La República de Guatemala está situada en el istmo centroamericano, presenta variaciones altitudinales entre los 0 hasta 4,220 metros sobre el nivel del mar y ocupa una extensión de 108,889 km2 con territorios y paisajes diversos. Según proyecciones del XII Censo Nacional de Población, en el año 2019 Guatemala tenía 16.6 millones de habitantes. De estos, el 50.7% son mujeres, y la media de edad es de 26.7 años. La población se compone de 25 etnias agrupadas en 4 pueblos (maya, garífuna, xinka y mestizo), con el resultado de una amplia pluralidad de configuraciones sociales y ambientales.

Guatemala es el país con la economía más importante de Centroamérica y constituye el 25% del Producto Interior Bruto (PIB) del Mercado Común Centroamericano. El sector agropecuario representa el 9.4% del PIB nacional (BID, 2020), emplea a casi un tercio de la población económicamente activa y es responsable de más del 45% de las exportaciones totales nacionales. Aproximadamente una de cada cinco personas que son parte de la población económicamente activa depende exclusivamente de la producción agropecuaria, forestal y acuícola (INE, 2016). Sin embargo, el 76% de la población rural es pobre (ODS1) (INE, 2016), presentando Guatemala un sistema agroalimentario de carácter dual. Por un lado, se cuenta con explotaciones altamente productivas y eficientes, que incluso participan de forma activa en los mercados internacionales. Y paralelamente, existe otro un importante segmento de productores cuya actividad se desarrolla con un acceso limitado a activos productivos, tecnología, servicios financieros y de asistencia técnica.

El desempeño del sistema agroalimentario de Guatemala puede ayudar a explicar también la situación de seguridad alimentaria y la nutrición (ODS2) del país. Así, por ejemplo, en los diez departamentos más afectados por las tormentas Eta e Iota durante el mes de noviembre del año 2020, ocho ya estaban clasificados en Fase 3 (crisis) de inseguridad alimentaria para el período de agosto a octubre de 2020. Esta cifra aumentó del 16% proyectado previamente, al 23%. La inseguridad alimentaria presenta una diferencia entre hombres (39.6%) y mujeres (46.2%) lo que implica que existen 0,5 millones más de mujeres que de hombres en esta situación (mayores de 15 años) (FAO, FIDA, OPS, WPF Y UNICEF, 2020). Se incrementa, por tanto, el número de familias que no son capaces de satisfacer sus necesidades alimentarias sin agotar activos esenciales de sus medios de vida (CCA. ONU Guatemala. 2021).

Los fenómenos climáticos, unidos a los derivados de la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19, agudizaron la ya de por sí grave situación de hambre y pobreza que sufre la población guatemalteca en las últimas décadas, y coloca a las mujeres en una situación particularmente compleja. La subalimentación se situó en el 16.8%, 100!000 personas más que en la última medición, y la seguridad alimentaria grave o moderada afecta ya a casi la mitad de la población del país (FAO, UNICEF, OMS, WFP, 2021). En relación a los indicadores de nutrición, los casos de desnutrición aguda se duplicaron en el 2020 sobre las cifras previas a la pandemia, y cerca del 50% de los niños menores de cincos años presentan desnutrición crónica. El sobrepeso y la obesidad siguen aumentando en todos los grupos de edad, marcando también una diferencia importante en la prevalencia de obesidad entre hombres y mujeres, de 15,1% y 26,4% respectivamente, en población mayor de 18 años (FAO, OPS, WFP y UNICEF. 2018).

Estas cifras de carácter nacional muestran profundas desigualdades (ODS10) al desagregarse según sexo, etnia, nivel de ingreso o lugar de residencia. Por ejemplo, la prevalencia de desnutrición crónica infantil alcanza niveles del 60% y 70% en departamentos con mayoritaria población indígena y rural, como Quiché, Huehuetenango o Totonicapán. De igual forma, en el 44% de los municipios rurales la mayoría (al menos 75%) de su población vive en pobreza (SEGEPLAN, 2011).

