Contibutions for Décimo Aniversario de las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación

Oscar Rivas Vega El Salvador
27.06.2014

Positivización del Derecho a la Alimentación Adecuada en El Salvador

Por: Oscar W. Rivas Vega

El Estado de El Salvador ha suscrito diferentes tratados de Derechos Humanos con diversas instituciones internacionales, así como con otros Estados, en los que se compromete principalmente a velar por el bienestar de su población a través de la realización progresiva de éstos derechos.

Es así que uno de los principales tratados en ratificar es la Declaración Universal de Derechos Humanos-DUDH-[1], misma que entre otros derechos reconoce los Económicos, Sociales y Culturales, en los que se encuentra enmarcado el Derecho a la Alimentación, reconocido en el Art. 25 de éste instrumento internacional. Posterior a la DUDH, se ratificó en Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales-PIDESC-[2], éste reconoce al Derecho a la Alimentación en su Artículo 11 como “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”.

Es hasta el año de 1999, que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la Organización de las Naciones Unidas-ONU-, emitió la Observación General número 12-OG12-[3], sobre el Derecho a una Alimentación Adecuada, en relación a la aplicación del Artículo 11 del PIDESC, en la que se reafirma el derecho a la alimentación como inseparable de la dignidad inherente a la persona humana, indispensable para el disfrute de otros derechos humanos consagrados en la normativa internacional. Cabe destacar que es hasta en la OG12 que se empieza a utilizar el concepto de Derecho a Alimentación Adecuada-DAA-.

Para esto, la OG12 Num.6 parte final, señala que el Derecho a la Alimentación Adecuada, tendrá que alcanzarse progresivamente. No obstante, los Estados tienen la obligación básica de adoptar las medidas necesarias para mitigar y aliviar el hambre.

Así mismo, la OG12 en el Núm. 15, establece que el Derecho a una Alimentación Adecuada, al igual que cualquier otro derecho humano, impone tres tipos o niveles de obligaciones a los Estados partes: las obligaciones de respetar, proteger y realizar. A su vez, la obligación de realizar entraña tanto la obligación de facilitar, como la obligación de hacer efectivo.

 

a)      La obligación de respetar, el acceso existente a una alimentación adecuada, requiere que los Estados no adopten medidas de ningún tipo que tengan por resultado impedir ese acceso.

b)      La obligación de proteger requiere que el Estado Parte adopte medidas para velar por que las empresas o los particulares no priven a las personas del acceso a una alimentación adecuada.

c)      La obligación de realizar (facilitar), significa que el Estado debe procurar iniciar actividades con el fin de fortalecer el acceso y la utilización por parte de la población de los recursos y medios que aseguren su desarrollo integral.

 

Partiendo de lo anterior, la obligación de proteger establece que se deben adoptar medidas, llámese a éstas un marco político y legal que garantice la realización plena del Derecho a la Alimentación Adecuada de toda la población del territorio.

Para lo cual, la OG12 en su Núm. 29, sobre “referencias y legislación marco” manifiesta que "Al aplicar las estrategias específicas de cada país -señaladas supra-, los Estados deben considerar la posibilidad de aprobar una ley marco como instrumento básico de aplicación de la estrategia nacional para el derecho a la alimentación. En la ley marco deben figurar disposiciones sobre el fin pretendido; las metas u objetivos que deben lograrse y el marco temporal que se fijará para lograr estos objetivos; los medios mediante los cuales podría conseguirse el fin buscado en términos generales, en especial la colaboración deseada con la sociedad civil y el sector privado y con organizaciones internacionales; la responsabilidad institucional del proceso; y los mecanismos nacionales para vigilar el proceso, así como los posibles procedimientos de recurso. Los Estados Partes al preparar las referencias y la legislación marco deben buscar la participación activa de organizaciones de la sociedad civil".

La adopción de una ley marco en Seguridad Alimentaria y Nutricional con enfoque de Derechos Humanos y en especial a la Alimentación Adecuada es lo que por ahora no cuenta El Salvador, pero desde hace un par de años atrás se vienen gestando diferentes iniciativas, las cuales se encuentran en estudio por parte de los Órganos Ejecutivo y Legislativo del Estado. En la iniciativa se encuentran participando entre otros, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos-PDDH-, la Universidad de El Salvador-UES-,  organizaciones no gubernamentales-ONG´s-, Sociedad Civil, etc. 

Un aspecto que se hace importante señalar es que, en la historia Constitucional de El Salvador, es a partir del año 1950, que a raíz de las nuevas corrientes del derecho internacional, por primera vez en la Constitución de la República, se positivizan,[4] incorporan y reconocen los derechos económicos, sociales y culturales, pero de forma limitada, ya que solo reguló la parte asistencial a la familia.

Posterior a ello, en la Constitución de 1962, únicamente fue introducido el derecho al salario, considerando que éste fuese suficiente para la satisfacción de las necesidades básicas de las familias de los trabajadores, como parte del reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales.

Es hasta en 1983 que en la Constitución vigente, aborda por primera vez el Derecho a la Alimentación pero de forma indirecta, ya que únicamente en el Art. 69 Inc. 2, establece que “el Estado controlará la calidad de los productos alimenticios y las condiciones ambientales que puedan afectar la salud y el bienestar de los consumidores”.

Si bien es cierto, se ha reconocido el interés manifiesto del Estado por controlar la calidad y condiciones de los alimentos, ya que esta es una parte importante para la salud de los consumidores, no obliga al Estado a garantizar el Derecho a la Alimentación Adecuada como un todo.

