RE: 10 Year Anniversary of the Right to Food Guidelines

Oscar Rivas Vega El Salvador
27.06.2014

Positivización del Derecho a la Alimentación Adecuada en El Salvador

Por: Oscar W. Rivas Vega

El Estado de El Salvador ha suscrito diferentes tratados de Derechos Humanos con diversas instituciones internacionales, así como con otros Estados, en los que se compromete principalmente a velar por el bienestar de su población a través de la realización progresiva de éstos derechos.

Es así que uno de los principales tratados en ratificar es la Declaración Universal de Derechos Humanos-DUDH-[1], misma que entre otros derechos reconoce los Económicos, Sociales y Culturales, en los que se encuentra enmarcado el Derecho a la Alimentación, reconocido en el Art. 25 de éste instrumento internacional. Posterior a la DUDH, se ratificó en Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales-PIDESC-[2], éste reconoce al Derecho a la Alimentación en su Artículo 11 como “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”.

Es hasta el año de 1999, que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la Organización de las Naciones Unidas-ONU-, emitió la Observación General número 12-OG12-[3], sobre el Derecho a una Alimentación Adecuada, en relación a la aplicación del Artículo 11 del PIDESC, en la que se reafirma el derecho a la alimentación como inseparable de la dignidad inherente a la persona humana, indispensable para el disfrute de otros derechos humanos consagrados en la normativa internacional. Cabe destacar que es hasta en la OG12 que se empieza a utilizar el concepto de Derecho a Alimentación Adecuada-DAA-.

Para esto, la OG12 Num.6 parte final, señala que el Derecho a la Alimentación Adecuada, tendrá que alcanzarse progresivamente. No obstante, los Estados tienen la obligación básica de adoptar las medidas necesarias para mitigar y aliviar el hambre.

Así mismo, la OG12 en el Núm. 15, establece que el Derecho a una Alimentación Adecuada, al igual que cualquier otro derecho humano, impone tres tipos o niveles de obligaciones a los Estados partes: las obligaciones de respetar, proteger y realizar. A su vez, la obligación de realizar entraña tanto la obligación de facilitar, como la obligación de hacer efectivo.

 

a)      La obligación de respetar, el acceso existente a una alimentación adecuada, requiere que los Estados no adopten medidas de ningún tipo que tengan por resultado impedir ese acceso.

b)      La obligación de proteger requiere que el Estado Parte adopte medidas para velar por que las empresas o los particulares no priven a las personas del acceso a una alimentación adecuada.

c)      La obligación de realizar (facilitar), significa que el Estado debe procurar iniciar actividades con el fin de fortalecer el acceso y la utilización por parte de la población de los recursos y medios que aseguren su desarrollo integral.

 

Partiendo de lo anterior, la obligación de proteger establece que se deben adoptar medidas, llámese a éstas un marco político y legal que garantice la realización plena del Derecho a la Alimentación Adecuada de toda la población del territorio.

Para lo cual, la OG12 en su Núm. 29, sobre “referencias y legislación marco” manifiesta que "Al aplicar las estrategias específicas de cada país -señaladas supra-, los Estados deben considerar la posibilidad de aprobar una ley marco como instrumento básico de aplicación de la estrategia nacional para el derecho a la alimentación. En la ley marco deben figurar disposiciones sobre el fin pretendido; las metas u objetivos que deben lograrse y el marco temporal que se fijará para lograr estos objetivos; los medios mediante los cuales podría conseguirse el fin buscado en términos generales, en especial la colaboración deseada con la sociedad civil y el sector privado y con organizaciones internacionales; la responsabilidad institucional del proceso; y los mecanismos nacionales para vigilar el proceso, así como los posibles procedimientos de recurso. Los Estados Partes al preparar las referencias y la legislación marco deben buscar la participación activa de organizaciones de la sociedad civil".

La adopción de una ley marco en Seguridad Alimentaria y Nutricional con enfoque de Derechos Humanos y en especial a la Alimentación Adecuada es lo que por ahora no cuenta El Salvador, pero desde hace un par de años atrás se vienen gestando diferentes iniciativas, las cuales se encuentran en estudio por parte de los Órganos Ejecutivo y Legislativo del Estado. En la iniciativa se encuentran participando entre otros, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos-PDDH-, la Universidad de El Salvador-UES-,  organizaciones no gubernamentales-ONG´s-, Sociedad Civil, etc. 

