En América Latina se pierden 220 millones de toneladas de alimentos al año. En tanto, en Chile organizaciones dedicadas a la recuperación de alimentos rescataron 6.867.115 kilos de alimentos y artículos de primera necesidad en 2019, que totalizan 34,2 millones de kilos rescatados desde 2010.[1]

Otros reportes como el estudio “Cuánto alimento desperdician los chilenos”, realizado en 2011 en la Región Metropolitana por el Centro de Estudios de Opinión Ciudadana (CEOC) de la Universidad de Talca, identificaron que cien millones de lechugas y toneladas de alimentos en buen estado se pierden cada año.

Dicha situación tendrá un vuelco porque ese aparente ‘desperdicio’ se convertirá en alimento recuperado y distribuido gratuitamente, siempre y cuando conserve su inocuidad, entre quienes los necesitan.

Esto, luego que el 4 de agosto pasado, el Senado de Chile aprobara de manera unánime el proyecto de ley que permite la distribución de alimentos aptos para el consumo humano y que las empresas deciden no comercializar por razones de marketing y otras sin relación con la calidad.

La iniciativa está siendo promovida por las y los senadores integrantes del Frente Parlamentario contra el Hambre y la Mal Nutrición, plataforma que es apoyada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), tanto de su oficina regional como nacional, y la Cooperación Española.

Para decenas de organizaciones que recuperan, acopian y distribuyen los alimentos desechados, se trata de un avance histórico. Por primera vez se le dará rango legal a una normativa que venía, someramente, avanzando y regulándose por el Servicio de Impuestos Internos (SII), a través de beneficios tributarios que sólo algunos conocían y utilizaban.

El logro es innegable, se avanza en una legislación que prohíbe la destrucción y pérdida de alimentos y donde las personas -naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras- que fabriquen, produzcan, importen, distribuyan y comercialicen productos alimenticios deban reportar y donar aquellos stocks que, por razones distintas a la calidad, no van a comercializar.

La ley establece que deben entregarlo de manera gratuita a entidades intermediarias o receptores finales, tales como juntas de vecinos, clubes deportivos, iglesias, establecimientos educacionales, corporaciones municipales, centros de atención de salud familiar u otros que lleven a cabo iniciativas de atención a personas en situación de vulnerabilidad.

Aún queda pendiente la tramitación legislativa en la Cámara de Diputados y Diputadas, donde el proyecto de ley debe cumplir los mismos trámites que en el Senado, para lo cual se necesita que las y los parlamentarios le otorguen la urgencia que requiere.

La crisis sanitaria que vivimos nos apremia, y alimentos inocuos que se han vuelto inviables por razones estéticas o defectos de embalaje, envoltorio, rotulación o por la proximidad a la fecha de su vencimiento, deben y pueden ser reportados, recuperados, entregados y aprovechados por los receptores finales en sus múltiples formas.

Este proyecto de ley se hace cargo de la problemática medio ambiental generada por “la basura alimenticia” de los productos no ofertados y convierte algo que sería un residuo en un alimento que puede ser consumido, en favor de las poblaciones más vulnerables.