Es así que se debe reconocer el Derecho a la Alimentación Adecuada a través de la interpretación de los derechos humanos fundamentales (reconocidos) en el Artículo 1 Inc. 1 de la Constitución, el cual establece que “el Estado reconoce a la persona como el origen y el fin de su actividad” continua diciendo en el Inc. 3 del mismo artículo que “es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social”. Así mismo en el Art. 2 Cn. expresa que “toda persona tiene derecho a la vida, la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos.

En torno a la concepción liberal relativa a los derechos fundamentales, no es la única, ni la más importante en el “contemporáneo Estado Constitucional Democrático”; en el cual también tales derechos deben ser considerados, en conjunto, como un sistema valorativo que permite -desde el punto de vista político- la integración material de la comunidad Estatal, y –desde el punto de vista jurídico- la legitimación del orden Estatal; teniendo así mismo un claro carácter social –pues su ejercicio es, en mayor o menor medida, actividad social- y político –pues tales derechos son la base funcional de la democracia-”[5]

Los derechos fundamentales constituyen –junto con otras valoraciones- expresión jurídica de la decisión político-ideológica contenida en la normativa constitucional; y, por ello, tanto las disposiciones constitucionales, como las infraconstitucionales –legales, reglamentarias, etc.- han de interpretarse en función de los derechos fundamentales, posibilitando la maximización de su contenido.[6]

La calidad de derecho humano “fundamental” al Derecho a la Alimentación Adecuada, se deduce por que los preceptos constitucionales relacionados a esta categoría de derechos humanos corresponden al Título II “Los Derechos y Garantías Fundamentales de la Persona”, Capítulo II “Derechos Sociales” estableciendo en el Art. 52 parte final que “la enumeración de los derechos y beneficios a que éste capítulo (Capítulo II) se refiere, no excluye otros que se deriven de los principios de justicia social”, esto en virtud de otros derechos humanos no expresados en el texto de la Constitución, considerando un catálogo abierto de derechos.

Podemos evidenciar entonces que el Derecho a la Alimentación Adecuada no se reconoce directamente en nuestra constitución como un derecho humano, por lo tanto, al no ser positivizado por ésta, no se puede interpretar de manera directa como Derecho Fundamental reconocido y protegido por nuestra ley primaria, menoscabando con ello la efectiva tutela de este derecho, mismo que para hacerlo efectivo se debe remitir a los criterios de interpretación Constitucional, coligando la obligación estatal implícita sobre éste, a través del reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, y del catálogo abierto de derechos en la constitución salvadoreña.

En el mismo sentido, el reconocimiento de los derechos fundamentales no es sino una declaración de carácter metajurídico si no se acompaña de garantías suficientes que aseguren la efectividad del ejercicio de tales derechos: el reconocimiento de los derechos fundamentales debe ir acompañado de la intervención de mecanismos jurídicos que aseguren su protección efectiva. Por tanto, la efectividad de los derechos fundamentales depende tanto de su reconocimiento formal cuanto de la existencia de mecanismos jurídicos susceptibles de garantizar su eficacia real[7].

La Constitución Salvadoreña al no contener una disposición que de manera directa y expresa que tutele el Derecho a la Alimentación Adecuada, debe de recurrir a otras disposiciones que en el mismo texto implícitamente reconozca otros derechos como  a un  nivel de vida digna u otros derechos sociales, creando un vacío legal que conlleva a una inseguridad jurídica y los efectos que ésta genera.

La seguridad Jurídica es, desde la perspectiva del derecho constitucional, la condición resultante de la predeterminación, hecha por el ordenamiento jurídico, de los ámbitos de licitud e ilicitud en la actuación de los individuos, lo que implica una garantía para los derechos fundamentales de la persona y una limitación a la arbitrariedad del poder público.

Puede manifestarse de dos maneras:

La primera, como una exigencia objetiva[8] de regularidad estructural y funcional del sistema jurídico a través de sus normas e instituciones; y La segunda, en su faceta subjetiva[9], como certeza del derecho, es decir, como proyección, en las situaciones personales, de la seguridad objetiva, en el sentido que los destinatarios del derecho puedan organizar su conducta presente y programar expectativas para su actuación jurídica futura bajo pautas razonables de previsibilidad”[10]

Es claro que los derechos subjetivos son facultades de obrar que autorizan a sus titulares para ejercitar y hacer efectivas las potestades jurídicas que las normas legales les reconocen, no todas las realidades jurídicas que la Constitución denomina derechos constituyen facultades de querer y pretender, por lo que derecho en la Constitución, excede el alcance de derechos subjetivos y equivale a categorías subjetivas protegidas por el ordenamiento jurídico que no se limitan a derechos subjetivos.[11]

El enfoque de derecho reconoce a los seres humanos como titulares de derechos, es decir actores y no como meros beneficiarios de ayuda –receptores-. Fortalece la capacidad de las personas para ejercer su derecho a ser escuchadas y que sus demandas sean resueltas, asignando igual importancia tanto al resultado como al proceso de desarrollo que debe basarse en los principios de participación, no discriminación y rendición de cuentas.

Podemos concluir entonces, que para una persona pueda hacer efectivo o demandar el cumplimiento y la realización del Derecho a la Alimentación Adecuada, éste debe estar reconocido en primer lugar en la Constitución, como un Derecho Fundamental y segundo, debe estar reconocido en una ley secundaria o ley especial, tal como lo establece la OG12 Num. 29, con las formalidades necesarias para que ésta sea efectiva y el Derecho a la Alimentación Adecuada realizable.



[1] Declaración Universal de Derechos Humanos-DUDH- de la Organización de las Naciones Unidas-ONU- Adoptada y Proclamada por la Asamblea General en su Resolución 217 A (III),de fecha 10 de diciembre de 1948.

