FAO.org

Accueil > Base de données Genre et le Droit à la Terre > Profils de pays > Liste des pays > Informations clé
Base de données Genre et le Droit à la Terre

Mexico

 

La población total en 2012 se estimaba en 120 847 477 habitantes, de los cuáles 51,6 por ciento eran mujeres (15). El Índice de Femineidad es de 105 mujeres por cada 100 hombres a nivel nacional, Oaxaca, Puebla y el Distrito Federal representan las entidades con mayores índices, 109 mujeres por cada 100 hombres.(31) La población rural en 10 años, ha disminuido en 2.2%, al pasar del 25.3% en el año 2000 al 23.1% en 2010 como proporción de la población total del país, con un total de poco más de 26 millones de habitantes en el medio rural en el último año (31). En 2010, Veracruz de Ignacio de la Llave, seguida por Chiapas, Oaxaca y México fueron las cuatro entidades identificadas con la mayor población rural a nivel nacional (31). El promedio nacional de la población femenina rural es de 22.86%. Los estados de Hidalgo, Chiapas y Oaxaca son los más elevados del promedio, con porcentajes que oscilan desde el 47.38, 50.38 y 52.30 respectivamente (31). La densidad de la población en 2011 era de 61,4 habitantes  por km2 (3). En 2005 la población indígena representaba 9,54 por ciento de la población total y existían 62 grupos etnolingüísticos (16).

 

El Producto Interno Bruto (PIB) estimado en 2012 era de 1 178 126 184 343 de USD (15). En el 2012, la participación de los distintos sectores en el PIB se estimaba en 3,6 por ciento del sector agricultura, 35,7 por ciento de la industria y 60.7 por ciento del sector servicios (15). El PIB per cápita en términos de paridad de poder adquisitivo era de 14 200 USD en 2008 (17).  En 2012, el PIB per cápita era de 9749 USD – a precios corrientes de 2000 –  mientras que el PIB per cápita agrícola  era de 1 185 USD – a precios corrientes del año 2000 (18). Respecto a la participación económica de las mujeres, se observa que de cada 100 mujeres de 14 años y más solamente 42.5 participan en alguna actividad económica, en comparación con una proporción de 77.6 hombres (31). En relación con la participación de mujeres y hombres en el trabajo remunerado, la brecha de género es de casi 8 horas semanales menos de parte de las mujeres, lo que implica menores posibilidades de obtención de ingresos. En cuanto al trabajo no remunerado la situación es de nuevo adversa a las mujeres con una brecha de 18 horas a la semana respecto del hombre (31). En 2010, el porcentaje de mujeres en la Población Económicamente Activa (PEA) en agricultura representaba el 5.5 por ciento (29). 

 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) para el año 2012, era 0.775, lo cual ubicaba a México en el lugar 61 de 187 países para los cuales el índice era disponible (21). El porcentaje de la población viviendo bajo la línea de pobreza  de 2 USD al día era 4,8 por ciento entre 2000 y 2007 (21). Respecto al índice de desarrollo relativo al género (IDG), que incorpora la pérdida en desarrollo humano atribuible a la desigualdad entre mujeres y hombres, en 2005 a nivel 

nacional fue de 0.66%. En tanto que, el Índice de Potenciación de Género (IPG), que incluye medidas sobre las oportunidades de las mujeres en la vida política, en el acceso a los recursos económicos y al empleo, ubicó a México en el lugar 39 de 109 países medidos (30).

“El fenómeno de la pobreza en el medio urbano es un asunto prioritario, en la medida que el crecimiento en el número y proporción de hogares con jefatura femenina aumenta de forma sostenida. Actualmente, 24 por ciento de los hogares en condiciones de pobreza alimentaria son dirigidos por una mujer. En las zonas rurales, la historia es distinta. Entre los hogares con jefatura femenina la disminución de la pobreza ha avanzado a un ritmo más acelerado, pasando de 29 por ciento en el año 2000 a 17 por ciento en el 2006, con un progreso similar entre los hogares con jefatura masculina. No obstante, los rezagos en diversos aspectos del desarrollo, tales como el acceso a la protección social para mujeres que habitan en el medio rural, requieren de políticas de atención con perspectiva de género” (14). El número de personas sub nutridas en el período 2001-2003 era de 5 100 000 y su proporción en la población total representaba 5 por ciento (4). La esperanza de vida en 2011 era de 74,6 años y la mortalidad infantil 14,3 de cada mil nacidos (15). En el año 2005 la tasa global de fecundidad fue de 2,4 y en el mismo año el porcentaje de población analfabeta se encontraba en 5,7 por ciento en hombres y 9,1 por ciento en mujeres (5).

