El 15 de febrero, el Gobierno filipino aprobó el proyecto de ley de arancelización del arroz, que entrará en vigor el 3 de marzo de 2019. Esta medida sustituye las restricciones cuantitativas a las importaciones de arroz por un arancel del 35 por ciento sobre las importaciones de los países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste asiático (ASEAN) y del 40 por ciento para las importaciones de arroz dentro del contingente de países que no son miembros de la ASEAN, mientras que se impondrá una tasa arancelaria del 180 por ciento a las importaciones que superen el Volumen de Acceso Mínimo (MAV). Los ingresos procedentes de los aranceles se destinarían al denominado Fondo para la mejora de la competitividad del arroz, con una financiación anual de PHP 10 000 millones (USD 191 millones) para apoyar a los agricultores e impulsar la producción nacional. El proyecto de ley elimina también las funciones reguladoras de la Autoridad Alimentaria Nacional (NFA) y limita su función a la compra de arroz para las reservas de seguridad para hacer frente a situaciones de emergencia. En general, el objetivo de la medida es garantizar una disponibilidad interna suficiente y mantener los precios bajo control.