[2] Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y culturales-PIDESC- Organización de las Naciones Unidas-ONU- A.G. res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) p. 49, ONU. Doc. A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3, entrada en vigor 3 de enero de 1976. El Salvador firmó el PIDESC el 21 de Setiembre de 1967 y ratificado el 30 de noviembre de 1979

[3] Observación General 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Derecho a una Alimentación Adecuada (Artículo 11) 12 de Mayo de 1999. 20º Período de Sesiones, Ginebra, 26 de Abril al 14 de Mayo de 1999, tema 7 del Programa, Cuestiones Sustantivas que se plantean en la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales-PIDESC-.

[4] Derecho positivo: Sistema de normas jurídicas que informa y regula efectivamente la vida de un pueblo en un determinado momento histórico (Del vecchio)

[5] Sentencia 23-III-2001, Inc. 8-97, Considerando VI 3) de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. 23 de Marzo de 2001. Expediente: 23-III-2001

[6] Sentencia 14-XII-1995, Inc. 17-95, Considerando XII) de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. 14 de Diciembre de 1995. Expediente: 14-XII-1995.

[7] Sentencia 29-IX-1997, (Amp. 20-M-95, considerando IV 1) de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. 29 de Setiembre de 1997. Expediente: 29-IX-1997.

[8] Derecho Objetivo: Una de las clásicas clasificaciones del derecho es la que lo divide en objetivo y subjetivo. Entiéndase por Derecho Objetivo, el conjunto de normas jurídicas que forman el ordenamiento vigente. (Manuel Osorio. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Buenos Aires, Argentina 2006)

[9] [9] Derecho Subjetivo: Una de las clásicas clasificaciones del derecho es la que lo divide en objetivo y subjetivo. Entiéndase por Derecho Subjetivo, las facultades que dichas normas conceden y garantizan a los individuos sometidos a ellas. (Manuel Osorio. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Buenos Aires, Argentina 2006).

[10] Sentencia 19-III-2001 (Amp. 305-99 Considerando II 2) de la Sala de lo Constitucional, Corte Suprema de Justicia de El Salvador. 19 de Marzo de 2001. Expediente: 19-III-2001

[11] Sentencia 5-II-1996 (Amp. 22-A-94, Considerando XI) de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. 05 de Febrero de 1996. Expediente: 5-II-1996

 

Isabel Pereyra Universidad Católica del Uruguay, Uruguay
23.06.2014

EStimados todos

He leido los comentarios del foro y me han parecido sumamente interesantes los aportes.

Quisiera en mi intervención centrarme en el Tema 3: el futuro. 

Considero que en mi país, Uruguay, han habido importantes avances en temas de políticas de mejora del acceso a los alimentos a través de las vías de asistencia alimentaria y transferencia de dinero, fundamentalmente. Sin embargo, en mi opinión el acceso de todas las personas a los alimentos continuará siendo un problema concentrado en los hogares más pobres y en especial el acceso a una alimentación que cumpla las pautas de saludable que perimita desarrollar una vida sana y activa y todas sus potencialidades. Es necesaria la intervención del Estado, de forma que se incorpore al mercado de consumo de alimentos a los que se encuentran excluidos del mercado de trabajo o cuyos ingresos son insuficientes para que se asegure una alimentación digna a sus familias. Para tal fin es necesario crear mecanismos que permitan abaratar el costo de la alimentación a la población de menores ingresos que ya es vulnerable al hambre, fomentar el aumento de la oferta de alimentos baratos a través de la producción para el autoconsumo e incluir a los excluidos, dado que el acceso a la alimentación es un derecho inalienable de todo ser humano y sensibilizar a los actores sociales sobre esto último.

Saludos

Mag Isabel Pereyra

Sacha Stevenson Section 27, South Africa
12.06.2014

Introduction

The latest South African National Health and Nutrition Survey (available here: http://www.hsrc.ac.za/en/research-outputs/view/6493) found that 45% of the population is at risk of hunger with 26% of the population experiencing hunger. South Africa also experiences the twin burdens of significant numbers of people being either under- or overweight. The need for realization of the right to food is therefore dire.

The right to food in South Africa is constitutionally protected. Section 27 of the Constitution provides that everyone has a right of access to sufficient food and section 28 provides that every child has the right to adequate nutrition. Section 35 gives detained persons the right to adequate nutrition. The right to food/nutrition is, however, the only socio-economic right in the Constitution that has not been the subject of litigation. There have been a few cases making passing reference to the right to food but there has been no judicial explanation of the meaning of ’sufficient food’ or 'adequate nutrition’ and no exposition of the obligations on the state and private power that arise from the right to food.

In addition to the absence of an explanation as to the meaning of the right to food from the courts, there is no legislation dealing directly with the right to food and to adequate nutrition. In the place of legislation are a number of policies, none of which has been properly implemented and all of which have been developed behind the ‘closed doors’ of the Department of Agriculture, Forestry and Fisheries and the Department of Social Development. The most recent policies, ostensibly launched in October 2013, are not yet available to the public.

The ‘lead agency’ for the right to food is the Department of Agriculture but this department has a focus on commercial agriculture and pays little attention to distribution issues or to small/subsistence farmers.

The problem of distribution of food, in South Africa as in other countries, is complicated by a very concentrated food market. There are, for example, three companies that have control over 60% of the bread and maize meal markets. Private power therefore plays an important role in the lack of realization of the right to food.

Theme 1: Right to Adequate Food - Past and Present What have been some of the most important achievements and some of the major shortcomings in the struggle for the right to adequate food during the past decades on the global, regional and local level? (I am answering only for South Africa)

Achievements:

•      Regulations to the Food and Cosmetic Products Act require the fortification of maize meal and bread flour (used for South Africa’s staple foods). Fortification has contributed to a reduction in stunting and micro-nutrient deficiencies (although enforcement of the regulations is insufficient and we suspect that not all millers are adding sufficient fortification premix to their food products).

