Los grupos de desarrollo rural presentes a lo largo de todo el territorio de la Unión Europea, desempeñan una función crucial de articulación público-privada, de impulso al desarrollo del sector agroalimentario así como a la mejora de las condiciones de vida en los pueblos. Nos detenemos en la experiencia de una cooperativa del Valle del Gualhorce, al sur de España.

La cooperativa Guadalhorce Ecológico aglutina la producción agroalimentaria ecológica certificada del Valle del Guadalhorce, una comarca agrícola en la provincia de Málaga (España). Esta cooperativa nació gracias a la asociación de 15 socios originarios (actualmente son 23) hace unos cinco años. Su objetivo era la promoción de los productos ecológicos de esta comarca malagueña, fundamentalmente hortalizas y cítricos. En el inicio de su andadura la cooperativa contó con una subvención del Grupo de Desarrollo Rural de esta comarca, que permitió cubrir parte del gasto de las cámaras frigoríficas y del acondicionamiento del local, cedido por uno de los ayuntamientos.

Este caso es sólo uno de los muchos ejemplos de cómo los grupos de desarrollo rural desempeñan una función de articulación público-privada y de mejora de la competitividad a lo largo del territorio rural europeo. Su papel en el impulso al desarrollo del sector agroalimentario así como a la mejora de las condiciones de vida en los pueblos es clave, y forman parte del llamado Programa de Desarrollo Rural (PDR), una iniciativa que fue concebida a mediados de los años noventa y que centra, en cada región europea, la planificación de fondos públicos europeos para un determinado periodo de años. 

El diseño de este documento se enmarca en las seis prioridades de desarrollo rural de la Unión Europea: fomentar la transferencia de conocimientos y la innovación en el sector agrícola; mejorar la competitividad; impulsar la organización de la cadena de distribución de alimentos; restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas; promover la eficiencia de los recursos; y fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico de las zonas rurales.

El gobierno de Andalucía, región a la que pertenece la cooperativa del Valle del Guadalhorce que mencionábamos anteriormente, ha concebido su PDR como una herramienta que propicie la competitividad y la sostenibilidad, y como un acicate para que la región avance en innovación y en relevo generacional, ya que el 55% de la población andaluza vive en municipios rurales. 

La consejería de agricultura y pesca de la Junta de Andalucía (gobierno regional) gestiona una importante partida de fondos europeos, en el marco del PDR, destinada a respaldar inversiones en modernización de explotaciones e infraestructuras así como al fomento de la integración cooperativista y a la innovación. Otra importante partida del PDR va destinada a ofrecer fondos a los Grupos de Desarrollo Rural como las principales entidades de dinamización de los pequeños pueblos y de sus emprendedores. 

Así, el Grupo de Desarrollo Rural del Valle del Guadalhorce, en ese sentido, impulsa un proyecto de parque agrícola que permita la creación de una marca de calidad en torno a la cual promocionar y comercializar sus productos. 

Una experiencia territorial específica, en una región del sur de Europa, que ofrece un ejemplo claro de cómo el apoyo a proyectos de dinamización, asociación e innovación en el territorio, ofrece sinergias con la línea estratégica de desarrollo de la UE en los próximos años, marcada por un crecimiento que sea a la vez inteligente, sostenible e integrador.