Hacer frente a las causas profundas del alza de los precios alimentarios y del hambre
por José Graziano da Silva, Kanayo F. Nwanze y Ertharin Cousin *

La situación actual en los mercados mundiales de los alimentos, caracterizada por un fuerte aumento en los precios del maíz, el trigo y la soja, ha hecho aumentar el temor de una repetición de la crisis alimentaria mundial de 2007-2008. Pero una actuación internacional rápida y coordinada puede evitar que eso suceda. Necesitamos actuar con urgencia para asegurarnos de que estos vaivenes de precios no degeneren en una catástrofe que golpee a decenas de millones de personas en los próximos meses.

Existen dos problemas interconectados que deben ser abordados: la cuestión inmediata de los precios elevados de algunos alimentos, que puede afectar en gran medida a los países que dependen de las importaciones alimentarias y a las personas más pobres, y el problema a largo plazo de cómo producir, comerciar y consumir alimentos en una época de crecimiento demográfico y de la demanda y cambio climático.

Para responder a estos desafíos estamos mejor preparados hoy que hace cinco años. Hemos desarrollado nuevas políticas y nuevos instrumentos, como el Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre la Seguridad Alimentaria Mundial y el Sistema de Información del Mercado Agrícola del G-20 (AMIS, por sus siglas en inglés) , que mejora la transparencia en los mercados mundiales. También tenemos el Foro de respuesta rápida de AMIS, creado para facilitar las respuestas políticas coordinadas de los principales productores y comerciantes mundiales de cereales y soja en caso de turbulencias en los mercados.

Hemos aprendido que no todos se ven afectados de la misma manera: los pobres urbanos y rurales y los países que dependen de las importaciones de alimentos son más vulnerables a los aumentos de los precios internacionales de los productos básicos, cuando estos se transmiten a los mercados locales, ya que gastan la mayor parte de sus ingresos en alimentos. También hemos aprendido que podemos conseguir que los pequeños campesinos, muchos de los cuales también son pobres y en situación de inseguridad alimentaria, se beneficien del alza de los precios de los alimentos y se conviertan en parte de la solución mediante la reducción de los picos de precios y la mejora de la seguridad alimentaria global. Así, hemos adoptado un enfoque de doble componente que apoya inversiones a largo plazo en la agricultura -en particular la agricultura en pequeña escala-, al tiempo que garantiza que las redes de seguridad están en su lugar para ayudar a los consumidores y productores de alimentos pobres a evitar el hambre, la pérdida de activos y la trampa de la pobreza a corto plazo.

Muchos países cuentan con sistemas de protección social, incluyendo redes de seguridad -tales como la asistencia a los pequeños agricultores, el apoyo nutricional a madres y niños, y las comidas escolares- para asegurar que sus ciudadanos con menos recursos tienen suficiente para comer, y sin embargo, éstos sistemas deben ampliarse de forma significativa en los países más pobres. Redes de seguridad que sean asequibles, predecibles y transparentes son una necesidad imperiosa si queremos protección contra los vaivenes de precios y las crisis recurrentes. Los pequeños productores de alimentos deben estar también mejor equipados para aumentar su productividad, ampliar su acceso a los mercados y reducir su exposición al riesgo. Y, por supuesto, la gente necesita empleos e ingresos dignos para que puedan adquirir los alimentos que necesitan y salir de la pobreza.

En respuesta al alza de los precios alimentarios, las cosas que debemos evitar hacer son tan importantes como las que debemos hacer. En particular, los países deben evitar las compras motivadas por el pánico y abstenerse de imponer restricciones a la exportación que, si bien ayudan temporalmente a algunos consumidores a nivel doméstico, son en general ineficaces y hacen la vida más difícil a los demás.

Por encima de todo, debemos entender sin embargo que los altos precios de los alimentos son un síntoma y no la enfermedad. Así, mientras que la comunidad internacional debe tomar medidas con antelación para evitar las subidas excesivas de precios, debe también actuar sobre las causas profundas detrás de tales aumentos repentinos.

Se han producido tres fuertes subidas de los precios internacionales de alimentos en los últimos cinco años. En todas las ocasiones, la meteorología ha sido una de las causas . Las sequías en algunas zonas del mundo han mermado la producción mundial de cereales prácticamente cada dos años desde 2007. En otros lugares, las inundaciones han causado graves daños a los cultivos. El incremento del desvío de reservas de alimentos para fines no alimentarios y el aumento de la especulación financiera son algunas de las causas de la subida del nivel de los precios y la volatilidad. Hasta que encontremos el camino para blindar nuestro sistema alimentario de frente a los vaivenes de precios y el cambio climático, el peligro persistirá. A corto plazo, esto tiene un coste, no sólo para los directamente afectados, sino también para la comunidad internacional en su conjunto. Por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) estima que cada 10 por ciento de aumento en el precio de la cesta alimentaria significa que tiene que encontrar unos 200 millones de dólares EEUU adicionales al año para ayuda alimentaria.

Somos vulnerables porque incluso en un buen año, la producción mundial de cereales es apenas suficiente para satisfacer la creciente demanda de alimentos, piensos y combustible. Esto, en un mundo donde hay 80 millones de bocas más que alimentar cada año. Estamos en peligro, ya que sólo un puñado de países son grandes productores de alimentos básicos, y cuando se ven afectados, lo mismo les sucede a todos los demás.

