RE: Décimo Aniversario de las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación

29.05.2014

Estimados colegas defensores del derecho a la alimentación:

Junto con felicitarles por la realización del presente Foro y de acercarnos distintas opiniones y experencias, dejo mi contribución al debate en el archivo adjunto esperando que sea de utilidad.

Reciban todas y todas un cordial saludo!

Vera Scholz

En América Latina y el Caribe (ALC), la conjunción de países cada vez más democráticos, con claras demandas sociales y de representantes sensibilizados por la problemática alimentaria, ha permitido avances considerables como región, en donde destacan países como México, Chile, Ecuador, Nicaragua, Brasil o Guatemala, por sus estrategias de intervención frente a la marginación social y combate al hambre.

Dentro de los logros que posicionan a la región de ALC como pionera en la lucha por el derecho a la alimentación destacan en mayor y menor medida (de acuerdo al país) las siguientes:

  • Un reconocimiento constitucional explícito del derecho a la alimentación.
  • Un marco legal de regulación y protección de la seguridad alimentaria, (algunos con claros esfuerzos proteccionistas del sistema agroalimentario a fin de salvaguardar su soberanía alimentaria).
  • Una institucionalidad pública responsable de la seguridad alimentaria del país.
  • Una sociedad civil cada vez más organizada y articulada que demanda medidas en favor del desarrollo rural y de una alimentación adecuada, haciendo valer sus espacios públicos de participación activa en la toma de decisiones.
  • El uso de mecanismos de control del poder público (político, administrativo, social o jurídico).
  • El  involucramiento  de  la  Academia  y  ONGs  en  ciertas  acciones  de  formación, sensibilización, asistencia técnica y apoyo gubernamental.
  • Defensorías  del  Pueblo  (Ombudsman)  cada  vez  más  especializadas  en  la  temática alimentaria, que ha permitido un seguimiento de la política pública y recomendaciones para una mejor garantía del derecho.
  • Partidas  presupuestarias  en  las  que  se  protegen  los  programas  públicos  agro- alimentarios y otras acciones en favor de los derechos humanos y el sector rural.
  • Cooperación Sur-Sur y triangular que avala procesos y resultados exitosos de políticas públicas y de buenas prácticas en materia agroalimentaria.
  • Una articulación de acciones en el marco de la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre 2025 (compromiso político regional de alto nivel) y de los lineamientos de la Oficina Regional de la FAO definido por sus Conferencias Regionales.
  • La  presencia  de  la  Cooperación  Internacional  para  el  Desarrollo  (Unión  Europea, España, Alemania, Noruega, USA, Canadá, Italia, entre otros) y su acompañamiento técnico y financiero para el desarrollo de múltiples proyectos pioneros a nivel local, nacional y regional que han servido de “pilotos” y ejemplo para el resto de países.

En cuanto a las carencias aún observadas que permiten dar luces sobre los desafíos pendientes en la región, se encuentran:

  • El bajo grado de empoderamiento de sus derechos humanos de los grupos vulnerables que por lo general se ligan a la pobreza.
  • Una comprensión aún débil del derecho a la alimentación por parte de la sociedad en general (incluidos los servidores públicos de los tres poderes del estado).
  • Un deficitario acceso a la justicia en todos sus niveles, imposibilitando la justiciabilidad del derecho.
  • Incipiente jurisprudencia que asegure medidas de reparación y no repetición.
  • Insuficiente salvaguarda de los productos y del costo de la canasta básica alimentaria (CBA).
  • Diálogo aislado entre el gobierno de turno y la sociedad civil organizada, asociado a consultas, pero no a mecanismos periódicos de debate.
  • La visión errónea que aún persiste entre diversos tomadores de decisiones, al observar el derecho a la alimentación como un objetivo social deseable y no como un derecho per se
  • Una coordinación interinstitucional e interministerial operativa, por lo general, sólo en situaciones de emergencia y no durante todo el año bajo un escenario normal.
  • Una  asignación  presupuestaria  reducida  pese  a  la magnitud  del  problema  y  a  las posibilidades económicas del país.
  • Insuficiente resguardo ante tratados comerciales y proyectos extractivos que ponen en riesgo el conjunto de derechos humanos, en especial la alimentación.
  • Un  marco  legal  desarmonizado  con  respecto  a  la  seguridad  alimentaria  de  la población.
  • En general, una gobernanza de la seguridad alimentaria aún distante del enfoque de derechos humanos.

Tema 2. Las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación

Han pasado diez años, desde que la FAO promoviera y visibilizara a nivel global, Directrices Voluntarias (DV) concretas para la realización progresiva del derecho a la alimentación. En dicho período múltiples procesos se han desencadenado y desarrollado de manera favorable (la mayoría por vez primera en la historia de sus países).

Poder atribuir a ciencia cierta cuántos de esos procesos y cuántas de las decisiones acertadas tomadas al interior de los Estados derivan de las DV no es sencillo, pero sí es posible constatar una creciente comprensión por parte de la sociedad sobre el contenido de este derecho social, y de la mejor alternativa que se puede tomar de las DV para avanzar con mayor rapidez en la concreción de este derecho fundamental. La tarea debe ir acompañada necesariamente de voluntades y compromisos de cada uno de los actores involucrados en el respeto, protección y realización del derecho a la alimentación y del resto de derechos humanos.

