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Panama

Gestión del agua, políticas y legislación relativas al uso del agua en la agricultura

Instituciones

La gestión del agua, en lo relativo al riego y drenaje, involucra la participación de diversos actores siendo los principales: el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y las Asociaciones de Usuarios de los Sistemas de Riego.

El MIDA a través de la Dirección Nacional de Ingeniería Rural y Riego (DNIRR) tiene las siguientes funciones vinculadas al riego y drenaje: desarrollar programas y proyectos de riego y drenaje de acuerdo a la política sectorial agropecuaria; identificar las prioridades de inversión; promover la protección de los suelos para uso agrícola y del agua, en coordinación con ANAM; implementar programas de capacitación para funcionarios del MIDA, productores; desarrollar la explotación de las aguas subterráneas para uso agropecuario.

El MIDA transfiere a las respectivas Asociaciones de Usuarios, legalmente constituidas y reconocidas, el uso y goce de la totalidad de la infraestructura de riego de uso público, incluyendo la responsabilidad total de su administración, operación y mantenimiento.

La ANAM es la entidad rectora del estado en materia de recursos naturales y del ambiente; tiene competencias relacionadas directamente con la gestión del recurso hídrico, con implicancias en el desarrollo del riego y drenaje. La ANAM define las políticas y estrategias para la gestión integrada de los recursos hídricos; formula planes de manejo para el desarrollo, protección y conservación de las cuencas hidrográficas; autoriza cualquier actividad que varíe la naturaleza o calidad de las aguas; es la encargada de otorgar el derecho de uso o descarga de aguas.

Gestión del agua

En 1995, se inició el proceso de transferencia de sistemas públicos de riego existentes a los usuarios, con la asistencia técnica de la FAO y España. Desde entonces, el MIDA ha transferido a las respectivas asociaciones de usuarios la administración, operación y mantenimiento de los siete sistemas de riego de uso público existentes en el país. Con esto, el Estado promueve el proceso de transferencia de los sistemas de riego públicos al sector privado, como parte de una nueva política de ser un ente facilitador del riego en vez de dueño de los sistemas. Luego de la transferencia, el rol que ejerce el MIDA es principalmente de supervisión. Las Asociaciones de usuarios tienen la responsabilidad de presentar informes trimestrales de su gestión, al MIDA, además del plan de trabajo y el presupuesto anual para la administración, operación y mantenimiento del sistema.

De forma general los conflictos producidos por el uso del agua en el país derivan especialmente de la falta del recurso hídrico para satisfacer las necesidades de abastecimiento de agua potable, uso agrícola y generación hidroeléctrica, en parte debido a la poca planificación a nivel de cuenca.

Financiación

El estado financia la construcción de la infraestructura de riego de uso público. Los beneficios de estos proyectos públicos, usualmente han sido mucho menores que los costos. Un problema adicional es la distribución desigual de los subsidios entre los usuarios del agua. La mayoría de los beneficios del desarrollo de riego subsidiado, se acumulan en una minoría de propietarios con las parcelas de tierra más grandes. En el Plan Nacional de Riego, vigente desde 1997, se planteo la necesidad de modificar las condiciones de recuperación del capital y el proceso para establecimiento de las tarifas, con el objeto de brindar apropiados incentivos al sector privado para hacer inversiones en infraestructura de riego.

Las Asociaciones de usuarios de los sistemas de riego son las responsables de fijar las modalidades de financiación y de recuperación de los costos de regadío. En general, la tasa fijada por el servicio de agua no se ha estimado considerando los costos reales de operación y mantenimiento de los sistemas de riego, lo cual se evidencia en la limitada capacidad de inversión de las asociaciones para mejorar, modernizar o ampliar las infraestructuras públicas del sistema de riego.

Actualmente, el estado invierte en la ejecución del Estudio de factibilidad, diseño y construcción del proyecto integral multipropósito de riego de Tonosí, proyectado en una primera etapa para servir a una superficie de 10 000 ha. Además, se han concluido los Estudios y diseños finales de los proyecto de riego de Santa María, Alto Bambito y Río Sereno. Y, se encuentran a nivel de perfil, el proyecto de riego multipropósito de Santa María, el proyecto de riego de Santa Ana y el proyecto de riego de pivot central.

Políticas y legislación

Con la publicación del Plan Nacional de Riego (1997), se formalizaron las políticas que serían utilizadas por el MIDA y otras entidades estatales involucradas, para normar, regular y desarrollar la agricultura bajo riego en el país. Según éstas, el gobierno: (i) tendrá un nuevo papel frente al sector privado como facilitador, promotor y normador del desarrollo del riego, en vez de dueño y administrador de los sistemas de riego; (ii) facilitará y participará, como un socio del sector privado, en inversiones en infraestructura de riego que sean social, técnica y económicamente factibles; (iii) facilitará cambios en el ambiente legal e institucional para mejorar los incentivos a inversionistas privados en el riego; (iv) asegurará que el desarrollo de los recursos hídricos para riego sea sostenible. Las áreas de prioridad del plan corresponden a la vertiente del Pacífico del país, específicamente la región conocida como el Arco Seco y la provincia de Chiriquí.

El marco legal aplicable a la gestión del agua en la agricultura tiene como referencia la Constitución de la República de Panamá, el Decreto Ley 35 de 1966 sobre el Uso de Aguas y su reglamentación contenida en el Decreto Ejecutivo 70 y la Ley 41 de 1998. Este marco legal se ha enriquecido mediante la aprobación del Decreto Ejecutivo 84 de 2007, mediante la cual se aprueba la Política Nacional de Recursos Hídricos, con el objetivo de garantizar a la actual y futuras generaciones la disponibilidad de recurso hídrico en cantidad y calidad adecuadas. Además, se ha presentado un anteproyecto de una nueva Ley de Aguas, en cuya discusión deben participar el MIDA, la ANAM y los otros actores públicos, privados y de la sociedad civil con competencia en la gestión de los recursos hídricos.

Se ha avanzado en la creación de instrumentos legales y financieros para incentivar la productividad y competitividad del sector agropecuario a través de la Política Nacional para la Transformación Agropecuaria y su ejecución (Ley 25 de junio de 2001) y el Programa de Competitividad Agropecuaria y su Fideicomiso (Resolución de Gabinete No. 17 de 11 de septiembre de 2006). No obstante, es necesario que estos incentivos lleguen oportunamente a los agricultores usuarios de sistemas de riego.

     
   
   
             

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