Base de données Genre et le Droit à la Terre

Venezuela

Droits inscrits dans la Constitution


1999.  Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela



Art. 19. El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos.



Art. 21. Todas las personas son iguales ante la ley. en consecuencia:
1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.
2. La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la
igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.



Art. 75. El Estado protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. El Estado garantizará la protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de familia.



Art. 77. Se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado en el libre
consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges. Las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que
cumplan los requisitos establecidos en la ley, producirán los mismos efectos
que el matrimonio.



Art. 88. El Estado garantizará la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo. El Estado reconocerá el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Las amas de casa tienen derecho a la seguridad social.



Art. 89. El trabajo gozará de la protección del Estado. Se establecen, entre otros principios, la prohibición de todo tipo de discriminación por razones de política, edad, raza, sexo o credo o por cualquier otra condición.



Art. 95. Los trabajadores y las trabajadoras, sin distinción alguna y sin autorización previa, tienen derecho a constituir libremente organizaciones sindicales para la mejor defensa de sus derechos e intereses, así como a afiliarse o no a ellas, Los trabajadores/as están protegidos/as contra todo acto de discriminación.



Art. 115. Se garantiza el derecho de propiedad. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes.



Art. 118. Se reconoce el derecho de los trabajadores/as, y de la comunidad para desarrollar asociaciones de carácter social y participativo, como cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas.



Art. 119. El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su
organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las
tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Corresponderá al Ejecutivo
Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo establecido
en esta Constitución y en la Ley.
Art. 120. El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas. Los beneficios de este aprovechamiento por parte de los pueblos indígenas están sujetos a la Constitución y a la Ley.
Art. 121. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto. El Estado fomentará la valoración y difusión de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, los cuales tienen derecho a una educación propia y a un régimen educativo de carácter intercultural y bilingüe, atendiendo a sus particularidades socioculturales, valores y tradiciones.
Art. 122. Los pueblos indígenas tienen derecho a una salud integral que considere sus prácticas y culturas. El Estado reconocerá su medicina tradicional y las terapias complementarias, con sujeción a principios bioéticos.
Art. 123. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y promover sus propias prácticas económicas basadas en la reciprocidad, la solidaridad y el intercambio; sus actividades productivas tradicionales, su participación en la economía nacional, y a definir sus prioridades. Los pueblos indígenas tienen derecho a servicios de formación profesional y a participar en la elaboración, ejecución y gestión de programas específicos de capacitación, servicios de asistencia técnica y financiera que fortalezcan sus actividades económicas en el marco del desarrollo local sustentable. El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras pertenecientes a los pueblos indígenas el goce de los derechos que confiere la legislación laboral.
Art. 124. Se garantiza y protege la propiedad intelectual colectiva de los conocimientos, tecnologías e innovaciones de los pueblos indígenas. Toda actividad relacionada con los recursos genéticos y los conocimientos asociados a los mismos perseguirán beneficios colectivos. Se prohíbe el registro de patentes sobre estos recursos y conocimientos ancestrales.
Art. 125. Los pueblos indígenas tienen derecho a la participación política. El Estado garantizará la representación indígena en la Asamblea Nacional y en los cuerpos deliberantes de las entidades federales y locales con población indígena, conforme a la ley.
Art. 126. Los pueblos indígenas, como culturas de raíces ancestrales, forman parte de la Nación, del Estado y del pueblo venezolano como único, soberano e indivisible. De conformidad con esta Constitución, tienen el deber de salvaguardar la integridad y la soberanía nacional. El término pueblo no podrá interpretarse en esta Constitución en el sentido que se le da en el derecho internacional.

Droits des femmes sur le patrimoine et l’usage de la terre dans le Code civil, le Code du travail et le Code de la famille


1982. Código Civil




Art. 46. Edad para contraer matrimonio: mujer que haya cumplido 14 años de edad, y varón que haya cumplido 16 años.



