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Paraguay

Gestión del agua, políticas y legislación relativas al uso del agua en la agricultura

Instituciones

Los principales actores identificados en el sector del agua en Paraguay se pueden dividir en los siguientes grupos:

  • Poder ejecutivo: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)- Dirección de Agua Potable y Saneamiento (DAPSAN), Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)- Pilcomayo, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) – Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA) y Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) – Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).
  • Empresas públicas: Dirección de Meteorología e Hidrología de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil del Ministerio de Defensa (DMH-DINAC-MD), Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
  • Entes autárquicos: Secretaría del Ambiente (SEAM), Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN), Instituto Forestal Nacional (INFONA), Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), Instituto Paraguayo de Tecnología Agropecuaria (IPTA), Secretaría Nacional de Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT) y Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
  • Sociedad civil: Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S. A. (ESSAP) (Anterior CORPOSANA), Federación Paraguaya de Madereros (FEPAMA), Asociación Rural del Paraguay (ARP), Unión de Gremios de la Producción (UGP), Unión Industrial Paraguaya (UIP) y Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (FEPRINCO).
  • Entidades Binacionales: Itaipú, Yacyretá
  • Otras organizaciones: Juntas de saneamiento, Consejos de aguas, Cámara paraguaya del agua, PHN-UNESCO

La principal autoridad en cuanto a la agricultura, es el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), y dentro de este ministerio, la Dirección de Extensión Agraria, es el actor principal. Esto debería incluir la adecuada gestión del agua. Sin embargo, durante el año 2011 se han realizado sistemas de suministro de agua a poblaciones, sin cumplir la reglamentación, como es el registro de pozos en la SEAM, o sin tener una unidad de fiscalización competente como el SENASA, o cumplir los procedimientos de la ERSSAN, entre otros.

El sector privado por su parte, se ve más dispuesto a cumplir con la normativa legal.

Según la Ley 3239/07 de Recursos Hídricos, la autoridad de aplicación es la SEAM, la cual otorga los registros, habilita el uso y verificar el control de efluentes. No obstante la falta de recursos humanos y técnicos imposibilita el cumplimiento cabal de estas tareas.

Gestión del agua

La gestión del agua potable la realizan distintos actores, inicialmente era SENASA para poblaciones menores a 4 000 habitantes, por medio de las Juntas de Saneamiento, y la ESSAP para las ciudades. En 2000 se crea el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN) que regula los derechos y obligaciones de los usuarios y prestadores del servicio, como son las Juntas de Saneamiento, la ESSAP, Aguaterías y Comisiones Vecinales. En 2002 se crea la Dirección de Agua Potable y Saneamiento (DAPSAN) que tiene la función de asistir al Estado como Titular del Servicio.

No obstante, la realidad socio-económica, cultural y política, hace que distintas instituciones realicen esfuerzos en mejorar la provisión de agua potable a las comunidades carentes del servicio, creando una fragmentación marcada en la gestión. Como ejemplo, se pueden citar, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) con el Complejo de Agua en el Chaco, la Secretaría de Acción Social (SAS) con el programa FOCEM, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) con los asentamientos, que tienen un alto componente social y político. En estos casos también se contemplan los usos de agua para uso agropecuario y forestal, además del consumo doméstico.

Financiación

La mayor parte del riego se hace en el sector privado, son ellos los que manejan los datos sobre las tasas de retorno, costos de inversión, operación y mantenimiento de los sistemas de riego. No hay una política de riego que incluya el crédito para estas inversiones, con modalidades de financiación, tasas, costos de recuperación, etc.

Los créditos se otorgan por cultivo y no por sistema de riego; como ejemplo se tiene el Ka’a He’e (estevia) o Stevia rebaudiana, cultivo que requiere de riego y que recibe créditos del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH). Otros organismos públicos de financiación son el Banco Nacional de Fomento, y el Fondo Ganadero, que otorga créditos para la producción.

Políticas y legislación

Desde el punto de vista jurídico, el sector hídrico está contemplado en el código civil y penal, y luego en las distintas instituciones que gestionan el recurso.

Con la sanción de la Ley 3.239/07 “De los Recursos Hídricos del Paraguay” (aun sin reglamentar), se crea el marco legal para “regular la gestión sustentable e integral de todas las aguas y los territorios que la producen, cualquiera sea su estado físico o su ocurrencia natural dentro del territorio paraguayo…” (Art. 1°).

Las políticas agrarias están más concentradas en la tenencia de la tierra que en la gestión misma, porque hay asentamientos, en los cuales se prevé el suministro de agua para consumo humano, sin considerar las necesidades para la producción agropecuaria.

     
   
   
             

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