Un aspecto que se hace importante señalar es que, en la historia Constitucional de El Salvador, es a partir del año 1950, que a raíz de las nuevas corrientes del derecho internacional, por primera vez en la Constitución de la República, se positivizan,[4] incorporan y reconocen los derechos económicos, sociales y culturales, pero de forma limitada, ya que solo reguló la parte asistencial a la familia.

Posterior a ello, en la Constitución de 1962, únicamente fue introducido el derecho al salario, considerando que éste fuese suficiente para la satisfacción de las necesidades básicas de las familias de los trabajadores, como parte del reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales.

Es hasta en 1983 que en la Constitución vigente, aborda por primera vez el Derecho a la Alimentación pero de forma indirecta, ya que únicamente en el Art. 69 Inc. 2, establece que “el Estado controlará la calidad de los productos alimenticios y las condiciones ambientales que puedan afectar la salud y el bienestar de los consumidores”.

Si bien es cierto, se ha reconocido el interés manifiesto del Estado por controlar la calidad y condiciones de los alimentos, ya que esta es una parte importante para la salud de los consumidores, no obliga al Estado a garantizar el Derecho a la Alimentación Adecuada como un todo.

Es así que se debe reconocer el Derecho a la Alimentación Adecuada a través de la interpretación de los derechos humanos fundamentales (reconocidos) en el Artículo 1 Inc. 1 de la Constitución, el cual establece que “el Estado reconoce a la persona como el origen y el fin de su actividad” continua diciendo en el Inc. 3 del mismo artículo que “es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social”. Así mismo en el Art. 2 Cn. expresa que “toda persona tiene derecho a la vida, la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos.

En torno a la concepción liberal relativa a los derechos fundamentales, no es la única, ni la más importante en el “contemporáneo Estado Constitucional Democrático”; en el cual también tales derechos deben ser considerados, en conjunto, como un sistema valorativo que permite -desde el punto de vista político- la integración material de la comunidad Estatal, y –desde el punto de vista jurídico- la legitimación del orden Estatal; teniendo así mismo un claro carácter social –pues su ejercicio es, en mayor o menor medida, actividad social- y político –pues tales derechos son la base funcional de la democracia-”[5]

Los derechos fundamentales constituyen –junto con otras valoraciones- expresión jurídica de la decisión político-ideológica contenida en la normativa constitucional; y, por ello, tanto las disposiciones constitucionales, como las infraconstitucionales –legales, reglamentarias, etc.- han de interpretarse en función de los derechos fundamentales, posibilitando la maximización de su contenido.[6]

La calidad de derecho humano “fundamental” al Derecho a la Alimentación Adecuada, se deduce por que los preceptos constitucionales relacionados a esta categoría de derechos humanos corresponden al Título II “Los Derechos y Garantías Fundamentales de la Persona”, Capítulo II “Derechos Sociales” estableciendo en el Art. 52 parte final que “la enumeración de los derechos y beneficios a que éste capítulo (Capítulo II) se refiere, no excluye otros que se deriven de los principios de justicia social”, esto en virtud de otros derechos humanos no expresados en el texto de la Constitución, considerando un catálogo abierto de derechos.

Podemos evidenciar entonces que el Derecho a la Alimentación Adecuada no se reconoce directamente en nuestra constitución como un derecho humano, por lo tanto, al no ser positivizado por ésta, no se puede interpretar de manera directa como Derecho Fundamental reconocido y protegido por nuestra ley primaria, menoscabando con ello la efectiva tutela de este derecho, mismo que para hacerlo efectivo se debe remitir a los criterios de interpretación Constitucional, coligando la obligación estatal implícita sobre éste, a través del reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, y del catálogo abierto de derechos en la constitución salvadoreña.

En el mismo sentido, el reconocimiento de los derechos fundamentales no es sino una declaración de carácter metajurídico si no se acompaña de garantías suficientes que aseguren la efectividad del ejercicio de tales derechos: el reconocimiento de los derechos fundamentales debe ir acompañado de la intervención de mecanismos jurídicos que aseguren su protección efectiva. Por tanto, la efectividad de los derechos fundamentales depende tanto de su reconocimiento formal cuanto de la existencia de mecanismos jurídicos susceptibles de garantizar su eficacia real[7].

La Constitución Salvadoreña al no contener una disposición que de manera directa y expresa que tutele el Derecho a la Alimentación Adecuada, debe de recurrir a otras disposiciones que en el mismo texto implícitamente reconozca otros derechos como  a un  nivel de vida digna u otros derechos sociales, creando un vacío legal que conlleva a una inseguridad jurídica y los efectos que ésta genera.

