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La lucha contra el hambre es un compromiso ético innegociable

Entrevista a Guadalupe Valdéz - Avances en soberanía alimentaria en República Dominicana

Guadalupe Valdéz es Diputada Nacional del Congreso de República Dominicana. Desde el inicio de su trayectoria política, ha abogado por la participación de la sociedad civil en los procesos de decisión. Miembro del grupo Frente Parlamentario contra el Hambre en América Latina y el Caribe, está comprometida con  la necesidad de hacer de la seguridad alimentaria un asunto estratégico de la actividad legislativa. Gracias a labor de personas como ella, se logran importantes avances en la promoción de marcos institucionales favorables a la realización plena del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe.

Señora Valdéz, enhorabuena por este gran avance: se ha presentado ante la Cámara Baja de República Dominicana el Proyecto de Ley de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional por el Derecho a la Alimentación. ¿Qué significa esto? ¿Cuál ha sido el proceso para lograrlo?

El proceso para formular el proyecto de ley ha tenido una duración de más de dos años y medio. La idea fue involucrar a los diferentes sectores que intervienen en la sociedad dominicana para conocer sus opiniones sobre si era necesario o no un marco legal para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. Esto era fundamental porque en nuestro país se reformó en el año 2010 la Constitución de la República y ahí quedó expresado de manera explícita el tema tanto el derecho a la alimentación como el tema de la seguridad alimentaria. También en el año 2012 se aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Para asegurarnos de que todos los sectores eran representados, se realizaron ocho foros territoriales durante 2011 en diferentes partes del país que permitieron escuchar la opinión de actores diferentes: ciudadanos y ciudadanas, funcionarios de los ministerios, etc. Los cuales fueron convocados por el Comité Interinstitucional que se conformó para tales fines, integrado por los Ministerios de Agricultura y Salud, el Frente Parlamentario contra el Hambre de la Cámara de Diputados, y la FAO-PMA-PNUD-OPS. Igualmente, también se logró involucrar a organizaciones diferentes: productores, mujeres, personas con discapacidad, etc. En estos foros se consultó a la población sobre la importancia que veían en el marco legal, la necesidad del mismo, así como la relación que veían entre la seguridad alimentaria y nutricional y políticas de producción o el tema de la disponibilidad, etc. También se habló sobre la relación que tiene el tema de seguridad alimentaria con la educación, con la salud, con los cambios climáticos, o sobre cómo hay que vincular la perspectiva de género con el tema de seguridad alimentaria.

A continuación procedimos a realizar una consulta presencial y virtual, ya que una vez el proyecto de ley estaba elaborado, queríamos contar también con las opiniones de diferentes sectores también. Así que durante casi 3 meses, realizamos talleres de facilitación de formación a las propias organizaciones. De esta forma, incluso en zonas alejadas, sobre todo en el área rural que está más aislada tecnológicamente, las organizaciones sirvieron de punto focal para tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos en el ámbito rural. Ha sido un proceso de formulación de proyecto de ley en el cual la participación ha sido fundamental por los aportes y la visión con la cual se ha formulado.

 

¿Cuál ha sido el papel de la FAO?

La FAO nos ha acompañado prácticamente desde el principio en este proceso, compartiendo y facilitando información, el intercambio de experiencias,  la sistematización de las mismas, brindando asistencia técnica, datos de la región, etc.  A principios del año 2011 la FAO convocó un encuentro en el que se invitó a los legisladores con el propósito de identificar qué acciones podíamos hacer conjuntamente.  Ahí, nosotros planteamos la importancia de avanzar,  de formular un marco legal para adaptarlo a la reforma constitucional del 2010 y a la Estrategia Nacional de Desarrollo del 2012. A partir de ese momento, iniciamos un proceso metodológico, tuvimos un intercambio con el equipo de FAO que estaba acompañando el proceso de FAO en Mozambique con la metodología que ellos habían impulsado en el país africano. Esta experiencia nos sirvió  para diseñar aquí en República Dominicana un proceso que fuera participativo, que estableciera la pluralidad en la participación, que convocase a los diferentes actores, que fuera descentralizado, etc. En ese proceso hemos contado con el respaldo técnico, financiero, de la FAO y de otras agencias de las Naciones Unidas con las cuales se ha venido también trabajando, como es el caso del PMA, del Programa de Naciones Unidas y de la OPS en República Dominicana.

