El Marco de Programación de País (MPP) 2022-2025 establecido entre la FAO y el Gobierno de Guatemala se inscribe en las prioridades establecidas por la Organización y se articula de igual manera con el Marco Estratégico de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 2022-2025.
Se trata de un documento de planificación y programación que define las prioridades nacionales que la FAO abordará a través de acciones a nivel país en el ámbito de sus marcos estratégicos. Estas prioridades tienen como objetivo garantizar las ventajas comparativas de la FAO para contribuir a la consecución de las metas establecidas en instrumentos de política de Estado como el Plan Nacional de Desarrollo K’atún Nuestra Guatemala 2032 (CONADUR-SEGEPLAN, 2014), las Prioridades Nacionales de Desarrollo (SEGEPLAN, 2016), la Política General de Gobierno 2020-2024, así como al Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible de Guatemala (MC) y la Agenda 2030, que contribuyen de forma directa a los tres Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) resaltados en el nuevo Marco Estratégico de la FAO 2022-20311: ODS1 (fin de la pobreza), ODS2 (hambre cero) y ODS10 (reducción de las desigualdades).
El MPP para el período 2022-2025 lo integran tres resultados y 11 productos correspondientes a tres áreas programáticas: 1) Territorios más productivos, prósperos e inclusivos para una vida mejor, 2) Seguridad alimentaria y mejor nutrición, y 3) Resiliencia y mejor medioambiente. Son áreas que están en consonancia con el MC y con el nuevo Marco Estratégico 2022-2031 de la FAO, que promueve acelerar los avances hacia la Agenda 2030 a través de cuatro mejoras: mejor producción, mejor nutrición, mejor medio ambiente y una vida mejor sin dejar a nadie atrás.
Primer área de trabajo
Estará enfocada en el desarrollo económico que favorezca la inclusión de las familias que viven en territorios rurales del país, en la reducción de la pobreza rural (76%), promover la recuperación económica por el impacto de la pandemia COVID-19 de forma sostenible, y enfrentar una de las causas que provocan los flujos migratorios irregulares.
Para ello, FAO asistirá a las instituciones y actores de cambio del país para facilitar el acceso a activos productivos y el incremento de productividad de los pequeños y medianos productores.
De igual forma, y en alianza con el sector privado, se apoyarán modelos de negocio y emprendimientos rurales inclusivos y se fortalecerá las instituciones que prestan asistencia técnica en el tema. Para el efecto, será importante conocer a las organizaciones de productores, fortalecer sus capacidades, buscar modelos de financiamiento para productores u organizaciones y su acompañamiento técnico.
Complementariamente, bajo el liderazgo del Gobierno y en coordinación con los socios de la cooperación, se trabajará en la identificación y desarrollo de inversiones basadas en la evidencia que favorezca el impulso de territorios rurales de alto valor productivo.
Resultado 1
Para el año 2025, la población priorizada incrementa el acceso a los medios productivos y servicios económicos a nivel nacional y local, para la competitividad y el clima de negocios, en un marco de desarrollo socioeconómico inclusivo, sostenible y sustentable para una vida mejor.
De esta forma, la FAO contribuirá al proceso de recuperación económica debido a la pandemia COVID 19 y a reducir los procesos de migración irregular de jóvenes y mujeres, especialmente.
Para ello, hasta el 2025, en coordinación con el MAGA y en alianza con actores del sector privado, fortalecerá las capacidades de al menos 60 organizaciones de pequeños y medianos productores, considerando las brechas de género existentes en la utilización de tecnologías innovadoras que faciliten su acceso a activos productivos y el incremento de la productividad de sus respectivos emprendimientos rurales.
Se enfatizará el apoyo a las organizaciones con una mayor participación de población indígena y se estimulará la identificación y participación de organizaciones lideradas por mujeres.
Segunda área de trabajo
Estará enfocada en poner fin a todas las formas de malnutrición, con énfasis en la reducción de los graves niveles (46%) de desnutrición crónica presentes desde hace décadas en la población infantil guatemalteca, a través del incremento en la disponibilidad y acceso a alimentos.
