Durante la reunión de alto nivel, las autoridades discutieron valiosos aportes para la protección y fomento de los derechos humanos de las comunidades más vulnerables, evidenciando, además, la efectividad de la coordinación interinstitucional a través de la cooperación internacional.

Miércoles 10 de junio de 2020.- El último informe mundial de la ONU sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos (2019) asegura que más de dos mil millones de personas en el mundo carecen de acceso a los servicios básicos de agua y saneamiento. Los sistemas comunitarios de gestión del agua en América Latina y el Caribe son valiosas y diversas formas de organización en torno a la administración del agua, y garantizan el acceso a este recurso a una buena parte de las comunidades rurales. En este sentido, es fundamental el reconocimiento de la labor de operación, gestión y administración del recurso hídrico a través de estos sistemas.  

En el marco del diálogo político de alto nivel que impulsa el programa “Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO” con diversas instancias regionales, tuvo lugar la presentación al Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) de una propuesta de Ley Modelo de Sistemas Comunitarios de Agua y Saneamiento, realizada por diversas instituciones mexicanas articuladas a través del Frente Parlamentario contra el Hambre de México - que coordinan la Senadora Ana Lilia Rivera y la Diputada Dolores Padierna ante sus respectivas cámaras- en coordinación con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), el Instituto Mexicano de Tecnologías de Agua (IMTA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (SEMARNAT).  

“La construcción y presentación de esta propuesta de Ley Modelo pone en evidencia el compromiso de todas las instancias involucradas con el impulso a instrumentos normativos relevantes en una coyuntura tan importante como la que plantea la pandemia; hoy más que nunca son fundamentales las alianzas y la cooperación.”, aseguró Alejandra Icela Martínez, Directora General del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica de la AMEXCID.

Esta primera propuesta se trabajará en el seno de diversas Comisiones parlamentarias, como la de Agricultura, la de Servicios Públicos, la de Salud, la de Ambiente, y la de Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Etnias, con miras a que se apruebe por la plenaria del Parlamento.  

“El desafío de una buena administración del recurso hídrico debe formar parte de la agenda de todos nuestros países, en especial considerando que en América Latina y el Caribe el acceso al agua de calidad se ha ido alejando de millones de personas que no tienen garantizado ni siquiera el acceso básico para consumo humano.”, declaró el Senador Jorge Pizarro, Presidente del PARLATINO.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) brindará al PARLATINO acompañamiento técnico en este proceso legislativo, con el propósito de dotar a los países de toda la región de un instrumento jurídico de referencia que permita reconocer oficialmente los sistemas comunitarios de agua y ayudar a su gestión eficiente por parte de las propias comunidades. 

“El PARLATINO y la FAO hemos trabajado juntos en el desarrollo de legislaciones modelo para el bienestar y progreso de América Latina y el Caribe, como la Ley Modelo de Agricultura Familiar y la Ley Modelo de Pesca Artesanal o a Pequeña Escala”, declaró Adoniram Sanches, Coordinador Subregional de la FAO para Mesoamérica.

Cabe destacar que estas Leyes, al igual que esta propuesta de borrador para una Ley Modelo de Sistemas Comunitarios de Agua y Saneamiento, han surgido gracias al trabajo articulado entre el PARLATINO, los Frentes Parlamentarios contra el Hambre, la FAO, la Cooperación Mexicana - a través del impulso de su programa insignia “Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO”-, y la Cooperación Española - a través del “Programa España-FAO”- .

“A través de esta iniciativa, esperamos contribuir al reconocimiento e impulso de estas soluciones innovadoras en la gestión del agua de las propias comunidades, y garantizar de esta forma su derecho de acceso a este valioso recurso”, agregó Sanches. 

Además de fortalecer las políticas públicas y los marcos regulatorios de los países de la región para garantizar el acceso al agua y al saneamiento en los territorios más rezagados, la Ley podría impulsar y promover la implementación de acciones para el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades para la gestión sostenible del recurso hídrico, el mejoramiento de la infraestructura de los sistemas que administran y el intercambio de experiencias en torno a la cultura del agua.