El deterioro de los indicadores socioeconómicos guarda relación con el aumento de los flujos migratorios. Según datos del Banco de Guatemala, en el año 2020 la cantidad de remesas alcanzó los 11,340 millones de dólares americanos, un 8% mayor respecto al año anterior, lo que significa alrededor del 14% del PIB del país. El 50% de los migrantes internacionales tienen entre 15 y 29 años de edad, el 80% son hombres (aunque se detecta un aumento de migrantes mujeres en los últimos años), y provienen mayoritariamente del área rural, fundamentalmente de los departamentos de Huehuetenango (19%), San Marcos (10%) y Quiché (10%) (XII Censo de población y VII de vivienda, 2018). Según UNFPA, OIM, USAID (2021), el crecimiento de la migración podría agudizarse en el futuro cercano si no se consigue crear empleo para alrededor de 300,000 jóvenes que buscaran entrar cada año al mercado laboral.

En términos biofísicos, en Guatemala convergen 13 zonas de vida, 7 biomas, 66 ecosistemas, 8 regiones climáticas, 360 microclimas, según el Informe Ambiental del Estado de Guatemala 2019 del MARN. Sin embargo, la riqueza ambiental de Guatemala sufre importantes presiones en las últimas décadas, en parte, debido al manejo poco sostenible del sector agrícola, pesquero ganadero y forestal. De igual forma se estima que la agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra causan a nivel global casi una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano. Las cadenas de suministro de ganado, y la deforestación tropical y la degradación de los bosques son responsables, respectivamente, del 14.5% y 11% de las emisiones de origen humano. El cambio climático es otro de los desafíos de especial relevancia para para el país. De acuerdo con los escenarios climáticos generados por los modelos globales (AR5. IPCC, 2014), para Guatemala se estiman proyecciones de incremento en la temperatura promedio anual y disminución en la precipitación promedio anual para los años 2030 y 2050. Estos fenómenos se acentuarán en la región del “corredor seco” y la región norte del país (MARN, 2019). Dichos efectos repercuten en la situación socioeconómica de la población guatemalteca, acerca de la cual no existen suficientes datos desagregados por sexo. Es necesario fortalecer las capacidades para el desarrollo e implementación de políticas con enfoque de género.

Según el CCA (ONU Guatemala, 2019) el Estado de Guatemala aún enfrenta grandes retos en cuanto a la satisfacción de las demandas sociales de la población y garantizar el ejercicio de una ciudadanía plena, en particular de los pueblos indígenas y las mujeres. Esto se refleja en los principales indicadores socioeconómicos. Así, por ejemplo, en la población indígena de Guatemala, que constituye el 43.5% del total según el Censo del 2018, el índice de pobreza alcanza 79.2%. El 60% de niñas y niños indígenas menores de 5 años sufren de desnutrición crónica. Cabe destacar que la pobreza impacta en mayor medida a las mujeres. Según datos del Censo 2018, las mujeres representan únicamente el 29.5% de la población económicamente activa del país, a pesar de ser poco más de la mitad de la población. Para 2014, por cada 100 hombres viviendo en hogares pobres había 104.5 mujeres en similar situación2, lo que evidencia la falta de autonomía económica de las mujeres (CEPAL 2019). La pandemia por COVID 19 ha generado efectos negativos sobre la situación socioeconómica de las mujeres y profundizado las desigualdades en la participación laboral y capacidad de generación de ingresos, al mismo tiempo que aumentó la carga de trabajo de cuidado en el hogar y la violencia de género.

La persistencia de estos problemas pone de manifiesto la importancia de fortalecer la débil institucionalidad y la necesidad de contar con políticas públicas diferenciadas para atender dichas demandas, y especialmente, de poner en marcha o reforzar los mecanismos de diálogo multisectorial y en la articulación entre Estado y ciudadanía. Además, en materia de financiación para el desarrollo, Guatemala enfrenta un gran reto para lograr la agenda 2030 en su totalidad. Se indica en el Análisis Común de País (CCA, ONU Guatemala, 2019), que es fundamental incrementar el actual nivel de ingresos públicos para satisfacer las necesidades de desarrollo de la población. Así también, resalta la necesidad de mejorar la inversión y la eficiencia del gasto para acelerar los cambios que requiere la sociedad para su desarrollo.