•      The right to food was given serious attention in the National Development Plan 2030 (NDP), the strategic framework document developed at presidential level and adopted by government to guide South Africa’s planning and development. The full National Development Plan can be found here: http://www.npconline.co.za/medialib/downloads/home/NPC%20National%20Development%20Plan%20Vision%202030%20-lo-res.pdf and a document showing where the right to food was dealt with in the NDP is attached. The focus on the right to food in this document is promising.

•      The National School Nutrition Programme provides one meal each day for all children in the poorest 60% of schools. The meal provided has to be nutritionally balanced in line with regulations. The programme appears to be functioning well with only occasional problems.

•      Social welfare, including old age grants, disability grants and child care grants provide important safety nets to a large proportion of the population. The small amount of money provided to grant recipients is not, however, sufficient to ensure access to adequate nutrition given high food prices.

Shortcomings:

•      Inappropriate (both in terms of mandate and in terms of political weight) lead agency in the light of the inter-sectoral nature of the realization of the right to food.

•      Insufficient consultation and engagement with civil society and others in the development of policy.

•      Insufficient political will for the development of food legislation that would put in place enforceable obligations.

•      Insufficient regulation of the food market, leading to a highly concentrated food market, high prices and the exclusion of small players.

•      Very little social mobilization directly on the right to food leading to little political pressure for change.

Theme 2: The Right to Food Guidelines

How have the Right to Food Guidelines contributed to the promotion and protection of the right to adequate food over the last ten years? What are some of the key achievements and the main limitations of the Guidelines and their implementation?

The Voluntary Guidelines are an invaluable tool to a state that seeks to realize the rights of its inhabitants to food. Unfortunately, South African policy-makers have not used the Guidelines as effectively as we would like. The Voluntary Guidelines are useful not only for policy makers, however, but also for activists who seek to propose change. SECTION27 has referred to the Guidelines in our thinking around the right and the policy/legislative change that we would like to campaign for and they have provided a helpful framework for our thinking.

Theme 3: The Future

What are the major challenges and ways ahead for the full realization of the right to adequate food at the local, national, regional and global levels? (I am answering only for South Africa) Ways ahead:

•      Push for consultation and engagement with civil society and others in the development of policy.

•      Push for the development of food legislation (in line with the Voluntary Guidelines) that would put in place enforceable obligations on both private and public power and change the lead governmental agency on food to reflect its inter-sectoral nature.

•      Campaign for regulation of the food market (so as not to rely purely on competition law) and the identification and enforcement of private obligations.

•      Campaign for the enforcement of the regulations on fortification.

•      Social mobilization on the right to food.

Kind regards

Flavio Valente FIAN International - Co-facilitator of the discussion
06.06.2014

Dear contributors,

The online discussion on the 10 Year Anniversary of the Right to Food Guidelines is now over and I would like to thank you all for the ideas, insights, and experiences you shared which enriched the discussion.

We received 32 contributions from 23 countries representing every region of the world. Your input will serve to further the discussion and inform the debate evaluating the progress of the Voluntary Guidelines on the Right to Food during the 41st Session of the Committee on World Food Security (CFS).

The current CFS agenda item proposes a look back at the progress made by the Guidelines over the last ten years, including a review of the lessons learned, the existing gaps and challenges, and a discussion of future plans. The contributions made to this forum have helped us gain a better understanding of the perspective of civil society on these issues, highlighting many points of agreement, including:

  • The view that the Guidelines serve as a valuable monitoring tool;
  • The concern about the lack of effective accountability mechanisms; and
  • The call for increased coherence of policies with human rights standards.

This process also highlighted areas of divergence, such as:

  • Disagreement regarding whether the right to food movement should align itself with more reformist tendencies (i.e. support for initiatives on the “right to be free from hunger”, such as the International Food Security Treaty) or with more progressive ideologies (i.e. “the right to food sovereignty”); and
  • The extent to which the non-binding nature of the Guidelines contributes to their ability to serve as a useful tool for the governments and civil society actors who make use of them.

We appreciate the concrete examples of successes, including the constitutional recognition of the right to food and the institutionalization of successful food security and nutrition policies around the world.

We are also grateful for those who contributed notes on technical practicalities, including the difficulties arising from the availability of the document in only three languages, and the potential lack of accessibility of the Guidelines to non-experts.

Your contributions will provide valuable input into a civil society synthesis paper addressing these issues, to be presented during the CFS session.

Thank you again for your time and thoughtful contributions.

Best regards,

Flavio

Yngrid Candela Venezuela (Bolivarian Republic of)
05.06.2014

Estimados Señores, reciban un saludo cordial.

Respecto al tema que trabajan en el foro, considero pertinente resaltar el papel de la FAO en el seguimiento del cumplimiento del derecho a la alimentación en Venezuela, donde las condiciones económicas se han deteriorado considerablemente debido a la situación sociopolítica que vive el país.

Ante una alta escasez de alimentos y otros insumos, el gobierno recibe un reconocimiento por parte de la FAO por logros en materia de seguridad alimentaria. A pesar de la consulta con el representante en Venezuela y un experto de la casa matriz, aún no tenemos la información con los indicadores que se consideraron para otorgar tal "premio", solo nos han informado que se hizo basados en proyecciones.

Considerando lo anterior y la situación que observamos y medimos en algunos estudios puntuales, sugiero considerar los siguientes aspectos para próximas reuniones de discusión sobre el DA:

Papel de la FAO en el logro del DA en Venezuela

Indicadores utilizados para medir la situación de seguridad alimentaria en el país

Indicadores para medir alimentación y nutrición adecuada

Estudios cualitativos en los que los ciudadanos expresen sus vivencias, opiniones y aportes para la solución del problema

Promoción del DA en la ciudadanía: en un estudio puntual hemos observado que las personas no saben que alimentarse es un derecho, ni quien debe garantizarlo.

