性别和土地权利数据库

Venezuela

《土地法》


2001. Decreto N° 1.546, Ley de Tierras y Desarrollo Agrario
Art. 1. Objeto: establecer las bases del desarrollo rural integral y sustentable;
Art. 2. El uso de las tierras con vocación para la producción agroalimentaria se afecta quedando sujeto al régimen de tierras: 1. del Instituto Nacional de Tierras -INT-; 2. del dominio privado de la República; 3. Baldías; 4. baldías en jurisdicción de los Estados y Municipios; y 5. privadas.
Art. 12. Derecho a la adjudicación de tierras de toda persona apta para el trabajo agrario, en los casos y formas legales. Las tierras que son propiedad del INT con vocación agraria, pueden ser objeto de adjudicación permanente, que otorga al campesino o campesina el derecho de propiedad agraria. En ejercicio de ese derecho, el campesino o campesina podrá usar, gozar y percibir los frutos de la tierra. El derecho de propiedad agraria se transfiere por herencia a los sucesores legales, pero no puede ser objeto de enajenación alguna.
Art. 13. Son beneficiarios los venezolanos y venezolanas que hayan optado por el trabajo rural y, especialmente, la producción agraria como oficio u ocupación principal.
Art. 14. Son beneficiarios preferenciales de adjudicación conforme a la ley, las ciudadanas cabeza de familia que se comprometan a trabajar una parcela para manutención de su grupo familiar e incorporación al desarrollo de la Nación. A las ciudadanas dedicadas a la producción agrícola, se les garantizará subsidio especial alimentario pre y post natal por parte del Instituto de Desarrollo Rural.
Art. 15. La incorporación al proceso productivo de los beneficiarios garantizará, entre otros derechos: el de ser adjudicatario o usufructuario para la producción agraria; el acceso a germoplasmas necesarios para establecer plantaciones; y el seguro de producción contra catástrofes naturales.
Art. 16. El trabajador/a agrícola gozará de los beneficios previstos en la Ley Orgánica del Trabajo, y participará al final de cada ciclo agrícola, de utilidades sobre la venta del producto.
Art. 17. Garantía de la permanencia de grupos asentados pacíficamente en tierras para la producción agroalimentaria; grupos con uso colectivo de la tierra; cooperativas agrarias y otras organizaciones económicas campesinas. No podrán ser desalojados los campesinos/as de tierras ociosas o incultas que ocupen para obtener la adjudicación, sin que se cumpla previamente con el proceso administrativo ante el INT.
Arts. 62 a 64. A los fines de la adjudicación de tierras, los interesados formularán una solicitud, que incluirá, entre otros recaudos: compromiso de trabajo de la tierra a adjudicar; identificación completa del solicitante; ocupación y número de personas que constituyan el grupo familiar; y declaración jurada de no poseer otra parcela. Recibida la solicitud y sus recaudos, el INT instruirá un expediente, y dentro de los 30 días hábiles siguientes decidirá si procede o no la adjudicación.
Art. 67. Los usufructuarios de un fundo estructurado, que mantuvieron su eficiencia productiva por un término no menor a 3 años consecutivos, tendrán derecho a recibir título de adjudicación permanente, sólo transferible por herencia a sus descendientes o en su defecto a sus colaterales. Dichos fundos no podrán ser objeto de enajenación.
Arts. 68 y 70. En el acta respectiva, el beneficiario se compromete a mantener la eficiencia productiva del fundo estructurado por un término no menor a 3 años, al cabo de los cuales le podrá ser adjudicado el título de adjudicación permanente. El INT podrá revocar la adjudicación, cuando el adjudicatario no haya cumplido con el compromiso de trabajo de la tierra.
Art. 69. Se considera título de adjudicación permanente, el documento emanado del INT mediante acto administrativo, que transfiere la posesión legítima de las tierras productivas ocupadas y trabajadas por el adjudicatario, que le confiere el derecho a transferir por herencia el goce y disfrute de las mismas. Los derechos emanados del título de adjudicación no podrán ser enajenados.



2001. Ley de Demarcación y garantía del hábitat y tierras de los pueblos indígenas, donde se desarrolla su vida física, cultural, espiritual, social, económica y política. Comprende áreas de cultivo, caza, pesca, recolección, pastoreo, asentamiento, caminos tradicionales, lugares sagrados e históricos y otros necesarios para garantizar y desarrollar sus formas específicas de vida.



2005. Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas.
Art. 1. Reconocimiento y protección de los pueblos y comunidades indígenas como pueblos originarios.



Art. 4. Objeto de la ley: promover los principios de una sociedad democrática, participativa, protagónica, multiétnica, pluricultural y multilingüe. Con respecto a los pueblos y comunidades indígenas: desarrollar sus derechos reconocidos en la Constitución, leyes, convenios, pactos y tratados; proteger sus formas de vida y desarrollo sustentable; establecer mecanismos de relación entre esos pueblos con los órganos del Poder Público y otros sectores de la colectividad nacional; y garantizar el ejercicio de sus derechos colectivos e individuales y de sus miembros.



Art. 5. Queda en manos de los pueblos y comunidades indígenas la potestad en relación a las instituciones y formas de vida, economía, uso, protección y defensa de su hábitat y tierras, como parte de la gestión cotidiana de su vida comunitaria.



Art. 6. Participación de los pueblos y comunidades indígenas en la formulación de las políticas públicas. Deberá tomarse en cuenta la organización propia y autoridades legítimas de cada pueblo o comunidad participante, como expresión de sus usos y costumbres.
 
Art. 7. Reconocimiento de la personalidad jurídica de los pueblos y comunidades indígenas para el ejercicio de los derechos colectivos previstos en la Constitución: tratados, pactos y convenios internacionales suscritos y ratificados y demás leyes. Su representación será determinada por estos pueblos y comunidades, según sus tradiciones, usos y costumbres, atendiendo a su organización propia, sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución y la Ley.



Art. 20. Reconocimiento y garantía a los pueblos y comunidades indígenas, de los derechos originarios y la propiedad colectiva sobre las tierras que ocupan, con acceso ancestral y tradicional y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Estas tierras son inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles. Necesidad de crear un sistema para regular la entrega de más tierras para su desarrollo, y asegurar la participación indígena en la gestión de los recursos naturales de sus territorios.



Art. 29. Formas de la propiedad colectiva de uno o más pueblos y de una o más comunidades indígenas, según las condiciones, características y exigencias. La propiedad colectiva es de carácter público, de provecho colectivo, y otorga a todos el derecho a habitar las tierras tradicionales conforme a sus usos y costumbres.



Art. 30. Registro de los títulos de propiedad colectiva: ante la oficina municipal de catastro y ante el registro especial a crearse. En los municipios que corresponda conforme a la ley, se creará el catastro del hábitat y tierras indígenas y se dispondrá lo necesario para la inserción de los títulos de propiedad colectiva indígena.

料来源: 括号 * 中的数目是指源示在参考目。