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Plataforma de Territorios Inteligentes

Patrimonio agroalimentario regional para la seguridad alimentaria y el desarrollo territorial colombiano

:03/05/2017

En un contexto nacional en el cual se releva un fuerte contraste entre el elevado nivel de desigualdad territorial[2] y la importante biodiversidad y riqueza cultural de Colombia, se reflexiona acerca de la valorización del Patrimonio Agroalimentario Regional (PAR) como un medio para potenciar la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) con su correlato de alimentación sana para las poblaciones en condiciones de pobreza del país, y de inclusión social y productiva de los productores de pequeña escala en el mercado, en una lógica de desarrollo territorial.

El segundo Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible[3] se refiere a la urgencia de “poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible[4] . Si bien la región de América Latina y el Caribe (ALC) ha logrado importantes avances en la lucha para la reducción de la desnutrición en los últimos años, se encuentra enfrentando una situación que ha sido definida como “la doble carga de la malnutrición” que se refiere a la coexistencia, en las mismas comunidades, familias e individuos, de problemas de déficit de peso y sobrepeso u obesidad (CEPAL y PMA, 2017).

Según un estudio publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2017), en Colombia, el 9%[5] de los niños está afectado por problemas de bajo peso al nacer y el 3,7%[6] de las mujeres en edad fértil presenta un Índice de Masa Corporal  (IMC) inferior a 18,5%. Por otro lado, más del 50% de la población adulta (mayores de 18 años) se encuentra enfrentando problemas de sobrepeso u obesidad[7]. Se trata de una condición común a todos los países de la región, donde la obesidad y el sobrepeso afectan a por lo menos la mitad de la población adulta: 360 millones de personas viven con sobrepeso y 140 millones con obesidad (FAO, OPS, OMS, 2017). Se destaca entonces un serio problema de inseguridad alimentaria y malnutrición en todas sus formas.

Desde 2007, Colombia viene adaptando su marco normativo con el fin de asegurar el logro y mantenimiento de la SAN en todo el país. De acuerdo al documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES Social) 113 de 2007 a través del cual se introdujo la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN) - la SAN se define como la “disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa” (CONPES, 2007: 3)[8].

En 2009, se introdujo la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN) de Colombia con el objetivo de crear un espacio de coordinación entre los diferentes actores involucrados en las políticas de SAN al fin de mejorar la articulación multinivel e intersectorial. Entre los demás instrumentos de la PSAN se destaca: i) el Observatorio Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (OSAN) que es el sistema de actores, instituciones, procesos, políticas, tecnologías, recursos y responsables de la SAN que se ocupa del análisis de información y gestión del conocimiento para la generación, implementación y evaluación de políticas y acciones para la SAN y; ii) el Plan Nacional y los planes territoriales que contemplan el conjunto de objetivos, para la protección de la población contra el hambre y alimentación inadecuada, buscando garantizar el adecuado acceso a los alimentos coordinando intervenciones intersectoriales (DNP, 2015). Se muestra entonces un elevado compromiso del sector público en Colombia para implementar políticas de mejora de la SAN nacional desde una perspectiva multidimensional e integrada.

En línea con esta visión, desde 2013 el Programa de Desarrollo Territorial con Identidad Cultural (DT-IC) del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp) y dos miembros de la Plataforma Diversidad Biocultural y Territorios (Slow Food y Diversidad&Desarrollo), trabajaron en cooperación con el Departamento para la Prosperidad Social (DPS)[9] en el diseño, validación e implementación de un modelo de desarrollo territorial con un eje articulador inicial representado por la SAN. El modelo (ver figura 1) se basa en tres elementos principales:

  • La valorización del PAR entendido como “parte integrante de la diversidad biocultural de un territorio y que contempla las formas de producir, transformar, conservar y consumir los alimentos alrededor de ciclos agroalimentarios, donde los actores y las diferentes for mas de organización institucional entran en juego constituyendo una matriz cultural particular ligada a la identidad territorial local” (PS et al., 2016: 9).
  • La instalación de espacios de gobernanza territorial.
  • El fortalecimiento del acceso a mercados locales.

 

Lo anterior implica transitar de una primera fase de habilitación territorial a una segunda de dinamización territorial.

La habilitación territorial consiste en “alistar” el capital social del territorio, impulsando procesos participativos, inclusivos, concertados y sostenibles. Desde un mapeo dinámico de activos bioculturales ligados al PAR y de actores/dinámicas territoriales, se confluye en la construcción colectiva, compartida entre los diferentes actores claves del territorio, de “agendas consensuadas” en las cuales se destacan y priorizan los principales compromisos a asumirse y las acciones a realizarse a través de la articulación y los acuerdos inter-institucionales. En la fase de dinamización territorial, se apunta a avanzar en la inclusión productiva, potenciando las bases productivas y los circuitos de producción-transformación-comercialización alrededor del PAR.