Art. 261. Durante el matrimonio, la patria potestad sobre los hijos comunes corresponde al padre y a la madre, que la ejercerán conjuntamente.



Art. 137. Con el matrimonio, el marido y la mujer adquieren los mismos derechos y asumen los
mismos deberes. La mujer casada podrá usar el apellido del marido.



Arts. 139 y 140. Los cónyuges, de mutuo acuerdo, tomarán las decisiones relativas a la vida familiar, y fijarán el domicilio conyugal.
que será el lugar donde el marido y la mujer tengan establecida de
mutuo acuerdo su residencia.
El cambio de residencia debe ser de común acuerdo entre ambos cónyuges.



Arts. 141 y 148. El matrimonio, respecto a los bienes, se rige por las convenciones de las partes y por la Ley. Entre marido y mujer, si no hubiere convención contraria, son comunes en partes iguales las ganancias o beneficios que se obtengan durante el matrimonio.



Arts. 149 y 150. La comunidad de los gananciales comienza con la celebración del matrimonio. La comunidad de bienes entre los cónyuges se rige por el contrato de sociedad, en cuanto no se oponga al Código Civil.



Arts. 151 y 152. Bienes propios de los cónyuges: los que pertenecen al marido y a la mujer al contraer matrimonio, y los que durante éste adquieran por donación, herencia, legado o cualquier otro título lucrativo. Pasan a ser propios del respectivo cónyuge los bienes adquiridos durante el matrimonio.



Art. 154. Cada cónyuge tiene la libre administración y disposición de sus propios bienes: pero no
podrá disponer de ellos a título gratuito, ni renunciar a herencias o legados, sin el
consentimiento del otro.



Art. 156. Son bienes de la comunidad:
1º Los adquiridos por título oneroso durante el matrimonio, a costa del caudal común.
2º Los obtenidos por la industria, profesión, oficio, sueldo o trabajo de alguno de los cónyuges.
3º Los frutos, rentas o intereses devengados durante el matrimonio, procedentes de los bienes comunes o de los peculiares de cada uno de los cónyuges.



Art. 163. El aumento de valor por mejoras hechas en los bienes propios de los cónyuges, con
dinero de la comunidad o por industria de los cónyuges, pertenece a la comunidad.



Art. 164. Se presume que pertenecen a la comunidad todos los bienes existentes mientras no se
pruebe que son propios de alguno de los cónyuges.



Art. 168. Cada uno de los cónyuges podrá administrar por sí solo los bienes de la comunidad
que hubiere adquirido con su trabajo personal o por cualquier otro título legítimo. Se requerirá del consentimiento de ambos para enajenar a título gratuito u
oneroso, o para gravar los bienes gananciales, cuando sean inmuebles, derechos o bienes muebles sometidos a régimen de publicidad, acciones, obligaciones y cuotas de compañías, fondos de comercio, así como aportes de dichos bienes a sociedades.



Art. 169. Los bienes provenientes de las donaciones hechas a los cónyuges por motivo del matrimonio son administrados por el cónyuge a cuyo nombre se hizo la donación; si la
donación se hizo a nombre de ambos, la administración corresponde al marido y a
la mujer conforme a la ley.



Art. 173. La comunidad de los bienes en el matrimonio se extingue por disolución o nulidad de éste. En este último caso, el cónyuge de mala fe no tendrá parte en los gananciales. Por mala fe de ambos cónyuges, los gananciales corresponderán a los
hijos, y sólo en ausencia de éstos, a los contrayentes. También se disuelve la comunidad por ausencia declarada, por quiebra de uno de
los cónyuges, y por separación judicial de bienes, en los casos legales.



Arts. 175 y 186. Con la separación se extingue la comunidad y procede la liquidación. Ejecutoriada la sentencia de divorcio, se disuelve el matrimonio, y cesa la comunidad entre los cónyuges procediendo a liquidarla.