 

¿Por qué se decidió la creación de un Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional en República Dominicana? ¿Qué antecedentes había en la región de sistemas similares?

En 2008 el Presidente de la República publicó un decreto creando un Consejo de Seguridad de Alimentaria, que sólo se reunió una vez y fue en ocasión de la crisis de los precios de los alimentos. Cuando iniciamos el proceso de formulación de la Ley nos orientamos de lo que había estado dándose justamente en la región, como los marcos legales que por ejemplo se adoptaron en Brasil en el año 2006, en el cual se establece ya un sistema nacional de seguridad alimentaria y nutricional. En este caso, había un enfoque multisectorial: no es el enfoque de un ministerio el responsable de este tema sino que tienen que participar los diferentes ministerios en la formulación, la aplicación y la evaluación y monitoreo de las políticas públicas que se formulen en seguridad alimentaria y nutricional.

Pero además era fundamental, siguiendo el modelo de Brasil que han continuado otros países como en el caso de Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Honduras, involucrar con una participación activa en la formulación también de políticas, de propuestas, en la ejecución y el monitoreo a las organizaciones de la sociedad civil y a los movimientos sociales. Por eso establecimos que debía de crearse un sistema nacional para la soberanía, seguridad alimentaria y nutricional que tuvieran tanto una visión de la parte Gobierno, de las instituciones del Estado y que involucrara también a una red de organizaciones sociales y comunitarias. Además, había que dotar a este sistema de herramientas para su aplicación cómo es el Plan Nacional en Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional con acciones en el medio y largo plazo.

 

¿Qué ocurrirá a partir de ahora? ¿Cuáles son los siguientes pasos previstos?

El proyecto fue introducido en la Cámara de Diputados y el pleno lo envió a la Comisión de Derechos Humanos, donde está siendo estudiado. Y a partir del informe de la Oficina Técnica de revisión Legislativa (OFITREL) en torno a los aspectos constitucionales y legales del proyecto de ley, y sus propuestas de mejoría en la redacción del proyecto, este deberá ser sometido a  vistas públicas, las cuáles se convocan de manera abierta, a través de la prensa escrita, la radio y la televisión y se transmiten también desde la página web de la página de diputados a todo el país, como un  mecanismo mediante el cual la ciudadanía puede hacer sus sugerencias y aportes a los proyectos de leyes en la Republica Dominicana. En este sentido esperamos que esta etapa sea muy rica en cuanto  a la participación de los sectores y que ya enriquecido el proyecto de ley pueda ser votado favorablemente en el Pleno de la Cámara, para que el  país  tener un marco legal en soberanía, seguridad alimentaria y nutricional, por el derecho a la alimentación.

Ha sido importante que las organizaciones sociales y comunitarias, que tienen conocimiento de que el Proyecto ha sido ya introducido al Congreso de la República hayan conformado una Mesa en Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional que tiene como propósito impulsar marcos legales para la inclusión social y se planteen esa coordinación con el Frente Parlamentario contra el Hambre. Además,  se están preparando acciones de capacitación para  participar con propuestas e  ideas, probablemente en el mes de junio realicemos unos talleres para el fortalecimiento institucional de lo que deberá ser ese sistema nacional para la soberanía, seguridad alimentaria y nutricional.  

Por ejemplo, en el Ministerio de Educación  se está abordando el tema desde la importancia que tiene el tema de alimentación escolar, de manera integral.   En esta etapa se ha estado  divulgando el proyecto de ley y ha sido entregado a los Ministerios de la Presidencia, Educación, Medio Ambiente, Agricultura, Salud, Mujer y al Instituto Pro defensa de los derechos del Consumidor (PROCONSUMIDOR) y al Instituto de Bienestar Estudiantil, así como a la Dirección de Cooperación Multilatral (DIGECOM) para que expresen sus recomendaciones y al mismo tiempo, que vayan identificando sus competencias y los requerimientos a tener en cuenta para la implementación de la ley, cuando sea aprobada. En esta etapa es vital la coordinación,  la articulación, de las sinergias que tiene que darse entre los diferentes sectores y actores, para que esto pueda avanzar de manera sostenida. De esta forma,  el Estado dominicano tendrá un estado legal que le permita establecer políticas públicas y asignación de recursos desde los diferentes ministerios para garantizar el derecho a la alimentación, y será el resultado del compromiso y de la suma de muchas voluntades para expresar en los hechos que la lucha contra el hambre es un compromiso ético innegociable.