Desarrollo normativo en la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada

01.07.2014 - 16.07.2014

El año 2014 marca el 10º aniversario de las Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional (Directrices sobre el Derecho a la Alimentación). En su 41º período de sesiones del 13 al 17 de octubre de 2014, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) llevará a cabo un repaso retrospectivo de los progresos realizados en la implementación de las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación. La FAO está preparando una serie de documentos de trabajo sobre los diferentes aspectos de las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación como contribución a la retrospectiva, y varios de ellos se debatirán en el Foro del Derecho a la Alimentación para ser enriquecidos. El documento sobre el desarrollo normativo es el tema de esta primera consulta en línea.

En breve lanzaremos una consulta cerrada sobre el desarrollo normativo en Centroamérica, centrada en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua y destinada a las partes interesadas de aquella región en particular, con el fin de obtener aportaciones para mejorar el análisis jurídico regional.

Se han producido avances legislativos y judiciales importantes en muchos países miembros de la FAO desde la adopción de las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación en 2004. Aunque no son jurídicamente vinculante, las Directrices, especialmente la Directriz 7, ofrecen orientación sobre el fortalecimiento de los marcos jurídicos para la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada.

El documento de trabajo (en inglés) explora los avances legales del derecho a la alimentación en las constituciones, las leyes marco y las leyes sectoriales de los diferentes países. Como la Constitución es la ley suprema del país, el reconocimiento explícito o implícito del derecho a la alimentación es un avance significativo hacia la realización progresiva del derecho dentro de ese país. Sin embargo, las disposiciones constitucionales por sí solas son insuficientes y, por tanto, se hace necesaria la adopción de leyes marco y la legislación sectorial. Las leyes marco proporcionan una estructura institucional para el desarrollo de un contenido normativo del derecho a la alimentación de forma coherente y coordinada. La adopción de la legislación sectorial permite a los países abordar diversos sectores que en última instancia determinan los niveles de seguridad alimentaria. En este sentido, el documento ilustra el importante impacto de la legislación sectorial a través de tres ejemplos clave: alimentación escolar, subsidios y transferencias en efectivo o en especie para la seguridad y la inocuidad alimentaria y la protección del consumidor.

Con la visión general de los diversos avances en el ámbito legislativo, el documento pasa a examinar la justiciabilidad del derecho a la alimentación, basada en el informe de 2014 sobre “Enfoques y estrategias jurídicas para la realización de derecho a la alimentación” que será publicado por la Organización Internacional de Derecho del Desarrollo (IDLO, por sus siglas en inglés). Los casos demuestran cómo los gobiernos pueden ser considerados responsables de defender el derecho a la alimentación y cómo los tribunales pueden desempeñar un papel importante en el fortalecimiento de este derecho.

Nos gustaría invitar a los participantes a comentar este documento de trabajo, y agradeceremos especialmente contribuciones en torno a las siguientes cuestiones:

  • ¿Existen algunos ejemplos concretos (casos judiciales, documentos de posición del gobierno, investigación académica) que ilustren de forma efectiva el carácter constitucional implícito del derecho a la alimentación en un derecho humano más amplio?
  • ¿Existen leyes marco sobre seguridad alimentaria y nutrición que no incluimos en este documento de trabajo o leyes sectoriales que conozca donde el derecho a la alimentación sea un elemento importante? Estas incluyen las áreas que figuran en el documento, pero también podría ser en las áreas de manejo de recursos naturales, la protección social u otras.

La justiciabilidad es un elemento importante del desarrollo normativo. Sin embargo, como este documento ofrece sólo unos pocos ejemplos de un próximo estudio más extenso del IDLO, no solicitamos en este momento comentarios particulares sobre este aspecto.

Margret Vidar y Luisa Cruz, Oficina Jurídica de la FAO

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