Reevaluar los programas de asistencia alimentaria en su pertinencia para lograr un estado nutricional y de salud adecuados, considerando que se subsidian alimentos de alto contenido calórico y bajo contenido de fibra, vitaminas y minerales.

Enfoque de las políticas públicas a mejorar el estado nutricional de niños ya adultos, basados en el fenómeno de la doble carga de la malnutrición.

Sensibilización de los "hacedores de políticas" sobre el impacto que tiene una población sana sobre el desarrollo económico del país. Además de que el derecho a la alimentación no es un argumento para hacer "política", es un objeto de las políticas públicas.

Manejo de indicadores por las instituciones para hacer seguimiento al DA en la población. Vemos con mucha preocupación que la realidad alimentaria que viven los venezolanos, no se refleja en los principales portales oficiales.

Gracias por la oportunidad que nos ofrecen en este portal de participar en la discusión de temas tan importantes relacionados con la alimentación.

Ouma Kaltoume OXFAM Novib, Niger
30.05.2014

Je pense que les directives volontaires de la FAO sur le droit à l’alimentation ont permis d’avoir des avancées au Niger. On peut mentionner entre autre la Constitution du Niger qui consacre l’état de droit, les droits civils et politiques, les droits ESC; la lutte contre la faim et la pauvreté est reconnue comme une priorité par l’État nigérien et ses partenaires et plusieurs institutions  publiques existent en vue de lutter contre la faim et la pauvreté, les crises alimentaires, pastorales et nutritionnelles tels que les ministères sectoriels, Dispositif National de Prévention et Gestion des Catastrophes et Crises Alimentaires, Haut Commissariat à l’Initiative 3N « les Nigériens Nourrissent les Nigériens ».

Les obstacles que le Niger peut être confronté pour que ce droit à l’alimentation soit une réalité sont : les secteurs contribuant à son atteinte sont financés à plus de 70 % sur des fonds externes alors que compte tenu de la lourdeur des procédures de certains bailleurs, il peut y avoir des consommations de crédit n’atteignant pas 30 %. Le bradage des récoltes par les producteurs vu le faible développement de la transformation et conservation des produits agro-sylvo-pastoraux et halieutiques locaux. Alors qu’avec la libérisation des marchés, les producteurs tirent un faible revenus du fait que leurs produits ne sont pas compétitifs. Il faut aussi beaucoup d’encadrement des producteurs pour qu’ils aient la capacité de faire de bon choix de quoi cultiver, sur quel terrain, comment et à quel moment le faire. Et la recherche doit être au service des producteurs surtout dans ce contexte de changement climatique.

Pour les nouvelles directives, il faut avoir une institution spécifique mandatée pour la coordination et le suivi de l’exécution de ces directives. Investir tous les moyens nécessaires pour disposer des statistiques fiables et concevoir des bons outils de ciblage pour tous les types de programmes qu’ils soient de développement ou d’urgence. Et appuyer les instituts de recherche spécialisés en sciences de l’environnement (agriculture, hydraulique, météorologique, élevage, environnement). 

29.05.2014

Estimados colegas defensores del derecho a la alimentación:

Junto con felicitarles por la realización del presente Foro y de acercarnos distintas opiniones y experencias, dejo mi contribución al debate en el archivo adjunto esperando que sea de utilidad.

Reciban todas y todas un cordial saludo!

Vera Scholz

En América Latina y el Caribe (ALC), la conjunción de países cada vez más democráticos, con claras demandas sociales y de representantes sensibilizados por la problemática alimentaria, ha permitido avances considerables como región, en donde destacan países como México, Chile, Ecuador, Nicaragua, Brasil o Guatemala, por sus estrategias de intervención frente a la marginación social y combate al hambre.

Dentro de los logros que posicionan a la región de ALC como pionera en la lucha por el derecho a la alimentación destacan en mayor y menor medida (de acuerdo al país) las siguientes:

  • Un reconocimiento constitucional explícito del derecho a la alimentación.
  • Un marco legal de regulación y protección de la seguridad alimentaria, (algunos con claros esfuerzos proteccionistas del sistema agroalimentario a fin de salvaguardar su soberanía alimentaria).
  • Una institucionalidad pública responsable de la seguridad alimentaria del país.
  • Una sociedad civil cada vez más organizada y articulada que demanda medidas en favor del desarrollo rural y de una alimentación adecuada, haciendo valer sus espacios públicos de participación activa en la toma de decisiones.
  • El uso de mecanismos de control del poder público (político, administrativo, social o jurídico).
  • El  involucramiento  de  la  Academia  y  ONGs  en  ciertas  acciones  de  formación, sensibilización, asistencia técnica y apoyo gubernamental.
  • Defensorías  del  Pueblo  (Ombudsman)  cada  vez  más  especializadas  en  la  temática alimentaria, que ha permitido un seguimiento de la política pública y recomendaciones para una mejor garantía del derecho.
  • Partidas  presupuestarias  en  las  que  se  protegen  los  programas  públicos  agro- alimentarios y otras acciones en favor de los derechos humanos y el sector rural.
  • Cooperación Sur-Sur y triangular que avala procesos y resultados exitosos de políticas públicas y de buenas prácticas en materia agroalimentaria.
  • Una articulación de acciones en el marco de la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre 2025 (compromiso político regional de alto nivel) y de los lineamientos de la Oficina Regional de la FAO definido por sus Conferencias Regionales.
  • La  presencia  de  la  Cooperación  Internacional  para  el  Desarrollo  (Unión  Europea, España, Alemania, Noruega, USA, Canadá, Italia, entre otros) y su acompañamiento técnico y financiero para el desarrollo de múltiples proyectos pioneros a nivel local, nacional y regional que han servido de “pilotos” y ejemplo para el resto de países.

