Los programas de alimentación escolar son una de las intervenciones de protección social más efectivas para garantizar el derecho a la alimentación adecuada de los escolares y representan un gran potencial para el desarrollo de la agricultura familiar a través del acceso a las compras públicas.

Pero para aprovechar todo este potencial se deben hacer frente a importantes desafíos a nivel normativo e institucional, de capacitación, acceso y adecuación de los servicios de apoyo a la agricultura familiar para que pueda participar como proveedor de estos programas de manera efectiva y sostenida en el tiempo.

Con este objetivo, técnicos y responsables de planificación, diseño y ejecución de programas de alimentación escolar de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana participan en un encuentro que permitirá trazar planes de acción nacionales que faciliten el acceso de la agricultura familiar a estos programas.

“Los programas de alimentación escolar han ganado mucha fuerza en la región en la última década. Los países usan esta estrategia para facilitar a niños de poblaciones más vulnerables los nutrientes necesarios para llevar una vida saludable y activa, y también para enfrentar el sobrepeso y la obesidad”, afirmó Adoniram Sanches, Coordinador Subregional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

“Al vincular la alimentación escolar con las compras públicas a los agricultores familiares, se genera un círculo virtuoso entre seguridad alimentaria, salud y desarrollo rural, que refuerza la intersectorialidad. Este tipo de políticas inclusivas y articuladas intersectorialmente son el camino para avanzar en la lucha contra la pobreza, el hambre y la malnutrición y el cumplimiento de la Agenda 2030”, agregó Adoniram Sanches.

En el marco de este encuentro, que se desarrolla entre los días 23 y 25 de abril en Panamá, los participantes analizarán la normatividad existente y conocerán buenas prácticas, lecciones aprendidas y experiencias implementadas con éxito en otros países, lo que contribuirá a la mejora de sus capacidades institucionales.

Entre otros elementos, se analizarán los criterios de elegibilidad de compras públicas de alimentos de los centros escolares, procesos de certificación de proveedores, procedimientos de convocatoria y compra y adaptación de la definición de la canasta básica a criterios nutricionales y de producción local de la agricultura familiar.

Con base en los análisis y las experiencias, se orientará el diseño, modificación y aplicación de marcos normativos nacionales y de políticas públicas de compras públicas para la alimentación escolar vinculados a la agricultura familiar..

“Poder conocer, intercambiar y analizar lo que se está haciendo en esta materia nos va a permitir obtener información sobre las estrategias que resultan más efectivas y hacerlas extensivas o adaptarlas en otros países del SICA”, declaró Anny González, Coordinadora de Proyectos de Educación de la SG-CECC.

Esta actividad forma parte de un proyecto implementado por la FAO y el Sistema de Integración Centroamericana, a través de la Secretaría General de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (SG-CECC).

El proyecto también contribuye al cumplimiento de la Agenda Regional Intersectorial sobre Protección Social e Inclusión Productiva con Equidad (ARIPSIP) 2018-2030 promovida por la FAO y Secretarías del SICA, al propiciar la intersectorialidad y favorecer la coherencia entre las diferentes normatividades en la región.