RE: Décimo Aniversario de las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación

26.05.2014

He acabado hace poco una investigación en la que he analizado el rol de la protección social, en particular lo de la Política Nacional de Protección Social aprobada por el gobierno de Burkina Faso en 2012,  en la puesta en marcha de políticas de seguridad alimentaria, desde un enfoque de derecho, considerado como una herramienta jurídicamente apropiada y fundamental para lograr una mejor seguridad alimentaria.

Para analizar los logros y los retos existentes en Burkina Faso he utilizado, como marco teórico, la “Nota orientativa: integración del derecho a la alimentación adecuada en los programas de seguridad alimentaria” (2012) y las “Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional” (2004); una particular atención ha sido dedicada al cumplimento por parte del estado, con las tres obligaciones: respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a una alimentación adecuada para todos.

Con el objetivo de mejorar el nivel de seguridad alimentaria, el gobierno de Burkina Faso ha ratificado en los últimos años, tratados internacionales de derecho que reconocen el derecho a la alimentación, y ha diseñado y puesto en marcha diferentes estrategias de intervención.

No obstante esto, todavía existe un gap significativo entre la parte población que sufre problemas de seguridad alimentaria, y la que está cubierta por programas de protección social, imprescindibles para salir de su situación de vulnerabilidad.

Desde el punto de vista del diseño, de los objetivos y de las medidas planteadas, la Política Nacional de Seguridad alimentaria y nutricional y la Política Nacional de Protección Social están en línea con los principios  y las recomendaciones que según el marco teórico utilizado, implementan la inclusión del derecho a la alimentación en las políticas públicas. También desde el planteamiento de estas políticas, emerge una fuerte voluntad, una mayor toma de conciencia y de responsabilidad, por parte del Estado, en garantizar un nivel adecuado de seguridad alimentaria para toda la población, y sobre todo para la parte de población más vulnerable.

Entre los retos más importantes y que solo en parte han sido abordado y tratado dentro de las políticas citadas, cabe destacar la necesidad de:

·         Desarrollar más las políticas dirigidas a mejorar la situación de los trabajadores y pequeños agricultores que hacen parte del sector informal. En un contexto como lo de Burkina Faso, caracterizado por un alto porcentaje de población involucrada en el sector agrícola y por una  importante presencia de la economía informal en este sector,  no dirigir políticas de protección social a esta categoría de trabajadores, representa un riesgo, para el estado, de no cumplir con su obligación de hacer efectivo el derecho a la alimentación;

·         Mejorar las medidas útiles para gestionar la volatilidad de los precios a través el desarrollo de políticas públicas y de una mejor reglamentación del funcionamiento del mercado interno, mientras a nivel global, sería importante mejorar la gestión de la información, el aprendizaje y la coordinación de intervenciones en materia de políticas a nivel internacional;

·         Mejorar el diseño y la aplicación del sistema de focalización para aplicar de manera más efectiva los programas que están específicamente diseñados para satisfacer las necesidades de las personas vulnerables, utilizar de manera más eficaz los recursos limitados disponibles para que puedan ser utilizados por las personas que más lo necesitan y lograr una mayor equidad redistributiva. El gobierno de Burkina Faso está ya trabajando sobre la propuesta de un nuevo método de focalización caracterizado por un enfoque comunitario, también si ya han sido ya encontrados algunos límites, como la sostenibilidad económica y el riesgo de recoger informaciones sesgadas , sobre los que se está trabajando;

·         Mejorar la gestión de los recursos económicos para apoyar de manera más eficiente las actividades dirigidas a dar sOporte a los pequeños agricultores. En este sentido si por un lado ha sido evaluado positivamente la voluntad de crear un Fondo Nacional de Protección Social, para gestionar la coordinación financiera, por otro lado, han sido evaluadas como poco eficientes algunas de las políticas económicas aprobadas por el gobierno porque son contraproducentes en relación a una utilización eficaz de los recursos económicos disponibles, y al logro de un mayor nivel seguridad alimentaria para la población vulnerable de Burkina Faso;

·         Mejorar la coordinación entre los actores involucrados en la puesta en marcha de las iniciativas propuestas por la Política Nacional de Protección Social, con el objetivo de lograr una mayor eficiencia en la gestión de los recursos económicos y de las actividades desarrolladas por los diferentes actores que trabajan en el ámbito de la seguridad alimentaria.

Resulta entonces, que a pesar de algunos importantes logros, y  una mayor concienciación por parte del estado hacia sus obligaciones, permanecen aún sin resolver algunas cuestiones fundamentales, como las que han sido mencionadas, para que sea posible lograr el respecto del derecho a la alimentación para todos.