Cada una de estas líneas es operativizada a través de herramientas metodológicas específicas que permiten lograr resultados en un plazo relativamente corto y articular una fase a la otra de manera coherente.

FIGURA 1. Modelo de Seguridad Alimentaria Nutricional y Desarrollo Territorial

 

Fuente: Elaboración propia, (2016).

El modelo incluye dos líneas transversales fundamentales que son:

  • El fortalecimiento de capacidades a través de una oferta de formación integral para el empoderamiento comunitario y el fortalecimiento institucional.
  • La gestión de conocimientos que se refiere a un sistema de monitoreo y evaluación que permite establecer una línea de base y verificar los avances en los procesos, con amplia participación de los actores territoriales, y también una comunicación estratégica, acumulando y sistematizando lecciones aprendidas.

El modelo se trabajó en seis municipios de tres departamentos del país - que se encuentran entre los que presentan la más elevada incidencia de pobreza e inseguridad alimentaria:

  • La Guajira: municipios de Dibulla y Manaure;
  • Nariño: municipios de Pasto, Buesaco y Los Andes Sotomayor;
  • Chocó: municipio de Quibdó.

 

FIGURA 2. Área de cobertura

 

A lo largo de los años, gracias al trabajo en red y al involucramiento directo de las instituciones y actores claves locales se valorizó el conjunto de activos que forman parte del PAR, que mantienen una relación fuerte con la identidad del territorio (recursos naturales, conocimientos, rituales, tradiciones, formas de producir y transformar los alimentos, recetas tradicionales) y que cuentan con un enorme potencial para generar oportunidades productivas para los actores. Generalmente, estos activos son subestimados y poco valorados por los mismos protagonistas territoriales que no los consideran como potenciales elementos generadores de oportunidades productivas y económicas.

En el proceso de implementación del modelo y en sus perspectivas de escalamiento se destaca el importante involucramiento de los actores territoriales. De hecho, el modelo reconoce la importancia de impulsar procesos que sigan una lógica de implementación de abajo desde arriba (bottom-up), que partan del saber-hacer y de los conocimientos y experiencias de los propios protagonistas territoriales los mismos que tienen la capacidad de movilizar y dar continuidad a procesos de desarrollo territorial en sus propios contextos. Por lo tanto, en los tres departamentos se trabajó con población indígena (sobretodo en el caso de La Guajira), afrodescendiente (sobretodo en el caso del Chocó) y campesina (sobretodo en el caso de Nariño). Esto, permitió mantener una mirada multicultural planteando estrategias de desarrollo territorial para la SAN a partir de las debilidades y fortalezas de los territorios identificadas de forma participativa con los mismos actores territoriales.

En cada territorio se han identificado líderes con capacidad de movilización, con competencias y capacidades en temáticas diversas que han apoyado las etapas de desarrollo del modelo en los municipios, fortaleciendo sus capacidades en el desarrollo territorial con identidad cultural. En particular, se releva la importancia del rol de las mujeres como conocedoras y expertas de temas de patrimonio agroalimentario y como movilizadoras y emprendedoras en temas relacionados con la valorización de la identidad cultural.

Se abordó la SAN desde las características específicas de cada contexto territorial, bajo una perspectiva integral y multidimensional. En cada territorio, es posible destacar énfasis distintos que caracterizaron el desarrollo del modelo y que varían en relación a las características naturales, culturales, poblacionales e institucionales de cada uno de ellos.

En La Guajira, que es el departamento en el cual se inició el proceso en 2013 - se trabajó en los municipios de Dibulla y Manaure y se desarrollaron ambas fases de habilitación y dinamización territorial. Se enfatizó en particular el fortalecimiento de la organización local y la articulación interinstitucional organizada a través de un importante trabajo de articulación institucional, que contempló la realización de momentos de dialogo e intercambio entre instituciones públicas y privadas del nivel local, departamental y nacional que desarrollan actividades en el territorio, con el objetivo de socializar los principales hitos, resultados y retos del proceso con el fin último de impulsar su apropiación local e incrementar su potencial de escalamiento.