De igual forma, se abordará propuestas de solución frente al incremento de la inseguridad alimentaria relacionado con los recurrentes eventos climáticos, especialmente en los territorios afectados por las recientes tormentas tropicales y en las áreas del denominado corredor seco centroamericano, así como el deterioro económico debido a la pandemia COVID-19 que afecta a las familias más vulnerables, en particular a las mujeres, niñas y población indígena.
Se asistirá en el fortalecimiento de las capacidades institucionales que ayuden a garantizar la disponibilidad y el acceso a los alimentos, y se promoverán alianzas entre instituciones de gobierno y sector privado que permitan generar iniciativas innovadoras que faciliten entornos alimentarios saludables.
Resultado 2
Para el año 2025 la población priorizada mejora su seguridad alimentaria para una mejor nutrición.
De esta forma, la FAO ofrece apoyo técnico a los actores que forman parte del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINASAN) y de la de las comisiones legislativas pertinentes del Congreso de la República, en el diseño y perfeccionamiento de instrumentos de política y marcos normativos sensibles al género que impulsen sistemas agroalimentarios sostenibles que enfrenten todas las formas de malnutrición.
En esta área cabe destacar que se priorizará la formulación de instrumentos de política con enfoque de género. Específicamente, se asistirá en la actualización de la Política Nacional SAN 2022-2032 y su correspondiente Plan Estratégico (PESAN), entre otros instrumentos estratégicos que apoyen en la coordinación y coherencia de las acciones de promoción de la seguridad alimentaria y nutricional.
Tercera área de trabajo
Abordará la gestión sostenible de los recursos naturales que ayude a mejorar la gestión integral de los riesgos climáticos y ambientales, y la adaptación al cambio climático de los grupos de población más vulnerables. Se incluirá acciones dirigidas al manejo de cuencas para una mejor utilización del recurso hídrico y reducción de la perdida cobertura forestal y erosión, el riego, el impulso de sistemas agroforestales vinculados a cultivos de alto retorno económico o la gestión sostenible de los ecosistemas.
La FAO apoyará el fortalecimiento de las capacidades institucionales a nivel nacional y territorial en el diseño e implementación de políticas, desarrollo y reporte (datos) de información relacionada con la gestión de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático.
Todo ello incluirá el apoyo a las familias y organizaciones para desarrollar estrategias de adaptación y resiliencia ligadas a las capacidades sociales, económicas y ambientales de los territorios, y el impulso de una agricultura, ganadería, pesca y uso del bosque sostenibles adaptados al clima.
La FAO incluirá entre sus acciones la asistencia a las instituciones nacionales y organizaciones en el desarrollo de prácticas que favorezcan un crecimiento más inclusivo, resiliente y sostenible, tales como las relacionadas con el manejo de cuencas para una mejor utilización del recurso hídrico y reducción de la perdida cobertura forestal y erosión, el riego, o el impulso de sistemas agroforestales vinculados a cultivos de alto retorno económico.
Resultado 3
Para el año 2025 el Estado de Guatemala mejora la gestión integral de los riesgos ambientales y climáticos garantizando el uso y manejo sostenible de los recursos naturales, con énfasis en los grupos de población y territorios más vulnerables.
La FAO apoyará el fortalecimiento de capacidades de instituciones de gobierno (MARN, INAB, INSIVUMEH y MAGA), territoriales y organizaciones de productores en tópicos relacionados con la adaptación al cambio climático, la gobernanza de los territorios, recursos naturales y ecosistemas.
Se espera que para el 2024, al menos 400 funcionarios que laboran en las instituciones gubernamentales cuenten con mayores conocimientos en el diseño e implementación de programas, proyectos y buenas prácticas, buscando la transversalidad de la perspectiva de género, relacionadas con mitigación y adaptación al cambio climático, gobernanza de recursos naturales y ecosistemas, así como en recolección de información, procesamiento, monitoreo y toma de decisiones en la planificación del uso sostenible de recursos naturales renovables.