La seguridad Jurídica es, desde la perspectiva del derecho constitucional, la condición resultante de la predeterminación, hecha por el ordenamiento jurídico, de los ámbitos de licitud e ilicitud en la actuación de los individuos, lo que implica una garantía para los derechos fundamentales de la persona y una limitación a la arbitrariedad del poder público.

Puede manifestarse de dos maneras:

La primera, como una exigencia objetiva[8] de regularidad estructural y funcional del sistema jurídico a través de sus normas e instituciones; y La segunda, en su faceta subjetiva[9], como certeza del derecho, es decir, como proyección, en las situaciones personales, de la seguridad objetiva, en el sentido que los destinatarios del derecho puedan organizar su conducta presente y programar expectativas para su actuación jurídica futura bajo pautas razonables de previsibilidad”[10]

Es claro que los derechos subjetivos son facultades de obrar que autorizan a sus titulares para ejercitar y hacer efectivas las potestades jurídicas que las normas legales les reconocen, no todas las realidades jurídicas que la Constitución denomina derechos constituyen facultades de querer y pretender, por lo que derecho en la Constitución, excede el alcance de derechos subjetivos y equivale a categorías subjetivas protegidas por el ordenamiento jurídico que no se limitan a derechos subjetivos.[11]

El enfoque de derecho reconoce a los seres humanos como titulares de derechos, es decir actores y no como meros beneficiarios de ayuda –receptores-. Fortalece la capacidad de las personas para ejercer su derecho a ser escuchadas y que sus demandas sean resueltas, asignando igual importancia tanto al resultado como al proceso de desarrollo que debe basarse en los principios de participación, no discriminación y rendición de cuentas.

Podemos concluir entonces, que para una persona pueda hacer efectivo o demandar el cumplimiento y la realización del Derecho a la Alimentación Adecuada, éste debe estar reconocido en primer lugar en la Constitución, como un Derecho Fundamental y segundo, debe estar reconocido en una ley secundaria o ley especial, tal como lo establece la OG12 Num. 29, con las formalidades necesarias para que ésta sea efectiva y el Derecho a la Alimentación Adecuada realizable.



[1] Declaración Universal de Derechos Humanos-DUDH- de la Organización de las Naciones Unidas-ONU- Adoptada y Proclamada por la Asamblea General en su Resolución 217 A (III),de fecha 10 de diciembre de 1948.

[2] Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y culturales-PIDESC- Organización de las Naciones Unidas-ONU- A.G. res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) p. 49, ONU. Doc. A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3, entrada en vigor 3 de enero de 1976. El Salvador firmó el PIDESC el 21 de Setiembre de 1967 y ratificado el 30 de noviembre de 1979

[3] Observación General 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Derecho a una Alimentación Adecuada (Artículo 11) 12 de Mayo de 1999. 20º Período de Sesiones, Ginebra, 26 de Abril al 14 de Mayo de 1999, tema 7 del Programa, Cuestiones Sustantivas que se plantean en la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales-PIDESC-.

[4] Derecho positivo: Sistema de normas jurídicas que informa y regula efectivamente la vida de un pueblo en un determinado momento histórico (Del vecchio)

[5] Sentencia 23-III-2001, Inc. 8-97, Considerando VI 3) de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. 23 de Marzo de 2001. Expediente: 23-III-2001

[6] Sentencia 14-XII-1995, Inc. 17-95, Considerando XII) de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. 14 de Diciembre de 1995. Expediente: 14-XII-1995.

[7] Sentencia 29-IX-1997, (Amp. 20-M-95, considerando IV 1) de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. 29 de Setiembre de 1997. Expediente: 29-IX-1997.

[8] Derecho Objetivo: Una de las clásicas clasificaciones del derecho es la que lo divide en objetivo y subjetivo. Entiéndase por Derecho Objetivo, el conjunto de normas jurídicas que forman el ordenamiento vigente. (Manuel Osorio. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Buenos Aires, Argentina 2006)

[9] [9] Derecho Subjetivo: Una de las clásicas clasificaciones del derecho es la que lo divide en objetivo y subjetivo. Entiéndase por Derecho Subjetivo, las facultades que dichas normas conceden y garantizan a los individuos sometidos a ellas. (Manuel Osorio. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Buenos Aires, Argentina 2006).

[10] Sentencia 19-III-2001 (Amp. 305-99 Considerando II 2) de la Sala de lo Constitucional, Corte Suprema de Justicia de El Salvador. 19 de Marzo de 2001. Expediente: 19-III-2001

[11] Sentencia 5-II-1996 (Amp. 22-A-94, Considerando XI) de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. 05 de Febrero de 1996. Expediente: 5-II-1996