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Mexico

Gestión del agua, políticas y legislación relativas al uso del agua en la agricultura

Instituciones

Antes de 1989, la política hidráulica se ejecutó a través de un conjunto de organismos y dependencias. En 1989 se creó la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), como un órgano desconcentrado de en aquel entonces la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), como única autoridad facultada para administrar las aguas nacionales. En 1992, la Ley de Aguas Nacionales formalizó los avances institucionales que se habían logrado con la CONAGUA. En 1994 con la nueva administración federal, la CONAGUA cambió de la SARH a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAT). La CONAGUA es el órgano administrativo, normativo, técnico y desconcentrado encargado de la gestión del agua en México. En 1997 el país se dividió en 13 regiones hidrológico-administrativas (RHA), las cuales están formadas por agrupaciones de cuencas, consideradas las unidades básicas de gestión de los recursos hídricos, pero sus límites respetan los municipales, para facilitar la integración de la información socioeconómica. La CONAGUA desempeña sus funciones a través de las 13 RHA (CONAGUA, 2011a).

La CONAGUA trabaja en conjunto con diversas instituciones en el ámbito federal, estatal y municipal, así como con asociaciones de usuarios y empresas e instituciones del sector privado y social, y organizaciones internacionales. El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) se encarga de la investigación, capacitación y asistencia técnica en riego y drenaje, infraestructura hidráulica y abastecimiento de agua.

La responsabilidad de prestar los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales se encuentra a cargo de los municipios (CONAGUA, 2011a).

Gestión del agua

La constitución política de México señala que son propiedad de la nación las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, y que ésta tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares. La explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales sólo podrá realizarse por los particulares mediante concesiones.

Originalmente la gestión de los DR era a cargo del Gobierno Federal. Con la creación de la CONAGUA en 1989 y la promulgación de la nueva Ley de Aguas Nacionales en 1992, dio inicio la transferencia de los DR a los usuarios, apoyada en un programa de rehabilitación parcial de la infraestructura. En el año 2000 se había entregado a los usuarios la operación de la infraestructura hidráulica en el 90 por ciento de la superficie que ocupan los distritos de riego y a finales de 2009, se había transferido a los usuarios más del 99 por ciento y sólo dos distritos no habían sido totalmente transferidos a los usuarios. El éxito de la transferencia se ha apoyado en el desarrollo de los programas de rehabilitación y modernización, con base en convenios entre la CONAGUA y la Asociación Nacional de Usuarios de Riego (ANUR).

Las UR, una vez construidas, se entregaban directamente a los usuarios quienes se encargaban de su operación, conservación, mejoramiento y administración. En los primeros años existieron problemas del uso eficiente de los recursos. Por ello, en 1991 se estableció una estrategia por parte del Gobierno Federal para la reactivación productiva de las UR. Se encomendó a la CONAGUA otorgar las concesiones a las Asociaciones de Usuarios de las UR; llevar a cabo la planificación, construcción y reglamentación de las UR e implementar acciones de rehabilitación de las UR. A la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) se le encomendó promover la organización de los productores y las acciones coordinadas de apoyo institucional así como la asistencia técnica, investigación, trasferencia de tecnología, créditos, seguros, insumos y comercialización.

El Programa Nacional Hídrico 2007-2012 (PNH), dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, incorporó nuevos objetivos como mejorar la productividad del agua en el sector agrícola, incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, promover el manejo integrado y sustentable del agua, consolidar la participación de los usuarios, prevenir los riesgos meteorológicos y evaluar los efectos del cambio climático (CONAGUA, 2011a). En la actualidad se está elaborando un nuevo Programa Nacional Hídrico.

En 2013 se presentó el Programa Nacional de Prevención Contra Contingencias Hidráulicas, que privilegia la coordinación entre las autoridades locales, para evitar afectaciones en temporada de lluvias.

En el marco del programa de Protección a la Infraestructura y Atención a Emergencias (PIAE), la CONAGUA ha instalado 16 Centros Regionales para la Atención de Emergencias (CRAE), con la finalidad de apoyar a los estados y municipios en el suministro de agua potable y saneamiento en situaciones de riesgo. También existen obras de protección contra inundaciones.

En 2002 se firmó entre el Gobierno Federal y los Gobiernos Estatales de Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas el Acuerdo para el uso sustentable del agua superficial de la cuenca del río Bravo, con el fin de alcanzar el uso sustentable del agua y distribuirla adecuadamente (CILA, 2005).

Financiación

Están obligadas al pago del derecho sobre agua las personas que usen, exploten o aprovechen aguas nacionales, así como aquellas que descarguen aguas residuales. Para el cobro de los derechos México se encuentra dividido en nueve zonas de disponibilidad. En general el costo por metro cúbico es mayor en las zonas de menor disponibilidad (CONAGUA, 2011a).

En 2009 la CONAGUA recaudó aproximadamente 850 millones de EE.UU.$ por cobro de derechos. Las RHA de VIII Lerma-Santiago-Pacífico, XIII Aguas del Valle de México y VI Río Bravo aportan el 64 por ciento de la recaudación.

Diversos organismos financieros internacionales financian proyectos en México dentro del sector del agua. En 2009 destacan el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que ha desembolsado 150 millones de EE.UU.$ para el Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales (PROSSAPYS II); el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento ha desembolsado 24.8 millones de EE.UU.$ para el Programa para la Asistencia Técnica para la Mejora de la Eficiencia en el Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME); y el Banco de Cooperación Internacional de Japón (JBIC) ha realizado un préstamo de 210 millones de EE.UU.$ para el Programa de Agua Potable y Saneamiento de Baja California (CONAGUA, 2011a).

Políticas y legislación

La Ley de Aguas Nacionales aprobada en 1992 tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, así como lograr un desarrollo integral sustentable.

En 2004, entraron en vigor reformas, adicionales y derogaciones de la Ley de Aguas Nacionales de 1992 que ratifican la autoridad y administración del Ejecutivo Federal mexicano en materia de aguas, pero promueven las acciones con los gobiernos estatales y municipales. Establecen que la coordinación, realización y administración de las acciones de gestión de los recursos hídricos por cuenca o región hidrológica se llevará a cabo a través de los Consejos de Cuenca, donde participan y los tres órdenes de gobierno, usuarios, particulares y organizaciones sociales (CILA, 2005).

Por otro lado, existen diversas Normas mexicanas relacionadas con el sector del agua, que tratan de evitar o reducir la contaminación del agua (CONAGUA, 2011a).

     
   
   
             

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