Art. 261. Durante el matrimonio, la patria potestad sobre los hijos comunes corresponde al padre y a la madre, quienes la ejercerán conjuntamente.



1997.  Ley Orgánica del Trabajo
Art. 26. Se prohíbe toda discriminación en las condiciones de trabajo basada en edad, sexo, raza, estado civil, credo religioso, filiación política o condición social.
Art. 132. El derecho al salario es irrenunciable y no puede cederse en todo o en parte, a título gratuito u oneroso, salvo al cónyuge o persona que haga vida marital con el trabajador, y a los hijos.
Art. 379. La mujer trabajadora gozará de todos los derechos garantizados en la Ley y su reglamentación a los trabajadores en general, y no podrá ser objeto de diferencias en cuanto a la remuneración y demás condiciones de trabajo. Se exceptúan las normas dictadas específicamente para protegerla en su vida familiar, su salud, su embarazo y su maternidad.
Arts. 381 a 391. Disposiciones relativas a la protección a la maternidad.

Mécanismes juridiques d’héritage/de succession


1982. Código Civil



Art. 767. Se presume la comunidad, salvo prueba en contrario, en los casos de unión no matrimonial, cuando la mujer o el hombre en su caso, demuestre que ha vivido
permanentemente en tal estado aunque los bienes cuya comunidad se quiere establecer
aparezcan a nombre de uno solo de ellos. Tal presunción sólo surte efectos legales entre
ellos dos y entre sus respectivos herederos, y entre uno de ellos y los herederos del
otro. Esta disposición no se aplica si uno de ellos está casado.



Art. 823. El matrimonio crea derechos sucesorios para el cónyuge sobreviviente, que cesan con la separación de cuerpos y de bienes, salvo prueba de reconciliación.



Art. 824. El viudo o la viuda concurre con los descendientes cuya filiación esté legalmente
comprobada, tomando una parte igual a la de un hijo.



Art. 825. Herencia de quien falleciere sin dejar hijos o descendientes:
habiendo ascendientes y cónyuge, corresponde la mitad de la herencia a aquéllos y a éste la otra mitad. No habiendo cónyuge, la herencia corresponde íntegramente a los ascendientes.
A falta de ascendientes, corresponde la mitad de la herencia al cónyuge y la otra mitad a los hermanos, y por derecho de representación a los sobrinos. A falta de estos hermanos y sobrinos, la herencia corresponde íntegramente al cónyuge.



Art. 883. Legítima: cuota de la herencia que se debe en plena propiedad a los
descendientes, ascendientes y al cónyuge sobreviviente que no esté separado legalmente de bienes. El testador no puede someter la legítima a cargas ni condiciones.



Art. 884. La legítima de cada descendiente o ascendiente, legítimos o naturales, y la del cónyuge, será la mitad de sus respectivos derechos en la sucesión intestada; y concurren y son excluidos y representados según el orden y reglas establecidos para dicha sucesión.

