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Colombia

Gestión del agua, políticas y legislación relativas al uso del agua en la agricultura

Instituciones

Desde 2003 se establece el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) como coordinador del Sistema Nacional Ambiental, y como organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de definir y formular las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, entre ellos el agua (MAVDT, 2010).

De manera específica en temas hídricos, le corresponde al MAVDT, a través del Viceministerio de Ambiente, la formulación de políticas; fijar las pautas para el ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas; límites máximos de vertimientos; y fijar tasas ambientales. Por su parte, la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN) que hace parte de la estructura orgánica del MAVDT es la encargada del manejo y administración del Sistema de Parques Nacionales Naturales y de la coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). Tiene además las funciones de otorgar permisos, concesiones y autorizaciones para el uso y aprovechamiento de recursos naturales, cobrar tasas y participar en procesos de licenciamiento ambiental.

El Ministerio cuenta con dos entes asesores de política y reglamentación en la materia de carácter interinstitucional e intersectorial: el Consejo Nacional Ambiental y el Comité Técnico Asesor de Política y Normativa Ambiental. Además, el Ministerio adelanta sus tareas con el apoyo técnico y científico de cinco institutos de investigación adscritos o vinculados: el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis” (INVEMAR), el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt”, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas “Sinchi” y; el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico “John Von Neumann”.

En la actualidad, el país cuenta con 33 autoridades ambientales regionales distribuidas en todas las áreas del territorio, representadas en las denominadas corporaciones autónomas regionales (CAR) y corporaciones para el desarrollo sostenible. Dichas entidades creadas a partir de 1993 están encargadas de la administración del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, incluida el agua, de conformidad a las políticas y disposiciones legales que establezca el MAVDT.

En 1994, se creó la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de La Magdalena (CORMAGDALENA), con el fin de promover la recuperación, el aprovechamiento sostenible y la preservación del medio ambiente y recursos naturales renovables de dicho río.

Para el caso de cuencas hidrográficas compartidas por dos o más corporaciones autónomas regionales (CAR) o autoridades ambientales, se cuenta con la figura de las comisiones conjuntas cuyo objeto es “concertar, armonizar y definir políticas, para el ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas comunes” y están compuestas por las autoridades ambientales con jurisdicción en la cuenca, la UAESPNN y CORMAGDALENA, si fuera el caso.

En el nivel local, los municipios deben desarrollar planes, programas y proyectos generales y sectoriales para la gestión integral del recurso hídrico, articulados con los planes de desarrollo regional y nacional.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural formula y coordina políticas correspondientes al sector agropecuario. Cuenta con el apoyo del Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (INCODER) y del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

Gestión del agua

Los distritos de riego privados son administrados directamente por las asociaciones de usuarios, y los distritos de riego públicos son administrados por el INCODER. El INCODER además de administrar y mantener los distritos de riego de su propiedad, debe establecer el monto de las inversiones públicas en la construcción, rehabilitación o ampliación de los distritos de adecuación de tierras y señalar las cuotas de recuperación de tales inversiones a cargo de los beneficiarios, como la cuota de subsidio y las tarifas básicas y de aprovechamiento de servicios.

Los distritos de riego tienen establecidas tarifas por la prestación de los servicios las cuales generalmente comprenden una tarifa básica o fija que depende del área beneficiada, y una tarifa volumétrica que se factura por metro cúbico de agua suministrada. Estas tarifas son establecidas directamente por las asociaciones de usuarios del distrito de riego para el caso de privados, y es sugerida por las asociaciones y aprobada por el INCODER para el caso de los distritos públicos.

En el año 1990 fue creada la Federación Nacional de Usuarios de Distritos de Adecuación de Tierras (FEDERRIEGO), organización privada que agremia 17 asociaciones de usuarios que han recibido del Estado los distritos para su administración, operación y mantenimiento.

Financiación

El gobierno cuenta con diferentes programas de financiación para inversiones de modernización y mejoramiento de las actividades productivas agrícolas tales como obras de infraestructura, inversión en riego y drenaje, maquinaria y equipos para la producción. Estas herramientas de financiación ofrecen bajas tasas de interés.

Se estima que del área adecuada con riego y drenaje el 70 por ciento corresponde a inversión pública (Contraloría General de la República, 2009).

En el año 2007 fue creado el programa Agro Ingreso Seguro-AIS mediante el cual se estableció un sistema concursal para la construcción y rehabilitación de sistemas de riego y drenaje. Durante el 2007 y 2008 se financiaron mediante el AIS 251 proyectos de tipo predial y 117 distritos de riego, beneficiando más de 77 000 ha por un valor superior a los 115 millones de $EE.UU con un aporte del Estado mayor al 74 por ciento de la inversión. A partir del 2011 se reactivará este programa bajo el nombre de Desarrollo Rural con Equidad-DRE.

Políticas y legislación

En 2010, se oficializó la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, la cual establece los objetivos, estrategias, metas, indicadores y líneas de acción estratégica para el manejo del recurso hídrico en el país, en un horizonte de 12 años. El mecanismo previsto para materializar esta Política lo constituye un plan de acción que se denomina “Plan Hídrico Nacional”. El plan hídrico nacional tendrá tres etapas: corto (2014), mediano (2018) y largo plazo (2022) y será formulado de manera concertada con los actores clave para la gestión integral del recurso hídrico (MAVDT, 2010).

     
   
   
             

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