El 5 de febrero 2013, se marcó un hito  cuando Uruguay se convirtió en el décimo país en ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En conformidad con sus estatutos, el Protocolo entrará en vigor tres meses después de la fecha en que haya sido depositado el décimo instrumento de ratificación o de adhesión. Por lo tanto, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales tendrá ahora un mecanismo internacional de supervisión, lo que robustecerá los esfuerzos para aumentar la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos.

Una vez que el Protocolo entre en vigor, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales estará en capacidad de recibir y examinar comunicaciones de personas o grupos que se hallen bajo la jurisdicción de un Estado Parte y que aleguen ser víctimas de una violación de cualquiera de sus derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo el derecho a una alimentación adecuada. Durante el examen de una comunicación, elComité podrá pedir a un Estado Parte que adopte las medidas provisionales que sean necesarias a fin de evitar posibles daños irreparables. También, los Estados Partes estarán  obligados a adoptar todas las medidas necesarias para que las personas bajo su jurisdicción no sean sometidas a malos tratos o intimidación de ningún tipo como consecuencia de cualquier comunicación con el Comité. Además, cuando reconocido por un Estado Parte, el Comité podrá examinar comunicaciones interestatales y realizar procedimientos de investigación.

Con esos tres medidas, el Protocolo fortalece la justiciabilidad del derecho a una alimentación adecuada, proporcionando un mecanismo de supervisión internacional que complementa los sistemas nacionales de los Estados Partes. Para los titulares de los derechos, esto significa que si hay una violación de su derecho a una alimentación adecuada, ahora tienen un mecanismo internacional al cual recurrir cuando no estén satisfechos con el resultado del proceso jurídico nacional. En síntesis, esto  proporciona una vía para asegurar que los derechos humanos básicos de los individuos y grupos sean respetados, protegidos y realizados. Ahora, se espera que más países tomen la iniciativa de convertirse en Estados Partes del Protocolo para ofrecer los beneficios de tal mecanismo a sus ciudadanos.

Hasta el  13 de febrero del 2013, 42 países han firmado el Protocolo, lo que muestra su respaldo al Protocolo pero sin estar legalmente obligados por él; mientras que los siguientes diez países lo han ratificado, convirtiéndose en Estados Partes: Argentina, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, España, Mongolia, Portugal, Uruguay.

Para información actualizada sobre el proceso de firma y ratificación del Protocolo, por favor visite el sitio web del United Nations Treaty Collection en:
http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3-a&chapter=4&lang=en
(en inglés)