Proyecto
"Evaluación Alianza para el Campo"
México

La Alianza para el Campo

La Alianza para el Campo es el principal instrumento de la política de desarrollo agropecuario y rural de México. Esta importancia se expresa, entre otras cosas, en un presupuesto anual que excede los mil millones de dólares, considerando la suma de los aportes del Gobierno Federal, de los gobiernos estatales y de los productores, dado que la Alianza, por diseño, es un programa de co-inversión tripartita. Además de la modalidad de ejecución nacional, Alianza opera en un esquema federalizado que cada vez confiere mayores responsabilidades a las instancias operativas locales. De esta forma, el gobierno federal transfiere recursos públicos y funciones a los gobiernos estatales, bajo un esquema de corresponsabilidad entre niveles de gobierno con una participación municipal creciente.

La Alianza comenzó a operar en 1996, en el contexto de una economía en creciente apertura, con el objetivo de aumentar el ingreso de los productores y el empleo rural mediante el incremento de la productividad y la producción agropecuarias, así como el fomento a las exportaciones de los productos del campo. Todo ello mediante la innovación tecnológica, la capitalización de las unidades de producción, la integración de las cadenas productivas y el desarrollo del capital humano de los productores rurales.

Año con año, la Alianza se ha venido modificando para incorporar mejoras en su diseño y operación, y para ser más incluyente del espectro de productores. Sin embargo, los apoyos e instrumentos para el logro de los objetivos siempre se han enmarcado, con algunas variantes, dentro de tres principales líneas estratégicas: fomento agrícola, fomento ganadero y desarrollo rural. Estos grandes rubros se complementan en Alianza con programas de investigación y transferencia de tecnología, de sanidad e inocuidad agroalimentaria, de promoción de las exportaciones y de sistemas de información para la toma de decisiones.

Evaluación de la Alianza para el Campo

El 1998, la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR, actualmente SAGARPA) decidió realizar la evaluación externa de la Alianza para el Campo y acordó con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) la participación de este organismo internacional en este proceso. Posteriormente la evaluación de la Alianza fue normada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, estableciendo su obligatoriedad en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Desde 1999, la FAO ha venido brindando asistencia técnica al Gobierno de México en la evaluación de la Alianza para el Campo. La finalidad de esta evaluación es, a partir de una visión externa, crítica y objetiva, aportar al Gobierno Federal y a los gobiernos de los estados elementos de juicio para la orientación de la política para el desarrollo rural, de manera que responda de forma eficaz a la problemática que enfrenta el país en un contexto competitivo de economía abierta.

En parte como resultado de dichas experiencias de evaluación, el Gobierno de México ha expresado su decisión de que la evaluación de sus políticas y programas sea parte de la gestión pública, prestando atención no solo al cumplimiento de la normatividad y al desarrollo de una cultura de transparencia en la gestión pública, sino a la evaluación como instrumento de retroalimentación que aporte elementos de juicio para orientar la política rural nacional y estatal, asignar prioridades en la distribución de los recursos para lograr mayores impactos, y proponer los cambios institucionales necesarios que faciliten la operación federalizada y participativa de la Alianza para el Campo.

La experiencia acumulada por la FAO en las evaluaciones de la Alianza para el Campo, desde 1999, ha hecho posible dar respuesta no solo a este requerimiento administrativo, sino que sobre todo le ha dado un valor agregado al convertir el ejercicio de evaluación en un instrumento de retroalimentación oportuna y práctica para la formulación de políticas en lo que se refiere a la pertinencia de los programas ante la problemática real que enfrentan los productores rurales, así como los procesos a través de los cuales operan, identificando sus fortalezas y debilidades, sugiriendo medidas correctivas o de mejoramiento en la ejecución, y fortaleciendo la capacidad institucional y el desarrollo de capacidades locales.

De esta forma, el Proyecto FAO-SAGARPA "Evaluación de la Alianza para el Campo" ha determinado los impactos de los recursos invertidos por la Alianza para el Campo y analizado las características de su operación, aportando elementos de juicio para una asignación más eficiente de los recursos y propuesto medidas correctivas para su operación.

A través de su programa de capacitación, el Proyecto FAO-SAGARPA ha contribuido al desarrollo de capacidades institucionales en los estados mediante la formación de recursos humanos calificados para la evaluación de programas y el seguimiento a la gestión pública, y así mejorar la operación de los instrumentos de la política agropecuaria y rural e incrementar sus impactos.

Estos esfuerzos de capacitación, colaterales a la evaluación, conllevarán a la consolidación de una red certificada de profesionales evaluadores estatales para los programas de la Alianza y otros programas de desarrollo agropecuario y rural, con una cultura de trabajo y de calidad total; a la profesionalización de quienes coordinan y administran la evaluación de la Alianza en cada entidad federativa; y a la excelencia en las evaluaciones estatales mediante la concurrencia de evaluadores y coordinadores certificados.

Metodología de evaluación

La evaluación se basa en la verificación en campo mediante encuestas y entrevistas a beneficiarios y a otros actores de los programas de Alianza, y se lleva a cabo tanto al nivel estatal como nacional. La FAO es responsable de la evaluación nacional y de proporcionar el soporte técnico y metodológico para la evaluación estatal en las 30 entidades federativas.

La evaluación comprende dos ámbitos básicos: procesos e impactos. En el ámbito de la evaluación de procesos se analiza el cumplimiento de los objetivos y de las metas físicas y financieras de este programa, se evalúan los procesos que acompañaron su diseño, su planeación, su operación, el arreglo institucional sobre el cual se desarrolla, así como la evaluación y seguimiento que se hace de la misma. Todo ello con el propósito de identificar áreas de oportunidad para una mejor eficiencia y efectividad en la consecución de los objetivos de Alianza.

En cuanto a la evaluación de impactos económicos y sociales, resultantes de la aplicación de los recursos, la evaluación se centra en a) el cambio tecnológico, b) la capitalización de las unidades de productivas, c) el desarrollo de capacidades, d) la conversión y diversificación productiva, e) los cambios en producción y productividad, f) los cambios en el ingreso neto, g) la integración de cadenas de valor, h) la generación y diversificación del empleo, i) el desarrollo y fortalecimiento de organizaciones económicas de productores, y j) los efectos sobre el uso sostenible de los recursos naturales.

En la evaluación de la Alianza 2003, y con base en la experiencia acumulada, la FAO tiene establecido implementar innovaciones metodológicas que contemplan la comparación de beneficiarios con no beneficiarios de la Alianza en un enfoque cuasi-experimental para determinar con mayor certeza la causalidad de los impactos.