En cuanto a las carencias aún observadas que permiten dar luces sobre los desafíos pendientes en la región, se encuentran:

  • El bajo grado de empoderamiento de sus derechos humanos de los grupos vulnerables que por lo general se ligan a la pobreza.
  • Una comprensión aún débil del derecho a la alimentación por parte de la sociedad en general (incluidos los servidores públicos de los tres poderes del estado).
  • Un deficitario acceso a la justicia en todos sus niveles, imposibilitando la justiciabilidad del derecho.
  • Incipiente jurisprudencia que asegure medidas de reparación y no repetición.
  • Insuficiente salvaguarda de los productos y del costo de la canasta básica alimentaria (CBA).
  • Diálogo aislado entre el gobierno de turno y la sociedad civil organizada, asociado a consultas, pero no a mecanismos periódicos de debate.
  • La visión errónea que aún persiste entre diversos tomadores de decisiones, al observar el derecho a la alimentación como un objetivo social deseable y no como un derecho per se
  • Una coordinación interinstitucional e interministerial operativa, por lo general, sólo en situaciones de emergencia y no durante todo el año bajo un escenario normal.
  • Una  asignación  presupuestaria  reducida  pese  a  la magnitud  del  problema  y  a  las posibilidades económicas del país.
  • Insuficiente resguardo ante tratados comerciales y proyectos extractivos que ponen en riesgo el conjunto de derechos humanos, en especial la alimentación.
  • Un  marco  legal  desarmonizado  con  respecto  a  la  seguridad  alimentaria  de  la población.
  • En general, una gobernanza de la seguridad alimentaria aún distante del enfoque de derechos humanos.

Tema 2. Las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación

Han pasado diez años, desde que la FAO promoviera y visibilizara a nivel global, Directrices Voluntarias (DV) concretas para la realización progresiva del derecho a la alimentación. En dicho período múltiples procesos se han desencadenado y desarrollado de manera favorable (la mayoría por vez primera en la historia de sus países).

Poder atribuir a ciencia cierta cuántos de esos procesos y cuántas de las decisiones acertadas tomadas al interior de los Estados derivan de las DV no es sencillo, pero sí es posible constatar una creciente comprensión por parte de la sociedad sobre el contenido de este derecho social, y de la mejor alternativa que se puede tomar de las DV para avanzar con mayor rapidez en la concreción de este derecho fundamental. La tarea debe ir acompañada necesariamente de voluntades y compromisos de cada uno de los actores involucrados en el respeto, protección y realización del derecho a la alimentación y del resto de derechos humanos.

El principal logro de las DV, es haber sido un referente avalado por las Naciones Unidas y un gatillador de acciones y decisiones en pro de este derecho en lo administrativo, legislativo y judicial a nivel local, nacional e internacional.

Por  otro  lado,  pudiese  identificarse  como  la  principal  limitación  de  las  DV  su  carácter voluntario; sin embargo, como herramienta guía, ha sido más limitante en la práctica la falta de especificidad de sus indicaciones y la ausencia de una “hoja de ruta” que facilite la gradualidad de acciones y esfuerzos en la implementación del derecho.

Hoy en día ya no es aceptable el abordaje de la seguridad alimentaria sin un enfoque de derecho a la alimentación, y eso en gran medida es gracias a las DV. Volver a contar la historia en diez años más para dar cuenta de cambios significativos en cuanto a la reducción planetaria de hambrientos y malnutridos depende de todos los actores. Los avances en esa dirección deben dejar de ser tímidos y voluntarios, y ser avalados mediante instrumentos jurídicos vinculantes cada vez más específicos.

Tema 3. El futuro

No existe una sola receta para alcanzar la plena realización del derecho a la alimentación. Los acentos y plazos dependerán de las particularidades de cada sociedad. Sin embargo, sólo se avanzará a paso firme si se han resuelto antes otras cuestiones relativas al acceso a los alimentos en zonas urbanas y rurales. Por una parte deben hacerse los esfuerzos necesarios para  alcanzar  un  desarrollo  rural  sustentable,  una  producción  agrícola  sostenible  y  una tenencia de la tierra regularizada en favor de los agricultores y de las comunidades locales. Por otro lado, el combate integral de la pobreza debe abordarse desde un enfoque de derechos que implemente del resto de derechos sociales como la salud, el agua potable, la educación y el trabajo. No en vano se tendrá éxito en la realización del conjunto de derechos humanos si se cuenta y garantiza de forma previa una alimentación adecuada.

En varios países del mundo se han tomado ya estrategias y acciones inéditas para reducir el número de hambrientos y malnutridos. La mayoría de dichas intervenciones apuntan sin embargo, hacia a la dimensión más básica del derecho a la alimentación: el “estar libre de hambre”, y no hacia la dimensión de una “alimentación adecuada”.