El desafío -y la oportunidad- es a la vez reducir y repartir ese riesgo. Y la manera más obvia es promover la producción sostenible de alimentos en los países pobres importadores de alimentos, donde a menudo hay un enorme potencial para mejorar la producción. Eso llevaría a más alimentos disponibles en los mercados locales y proporcionar puestos de trabajo e ingresos, especialmente en las zonas rurales donde vive el 70 por ciento de los pobres del mundo. También hay que abordar el hecho de que, a nivel mundial, un tercio de los alimentos producidos se desperdicia o se pierde por deterioro, daños y otras causas.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) ayudan a los pobres a comer hoy, mientras que les ofrecen mayor resistencia y la capacidad de alimentarse por sí mismos mañana. Pero aún queda mucho por hacer. Tenemos que invertir mucho más en agricultura y protección social, incluidos los programas que ayudan a los pobres a acceder a los alimentos que han quedado fuera de su alcance en los mercados locales.

Por último, tenemos también que revisar y ajustar donde proceda las políticas existentes en la actualidad que fomenten los usos alternativos de cereales. Por ejemplo, un grupo de organizaciones internacionales entre las que figuran la FAO, el FIDA, el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el PMA, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio (OMC) han recomendado ajustar los mandatos sobre los biocombustibles cuando los mercados mundiales se encuentren bajo presión y el suministro de alimentos amenazado. Esa recomendación, formulada a la cumbre del G20 en París 2011, sigue vigente hoy en día.

Al actuar para evitar un posible deterioro de la situación, tenemos que permanecer vigilantes y prepararnos para lo peor a corto plazo, mientras se trabaja en soluciones sostenibles a largo plazo. No hacerlo significaría inevitablemente que los más pobres y vulnerables del mundo paguen un precio muy alto. Entender esto nos ayudará a responder al desafío de "Hambre Cero" planteado por el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, para erradicar el hambre en el mundo.

* Los autores son, respectivamente, el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y la Directora Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA).

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La FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - es un organismo especializado de la ONU cuyo mandato es mejorar la nutrición a nivel mundial, impulsar la productividad agrícola, mejorar la vida de la población rural y aumentar la contribución de la agricultura al crecimiento económico.

El proyecto BEFS de la FAO ha sido financiado por el Ministerio federal alemán de Alimentación, Agricultura y Protección del consumidor.
 

El estudio "Iniciativas de bioenergía a pequeña escala: breve descripción y conclusiones preliminares de estudios de caso en Latinoamérica, Asia y África" se centra en 15 proyectos diversos sobre bioenergía en 12 países diversos en tres continentes y que utilizan un amplio abanico de tecnologías.

"El encendido debate sobre la bioenergía se ha centrado sobre todo en los combustibles líquidos para el transporte", aseguró Olivier Dubois, experto en bioenergía del Departamento de Recursos Naturales de la FAO.

"Pero más de 80 por ciento de uso de bioenergía en el mundo proviene de otras fuentes, en especial la madera, que se utiliza para cocinar y calentarse en muchas partes del mundo", añadió Dubois.

La preocupación por el impacto de los biocombustibles para el transporte en el medio ambiente, los recursos hídricos y la seguridad alimentaria ha ensombrecido los diferentes efectos positivos que tienen para la población rural pobre.

El estudio demuestra con claridad los enormes beneficios potenciales de las nuevas tecnologías para la energía obtenida de la biomasa, algunas sencillas y otras más sofisticadas.

La bioenergía beneficia a los pobres

Entre los beneficios potenciales de la energía destacados en el estudio se incluyen:

. un incremento en la eficiencia de los recursos naturales, ya que se puede obtener energía de desechos que de otro modo se quemarían o se dejarían descomponerse;

. la obtención de subproductos útiles como fertilizantes asequibles derivados de la producción de biogás;

. la posibilidad de producir simultáneamente alimentos y combustibles, a través de la siembra intercalada;

. la creación de un nuevo capital financiero mediante el uso de tierras marginales.

"En todos los casos propuestos, incluso aquellos basados en la venta de bioenergía en el mercado, la comunidad local se beneficia de un mejor acceso a la energía, tanto para uso doméstico como comercial", indicó Dubois.

Economizar recursos locales

"Los ciclos virtuosos se pretenden utilizar en comunidades en las que la gente tiene acceso a servicios energéticos necesarios para el desarrollo sin que el dinero se destine a combustibles fósiles o recursos naturales locales.

El estudio desvela además que el uso de la bioenergía tiene a menudo un papel importante para proteger a la población rural pobre de los vaivenes del mercado de combustibles fósiles en tiempos de crisis energética, que luego se suele abandonar cuando el precio del crudo desciende.

En ninguno de los casos propuestos la producción de bionergía ponía en peligro la seguridad alimentaria. Ya fuere porque la bionergía provenía de cultivos no alimentarios o producidos en parcelas pequeñas o de tierras sin utilizar.

Involucrar a la población local

"Estas iniciativas han involucrado de forma adecuada a la población local en la toma de decisiones sobre la bioenergía, de manera que si la seguridad alimentaria se hubiera visto afectada, habrían tomado medidas", subrayó Dubois.

A pesar de que las iniciativas sobre la bioenergía plantean retos para su implementación, se trata de problemas similares a otras actividades productivas en áreas rurales, como las dificultades técnicas o la falta de capitales para invertir, según el informe.

La investigación para el estudio se realizó entre septiembre y noviembre de 2008 en base a una iniciativa conjunta de la FAO y el programa PISCES financiada por el DFID.