Législation foncière


2001. Decreto N° 1.546, Ley de Tierras y Desarrollo Agrario
Art. 1. Objeto: establecer las bases del desarrollo rural integral y sustentable;
Art. 2. El uso de las tierras con vocación para la producción agroalimentaria se afecta quedando sujeto al régimen de tierras: 1. del Instituto Nacional de Tierras -INT-; 2. del dominio privado de la República; 3. Baldías; 4. baldías en jurisdicción de los Estados y Municipios; y 5. privadas.
Art. 12. Derecho a la adjudicación de tierras de toda persona apta para el trabajo agrario, en los casos y formas legales. Las tierras que son propiedad del INT con vocación agraria, pueden ser objeto de adjudicación permanente, que otorga al campesino o campesina el derecho de propiedad agraria. En ejercicio de ese derecho, el campesino o campesina podrá usar, gozar y percibir los frutos de la tierra. El derecho de propiedad agraria se transfiere por herencia a los sucesores legales, pero no puede ser objeto de enajenación alguna.
Art. 13. Son beneficiarios los venezolanos y venezolanas que hayan optado por el trabajo rural y, especialmente, la producción agraria como oficio u ocupación principal.
Art. 14. Son beneficiarios preferenciales de adjudicación conforme a la ley, las ciudadanas cabeza de familia que se comprometan a trabajar una parcela para manutención de su grupo familiar e incorporación al desarrollo de la Nación. A las ciudadanas dedicadas a la producción agrícola, se les garantizará subsidio especial alimentario pre y post natal por parte del Instituto de Desarrollo Rural.
Art. 15. La incorporación al proceso productivo de los beneficiarios garantizará, entre otros derechos: el de ser adjudicatario o usufructuario para la producción agraria; el acceso a germoplasmas necesarios para establecer plantaciones; y el seguro de producción contra catástrofes naturales.
Art. 16. El trabajador/a agrícola gozará de los beneficios previstos en la Ley Orgánica del Trabajo, y participará al final de cada ciclo agrícola, de utilidades sobre la venta del producto.
Art. 17. Garantía de la permanencia de grupos asentados pacíficamente en tierras para la producción agroalimentaria; grupos con uso colectivo de la tierra; cooperativas agrarias y otras organizaciones económicas campesinas. No podrán ser desalojados los campesinos/as de tierras ociosas o incultas que ocupen para obtener la adjudicación, sin que se cumpla previamente con el proceso administrativo ante el INT.
Arts. 62 a 64. A los fines de la adjudicación de tierras, los interesados formularán una solicitud, que incluirá, entre otros recaudos: compromiso de trabajo de la tierra a adjudicar; identificación completa del solicitante; ocupación y número de personas que constituyan el grupo familiar; y declaración jurada de no poseer otra parcela. Recibida la solicitud y sus recaudos, el INT instruirá un expediente, y dentro de los 30 días hábiles siguientes decidirá si procede o no la adjudicación.
Art. 67. Los usufructuarios de un fundo estructurado, que mantuvieron su eficiencia productiva por un término no menor a 3 años consecutivos, tendrán derecho a recibir título de adjudicación permanente, sólo transferible por herencia a sus descendientes o en su defecto a sus colaterales. Dichos fundos no podrán ser objeto de enajenación.
Arts. 68 y 70. En el acta respectiva, el beneficiario se compromete a mantener la eficiencia productiva del fundo estructurado por un término no menor a 3 años, al cabo de los cuales le podrá ser adjudicado el título de adjudicación permanente. El INT podrá revocar la adjudicación, cuando el adjudicatario no haya cumplido con el compromiso de trabajo de la tierra.
Art. 69. Se considera título de adjudicación permanente, el documento emanado del INT mediante acto administrativo, que transfiere la posesión legítima de las tierras productivas ocupadas y trabajadas por el adjudicatario, que le confiere el derecho a transferir por herencia el goce y disfrute de las mismas. Los derechos emanados del título de adjudicación no podrán ser enajenados.



2001. Ley de Demarcación y garantía del hábitat y tierras de los pueblos indígenas, donde se desarrolla su vida física, cultural, espiritual, social, económica y política. Comprende áreas de cultivo, caza, pesca, recolección, pastoreo, asentamiento, caminos tradicionales, lugares sagrados e históricos y otros necesarios para garantizar y desarrollar sus formas específicas de vida.



2005. Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas.
Art. 1. Reconocimiento y protección de los pueblos y comunidades indígenas como pueblos originarios.



Art. 4. Objeto de la ley: promover los principios de una sociedad democrática, participativa, protagónica, multiétnica, pluricultural y multilingüe. Con respecto a los pueblos y comunidades indígenas: desarrollar sus derechos reconocidos en la Constitución, leyes, convenios, pactos y tratados; proteger sus formas de vida y desarrollo sustentable; establecer mecanismos de relación entre esos pueblos con los órganos del Poder Público y otros sectores de la colectividad nacional; y garantizar el ejercicio de sus derechos colectivos e individuales y de sus miembros.