Basados en la experiencia internacional se revisan a continuación algunos de los desafíos y retos que posibilitan la realización efectiva y sostenida del derecho a una alimentación adecuada:

  • Una cada vez mejor identificación geográfica y causal de los grupos vulnerables, a fin de llegar con respuestas específicas diseñadas para su realidad.
  • Empoderar a los titulares de derechos para que exijan su derecho, y el de su núcleo familiar, a una alimentación adecuada. Para esto es necesario aun una mayor comprensión de las obligaciones que impone este derecho al estado y los resguardos que deben prestarse de forma ágil a individuos y colectivos en situaciones desfavorables.
  • Asignación suficiente de recursos que permita al menos operativizar todo el sistema de seguridad alimentaria dispuesto en la normativa interna del país.
  • Lograr una coordinación multisectorial e interministerial efectiva en las estrategias de seguridad alimentaria.
  • Garantizar una sostenibilidad de los programas sociales (en especial los de índole alimentaria y de fomento a la pequeña agricultura) en períodos de recesión económica y cambio de gobierno.
  • Incluir programas de asistencia no sólo a los nacionales sino también a migrantes indocumentados.
  • Fortalecer las alianzas campo-ciudad que aseguren mecanismos oportunos y seguros de producción, distribución y comercialización de alimentos.
  • Potenciar la pequeña agricultura o agricultura familiar y su cooperativismo.
  • Reglamentar los alcances y responsabilidades de los legisladores y representantes públicos con relación al derecho a la alimentación, a fin de disminuir la dependencia de acciones de su voluntad política.
  • Integrar la participación de la sociedad civil como práctica común en la formulación de políticas, haciéndolos partes de las respuestas diseñadas.
  • Asegurar mecanismos de exigibilidad jurídica (procesos de carácter administrativo, cuasi judicial o judicial).
  • Mayor    vigilancia    por    parte    de    las    Naciones    Unidas    de    las    obligaciones extraterritoriales en materia agroalimentaria subeditada al derecho a la alimentación.
  • Mayor compromiso y obligatoriedad de la comunidad internacional por buscar nuevos mecanismos de respuesta ante la situación alimentaria mundial.
  • Supeditar cualquier acuerdo, tratado o tecnología al bienestar común de la sociedad.

Es de esperar que el lenguaje común de los derechos humanos (en especial el del derecho a la alimentación) sea siempre la norma última de cualquier política y el horizonte de nuestra historia. Recién entonces revertiremos y erradicaremos como humanidad la situación indigna que afecta tan profundamente las condiciones cotidianas de vida de cerca de mil millones de personas  catalogadas como  hambrientas  y  que  ven  mermado  a  diario  su  derecho  a alimentarse.

See the attachment: 
foro_rtf_vsh.pdf
Alfonso Apicella Caritas Internationalis, Holy See
28.05.2014

The future of the Voluntary Guidelines on the Right to Food: a perspective from Caritas

Caritas Internationalis (CI), a Confederation of 164 Catholic relief, social and development organisations in the world, welcomes the opportunity to contribute to this consultation in view of the 10th anniversary of the adoption of the Voluntary Guidelines on the Right to Food. Caritas members work at the grassroots level in all continents, side by side with the poor to defend their human rights and ensure sustainable livelihood and empowerment,. A large number of Caritas projects are carried out in developing countries to foster sustainable agriculture and agroecology, solidarity economy, adaptation to climate change and resilience to shocks, healthy nutrition and sustainable consumption. CI can thus credibly present the views of the people who are most vulnerable to food insecurity.

One of the major pillars of the CI global campaign “One Human Family, Food for All” is the implementation of the Right to Food Guidelines in countries where Caritas operates. CI has begun a program of dissemination of the Guidelines through regional workshops, which will continue until fall 2014, with a view to producing a comprehensive report by May 2015. A substantial contribution, drawing on the assessment made by our national members, is foreseen for the CFS 41st session. CI wants to offer a first reaction, based on the first of such regional workshops, held in Europe.

Theme 1:  What have been some of the most important achievements and some of the major shortcomings in the struggle for the right to adequate food during the past decades on the global, regional and local level?

From a sheer quantitative standpoint, a significant reduction of the number of hungry people has been achieved in some countries. However, this has come at the price of creating even more inequality between countries.

There is a greater awareness and visibility of the Right to Food and of the persisting problems of food insecurity and hunger, thanks to the emergence of social movements, the work of international experts such as the UN Special Rapporteurs, and institutions like the reformed CFS. International conferences like “Rio+20” and, more significantly, the Post-2015 process have contributed to bringing back the human right to adequate food to the core of political concerns about development. Communications and media have helped in the creation of a new public conscience about the value of food. Last but not least, the last Pontiffs - in particular Pope Francis with his repeated calls against food waste – have warned against the scandal of hunger today and defended a more equitable distribution of food and of the resources to produce it.       

On the other hand, among the structural causes of hunger, public policies at all levels have failed to foster equality in the conditions for accessing food and the resources needed to produce it. For example, the EU’s Common Agricultural Policy, Economic Partnership Agreements, but also the global WTO regime has privileged trade liberalisation to the detriment of the Right to Food of the poorest. Therefore, we still lament an alarming lack of policy coherence.

Theme 2: How have the Right to Food Guidelines contributed to the promotion and protection of the right to adequate food over the last ten years? What are some of the key achievements and the main limitations of the Guidelines and their implementation? 

Before CI started disseminating the VGRtF, they were not really known to the Caritas network. We hope it will be possible to assess their beneficial impact for countries in the course of our evaluation work.

However, what can be said at this initial stage is that the VGRtF are a valuable monitoring tool, allowing for flexibility and adaptability in different national contexts. They can not only help  measure results, but also to monitor processes where policies or budget allocations exist but are not implemented in a timely or efficient way.  

As they stand, the VGRtF are not always accessible and understandable by non-specialised readers. They require significant work in adapting them into comprehensible language by civil society organisations like Caritas if they are be communicated to field officers and communities (farmers’ federations, advocates, cooperatives, etc). Vulnerable individuals find themselves at great disadvantage not only due to their deprivation, but also because they do not know about their rights. Disseminating the VGRtF is therefore a big challenge for Caritas, but at the same time an opportunity to help empower vulnerable people. In sum, the VGRtF can and should be communicated differently, according to their target audience, in order to achieve the purpose they were developed for and ultimately a transformation in peoples lives.

