Plataforma de Territorios Inteligentes

Sostenibilidad sistémica

 

Apoyamos inversiones integradas que propicien el desarrollo a largo plazo del territorio, al abrir el foco estratégico desde la sostenibilidad económica hasta la sostenibilidad social y medioambiental.

Marco conceptual

Los retos que plantea un enfoque sistémico son de alcance global y requieren altos niveles de exigencia institucional; colaboración entre sectores y entre distintos niveles administrativos del territorio. Así como responsabilidad social; capacidad de construir compromisos; y marcos económicos, financieros, sociales, laborales, y ambientales, sólidos, transparentes, y coordinados.

La “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” (Asamblea General de la ONU, 2015) reconoce que para un desarrollo sostenible, hay que lograr la erradicación de la pobreza. Una agenda sólida de desarrollo sostenible se enfoca en el crecimiento económico, la sostenibilidad social y la sostenibilidad ambiental, conocido como el Triple Vertiente de la Sostenibilidad.

             La sostenibilidad económica requiere de reformas estructurales e inversiones que conduzcan hacia un  crecimiento robusto e inclusivo. El enfoque sistémico del desarrollo integrado se inicia con la identificación de la evolución actual de sistemas y clústeres productivos locales, con especial atención a las estrategias competitivas basadas en la incorporación de innovaciones.

             La sostenibilidad social tiene como objetivo la eliminación de la pobreza a través de la equidad (como garantía de la igualdad de oportunidades y la justa distribución de los beneficios generados por el crecimiento económico) y la  inclusión social (como garantía de prosperidad compartida para todos los ciudadanos de un territorio y como requisito previo a la cohesión social). 

             La sostenibilidad ambiental implica el uso racional consciente de los recursos y los sistemas naturales que nos sustentan, así como su conservación.  

La competitividad sistémica territorial (Esser y otros, 1996) toma en consideración no sólo las actividades puramente mercantiles o económicas, sino también las capacidades institucionales, las condiciones de trabajo, la seguridad, la justicia, la transparencia, el capital relacional, las redes, la calidad de vida, y el respeto al medio ambiente.

 

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