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Derecho a la alimentación

Análisis del presupuesto

El presupuesto es una manera concreta y objetiva de medir el compromiso de un gobierno y el consenso nacional sobre la realización del derecho a la alimentación. El análisis presupuestario es crucial para evaluar las decisiones gubernamentales sobre asignación y distribución de unos recursos escasos entre prioridades que compiten entre ellas, y si se asignan recursos adecuados a los derechos humanos. El análisis incluye cómo se asignan los fondos y cómo se obtienen los ingresos (p. ej. impuestos). Contar con datos fidedignos es vital para identificar lagunas entre la teoría y la práctica y para lograr los cambios necesarios para subsanar esta deficiencia. Por último, una mayor transparencia del presupuesto puede aumentar la participación pública en el proceso presupuestario. Esto puede a su vez mejorar las políticas presupuestarias, las asignaciones y los resultados en favor de los pobres.

Para garantizar la implementación concreta del derecho a la alimentación, los gobiernos (en colaboración con la sociedad civil) deben elaborar políticas, planes y programas que sean eficaces para abordar las cuestiones alimentarias y promover el derecho a la alimentación, contribuyendo a la erradicación de la pobreza extrema y la reducción de la pobreza general (ODS 1) y a poner fin al hambre y todas las formas de malnutrición (ODS 2). Aquí es donde entra el presupuesto gubernamental, porque las políticas, planes y programas no pueden implementarse sin financiación. Una herramienta a disposición de las instituciones gubernamentales, legisladores y organizaciones de la sociedad civil (OSC), es el análisis y otro tipo de trabajos sobre los presupuestos gubernamentales.

Las decisiones presupuestarias se ven afectadas por actores internos y externos, que persiguen sus metas e intereses específicos, y esto puede dar lugar a intereses que compiten entre ellos para obtener recursos presupuestarios para la realización del derecho a la alimentación.

Análisis del presupuesto público

El análisis presupuestario permite que tanto el gobierno como la sociedad civil evalúen si los recursos del gobierno están siendo utilizados de la manera más eficiente y efectiva posible. Los gobiernos, ONG y organizaciones de la sociedad civil pueden supervisar, evaluar e influir en la realización de este derecho humano mediante:

  • la identificación de elementos que sean mensurables en términos presupuestarios;
  • el examen de los ingresos y gastos fiscales en relación con la pobreza, la igualdad de género y la realización del derecho a la alimentación;
  • la presentación de buenas prácticas para informar adecuadamente a los ciudadanos sobre cuestiones de planificación y presupuestarias (transparencia), facilitar una participación significativa de la sociedad civil (participación) y presentación adecuada y oportuna de informes (rendición de cuentas);
  • la explicación de técnicas para supervisar las tendencias presupuestarias y evaluar si un presupuesto nacional cumple con lo indicado en el PIDESC..

Por ejemplo, si una organización o institución ha decidido que el presupuesto del gobierno es un factor importante en un tema determinado del derecho a la alimentación, y que un cambio en el presupuesto pueda dar lugar a una mejora significativa, los cuatro pasos siguientes serían:

  1. Articular la hipótesis de la organización o de las instituciones gubernamentales.
  2. Decidir los enfoques de la labor presupuestaria, así como las metodologías que se utilizarán.
  3. Hacer coincidir la cuestión presupuestaria con los documentos presupuestarios pertinentes.
  4. Realizar el análisis presupuestario. El primer paso del análisis será diferente dependiendo de la dimensión del presupuesto involucrado en el caso: ingresos públicos, asignaciones presupuestarias o gastos. La evaluación del impacto requiere “controlar” otros factores que podrían afectar la situación, lo que en algunos casos es muy difícil o incluso imposible. Sin embargo, existe siempre la alternativa de realizar aproximaciones si se utilizan las técnicas correctas.

Las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación, en particular la Directriz 12 sobre recursos financieros nacionales para apoyar la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada, defienden que los Estados deben asignar recursos para combatir el hambre y defender la seguridad alimentaria en sus presupuestos respectivos y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos. La Directriz 12 alienta también a los Estados a “promover programas sociales y gastos básicos, en particular los que afectan a los pobres y los segmentos vulnerables de la sociedad, y protegerlos de los recortes presupuestarios”, y procurar que estos recortes “no afecten negativamente el acceso a alimentos adecuados entre los sectores más pobres de la sociedad “. Dependiendo de la cuestión, muchas otras disposiciones de las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación pueden ser pertinentes. Entre ellas, las Directrices 1 (“Democracia, buena gestión pública, derechos humanos y estado de derecho”), 5 (“Instituciones”) y 14 (“Redes de seguridad”) son potencialmente pertinentes para este tema.

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