción de especies o productos de la acuicultura procedentes de otros países:

• Directiva 91/67/CEE del Consejo, de fecha 28 de enero de 1991, sobre las condiciones de policía sanitaria aplicables a la puesta en el mercado de animales y de productos de la acuicultura. Directiva que ha sido incorporada al ordenamiento español a través del Real Decreto Nº 1882/1994 modificado por Real Decreto Nº 1255/1999 y Nº 1597/2004 respectivamente. No obstante debe señalarse que la Directiva 91/67/CEE quedará derogada, a partir del 1 de Agosto de 2008 de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2006/88/CE del Consejo, de fecha 26 de Octubre de 2006.
• Directiva 97/78/CE del Consejo de fecha 18 de diciembre de 1997 por la que se establecen los principios relativos a la organización de controles veterinarios de los productos que se introduzcan en la Comunidad procedentes de países terceros.
• Reglamento (CE) Nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de fecha 29 de Abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios. Reglamento (CE) Nº 853/2004 por el que se establecen normas especificas de higiene de los alimentos de origen animal y Reglamento (CE) Nº 854/2004 mediante el cual se establecen las normas especificas para la organización de controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano. Los referidos Reglamentos han sido incorporados al ordenamiento español mediante el Real Decreto Nº 640/2006, de fecha 26 de Mayo de 2006.
• Decisión 2006/766/CE de la Comisión, de 6 de Noviembre de 2006, mediante la cual se establecen las listas de terceros países y territorios desde los que se autorizan las importaciones de moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados, gasterópodos marinos y productos de la pesca.

Control de enfermedades

Con la promulgación de los Reales Decretos Nº 1488/1994 y Nº 3481/2000, se han adoptado en el sistema español las Directivas 91/67/CE y 93/57/CE que regulan el control sanitario en la acuicultura a nivel comunitario.

La legislación española exige que las Comunidades Autónomas establezcan un adecuado sistema de medidas de control sanitario y que participen en la elaboración de los planes de intervención de urgencias según corresponda.

Se ha establecido como laboratorio nacional de referencia para las enfermedades de los peces al Laboratorio de Sanidad y Producción Animal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de Algete (Madrid). Existen también otros laboratorios ubicados en diferentes partes de España y asociados a distintas universidades, así como a diferentes centros de investigación (Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC, Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, INIA) que están implicados en materias de investigación relativas a problemas sanitarios de la acuicultura marina y continental. Muchas Comunidades Autónomas utilizan estos laboratorios para diagnóstico de enfermedades de los peces en aras de cumplir con las disposiciones establecidas.

Por otro lado, cabe mencionar que existe una ley especifica de sanidad animal, la Ley Nº 8/2003, de 24 de abril, que incluye en su ámbito de aplicación también a las instalaciones de acuicultura. El control de determinadas enfermedades de los moluscos bivalvos tiene regulación específica en los Reales Decretos Nº 1043/1997 y Nº 640/2006.

Drogas

El Real Decreto Nº 109/1995 de fecha 27 de enero, regula la fabricación, elaboración, control de calidad, distribución, comercialización, almacenamiento y suministro de los medicamentos de uso veterinarios y de las sustancias y materiales utilizados para su fabricación, preparación y envasado. Asimismo otorga competencias en materia de medicamentos veterinarios al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sin perjuicio de las competencias que pudieran corresponder a las Comunidades Autónomas.

Las principales disposiciones comprendidas en el mencionado Decreto son las siguientes  :

• Establecimiento de los requisitos de calidad, eficacia, seguridad y pureza que debe cumplir un medicamento veterinario para poder ser autorizado y registrado.
• La prohibición de la comercialización en el mercado de un medicamento veterinario, para ser administrado a animales cuya carne o productos sean destinados al consumo humano, si se incumple lo previsto en el Reglamento CEE 2377/90 del Consejo de 26 de junio de 1990, por el que se establece un procedimiento comunitario de fijación de los limites máximos de residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos de origen animal.
• Establecimiento de supuestos excepcionales en los cuales, aun cuando no existan medicamentos veterinarios autorizados para una enfermedad, se permitirá administrar al animal, cuya carne o productos son destinados al consumo humano, otro tipo de medicamento.

La legislación española también establece medidas de control aplicables a determinadas sustancias y residuos en los productos de acuicultura. La clasificación y control de estas sustancias y residuos se encuentra regulada por Real Decreto Nº 1749/1998, de fecha 31 de Julio, dispositivo que incorpora la Directiva 96/23 al ordenamiento español.

Alimentos

El Real Decreto Nº 56/2002 modificado por los Reales Decretos Nº 254/2003 y Nº 1205/2006 incorpora al ordenamiento jurídico español las Directivas 2000/16/CE y 2002/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. El referido dispositivo legal tiene como principal objeto establecer el régimen jurídico aplicable a la circulación y utilización de materias primas para la alimentación animal y la circulación de piensos compuestos en todo el territorio español.

Inocuidad de los alimentos

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN), Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad y Consumo es la entidad encargada de velar por la seguridad de los alimentos en España. AESAN tiene como principales funciones entre otras, reducir los riesgos de las enfermedades transmitidas por los alimentos, y garantizar un adecuado sistema de control de los mismos.Cabe señalar que la legislación general sobre la inocuidad de los alimentos a nivel nacional, se encuentra establecida en la Ley Nº 14/1986, General de Sanidad.

Cabe señalar que la legislación general sobre la inocuidad de los alimentos a nivel nacional, se encuentra establecida en la Ley Nº 14/1986, General de Sanidad.

Debe precisarse que el marco legal español para velar por la seguridad de los alimentos se encuentra también constituido por las siguientes normas:

• Real Decreto Nº 640/2006, mediante el cual se establecen determinadas medidas que tienen como objeto contribuir a la debida aplicación en España de las disposiciones comunitarias en materia de higiene, producción y comercialización de los productos alimenticios de origen animal.
• Real Decreto Nº 2064/2004, a través del cual se regula la primera venta de los productos pesqueros. Se incluyen los productos de la pesca, el marisqueo y la acuicultura.
• Real Decreto Nº 1380/2002, modificado por Real Decreto Nº 1702/2004 , dispositivo legal que tiene por objeto regular la información que debe incluirse en el etiquetado, presentación y publicidad de los productos de pesca, del marisqueo y la acuicultura, congelados y ultracongelados.
• Real Decreto Nº 121/2004, mediante el cual se establece la normativa sobre la clasificación y etiquetado de los productos de la pesca, el marisqueo y la acuicultura vivos, frescos, refrigerados o cocidos.

Misceláneo

Los fondos estructurales constituyen el principal instrumento financiero establecido por la Unión Europea. En este sentido, el marco específico establecido para el desarrollo del sector de la pesca y la actividad acuícola es el Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP). Este instrumento tiene como principal característica la obligación de los Estados miembros de contribuir en todos los casos que lo requieran al financiamiento de los proyectos mediante los fondos públicos.

En el caso de España, esta cofinanciación nacional se realiza con cargo a los Presupuestos Generales del Ministerio de Agricultura, Pesca, y Alimentación, y en algunos casos, con cargo a los presupuestos de las Comunidades Autónomas, según corresponda.

A nivel nacional, las medidas socioeconómicas vinculadas a las medidas de reestructuración del sector pesquero se encuentran establecidas en el Real Decreto Nº 3448/2000 modificado por los Reales Decretos Nº 1473/2004 y Nº 518/2005 respectivamente.

Referencias

Legislación

EUROPE

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