5 de junio de 2019, Roma. -La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible nos impone un gran desafío y metas ambiciosas. Sin lugar a dudas, la única forma de avanzar es trabajar conjuntamente con socios, entre ellos el mundo académico y las instituciones de investigación. Con su experiencia técnica y sus capacidades, mientras trabajan conjuntamente con los legisladores, la realización del derecho a una alimentación adecuada y la lucha contra el hambre y la desnutrición se pueden mejorar enormemente.

En este contexto, se han constituido grupos de universidades desde los últimos años, con la colaboración de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), para alentar una mayor sensibilización y promoción del derecho a la alimentación (RTF). Estas redes están diseñadas para garantizar una alimentación adecuada, sostenible y saludable para todos a través de la investigación y las iniciativas públicas. Los resultados se pueden ver en aquellas leyes que finalmente se aprueban con un enfoque basado en los derechos humanos en el ámbito del Hambre Cero, generado por los esfuerzos combinados de la sociedad civil, la academia y los parlamentarios, con un amplio apoyo público.

El primero establecido, el Observatorio del Derecho a la Alimentación para América Latina y el Caribe (RFO-LAC), se remonta a 2011. Con el respaldo de la Agencia de Cooperación Española, actualmente está compuesto por más de setenta instituciones de 17 países de la región. Representado por diferentes colegios y centros de estudio. Sus miembros tienen una amplia experiencia en metodología, acción, análisis, monitoreo y evaluación de políticas públicas y legislación, además de asesorar a comisiones parlamentarias en el contexto de asociaciones con los Frentes Parlamentarios contra el Hambre en América Latina y el Caribe (PFH LAC) y Parlamento Latinoamericano y del Caribe (PARLATINO).

En 2017, la FAO se asoció con RUFORUM, un consorcio de 85 universidades africanas en África oriental, central, occidental y meridional, para fomentar debates políticos sobre seguridad alimentaria y agricultura. Un año después, se llevó a cabo el evento "Involucrar a parlamentarios y académicos para mejorar su potencial transformador para lograr la Agenda 2063 y SDG2" para impulsar el diálogo y la creación de redes entre los formuladores de políticas e investigadores para destacar su potencial transformador hacia el desarrollo sostenible.

Más recientemente, en septiembre de 2018, se presentó oficialmente el Observatorio Español sobre el Derecho a la Alimentación. Su objetivo es promover el intercambio de experiencias y el diálogo entre las instituciones académicas de Iberoamérica, los parlamentos, la sociedad civil y las organizaciones sociales. Hoy en día está formado por hasta treinta instituciones académicas, y varias organizaciones sociales. El Observatorio participó en la Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Desnutrición, en la que expresó interés en aunar esfuerzos con el Gobierno español en la lucha contra el hambre.