En Nariño, se trabajó en tres municipios (Pasto, Los Andes Soto-Mayor y Buesaco) y se puso en marcha un proceso de habilitación territorial cuyo objetivo fue movilizar y articular actores territoriales en una dirección acordada conjuntamente, que se concretó a partir de acuerdos entre actores plasmados en una agenda consensuada en la cual se plantearon una serie de acciones concretas a realizarse en el marco de un proceso de Inclusión productiva. Se puso énfasis en particular en el potenciamiento y diversificación de los circuitos cortos de comercialización a nivel territorial. Lo destacable de este proceso resultó ser la fuerza organizativa, la presencia importante de mercados territoriales y el fuerte compromiso e interés de los actores locales del sector público, privado y de la sociedad civil que mostraron un elevado grado de apropiación del proceso (sobretodo en el caso de mujeres y jóvenes). Cabe destacar un elevado nivel de interés de parte de las instituciones públicas locales y de los actores territoriales en contribuir concretamente al fin de dar continuidad al proceso encaminado.

En el Chocó se trabajó principalmente en la capital del departamento – Quibdó – y se abordó la temática de la SAN desde la valorización y conservación de la diversidad natural y cultural. En particular, se puso énfasis en la relación con los gobiernos locales y el desarrollo de planes municipales. De hecho, el proceso, confluyó en la capacitación de los actores institucionales del territorio e contribuyó a la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal de la Ciudad de Quibdó en el cual se da importancia a elementos como la  valorización del Patrimonio Agroalimentario, las Expresiones Artísticas y las Industrias Creativas, el Turismo Sostenible como estratégicos para el desarrollo sostenible de la ciudad.

Cabe destacar que se encuentran relevantes potencialidades de articulación e intercambio entre los resultados y potencialidades futuras de aplicación del modelo y los ejes estratégicos del trabajo que organizaciones como la FAO están desarrollando hoy en día en Colombia en el marco de sus acciones de apoyo a la construcción e implementación de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) de Colombia.

En este sentido, en el siguiente artículo se profundizarán los énfasis que se dieron en cada territorio, destacando los principales resultados alcanzados y los retos y oportunidades de continuación y escalamiento del proceso a futuro.

 

 

Claudia Ranaboldo y Marta Arosio trabajan dentro del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp). Claudia es Investigadora principal y Marta es Investigadora Adjunta.

Este artículo se enmarca dentro de la serie colaborativa entre la Plataforma de Territorios Inteligentes y RIMISP, el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Haga click aquí para leer el artículo precedente, Dinamización territorial en el proceso de paz y reconciliación en Colombia.

 

 

Bibliografía

  • CEPAL, PMA (2017). Fernández, A., Martínez, R., Carrasco, I., Palma, A. (Editores). “Impacto social y económico de la malnutrición. Modelo de análisis y estudio piloto  en Chile, el Ecuador y México”. Disponible en: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41247/4/LCTS2017-32_es.pdf
  • CONPES (2007). República de Colombia. Departamento Nacional de Planeación. Ministerio de la Protección Social. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Ministerio de Educación Nacional. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. DNP: DDS – DDRS. “Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN)”. Documento Conpes Social 113. Versión aprobada. Bogotà 31 de marzo 2007. Disponible aquí.
  • DNP (2015). “Seguridad Alimentaria y Nutricional”. Disponible aquí.
  • FAO, OPS, OMS (2017). “2016, América Latina y el Caribe. Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional. Sistemas alimentarios sostenibles para poner fin al hambre y la malnutrición”. Disponible en:
  • FAO (2016). “Boletín de Agricultura Familiar. Desencadenar el potencial de las familias rurales”. Disponible aquí.
  • PS, Rimisp, Slow Food, Diversidad&Desarrollo (2016). “Modelo de Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural vinculado a SAN/PAR”. Producto B del Convenio 204 de 2015. Documento analítico y metodológico.

 

[2] En relación al indicador de gasto o ingreso per cápita del hogar, Colombia se coloca entre los países que presentan la mayor inequidad territorial (Rimisp, 2016 en Ranaboldo&Arosio, 2017: http://www.fao.org/in-action/territorios-inteligentes/articulos/colaboraciones/detalle/es/c/878611/ ).

[3] Aprobada por más de 150 dirigentes mundiales a lo largo de la Cumbre de Desarrollo Sostenible que se desarrolló en Septiembre 2015 en Nueva York: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/1

[4] http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/

[5] Datos de 2016.

[6] Datos de 2010.

[7] Datos de 2014.

[9] La actual Prosperidad Social (PS): www.dps.gov.co. Es la entidad del Gobierno Colombiano encargada de diseñar, coordinar e implementar políticas públicas para la inclusión social y la reconciliación, combatiendo la pobreza.

Author: Claudia Ranaboldo y Marta Arosio
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