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©FAO/Luis Tato

Reducción del riesgo de desastres en la agricultura

Los desastres se han intensificado recientemente, afectan a 4 030 millones de personas (un 124% más que en las dos décadas pasadas) y causan pérdidas económicas directas estimadas en cerca de 3 billones de dólares estadounidenses (un 182% más que en el período 1980-1999). Las catástrofes relacionadas con el clima comportaron el 91% de las pérdidas económicas directas y afectaron a 3 600 millones de personas en todo el mundo.

La agricultura absorbió un 26% del impacto total causado por los desastres de mediana y gran escala en los países menos adelantados (PMA) y los países de ingresos medios y bajos (PIMB) entre 2008 y 2018. Los medios de subsistencia de 2 500 millones de personas dependen de la agricultura, y este sector aporta soluciones de resiliencia a desastres y al cambio climático.

Reducir los riesgos y reforzar la resiliencia.

La FAO apoya la aplicación coherente del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (SFDDR, por sus siglas en inglés), el acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La labor de la Organización en cuanto a la gobernanza y las políticas de reducción de riesgos de catástrofes (RRC) abarca lo siguiente: incorporar la RRC en la planificación del desarrollo agrícola, desarrollar capacidades para el monitoreo del impacto de los desastres en la agricultura y reforzar la coherencia entre los procesos de RRC y de adaptación al cambio climático.

Principales mensajes de políticas

  • El número y el impacto de los desastres, en especial los relacionados con el clima, están aumentando de forma significativa. Es crucial que todos los países consigan pasar de los enfoques reactivos de respuesta a los desastres a acciones e inversiones anticipatorias y con riesgos calculados que sean más proactivas en materia de prevención y preparación, como se acordó en el SFDDR. Muchos desastres de pequeña y mediana escala se pueden evitar, o pueden ver reducido su impacto, si se adoptan medidas eficaces de reducción de riesgos.
  • Los agricultores, los pastores y las comunidades que dependen de los bosques son custodios directos del entorno. Con su forma de gestionar los recursos naturales, pueden evitar que los peligros naturales acaben convirtiéndose en desastres y crisis. Los servicios ecosistémicos prestados por los agricultores deberían ser reconocidos, tasados y convertidos en beneficios tangibles para ellos. Las políticas deben tener en cuenta la función "amortiguadora" de la agricultura en épocas de crisis. Esta absorbe las conmociones ambientales y económicas, así como las tensiones correspondientes en el nivel macro o micro, tanto económico como ambiental. La agricultura juega un papel decisivo para asegurar que las personas afectadas conserven el acceso a alimentos y medios de subsistencia durante y después de los desastres, y para fortalecer la resiliencia con el paso del tiempo. Estas funciones deberían reflejarse en responsabilidades sectoriales y consignación presupuestaria.
  • Es vital integrar la reducción de riesgos de catástrofes (RRC) en los planes de desarrollo sectoriales/agrícolas y las estrategias de desarrollo socioeconómico. Al mismo tiempo, conviene reforzar y asegurar una mayor coherencia entre la RRC y la adaptación al cambio climático (CCA) en la agricultura. Hay que acelerar y escalar las acciones conjuntas entre sistemas (locales, nacionales, regionales y mundiales), también mediante la alineación de estrategias/planes nacionales/locales de RRC con planes de acción climática nacionales (contribuciones determinadas a nivel nacional y planes nacionales de adaptación) y las metas o los compromisos de los ODS para no dejar a nadie atrás.
  • Unos sistemas agrícolas y alimentarios sensibles a los riesgos son esenciales para asegurar beneficios del desarrollo en el nexo acción humanitaria-desarrollo-paz. Si no se comprenden mejor los múltiples riesgos que amenazan los sistemas agroalimentarios, y estos riesgos no se reducen ni gestionan de forma más eficaz, seguirá aumentando el número de personas y comunidades que necesitan asistencia humanitaria, sobre todo en situaciones de conflicto y crisis prolongadas. En este contexto, es crucial escalar la RRC en las acciones humanitarias y asegurarse de que estas intervenciones sean sensibles a las cuestiones de género y a los conflictos.
  • A lo largo de la década pasada, la ayuda oficial para el desarrollo (AOD) destinada a la prevención y la preparación relacionadas con la agricultura se mantuvo en un nivel relativamente bajo y solo llegó al 3% del AOD total relacionado con la agricultura para la RRC y la gestión. Sin embargo, las inversiones en prevención y preparación para la agricultura tienen su recompensa. Por término medio, los beneficios derivados de las buenas prácticas de RRC en las explotaciones son 2,2 veces superiores a los que se obtenían con las prácticas agrícolas anteriores. Además, el rendimiento de la inversión que resulta de actuar en la agricultura de manera temprana e informada de los riesgos es de 7 a 1. Es decir, por cada dólar estadounidense (USD) invertido, genera un rendimiento de hasta 7 USD en pérdidas por desastres evitadas y beneficios añadidos. Para aumentar la inversión en prevención de catástrofes y en preparación para afrontarlas, y para ampliar las buenas prácticas de RRC basadas en datos comprobados, son necesarias políticas proactivas e incentivos.

  • La pandemia de la COVID-19 ha demostrado que los riesgos son sistémicos. La elaboración y ejecución de políticas y el fomento de la resiliencia, así como las intervenciones de recuperación en sistemas agroalimentarios, tienen que estar informados de los riesgos, basados en datos comprobados y orientados hacia soluciones que engloben todo el sistema, dentro de sectores y agentes y también entre ambos. Para ello se requieren enfoques multisectoriales, preventivos y anticipativos que tengan en cuenta múltiples riesgos y que incorporen de forma coherente la gestión del riesgo de desastres, del cambio climático y de las crisis para fortalecer de manera sostenible la resiliencia de la población, sus medios de subsistencia agrícolas y los ecosistemas de los que dependen.

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