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Guatemala

Gestión del agua, políticas y legislación relativas al uso del agua en la agricultura

Instituciones

La participación del estado en actividades de riego se inició en 1957 con la creación del Departamento de Recursos Hidráulicos (DRH) del Ministerio de Agricultura, encargado de elaborar y llevar a cabo los proyectos de riego. En 1970 se creó la Dirección General de Servicios Agrícolas (DIGESA) y en 1981 se la Dirección de Riego y Avenamiento (DIRYA) responsable de los recursos agua y suelo, y de las actividades de riego y drenaje. En 1994 se organiza el Plan de Acción para la Modernización y Fomento de la Agricultura Bajo Riego (PLAMAR), con el objetivo de desarrollar y ejecutar el proceso de transferencia de las unidades de riego públicas a las organizaciones de usuarios y de apoyar el fomento de la producción agrícola bajo riego.

En 1998, con la reorganización del aparato gubernativo, quedaron eliminadas la Secretaría de Recursos Hidráulicos de la Presidencia de la República (normadora del uso del agua), así como la DIGESA y la DIRYA del Ministerio de Agricultura responsables de las actividades de Riego y Drenaje. Las funciones de estas dos últimas han sido absorbidas por el PLAMAR, como responsable del seguimiento de las políticas del sector riego.

En la actualidad, las instituciones más relevantes en temas de recursos hídricos son:

  • Gabinete especifico del agua (GEA): establece la agenda del agua como un instrumento de gestión del estado para promover acciones de incidencia pública y privada a nivel nacional, municipal y comunitario, basado en tres directrices: sensibilización, gestión gubernamental y orientación hacia un marco normativo del agua.
  • Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA): ejecuta políticas que se traducen en planes, programas y proyectos para mejorar la producción de alimentos, y un insumo fundamental es el agua. El MAGA cuenta con la Unidad especial de ejecución de desarrollo integral de cuencas hidrográficas (UEEDICH) y con el Plan de acción para la modernización de la agricultura bajo riego (PLAMAR).
  • Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN): es el rector en la calidad, uso y aprovechamiento del recurso hídrico, cambio climático y reforestación para conservación, investigación y formulación de política hídrica y manejo de cuencas hidrográficas
  • Municipalidades: responsable de la prestación de servicios de agua potable y saneamiento, la promoción y conservación de los recursos naturales renovables y no renovables, la reforestación de las cuencas y zonas de recarga hídrica y la formulación y ejecución de planes de ordenamiento territorial y de desarrollo integral de su jurisdicción.
  • Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS): define las políticas de agua potable y saneamiento.
  • Instituto de Fomento Municipal (INFOM): es el ente ejecutor de las políticas de agua potable y saneamiento, asesoría y financiamiento a municipalidades.
  • Consejos de Desarrollo: Fortalecimiento del poder local.
  • Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP): maneja el recurso hídrico a través de un subsistema de áreas protegidas productoras de agua.
  • Instituto Nacional de Bosques (INAB): programa de investigación sobre hidrología forestal.
  • Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH): encargado de la investigación del tema de agua.
  • Comisión Guatemalteca de Normas (COGUANOR): dicta normas de calidad de agua.
  • Secretaría de Planificación y Programación (SEGEPLAN): promover la estrategia nacional de recursos hídricos

Gestión del agua

El país tiene mucha agua pero poca gestión. Los principales conflictos en el agua, se favorecen por la dispersión, falta de coordinación, vacíos legales y débil gobernanza de los organismos de estado respecto a la gestión integral del agua. Ello genera conflictos como la competencia entre los distintos usos, desvió de ríos, aprovechamiento hidroeléctrico, emisión de aguas residuales sin tratamiento por industrias y municipalidades.

Desde 1994 la estrategia aplicada por el gobierno ha sido transferir las unidades de riego estatales al sector privado, previa consolidación de las Asociaciones de Usuarios y Sistemas Comunales en su gestión empresarial y en la ejecución de la rehabilitación de la infraestructura de los sistemas de riego. Estas funciones han sido asignadas al PLAMAR quién a su vez trata de involucrar a los usuarios en todas las acciones de transferencia hasta lograr su autogestión en el manejo de los sistemas.

Financiación

Existen experiencias incipientes de pago por servicios ambientales hídricos en sistemas de riego. Aún así, todavía persiste la ausencia de institucionalidad y una débil cultura de pago por el agua. El uso de tarifas en el riego podría orientarse a incentivar el uso eficiente del agua, financiar el mantenimiento de la infraestructura y la conservación de las fuentes de agua. El MAGA está facultado para promover el uso de tarifas para el mantenimiento y modernización de la infraestructura, así como para promover el establecimiento de mecanismos de pago por servicios ambientales para mantener las fuentes de agua que podría realizarse por la vía de los incentivos y del trabajo educativo y formativo (MAGA, 2013).

Políticas y legislación

La Constitución de la República (1985) estipula que todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles, quedando su aprovechamiento uso y goce otorgados por ley de acuerdo con el interés social. El Código Civil, sin embargo, reconoce la propiedad privada de las aguas dentro de los terrenos privados, pero las considera del dominio público cuando salen de las fincas o predios donde nacen o escurren. Con el propósito de modernizar y ordenar el uso y aprovechamiento de los Recursos Hídricos, se encuentra en proceso de estudio y aprobación la Ley Nacional de Aguas.

La política pública relacionada con el agua se fundamenta en tres directrices principales: sensibilización entorno a los temas del agua; gestión gubernamental para el agua; y orientación hacia un marco normativo. Estas directrices tienen sentido en su vínculo con un marco de políticas públicas y leyes especiales relativas a la salud, el ambiente, el bosque, las áreas protegidas, la seguridad alimentaria, el desarrollo rural, el cambio climático, las políticas económicas y sociales.

     
   
   
             

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