Instancias nacionales, regionales e internacionales se encuentran trabajando para generar conocimiento y evidencias en los países del SICA, acerca de los factores de riesgo y las necesidades de acciones tempranas y de prevención para reducir las pérdidas económicas causadas por la pandemia y otras amenazas naturales.

La FAO, en colaboración con las secretarías ejecutivas del Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), del Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC), así como el Centro de Innovación Tecnológica para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid (itdUPM), y la contribución financiera de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) implementan una iniciativa que busca fortalecer los sistemas productivos de los países del SICA en su sostenibilidad, inclusión y resiliencia ante los efectos climáticos.

Este fortalecimiento lo están realizando a través del desarrollo de las capacidades institucionales y la transferencia de metodologías y tecnologías, para una mejor gestión del conocimiento en la planificación, la inversión y los programas agrícolas nacionales y subregionales.

Así, el equipo de expertos de las instituciones mencionadas ha generado un inventario de buenas prácticas agrícolas (BPA) y tecnologías para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres (GIRD) y la Agricultura Sostenible Adaptada al Clima (ASAC). El equipo ha enriquecido y adaptado al contexto centroamericano una metodología de la FAO para la evaluación de BPA, llevando a cabo un proceso de sistematización y análisis y elaborando un protocolo de experimentación de BPA

Sobre esto, el Coordinador Subregional de FAO para Mesoamérica, Adoniram Sanches Peraci, explicó que “Los sistemas agroalimentarios en la región enfrentan diferentes retos asociados a las emergencias sanitarias, pero además a las eventualidades climáticas, principalmente cambios en la temperatura y patrones de lluvias que ponen en juego la productividad de los sistemas agrícolas y la disponibilidad de alimentos. De ahí que se vuelve necesario implementar diferentes estrategias para mitigar los impactos en la agricultura, bajo un contexto de cambio y variabilidad climática, tal como lo propone el enfoque de la Agricultura Sostenible Adaptada al Clima”.

Sanches Peraci resaltó la importancia de la cooperación entre las partes, y añadió que mediante las acciones de este proyecto conjunto ya se identificaron e inventariaron más de 140 prácticas, parte de las cuales serán seleccionadas para ser evaluadas en terreno en el futuro para promover la eficiencia en términos de costo-beneficio, recursos hídricos y energéticos; y favorecer una producción agrícola sostenible e inclusiva, adaptada al clima y baja en carbono. Además, aseguró que estas prácticas se validarán con las entidades competentes para que, posteriormente puedan institucionalizarse y replicarse en otros territorios de la subregión.

Por su parte, la Secretaria Ejecutiva de CEPREDENAC, Lic. Claudia Herrera Melgar, indicó que este proyecto tiene experiencias acumuladas y bienes públicos que hay que aprovechar en la preparación e implementación de los planes de recuperación y reconstrucción de la Secretaría general del SICA. Asimismo, Ricardo Montero, funcionario de la SECAC, indicó que los insumos generados en el marco de esta iniciativa permitirán contribuir al Plan Agro-Covid-19 que aprobó el Consejo de Ministros en 2020.

Honduras y El Salvador estiman daños y pérdidas económicas por COVID y tormentas

En el marco de esta colaboración, se ha facilitado el diálogo para el uso de herramientas y habilidades que ayuden a los gobiernos a realizar la recolección y estimación de daños y pérdidas económicas en los subsectores de cultivos, ganadería, silvicultura y pesca para la priorización de necesidades y la toma de decisiones oportunas en beneficio de las poblaciones más vulnerables.

En este punto, se están coordinando acciones para la recolección de datos y el monitoreo de los indicadores relacionados con el impacto y las implicaciones de la COVID-19 y los huracanes Eta e Iota en la agricultura, los medios de vida y la seguridad alimentaria en Honduras y El Salvador; este último país con resultados a la fecha que indican que la disminución de ingresos a causa de COVID-19 y las medidas adoptadas para evitar su propagación, afectó aproximadamente a dos de cada tres (68%) hogares con actividad agropecuaria.

Adicionalmente, durante la pandemia los hogares salvadoreños experimentaron problemas con la producción agropecuaria o agroindustrial, principalmente por limitaciones con transporte, la poca disponibilidad de insumos y el incremento de precio de estos, además de la falta de mercado para la venta de sus productos. Esto se tradujo en que, a nivel nacional, aproximadamente 1 de cada 10 hogares agropecuarios manifestaron haber experimentado hambre en los últimos 30 días previos a la entrevista por no tener suficiente comida en el hogar ni recursos para obtenerla.

Estos datos contribuyeron al reciente análisis de la Clasificación Integrada en Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF) en El Salvador, del periodo de noviembre 2020 a febrero 2021, que arrojó datos de más de 684 mil personas en situación de crisis o superior, en cuanto a su seguridad alimentaria y proyecciones de empeoramiento en los próximos meses.

“Lo que buscamos con esta recolección de datos y generación de materiales de gestión del conocimiento, es contribuir para que los gobiernos de los países miembros del SICA fortalezcan sus capacidades de prevención, mitigación, preparación y recuperación ante el riesgo de desastres, fomentando la resiliencia de los hogares más vulnerables ante eventualidades como la pandemia COVID-19 y las tormentas ETA e IOTA”, afirmó Marco Minelli, experto en reducción y riesgo de desastres de la Oficina Subregional de la FAO para Mesoamérica.

Los funcionarios de todas las instancias involucradas coincidieron que estas evidencias serán un importante insumo para la toma de decisiones de los países con respecto a los programas de recuperación e inversión social y productiva; y que complementarían otros esfuerzos que se realizan en otros países de la región, en coordinación con agencias y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales.

Para los próximos meses, las instancias referentes de este proceso, con el acompañamiento de la itdUPM definirán las líneas de desarrollo del plan para el escalamiento de buenas prácticas ASAC y GIRD en políticas y programas agrícolas nacionales y subregionales, en vinculación con el Plan de Implementación de la Estrategia de Agricultura Sostenible Adaptada al Clima (EASAC) y el Plan Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres (PRRD).