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Chile

Gestión del agua, políticas y legislación relativas al uso del agua en la agricultura

Instituciones

La institucionalidad del riego en Chile radica básicamente en la Comisión Nacional de Riego (CNR), en el Ministerio de Obras Públicas y en el Ministerio de Agricultura, a través de diversos organismos de su dependencia.

La CNR fija la política de obras extraprediales de riego, que se realizan con fondos estatales. Además, impulsa la ley de fomento a la inversión privada en riego (Ley 18 450).

En el ámbito global del recurso hídrico, el organismo más importante es la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas (DGA), que es un ente normativo en materia de aguas y al cual le corresponden las funciones de la planificación del uso del recurso, otorgar los derechos de aprovechamiento, investigación, medición, conservación, policía, vigilancia y administración de todas las aguas del país, superficiales y subterráneas.

La Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) tiene como misión desarrollar obras hidráulicas dentro del manejo integrado de cuencas hidrográficas, mediante la planificación del uso y la evaluación, diseño, construcción y conservación del conjunto de obras hidráulicas de la cuenca. En materia de riegos ejecuta la política de obras que establece la CNR. Tiene también la responsabilidad en la evacuación de aguas pluviales urbanas.

También tiene competencias la Superintendencia de Servicios Sanitarios (MOP) que se encarga de la contaminación de las aguas (depuración, control de vertidos, etc.) y el Ministerio de la Salud, a través de los Servicios de la Salud tiene atribuciones en el riego con aguas residuales de cultivos para el consumo en fresco.

En el Ministerio de Agricultura, el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP) cumple un papel importante en el desarrollo de la Ley 18 450 en materia de riego campesino, mientras que el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA), lo cumple en la investigación orientada a mejorar las condiciones del riego parcelario.

En el sector privado, tienen relevancia las Juntas de Vigilancias en la gestión de los cauces naturales. Estas Juntas se encargan de administrar las aguas dentro de un cauce o de una sección de éste. Por otro lado, en los cauces artificiales, se encuentran las Asociaciones de Canalistas y las Comunidades de Aguas que tienen como objetivo la distribución y administración de las aguas y la conservación y mejoramiento de las obras de captación, conducción y distribución.

Gestión del agua

El sistema de liberalización de las transacciones del derecho de aprovechamiento del agua o "Mercado del Agua", se originó a partir del Decreto No. 1-2603 del Ministerio de Agricultura de 1979 y fue recogido y completado en el Código de Aguas de 1981, tanto en su procedimiento como en el derecho de aprovechamiento. De modo general, se puede decir que se distinguen dos tipos de transacciones, aquellas de tipo formal en las cuales dicha transacción queda registrada en los libros de los Conservadores de Bienes de Raíces y los tratos informales, que generalmente involucran a usuarios dentro del mismo canal y que son acuerdos privados como arriendos o préstamos de agua en que se cede su utilización durante una cierta temporada. Estos últimos son los más frecuentes y van ligados al arriendo de la tierra y raramente se realizan transferencias de derechos de aprovechamiento de aguas de forma independiente de la tierra a la cual estaban destinados.

En este sistema de gestión, basado en el otorgamiento y administración de derechos de agua, el Estado tiene un papel restringido en su regulación y nulo en materia de transferencia. Sin embargo, a través de las distintas modificaciones hechas al Código de Aguas, principal marco regulador y normativo, se ha procurado controlar los potenciales efectos negativos sobre terceros y/o el medio ambiente de la constitución y ejercicio de los derechos de agua. Como se señalara anteriormente, son las Juntas de Vigilancia, las Asociaciones de Canalistas y las Comunidades de Aguas las que juegan un rol fundamental en la distribución, administración y resguardo de los derechos de aguas otorgados.

Financiación

Hoy en día, el principal instrumento de fomento a las obras de riego y drenaje en el país lo constituye la Ley de Fomento al Riego 18 450 gestionada por la CNR. Este instrumento, dirigido a todos los productores agropecuarios del país, entrega una bonificación para estudios, construcción y rehabilitación de obras de riego o drenaje y las inversiones en equipos y elementos de riego mecánico o de generación; se concibe, desde su creación en el año 1985, como un complemento e incentivo a la inversión privada. Sus principales objetivos son: (i) incrementar la superficie regada del país; (ii) mejorar el abastecimiento de agua en aquellas áreas regadas en forma deficitaria; (iii) mejorar la calidad y la eficiencia de aplicación del agua; y (iv) incorporar nuevos suelos a la producción agropecuaria por la vía de eliminar el mal drenaje y/o facilitar la puesta en riego predial.

Tal es el consenso que existe en la importancia y necesidad de este instrumento, que ha sido prorrogado en sucesivas ocasiones, la última de ellas hasta el año 2022 con un presupuesto anual a ejecutar de, aproximadamente, 85 millones de $ EEUU. El principal impacto de este instrumento ha sido la tecnificación del riego, que ha permitido pasar del orden de las 90 000 ha el año 1997 a casi 300 000 ha el 2007, lo que representa un aumento del 228 por ciento en el periodo.

Políticas y legislación

La recién estrenada Estrategia Nacional de Recursos Hídricos (MOP, 2013) constituye la hoja de ruta que guiará al país hacia el desarrollo económico y social, en el marco de un uso eficiente, sustentable y equitativo de los recursos hídricos con que cuenta Chile. Con este fin, dicho instrumento de política ha establecido cinco ejes estratégicos con sus respectivas líneas de acción asociadas: (i) Gestión eficiente y sustentable; (ii) Mejor institucionalidad; (iii) Enfrentar la escasez: embalses, infiltración artificial de acuíferos, desalación, evaluación de otras fuentes no convencionales de agua; (iv) Equidad social: cobertura de agua potable rural; y (v) Una ciudadanía informada.

Esta Estrategia Nacional se convierte en el paraguas de una serie de políticas sectoriales y leyes asociadas al recurso hídrico, entre las que se cuentan:

  • Decreto con Fuerza de Ley N° 1.122. Código de Aguas (año 1981, última modificación 2010). Fija disposiciones sobre: el dominio y aprovechamiento de las aguas terrestres; y la adquisición de derechos de aprovechamiento de las aguas.
  • La Política Nacional de Riego y Drenaje (año 2005, actualmente en revisión): Busca contribuir al desarrollo del país a través del riego y drenaje para permitir el crecimiento económico del sector agropecuario en un marco de equidad social, de género y etnias, sustentabilidad ambiental y gestión a nivel de cuencas hidrográficas.
  • Política Agrícola (año 2010): cuyos objetivos son: fomentar la competitividad; la transparencia y el acceso a los mercados; la investigación e innovación; la sustentabilidad social, económica y ambiental; y la modernización institucional.
  • Política Energética: de la Comisión Nacional de Energía (año 2008). Objetivos: la suficiencia, la eficiencia y la seguridad energética, en un marco de sustentabilidad y equidad social.
  • Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (año 2008): El Plan (2008-2012) busca minimizar los impactos adversos al cambio climático.

     
   
   
             

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