A major shortcoming is the absence of a reporting mechanism on the VGRtF, which seriously limits their potential impact. The emphasis of them being “Voluntary” does not encourage governments to follow them in their policy-making (although their implementation could be very beneficial, also in economic terms) or helps to create a sense of accountability. Accountability should first and foremost apply to the governments’ choices about the inclusion and effective consultation of all stakeholders and social groups, then towards the international community: Food, the conditions of access to the resources needed to produce it, and the way decisions affecting those conditions are taken, are at the very core of the social, political and cultural life of all human societies. This multi-dimensional nature of food should be highlighted and emphasized by the revised Guidelines.

Theme 3: What are the major challenges and ways ahead for the full realization of the right to adequate food at the local, national, regional and global levels?

There is still a worrying lack of coherence between policies and human rights priorities: all policies related to food security (agriculture, trade, economy, environment and climate etc.) should have as their first objective the right to food, and not economic profit. Economic costs should be borne - by governments, the private sector and other responsible actors – for the sake of sustainability and in solidarity with the poor. 

Lack of accountability makes the right to food ineffective. Governments should give account of their policies to stakeholders and social groups; this should be complemented by the establishment of independent redress mechanisms where they do not exist. 

At international level, there should a monitoring mechanism on the implementation of the VGRtF, whereby governments should regularly report about the measures they have adopted. Such a mechanism should be based on cooperation between the CFS and the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights.   

In the spirit of review and monitoring, we are inviting governments and all stakeholders to hold a Special Session on the Right to Food at the UN General Assembly 2016, the 50th anniversary of the adoption of the ICESCR.

Kenia Páramo UNAN Managua, Nicaragua
27.05.2014

Todas las personas tenemos nuestra propia idea, basada en la cultura, las creencias y los valores que nos transmiten,de lo que significan las palabras hambre y pobreza.

La primera se vincula con la necesidad de comer, y la segunda, con la falta de coberturade necesidades básicas, entre ellas, y seguramente la principal, la alimentación.

Pero, para poder trabajar de manera técnica el problema del hambre, con la mayor objetividad posible, son necesarias herramientas conceptuales que detallen el problema englobando también sus causas, y que sean el resultado de amplios consensos políticos y sociales.

Ciro Kopp Valdivia FAO, Bolivia (Plurinational State of)
26.05.2014

Las preguntas planteadas para este foro no son fáciles de abordar, por lo que voy a tratar de rescatar algunos de los principales puntos sobre los que habría que trabajar de manera complementaria a los ya planteados por otros participantes del foro.

En Bolivia se han tenido importantes avances en relación al derecho a la alimentación en diferentes ámbitos, siendo el más importante el reconocimiento explícito del dhaa en la constotución política en 2009. A partir de ello se tiene el desafío de elaborar todo un nuevo marco normativo que considere los lineamientos planteados en las directrices voluntarias.

En aspectos mucho más concretos las directrices del derecho a la alimentación ayudaron principalmente a establecer una instancia de gobernanza de caracter multisectorial sobre la seguridad alimentaria: El Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición (CONAN) y su Comité Técnico (CT CONAN) a partir del cual se han elaborado e implementado varios programas y proyectos, que sirvieron de base para la elaboración de la Política de Alimentación y Nutrición.

Un segundo aspecto que se trabajó desde la sociedad civil es en la comprensión que se tiene del derecho a la alimentación. Luego de un proceso de casi 3 años, se planteó el "saber alimentarse bien para vivir bien" como la traducción de éste concepto. Esto fue plasamado en la ley 300 de la Madre Tierra e incorporado en el pilar 8 de la Agenda Patriótica 2025, que se constituye en el nuevo plan nacional en el mediano y largo plazo.

A partir de este espacio también se ha venido trabajado en la integración del DHAA en las leyes, políticas y programas, de cuyas experiencias podemos mencionar los algunos de los desafíos principales, que también hacen a las directrices voluntarias:

- Contar con una participación efectiva de representantes de las organizaciones y de la sociedad civil en los espacios de dialogo llegando a incidir en la toma de decisiones.

- Lograr descentralizar estos espacios de toma de decisiones basados en los principios del DHAA.

- Incorporar la partición de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, teniendo en cuenta la importancia que tienen en la implementación de políticas.

- Consolidar el enfoque multisectorial para lograr una integración de las políticas de producción de alimentos con las políticas de nutrición y salud en base a los principios del dhaa.

- Establecer los mecanismos de rendición de cuentas.

Se debe también que reconocer que hay aspectos mucho más complejos de aterrizar como el acceso a los medios de producción: Tierra, agua, semillas y tecnoogía adecuada. A pesar de los esfuerzos que se hacen desde el gobierno nacional, existen intereses empresariales muy fuertes que impiden que se logre democratizar este acceso y que están haciendo presión hacia su privatización, principalmente de las semillas. 

Considero que este trabajo, que es mucho más global, se lo debe articular con los esfuerzos que se los viene haciendo desde la Soberanía Alimentaria, porque existe el riesgo de el concepto del derecho a la alimentación sea "secuestrado" por el agronegocio, quitándole escencia y contenido.

Un último detalle que creo importante, es que no solamente se trabaje en la sensibilización de actores de gobierno y de la sociedad civil, sino también de las personas que trabajan dentro del SNU. En la implementación de un proyecto conjunto del F-ODM resaltó que todas las agencias de naciones unidas tienen sus propios enfoques de trabajo y que fue prácticamente imposible lograr que trabajen de manera coordinada y menos aún con una misma lógica.

Un cordial saludo