Efectivamente, la región de América Latina y el Caribe presenta distintas paradojas en relación a su estado de seguridad alimentaria y nutrición. Por una parte reduce más rápidamente que otras regiones del mundo sus niveles de subalimentación (FAO, 2015) y por otra, aumenta por encima de la media mundial el porcentaje de sobrepeso (al 7,1% de la población infantil según OMS respecto al 6,5% del nivel mundial). La desnutrición crónica infantil de ésta región se redujo en 12,9 puntos porcentuales en los últimos 25 años (aproximadamente el 11,6% de los menores de 5 años en la actualidad).
Los avances en la reducción significativa de la subalimentación coinciden con un periodo en el que el compromiso político situó el problema del hambre en lo más alto de la agenda pública, un periodo de estabilidad política, crecimiento económico sostenido y desarrollo de una amplia gama de políticas públicas enfocadas en reducir los niveles de desnutrición e inseguridad alimentaria. Los progresos han sido mayores cuando ha existido coordinación intersectorial bajo el liderazgo de un ente rector del Estado e involucrando a los distintos poderes del Estado (incluyendo a una amplia gama de actores sociales). Estas condiciones son también necesarias si quiere enfrentarse un problema complejo como el de la doble carga de la malnutrición.
En este sentido, abordar la malnutrición desde una perspectiva de derechos, reconociendo que es parte necesaria para la realización del Derecho a la Alimentación adecuada, ayudaría enormemente a desarrollar los instrumentos políticos, jurídicos e institucionales necesarios para un problema especialmente complejo.
Por último, mi opinión es que cualquier tipo de propuesta de política debe considerar las condiciones en las que se desarrolla la vida de los principales afectados por la doble carga de la malnutrición; sobre todo población pobre urbana y rural (usualmente mujeres y niños). Sus condiciones laborales y responsabilidades familiares condicionan en muchos casos qué tipo de acciones pueden tomar en el corto y medio plazo para mejorar sus condiciones nutricionales. El Estado también debe velar para que dichas condiciones sean mejoradas.
Indeed, Latin America and the Caribbean region present various paradoxes regarding its state of food security and nutrition. The region, on the one hand, is reducing its levels of undernourishment faster than other regions (FAO, 2015) and on the other hand, the prevalence of overweight is increasing above the world average (7.1% of the children according to WHO, in comparison with 6.5% of world average). Chronic child malnutrition in this region fell by a percentage of 12.9 points in the last 25 years (today approximately 11.6% of children under 5 years of age).
The progress in significant reduction of malnutrition coincides with a period in which political commitment placed the problem of hunger in the top of the public agenda, a period of political stability, sustained economic growth and development of a wide range of public policies focused on reducing levels of undernutrition and food insecurity. Progress has been greatest when inter-sectoral coordination has been under the leadership of a governing body of the State and involving different state powers (including a wide range of social actors). These conditions are also necessary if you want to address a complex problem like the double burden of malnutrition
In this regard, addressing malnutrition from a rights perspective -recognizing that it is a necessary part of the realization of the Right to adequate food- would greatly help to develop political, legal and institutional instruments necessary in front of a particularly complex problem.
Finally, in my opinion, any policy proposal should consider the living conditions of those most affected by the double burden of malnutrition; especially urban and rural poor (usually women and children). Their working conditions and family responsibilities often determine what actions can be taken in the short and medium term to improve their nutritional status. The government must also ensure that such conditions are improved.
Ricardo Rapallo
>> English translation below <<
Efectivamente, la región de América Latina y el Caribe presenta distintas paradojas en relación a su estado de seguridad alimentaria y nutrición. Por una parte reduce más rápidamente que otras regiones del mundo sus niveles de subalimentación (FAO, 2015) y por otra, aumenta por encima de la media mundial el porcentaje de sobrepeso (al 7,1% de la población infantil según OMS respecto al 6,5% del nivel mundial). La desnutrición crónica infantil de ésta región se redujo en 12,9 puntos porcentuales en los últimos 25 años (aproximadamente el 11,6% de los menores de 5 años en la actualidad).
Los avances en la reducción significativa de la subalimentación coinciden con un periodo en el que el compromiso político situó el problema del hambre en lo más alto de la agenda pública, un periodo de estabilidad política, crecimiento económico sostenido y desarrollo de una amplia gama de políticas públicas enfocadas en reducir los niveles de desnutrición e inseguridad alimentaria. Los progresos han sido mayores cuando ha existido coordinación intersectorial bajo el liderazgo de un ente rector del Estado e involucrando a los distintos poderes del Estado (incluyendo a una amplia gama de actores sociales). Estas condiciones son también necesarias si quiere enfrentarse un problema complejo como el de la doble carga de la malnutrición.
En este sentido, abordar la malnutrición desde una perspectiva de derechos, reconociendo que es parte necesaria para la realización del Derecho a la Alimentación adecuada, ayudaría enormemente a desarrollar los instrumentos políticos, jurídicos e institucionales necesarios para un problema especialmente complejo.
Por último, mi opinión es que cualquier tipo de propuesta de política debe considerar las condiciones en las que se desarrolla la vida de los principales afectados por la doble carga de la malnutrición; sobre todo población pobre urbana y rural (usualmente mujeres y niños). Sus condiciones laborales y responsabilidades familiares condicionan en muchos casos qué tipo de acciones pueden tomar en el corto y medio plazo para mejorar sus condiciones nutricionales. El Estado también debe velar para que dichas condiciones sean mejoradas.
Indeed, Latin America and the Caribbean region present various paradoxes regarding its state of food security and nutrition. The region, on the one hand, is reducing its levels of undernourishment faster than other regions (FAO, 2015) and on the other hand, the prevalence of overweight is increasing above the world average (7.1% of the children according to WHO, in comparison with 6.5% of world average). Chronic child malnutrition in this region fell by a percentage of 12.9 points in the last 25 years (today approximately 11.6% of children under 5 years of age).
The progress in significant reduction of malnutrition coincides with a period in which political commitment placed the problem of hunger in the top of the public agenda, a period of political stability, sustained economic growth and development of a wide range of public policies focused on reducing levels of undernutrition and food insecurity. Progress has been greatest when inter-sectoral coordination has been under the leadership of a governing body of the State and involving different state powers (including a wide range of social actors). These conditions are also necessary if you want to address a complex problem like the double burden of malnutrition
In this regard, addressing malnutrition from a rights perspective -recognizing that it is a necessary part of the realization of the Right to adequate food- would greatly help to develop political, legal and institutional instruments necessary in front of a particularly complex problem.
Finally, in my opinion, any policy proposal should consider the living conditions of those most affected by the double burden of malnutrition; especially urban and rural poor (usually women and children). Their working conditions and family responsibilities often determine what actions can be taken in the short and medium term to improve their nutritional status. The government must also ensure that such conditions are improved.