Art. 5. Queda en manos de los pueblos y comunidades indígenas la potestad en relación a las instituciones y formas de vida, economía, uso, protección y defensa de su hábitat y tierras, como parte de la gestión cotidiana de su vida comunitaria.



Art. 6. Participación de los pueblos y comunidades indígenas en la formulación de las políticas públicas. Deberá tomarse en cuenta la organización propia y autoridades legítimas de cada pueblo o comunidad participante, como expresión de sus usos y costumbres.
 
Art. 7. Reconocimiento de la personalidad jurídica de los pueblos y comunidades indígenas para el ejercicio de los derechos colectivos previstos en la Constitución: tratados, pactos y convenios internacionales suscritos y ratificados y demás leyes. Su representación será determinada por estos pueblos y comunidades, según sus tradiciones, usos y costumbres, atendiendo a su organización propia, sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución y la Ley.



Art. 20. Reconocimiento y garantía a los pueblos y comunidades indígenas, de los derechos originarios y la propiedad colectiva sobre las tierras que ocupan, con acceso ancestral y tradicional y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Estas tierras son inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles. Necesidad de crear un sistema para regular la entrega de más tierras para su desarrollo, y asegurar la participación indígena en la gestión de los recursos naturales de sus territorios.



Art. 29. Formas de la propiedad colectiva de uno o más pueblos y de una o más comunidades indígenas, según las condiciones, características y exigencias. La propiedad colectiva es de carácter público, de provecho colectivo, y otorga a todos el derecho a habitar las tierras tradicionales conforme a sus usos y costumbres.



Art. 30. Registro de los títulos de propiedad colectiva: ante la oficina municipal de catastro y ante el registro especial a crearse. En los municipios que corresponda conforme a la ley, se creará el catastro del hábitat y tierras indígenas y se dispondrá lo necesario para la inserción de los títulos de propiedad colectiva indígena.

Mesures politiques/mécanismes institutionnels favorisant ou freinant l’application des droits des femmes sur la terre

1999. Instituto Nacional de la Mujer -INAMUJER-, hoy Ministerio de Estado para Asuntos de la Mujer. Fue creado como Comisión Presidencial de carácter permanente, autónomo, con personalidad jurídica, con patrimonio propio e independiente del Fisco Nacional. Actúa con 9 institutos y 67 casas de la mujer distribuidas en el país. Su máxima autoridad es el Directorio Ejecutivo, conformado por 5 venezolanos de reconocida trayectoria en la defensa y promoción de los derechos humanos de la mujer. Está adscrito, a los fines presupuestarios y administrativos, al Ministerio de Salud y Desarrollo Social, y es el órgano permanente de definición, supervisión y evaluación de las políticas y asuntos relacionados con la condición y situación de la mujer.  
2001. Decreto No. 1528. Ley Orgánica de Planificación. Permite estructurar el Sistema Nacional de Planificación a través del Consejo Federal de Gobierno, los Consejos de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, y los Consejos Locales de Planificación Pública. Se dota a los municipios y a su población de un marco jurídico común, con mecanismos de participación en todo el territorio nacional.
2004-2009. Plan de Igualdad para las Mujeres -PIM-
cuyo objetivo es lograr la igualdad de oportunidades para las mujeres, promoviendo la incorporación del enfoque de género en todas las políticas públicas, y estimulando aquellas tendientes a superar la desventaja social. El Plan busca la incorporación de las mujeres en lo económico, la mejora de su situación de salud y calidad de vida, educación, vivienda, participación política y conocimiento del ambiente para superar la discriminación y la pobreza (5).

Sources:  Les nombres affichés entre parenthèse (*) font référence aux sources énumérées dans la Bibliographie.