Bogotá, 31 de mayo del 2021 – El proyecto de cooperación sur-sur trilateral Sembrando Capacidades, reunió a representantes de los ministerios de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA) de Brasil y de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) de Colombia, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y de la Agencia Brasileña de Cooperacion del Ministerio de Relaciones Exteriores (ABC/MRE) para el taller virtual ´Retos y oportunidades de las políticas para la agricultura familiar en Brasil y Colombia´, promovido el 27 de mayo.

La actividad buscó contribuir al fortalecimiento de las capacidades técnicas de funcionarios y contratistas de los ministerios de los dos países y de la ADR acerca de la importancia estratégica de la agricultura familiar, así como intercambiar experiencias sobre los retos y oportunidades de las políticas orientadas a este público.

El proyecto Sembrando Capacidades es ejecutado en Colombia y Brasil de forma conjunta por la ABC/MRE, el MAPA, el MADR y la FAO e integra las acciones del proyecto regional América Latina y el Caribe sin Hambre 2025.  

En sus palabras de apertura, Germán Darío Espitia, representando el MADR, señaló la importancia de estos eventos para la construcción y el intercambio de experiencias orientadas a mejorar las capacidades técnicas; asimismo, resaltó la experiencia brasileña como un ejemplo para el continente en el tema de agricultura familiar. A su vez, Nelson Andrade, representando el MAPA, comentó acerca de la importancia del proyecto Sembrando Capacidades tanto para Brasil como Colombia. 

Contribuciones del proyecto

El coordinador del proyecto Sembrando Capacidades, Camilo Ardila Galvis, presentó las principales contribuciones de esta iniciativa para la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC). Según Camilo, en Colombia la conceptualización de agricultura familiar se estableció a partir de la Resolución 464, de 2017; y, en Brasil, a partir de la Ley 11.326, en 2006. Entre los aspectos comunes a los dos países se destacan: la principal fuente ingreso proveniente de actividades agropecuarias; la mano de obra y gestión familiar; la unidad de tierra relativamente pequeña; la inclusión de pescadores, acuicultores, silvicultores, comunidades tradicionales y pueblos indígenas; y la multidimensionalidad. “Nuestro proyecto nace buscando avanzar hacia instrumentos que aborden esta multidimensionalidad de la agricultura familiar”, dijo. Para eso, el proyecto actúa a partir de cuatro ejes temáticos: extensión agropecuaria, agroecología, mercados diferenciales y sistemas de información. 

Entre las contribuciones al desarrollo de políticas e instrumentos para la ACFC en Colombia, el coordinador destacó resoluciones, leyes, así como políticas públicas, para las cuales se ha generado una serie de documentaciones y sistematizaciones que estarán a la disposición de los dos países como un importante  resultado de este intercambio que ha iniciado en el 2019.

Políticas brasileñas

Nelson Andrade, representante del MAPA, presentó un panorama general de las políticas para la agricultura familiar en Brasil. Según el último Censo Agropecuario, 67% de las propiedades rurales pertenecen a la agricultura familiar, representando 3,9 millones de establecimientos y 10 millones de personas que se dedican a este sector. Según Nelson, en comparación con el Censo del 2006, hubo un incremento de 5% en la cantidad de personas que se incluye a esta categoría de agricultura familiar y de los números de propiedades. En términos de asociatividad, existen actualmente 579 mil propiedades de la agricultura familiar que están vinculadas a cooperativas, representando 11% de todas las propiedades rurales del país. Nelson explicó que las políticas públicas están basadas en el fortalecimiento de tres grandes pilares que buscan el desarrollo de la  agricultura familiar brasileña: crédito, asistencia técnica y extensión rural y comercialización/cooperativismo.

Conversatorios: Brasil y Colombia

Durante el primer panel del conversatorio, Rafael Días, del MAPA, destacó la necesidad de políticas diferenciadas para solucionar los desafíos enfrentados por la agricultura familiar y, según Rafael, el primero paso fue la identificación de este público por medio de la promulgación de la Ley 11.326/2206 -  Ley de Agricultura Familiar. “Brasil es un caso exitoso y eso se da en gran parte por la construcción participativa de estas políticas públicas”, afirmó.

Rafael también alertó para la situación de la pobreza que afecta a 80 millones de personas en América Latina y que gran parte vive en el medio rural. Según el representante del MAPA, políticas públicas como crédito, asistencia técnica y acceso a mercado pueden contribuir en América Latina a un desarrollo rural más inclusivo y sostenible.

Joaquín Salgado, del MADR, señaló que la agricultura familiar dentro de la organización estatal nació del impulso que las organizaciones sociales dieron en 2014 cuando lograron llamar la atención del Ministerio de Agricultura y de otros actores para que el sector fuera reconocido como agente de desarrollo rural y siguió fortalecido gracias al Acuerdo de Paz, donde la participación de la ciudadanía y de las regiones en la elaboración de las políticas públicas pasa a ser un elemento esencial para el alcance de los acuerdos. Según Joaquín el mayor reto es hacer que políticas públicas tan recientes, como la Resolución 464 puedan ser útiles tanto en el ámbito nacional, como que puedan bajar a nivel de los territorios y que lleguen a los agricultores familiares.

En el segundo panel, Mateus Rocha, representante del MAPA, comentó que, debido a la crisis actual, el Ministerio ha creado un canal de diálogo para reunir informaciones de los agricultores familiares acerca de las pérdidas de mercado como impacto de la pandemia y que, políticas públicas como el Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) y el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA) siguieron en funcionamiento durante la pandemia, asegurando mercado e ingreso a la agricultura familiar. Para el PAA, el Ministerio aseguró 500 millones de reales (cerca de 95 millones de dólares) para la compra de productos de estos agricultores durante la pandemia y los alimentos han sido donados a familias en vulnerabilidad. También explicó sobre las cámaras técnicas sectoriales instituidas y que, actualmente son más de 30 cámaras que cuentan con la participación de diversos actores que se reúnen para debatir y buscar soluciones para consolidar las políticas públicas y que estas alcancen los beneficiarios.

A su vez, Andrés León López, del MADR, resaltó que con la ley de compras públicas instituida en Colombia, se destacó la importancia de la agricultura familiar. También habló de las mesas técnicas existentes en Colombia y que abordan diversos temas como circuitos cortos, mercados inclusivos, encadenamiento productivo, entre otros, con una amplia participación de actores. Andrés dijo que muy pronto empezarán los trabajos de la Mesa Técnica Nacional de compras públicas locales. Sobre la pandemia, Andrés señaló que esta dejó más evidente la necesidad de las tecnologías de información y comunicación como herramientas fundamentales en el proceso de continuidad de la comercialización, comentando que durante este periodo fueron realizadas capacitaciones en comercialización y rueda de negocios virtuales dirigidas a la agricultura familiar frente a este contexto.

Cierre

Carolina Smid, representando la Agencia Brasileña de Cooperación agradeció a todos los participantes y destacó la importancia de los eventos promovidos por el proyecto Sembrando Capacidades para el intercambio de informaciones entre los países. Ronaldo Ferraz, coordinador del proyecto regional Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre, del Programa de Cooperación Internacional Brasil-FAO, apuntó la importancia del taller para perfeccionamiento de las políticas públicas para la agricultura campesina, familiar y comunitaria  en territorios rurales de Colombia, una vez que aborda una de las principales etapas  del ciclo del proyecto que es la difusión y el fortalecimiento de las capacidades para la apropiación de los resultados por parte de los beneficiarios de esta iniciativa de cooperación.