El principal logro de las DV, es haber sido un referente avalado por las Naciones Unidas y un gatillador de acciones y decisiones en pro de este derecho en lo administrativo, legislativo y judicial a nivel local, nacional e internacional.

Por  otro  lado,  pudiese  identificarse  como  la  principal  limitación  de  las  DV  su  carácter voluntario; sin embargo, como herramienta guía, ha sido más limitante en la práctica la falta de especificidad de sus indicaciones y la ausencia de una “hoja de ruta” que facilite la gradualidad de acciones y esfuerzos en la implementación del derecho.

Hoy en día ya no es aceptable el abordaje de la seguridad alimentaria sin un enfoque de derecho a la alimentación, y eso en gran medida es gracias a las DV. Volver a contar la historia en diez años más para dar cuenta de cambios significativos en cuanto a la reducción planetaria de hambrientos y malnutridos depende de todos los actores. Los avances en esa dirección deben dejar de ser tímidos y voluntarios, y ser avalados mediante instrumentos jurídicos vinculantes cada vez más específicos.

Tema 3. El futuro

No existe una sola receta para alcanzar la plena realización del derecho a la alimentación. Los acentos y plazos dependerán de las particularidades de cada sociedad. Sin embargo, sólo se avanzará a paso firme si se han resuelto antes otras cuestiones relativas al acceso a los alimentos en zonas urbanas y rurales. Por una parte deben hacerse los esfuerzos necesarios para  alcanzar  un  desarrollo  rural  sustentable,  una  producción  agrícola  sostenible  y  una tenencia de la tierra regularizada en favor de los agricultores y de las comunidades locales. Por otro lado, el combate integral de la pobreza debe abordarse desde un enfoque de derechos que implemente del resto de derechos sociales como la salud, el agua potable, la educación y el trabajo. No en vano se tendrá éxito en la realización del conjunto de derechos humanos si se cuenta y garantiza de forma previa una alimentación adecuada.

En varios países del mundo se han tomado ya estrategias y acciones inéditas para reducir el número de hambrientos y malnutridos. La mayoría de dichas intervenciones apuntan sin embargo, hacia a la dimensión más básica del derecho a la alimentación: el “estar libre de hambre”, y no hacia la dimensión de una “alimentación adecuada”.

Basados en la experiencia internacional se revisan a continuación algunos de los desafíos y retos que posibilitan la realización efectiva y sostenida del derecho a una alimentación adecuada:

  • Una cada vez mejor identificación geográfica y causal de los grupos vulnerables, a fin de llegar con respuestas específicas diseñadas para su realidad.
  • Empoderar a los titulares de derechos para que exijan su derecho, y el de su núcleo familiar, a una alimentación adecuada. Para esto es necesario aun una mayor comprensión de las obligaciones que impone este derecho al estado y los resguardos que deben prestarse de forma ágil a individuos y colectivos en situaciones desfavorables.
  • Asignación suficiente de recursos que permita al menos operativizar todo el sistema de seguridad alimentaria dispuesto en la normativa interna del país.
  • Lograr una coordinación multisectorial e interministerial efectiva en las estrategias de seguridad alimentaria.
  • Garantizar una sostenibilidad de los programas sociales (en especial los de índole alimentaria y de fomento a la pequeña agricultura) en períodos de recesión económica y cambio de gobierno.
  • Incluir programas de asistencia no sólo a los nacionales sino también a migrantes indocumentados.
  • Fortalecer las alianzas campo-ciudad que aseguren mecanismos oportunos y seguros de producción, distribución y comercialización de alimentos.
  • Potenciar la pequeña agricultura o agricultura familiar y su cooperativismo.
  • Reglamentar los alcances y responsabilidades de los legisladores y representantes públicos con relación al derecho a la alimentación, a fin de disminuir la dependencia de acciones de su voluntad política.
  • Integrar la participación de la sociedad civil como práctica común en la formulación de políticas, haciéndolos partes de las respuestas diseñadas.
  • Asegurar mecanismos de exigibilidad jurídica (procesos de carácter administrativo, cuasi judicial o judicial).
  • Mayor    vigilancia    por    parte    de    las    Naciones    Unidas    de    las    obligaciones extraterritoriales en materia agroalimentaria subeditada al derecho a la alimentación.
  • Mayor compromiso y obligatoriedad de la comunidad internacional por buscar nuevos mecanismos de respuesta ante la situación alimentaria mundial.
  • Supeditar cualquier acuerdo, tratado o tecnología al bienestar común de la sociedad.

Es de esperar que el lenguaje común de los derechos humanos (en especial el del derecho a la alimentación) sea siempre la norma última de cualquier política y el horizonte de nuestra historia. Recién entonces revertiremos y erradicaremos como humanidad la situación indigna que afecta tan profundamente las condiciones cotidianas de vida de cerca de mil millones de personas  catalogadas como  hambrientas  y  que  ven  mermado  a  diario  su  derecho  a alimentarse.

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foro_rtf_vsh.pdf