Santiago de Chile, 25 de mayo de 2018 – América Latina y el Caribe tienen una relevancia global en términos de disponibilidad de tierra agrícola, bosques, recursos pesqueros, agua y biodiversidad. En los últimos años, la preocupación por la degradación de los recursos naturales, el cambio climático y el impacto en la agricultura para la seguridad alimentaria y nutricional, han estado cada vez más presentes en la agenda de los países, ampliándose los espacios de diálogo, el intercambio de experiencias y, especialmente el desarrollo de mejoras y fortalecimiento de las políticas públicas. 

A partir de este escenario, desde el proyecto Fortalecimiento de Políticas Agroambientales en países de América Latina y el Caribe se sigue avanzando en una propuesta consensuada de indicadores para políticas agroambientales, que contribuyan a la implementación de las Directrices Voluntarias para Políticas Agroambientales en América Latina y el Caribe. 

Para eso, se promueven rondas de consultas interdisciplinarias e intersectoriales como las que se llevarán a cabo en Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, México, Panamá y Paraguay entre fines de mayo e inicio de junio en esos países. Los resultados formarán parte de un documento preliminar que será validado por los países durante un encuentro regional este año. 

El objetivo es seguir avanzando en la concertación de la propuesta final de indicadores como un instrumento de orientación para seguimiento y verificación a nivel nacional y regional, de los cambios y tendencias en la aplicación de políticas y programas con enfoque agroambiental. 

De la misma manera que se trabajó con los países en la elaboración de las Directrices Voluntarias, la definición de indicadores se desarrolla a partir de un proceso de construcción sucesiva, sustentado en debates a nivel nacional y regional, buscando aportes de los diferentes sectores de gobierno, del sector privado y la sociedad civil. 

Enfoque agroambiental y la contribución a los ODS

Temáticas como la producción de alimentos desde la perspectiva de la seguridad y soberanía alimentaria; la conservación del medio ambiente; el cambio climático; los criterios de sostenibilidad ambiental, económica y social; el fomento de la agricultura con bases ecológicas y orgánicas; el manejo forestal sostenible, la pesca sostenible y las estrategias para el mejoramiento del bienestar de la población mediante la reducción de la pobreza y la inseguridad alimentaria, son parte estructural del análisis agroambiental que los países vienen discutiendo. 

Según la coordinadora del proyecto, Jessica Casaza, la implementación de las políticas agroambientales eficaces requiere un conjunto de acciones estratégicas y medidas sectoriales que favorezcan la reconversión de los sistemas de producción intensivos en uso de insumos y perjudiciales al medio ambiente hacia sistemas sostenibles de producción o agroecológicos, así como también impulsen sistemas sostenibles de pesca costera y continental. “La implementación del enfoque agroambiental en las políticas también contribuirán al alcance de algunas de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU”. 

Los indicadores para políticas agroambientales pueden ser una herramienta de soporte clave a los países para el seguimiento e implementación de postulados y medidas propuestas en las Directrices Voluntarias, en consonancia con los ODS de la Agenda 2030, y otros estándares que están siendo aplicados en los países. 

Las rondas de consulta son parte de las actividades desarrolladas por el proyecto de fortalecimiento de políticas agroambientales en América Latina y el Caribe, del Programa de Cooperación Internacional Brasil-FAO, implementado de manera conjunta por la FAO y el gobierno de Brasil, representado por la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC) y el Ministerio de Medio Ambiente (MMA). 

Avances de la agenda agroambiental

Brasil ha avanzado significativamente en la búsqueda de soluciones para las cuestiones ambientales y la consolidación de una base normativa sólida de apoyo a las políticas públicas agroambientales, a partir de una articulación consistente entre el gobierno y la sociedad.  Uno de los ejemplos es el Plan Nacional de Agroecología y Producción Orgánica, una iniciativa que ha dado gran impulso de la agroecología y producción orgánica, promoviendo la articulación entre actores públicos y privados y permitiendo consensuar importantes iniciativas y establecer instancias de gestión, como la Comisión Nacional de Agroecología y Producción Orgánica. 

El país vecino, Paraguay, cuenta con la Política Ambiental Nacional, que inició su implementación en 2005. Las estrategias y acciones de esta política se basan en una descentralización de la gestión ambiental y en el fortalecimiento de la capacidad de gestión local, con una amplia participación social. El Programa de Manejo Sostenible de Recursos Naturales (PMRN), iniciado en 2000, se constituye el principal instrumento de apoyo a la agricultura familiar en Paraguay. Actualmente está trabajando en una mesa intersectorial de diálogo agroambiental impulsada a través del proyecto. 

Avances en términos de políticas agroambientales son observados en Colombia. Como resultado de los compromisos asumidos por el gobierno, se han formulado políticas, planes programas e instrumentos orientados a la rehabilitación, conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. La política agropecuaria ha ido incorporando crecientemente la dimensión ambiental: se reconoce que el ordenamiento territorial y los servicios ambientales son determinantes para la productividad y la sostenibilidad de la agricultura en el largo plazo. 

En México, uno de los ejemplos de iniciativas agroambientales lo lleva adelante la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), que coordina acciones relacionadas con el conocimiento y la preservación de las especies biológicas y promueve y fomenta actividades de investigación científica para la exploración, el estudio, la protección y la utilización de los recursos biológicos, tendientes a conservar los ecosistemas del país y generar criterios para su manejo sustentable, y uso de la biodiversidad en sistemas productivos y alimentarios; las acciones sobre Corredores y Recursos Biológicos son ejemplos interesantes de aplicación del enfoque agroambiental. 

Costa Rica estableció en 2007 el objetivo país de ser carbono neutral al 2021, al igual que países desarrollados como Noruega, Nueva Zelandia e Islandia. El país es considerado uno de los más adelantados en términos de la creación de instrumentos y desarrollo de acciones de combate al cambio climático, tanto en aspectos de mitigación y reducción/compensación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), como de adaptación. La Agenda Agroambiental de Cambio Climático y Carbono Neutralidad en el sector agroalimentario conjuga temas tan importantes para el sector agropecuario y ambiental del país como la agenda agroalimentaria y el cambio climático, en el marco de la Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Medio Rural 2012-2021 y la Política de Carbono Neutralidad 2006-2010. 

En Cuba, la política ambiental comprende un conjunto de instrumentos, entre ellos la Ley 81 de Medioambiente, la Estrategia Ambiental Nacional y las evaluaciones de impacto ambiental. Estos instrumentos involucran a los diversos actores del sector, especialmente a los grupos prioritarios, tales como pequeños productores, mujeres y jóvenes. El Programa Nacional de Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar de Cuba, emprendido en 1997, es otro instrumento que promueve la producción de alimentos en áreas que en el pasado eran improductivas, por medio de prácticas orgánicas, agroecológicas y un uso racional de los recursos. 

El Programa de Incentivos Económicos Ambientales de la Autoridad del Canal de Panamá (PIEA), iniciado en 2009, tiene como objetivo proteger el recurso hídrico en las 339.650 ha de la cuenca del canal de Panamá, por medio del establecimiento de coberturas vegetales. El PIEA fomenta las diversas modalidades de forestación y agroforestería, atendiendo las características del territorio determinadas mediante análisis del uso del suelo y el estado de la cobertura vegetal, siendo un claro ejemplo de aplicación de un enfoque agroambiental como programa de Estado.