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Gender and Land Rights Database

Guatemala

La población total en 2006 se estimaba en13 029 000 habitantes, de los cuales 52 por ciento correspondía a población rural (1). En 2002, 51 por ciento de la población total eran mujeres (17). Aproximadamente 41 por ciento de la población del país es indígena (3).

En 2008 el Producto Interno Bruto (PIB) era de 38 960 - millones de USD a precios constantes de 2008 y con el tipo de cambio oficial- (18). La contribución del PIB agrícola en el PIB total fue del 13,1 por ciento, mientras que los  sectores de industria y servicios representaron 25 y 61,9 por ciento respectivamente (18).  En 2006 el PIB per-cápita fue de  1 753 USD y el PIB per cápita de la población agrícola fue de 860 USD a precios constantes de 2000 (1).  Durante este año el total de las exportaciones agrícolas alcanzaron el valor de 1 849 millones de USD, mientras que las importaciones agrícolas alcanzaron un valor de 1 161 millones de USD (1).

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) en 2007 fue de 0,704 ubicando el país en el lugar 122 de 182 países (16). Durante 2002 la población en condición de pobreza alcanzó 60,2 por ciento, de la  cual, 68 por ciento vivía en zonas rurales(13). El porcentaje de la población viviendo con menos de 2 USD al día era 24,3 por ciento (16).  El 16 por ciento de la población se encontraba en estado de desnutrición entre 2003 y 2005 (1).  La esperanza de vida, estimada para 2009, es de 68,49 años para los hombres y 72,19 años para las mujeres y la tasa global de fecundidad es de 3,47 hijos por mujer (18). En 2006 la población analfabeta femenina alcanzó 37 por ciento mientras que  la masculina alcanzó 25 por ciento (4).

La Población  Económicamente Activa (PEA) en el 2005 era de 4 402 000 personas, de las cuales 1 551 000 eran mujeres y 2 852 000 hombres (2).  La PEA en la agricultura se estimó en 2006 como 41 por ciento de la PEA total (1).  La tasa de participación de la mujer en la actividad económica en el 2005 fue de 40,9 por ciento, comparada con la de hombre que fue del 83,3 por ciento (2). En el 2002, el salario  medio de las mujeres asalariadas fue 82,4 por ciento respecto al salario del hombre (2). En 2006, 13,9 por ciento de la población ocupada femenina trababa en el sector agrícola (2). Las principales actividades de las mujeres rurales se relacionan con actividades pecuarias y agrícolas, como cuidado del ganado, aves de corral, post-cosecha, recolección y selección de granos, entre otras (6).

Existe una alta concentración de la tenencia de la tierra: 1,86 por ciento de la población posee 56,59 por ciento de la tierra cultivable (7). Los regímenes de tenencia de la tierra son: a) áreas protegidas; b) ejidos o tierras municipales; c) parcelamientos agrícolas y ganaderos; d) propiedad privada; e) cooperativas, y f) propiedad del estado (14). Por otra parte, se encuentra en menor dimensión el colonato y la tierra arrendada. Los ejidos se reconocen como propiedad de las municipalidades para beneficio de los habitantes del municipio (14).  El colonato se refiere a tierras que se ubican dentro de las fincas de propiedad privada, asignadas para su uso a los trabajadores permanentes de éstas, como pago en especie (14). El conflicto armado que tuvo inicio en 1960 y que concluyó tras la firma del documento final en 1996 – Acuerdo de Paz Firme y Duradero entre el Gobierno y la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca – dejó graves secuelas en el sistema de tenencia de la tierra, entre otros motivos, por migraciones, abandonos forzados y despojos (5).

Con intervención de organismos internacionales, de 1990 a 1996 se firmaron acuerdos de paz que incluyeron la necesidad de considerar y contrarrestar la discriminación de la mujer en el acceso a la tierra.  Se elaboraron planes de redistribución de tierras y programas estatales como el del Fideicomiso Fondo de Tierras de 1997, que financió la compra de tierras por grupos de campesinos refugiados en México regresados al país al finalizar el conflicto armado. En 1999 se estableció, por el Decreto 24-99, el Fondo de Tierras, mecanismo estatal de los campesinos para acceder a la tierra a través del programa de crédito. El Fondo adoptó la adjudicación y titulación conjunta obligatoria con independencia del estado civil a la vez que dio prioridad en las adjudicaciones a las jefas de hogar (8). A pesar del compromiso del fondo de considerar a hasta el 2007 sólo 11 por ciento de los beneficiarios fueron mujeres, en su mayoría madres solteras (7). Como mecanismos de exclusión de las mujeres como copropietarias, operan varios requisitos del Fondo para acceder la tierra o registrar propiedad de la tierra, entre otros, la obligación mujeres campesinas de probar que es campesina en su solicitud,  el requisito del idioma castellano que excluye a gran número de indígenas y la condición formar  una persona jurídica, según el Decreto 24-99, que se defina como una asociación civil, cooperativa, y otra forma de organización propia de las comunidades indígenas y campesinas (7). En 2003, las mujeres representaban sólo 6,5 por ciento de los propietarios de tierra (7).

Sources: numbers in brackets (*) refer to sources displayed in the Bibliography