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Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto (AMERP)

Antecedentes

©FAO/Alessandra Benedetti / FAO

El Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto es el primer tratado internacional de carácter vinculante centrado específicamente en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR). Establece un conjunto mínimo de criterios que las Partes deberán aplicar cuando los buques de pabellón extranjero soliciten entrar en sus puertos o mientras permanezcan en uno de ellos.

Redactado en 2005 y aprobado el 22 de noviembre de 2009 por la Conferencia de la FAO en su 36.o periodo de sesiones,  el Acuerdo entró en vigor en junio de 2016, treinta días después de la fecha en que se depositó el 25o instrumento de adhesión.

A través de la aplicación de medidas definidas que aseguren la apropiada detección e investigación de la pesca INDNR, así como medidas de seguimiento, presentación de informes y notificación, la aplicación del AMERP no sólo garantiza que se impida la entrada del pescado capturado mediante la pesca INDNR a los mercados nacionales e internacionales, reduciendo así los incentivos para que los infractores continúen operando, sino que además se conciencia sobre este suceso a otros Estados, organizaciones regionales de ordenación pesquera y organizaciones internacionales relevantes.

Considerando que la aplicación eficaz del Acuerdo requiere unos sólidos marcos políticos, jurídicos e institucionales, así como firmes mecanismos operativos sostenidos por suficientes recursos humanos y financieros, el AMERP tiene en cuenta las necesidades de los Estados en desarrollo, incluido el establecimiento de mecanismos de financiación.

La aplicación del AMERP a nivel mundial, aunada con un mejor desempeño de los Estados del pabellón, respaldada por unas medidas eficaces de seguimiento, control y vigilancia (SCV) y complementada por medidas comerciales y de acceso al mercado, no sólo reforzaría las iniciativas internacionales para reducir la pesca INDNR, sino que, como resultado, también respaldaría el fortalecimiento de la ordenación pesquera y la gobernanza a todos los niveles. Esto contribuirá de manera sustancial a la protección de nuestros océanos y a la garantía de que su riqueza pueda ser entregada a las siguientes generaciones.