 

La población económicamente activa (PEA) en 2010 se estimaba en 47 529 000 personas, de las cuales 36,6 por ciento eran mujeres (29). Las mujeres participan ampliamente en el trabajo doméstico, es decir trabajo familiar no renumerado, que implica actividades como limpieza de la vivienda, proporción de alimentos, cuidados de los miembros de la familia y proporción de vestido, entre otros (27). En 2002, a través de un estudio realizado por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) se estimó el valor económico del trabajo doméstico. Para esto se utilizó la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo de 2002 que desglosa las actividades de trabajo doméstico, con lo que se pudo identificar su equivalente en ocupaciones en el mercado y usar los promedios de pago para cada una de estas actividades. De esta forma se estimó el ingreso que generaría el trabajo doméstico en caso de ser renumerado. El resultado fue una estimación de la contribución del trabajo doméstico al PIB de 21.6 por ciento, porcentaje comparable al de la industria manufacturera (27). En 2002, las mujeres contribuían en 80,4 por ciento al valor del trabajo doméstico (22). En el sector primario laboran cinco de cada cien mujeres ocupadas del país, esta proporción no necesariamente refleja la realidad, pues las actividades que realizan las mujeres en el sector agropecuario suelen considerarse como una extensión del trabajo doméstico, por lo que su participación no se cuantifica adecuadamente (23). Con respecto a la igualdad salarial, en 2007, el índice de discriminación salarial indicaba que para alcanzar equidad en salarios entre hombres y mujeres era necesario  aumentar en 8.8 por ciento el salario por hora de las mujeres (22).

 

El reparto agrario transformó de raíz la estructura de tenencia de la tierra: en el año 1900 sólo 2.000 familias eran dueñas de 87 por ciento del total de las tierras, mientras que en el año 2000 ejidatarios, comuneros, posesionaros y pequeños propietarios alcanzaron 94 por ciento de la superficie rústica del país. Con la Ley Federal de Reforma Agraria de 1971 se reconoce la igualdad de hombres y mujeres para ser miembros de ejidos. En 1988 se estimó al sector social, que incluye ejidos y comunidades – es decir tierras que pertenecen a sociedades propietarias o comunidades y que se rigen por una asamblea, representantes y órganos de vigilancia, sus integrantes se denominan ejidatarios y comuneros respectivamente – compuesto en 70 por ciento por agricultores (6).  El Ordenamiento de la propiedad rural se inició en 1992 con la reforma al Artículo 27 Constitucional. Esto con la finalidad de que los campesinos se convirtieran en agentes económicos productivos a través del ordenamiento de la propiedad para obtener certeza jurídica, la asociación con inversionistas privados, y el establecimiento de la posibilidad de pasar del régimen de propiedad social al dominio pleno, es decir privado (6). La Ley Agraria del mismo año, siguiendo este espíritu,  introduce medidas de individualización en la tenencia de tierras: se asignan terrenos a individuos en lugar de familias; se permite el arrendamiento y la venta de tierras de los ejidos y el acceso a la propiedad de la tierra por corporaciones nacionales y extranjeras. Tanto hombres como mujeres pueden obtener parcelas individuales, usar tierras comunes, obtener un título definitivo de propiedad sobre las parcelas ejidales, firmar contratos agrarios, y participar en las asambleas de ejidos. En la práctica, de 283 ejidos sólo 16,3 por ciento de mujeres son miembros (9). El Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE) definió en 1993, derechos ejidales y parcelarios y abrió la posibilidad de parcelar y titular individualmente las tierras comunales. Al depender el proceso de la autorización de las asambleas comunales, que estaban al frente de hombres, la mayoría de las mujeres quedaron excluidas de participar en la decisión.  Se produjo un fraccionamiento excesivo - 61 por ciento de los ejidos tenían menos de 4 ha y fue disminuyendo la cantidad de tierras para su redistribución.  Muchas tierras, que eran patrimonio familiar, pasaron a propiedad individual de los hombres jefes de hogar (6). El Gobierno Federal desarrolló el programa del Testamento Agrario (HEREDA) para evitar la fragmentación de tierras por herencia, ya que a mayor número de hijos, mayor resultaba la fragmentación. Adicionalmente, este programa previene conflictos en el campo por la falta de designación de los sucesores de los derechos ejidales o comunales creando mayor certidumbre (6). Durante 2003, inició un movimiento promovido por las organizaciones campesinas, que argumentaba una crisis estructural el campo y demandaba la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y las políticas de desarrollo rural. El Acuerdo Nacional para el Campo (ANC) surge entones a partir de la necesidad de establecer condiciones de diálogo entre organizaciones sociales y de productores privados y el Gobierno Federal, para acordar las políticas de atención al campo. Como respuesta a este movimiento el ANC, se firmó el 28 de abril de 2003, entre el Poder Ejecutivo Federal, las organizaciones campesinas y de productores privados, los gobiernos estatales y el Poder Legislativo. En la etapa actual, regida por la Ley Agraria reformada en 2008, los programas de desarrollo agrario tienen nuevos perspectivas como incorporar a mujeres, jóvenes y adultos a esquemas que fortalezcan sus capacidades; promover la compactación de tierras mediante contratos de aprovechamiento, asociacionismo rural e incentivos fiscales que contribuyan a crear unidades rentables (6).

Sources:  Les nombres affichés entre parenthèse (*) font référence aux sources énumérées dans la Bibliographie.