RE: Décimo Aniversario de las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación

Posicionamiento del ODA- ALC frente a la Consulta en línea con motivo a la 41 Reunión del Comité De Seguridad Alimentaria Mundial (CSA)

El Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe (ODA-ALC), se complace en participar en la Consulta en Línea promocionada por Equipo de la FAO del Derecho de la Alimentación y FIAN International.

A diez años de la aprobación de las directrices voluntarias, se pueden identificar avances considerables en varias de las Directrices a nivel nacional y regional. América Latina y el Caribe destaca en el contexto mundial por la adopción de un enfoque político-institucional para la seguridad alimentaria y nutricional, el que apunta a la construcción participativa de sistemas públicos de carácter intersectorial, y al refuerzo de su funcionamiento mediante el fortalecimiento de las estructuras jurídicas e institucionales (leyes marco de seguridad alimentaria y nutricional y reconocimiento constitucional del derecho humano a una alimentación adecuada) y su operacionalización mediante políticas nacionales intersectoriales y planes de acción concretos. Sin duda, considerando el ciclo y dimensiones de las políticas públicas, las directrices voluntarias han sido parte del ambiente y el flujo de soluciones que dan forma a las decisiones públicas, siendo un referente concreto y práctico para ayudar a los Estados a cumplir con sus obligaciones establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, contando además con la suficiente capacidad de adaptación a las necesidades de cada contexto nacional.

En concreto, es importante destacar el esfuerzo que han realizado los gobiernos Latinoamericanos en la última década, en cuanto a la realización de programas, planes y políticas públicas orientadas a la seguridad alimentaria y nutricional de sus habitantes. De esta forma se denota como la región  ha implementado la Directriz 3, que aunada a la Observación General 12 del Derecho a la Alimentación Adecuada en su punto 21, prioriza la formulación de estrategias nacionales que garanticen la seguridad alimentaria y nutricional de la población. Entre los países que cuentan con políticas integrales de seguridad alimentaria y planes de acción, es posible mencionar a países tan diversos como El Salvador, Colombia, Brasil, Guatemala, Nicaragua, Perú, Antigua y Barbuda o Jamaica, lo que demuestra el acierto de las directrices voluntarias al definir estas acciones como una prioridad a ser implementadas adaptativamente a cada realidad. 

Otros puntos influyentes de progreso en la región, como resultado del compromiso de los Estados al adoptar estrategias y políticas nacionales de erradicación del hambre y la malnutrición, han sido la creación y fortalecimiento institucional; la integración y participación de multiplicidad de actores con relevancia e interés en la formulación instrumental de estrategias de seguridad alimentaria; y la construcción de marcos normativos que permiten la positivización del derecho a la alimentación dentro de los Sistemas Jurídicos nacionales. De esta forma se reconoce el avance de la región en el cumplimiento de las Directrices 5, 6 y 7, enmarcadas en las áreas de promoción de la institucionalidad, la participación y la elaboración de marcos jurídicos. A modo de ejemplo, de acuerdo con datos del Relator Especial del Derecho a la Alimentación, en el año 2012 eran 24 los Estados que a nivel mundial incorporaban el derecho a la alimentación en sus constituciones políticas, y entre ellos, 15 de los 33 Estados de América Latina y el Caribe, constituyendo así lo que él ha llamado una “Revolución de derechos”[1]. Del mismo modo, mecanismos de participación social en el marco de sistemas nacionales de seguridad alimentaria y nutricional, tales como el CONSEA de Brasil o la COPISA de Ecuador, se han constituido como referentes mundiales para el diseño e implementación de este tipo de instancias.

 No obstante es preciso reconocer la existencia de los retos en el proceso de consecución de los presupuestos establecidos en las Directrices Voluntarias. De forma sintética se identifican los siguientes elementos como retos o aspectos a mejorar de cara a la 41 Reunión del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA):

  • Profundizar la descentralización y participación: Si bien es cierto la adopción de las Directrices es una facultad propia de los Estados, es preciso que estos generaren nuevas dinámicas que permitan expandir, penetrar y atender con mayor eficiencia a los sectores vulnerables.
  • Integración de la Academia: La Academia debe reinsertarse y ser tomada en cuenta en la lucha contra el hambre. La capacidad analítica, el desarrollo investigativo, la fuerza estudiantil, la creación de redes interinstitucionales, la diversidad de pensamiento, la innovación, el saber técnico, la elaboración de investigaciones son recursos que no se han aprovechado a profundidad y podrían llegar a ser elementos claves para las luchas humanistas en pro de los derechos humanos.
  • Retroalimentación de los sistemas nacionales de seguridad alimentaria y nutricional: La ineficiencia o simplemente la inexistencia de mecanismos idóneos para presentar quejas y reclamos, ya sean a nivel administrativo o en exigencia de derechos humanos, imposibilitan la adecuada interpretación de la realidad.. La fluidez en los canales comunicativos de queja y demanda de la sociedad civil son indispensables para orientar la acción del Estado en la promoción de la seguridad y mejora en la calidad de vida.
  • Rendición de Cuentas con Sello Social: La rendición de cuentas se ha transformado en un mecanismo de justificación de gastos sin que esto implica el mejoramiento de la realidad que se intenta impactar. La rendición de cuentas debe mudar hacia un sistema de cumplimiento de objetivos puntuales y de reconocimiento social, en el cual la sociedad civil constituya un ente de acreditación de la acción pública y no un simple espectador.  
  • Integración de Medidas Ecológicas: Es preciso retomar la discusión de las directrices, sus retos y alcances desde una perspectiva integral. La problemática del hambre, la pobreza, el desarrollo y el medio ambiente no son excluyentes ni independientes el uno del otro. Los nuevos planteamientos deben incluir métodos sostenibles y ecológicos de producción y utilización de los recursos naturales, que garanticen tanto, la protección y seguridad de la persona, como la protección y seguridad ambiental, superando antiguos paradigmas sobre la problemática de la alimentación y el proceso de producción de alimentos y sus implicancias socionaturales.

En el marco de estas reflexiones, el Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe ha lanzado en el mes de abril de 2014 una convocatoria de investigación entre sus universidades miembro, consistente una beca para la realización de investigaciones, gracias al apoyo técnico del proyecto de Apoyo a la Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre de FAO, y los esfuerzos financieros de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Justamente, la temática seleccionada para la convocatoria de este año, es una evaluación retrospectiva de la implementación de las directrices voluntarias del derecho a la alimentación en el décimo aniversario de su aprobación. Se espera que los resultados de estas investigaciones alimenten los procesos mundiales, regionales y nacionales de reflexión, sirviendo tanto a la opinión pública como a los tomadores de decisiones, de insumos para su profundización.

Secretaria Técnica del ODA