Experts' corner - 18.06.2020

18 de junio de 2020, Madrid - Luis Planas es el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, además de miembro del Grupo Asesor de Gestión de la FAO.

Planas destaca el papel que juega la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación en nuestras vida, que depende de la producción de alimentos, como ha puesto de manifiesto la pandemia de la COVID-19. Por ello, debe ser prioritario favorecer el acceso a alimentos asequibles y compatibles con una dieta saludable, suficiente, segura y equilibrada. 

El sector agroalimentario es clave en España. Pero no a cualquier precio. El Gobierno busca conseguir la sostenibilidad en "la triple vertiente económica, social y medioambiental", puesto que es "un reto inmediato”. La transformación de los sistemas agroalimentarios debe basarse en el fomento del medio rural, innovación e inclusión, a través de la participación de mujeres y jóvenes. 

---

España tiene una larga trayectoria de colaboración con la FAO, siendo así un socio estratégico en la lucha mundial contra el hambre y la pobreza. ¿En que se ha traducido ese compromiso y cooperación? ¿Cuáles son las perspectivas para el futuro?

La historia de colaboración de España con la FAO se puede definir como la historia de un estrecho trabajo conjunto de casi 70 años.

La solidez de esta relación se ha ido cimentando a lo largo del tiempo con actuaciones cada vez más comprometidas, tanto desde el punto de vista de la eficacia como del presupuestario. Hasta tal punto es así que, actualmente, nuestro país puede ser considerado uno de los socios estratégicos de la  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Desde el año 2000, España ha hecho un esfuerzo económico de más de 356 millones de euros en actuaciones de lucha contra el hambre, de acceso al agua y a la tierra agrícola, así como a la gestión sostenible de ambas. Y, actualmente, el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación gestiona 12 contribuciones internaciones destinadas a distintos programas de la FAO por un importe superior al millón de euros.

En todo caso, España puede optimizar su participación en la FAO y seguir aportando experiencia, trabajo y financiación a desafíos mundiales en el ámbito de la agroalimentación en los que es una referencia, como son las tecnologías relacionadas con el regadío, la sostenibilidad de las pesquerías, el cultivo en invernaderos, la agricultura de precisión o ‘smart farming’, los seguros agrarios, el desarrollo local sostenible o fomentar la participación de las mujeres en órganos de decisión.

El incremento de nuestra presencia en esta organización puede contribuir también a las relaciones internacionales multilaterales -de las que somos fervientes defensores- gracias a nuestra situación geográfica próxima a África y a nuestra cercanía cultural y lingüística con América Latina.

 

Según datos de la FAO, el 90% de los pescadores operan en pequeña escala, y alrededor de un 80% de las tierras en todo el mundo están ocupadas por explotaciones familiares. En el caso de España, ¿podría describirnos cuáles son las características y necesidades de los pequeños productores? ¿De qué manera la agenda de políticas alimentarias y de desarrollo rural toman en cuenta sus necesidades?

En el ámbito pesquero, nuestra flota artesanal y de bajura, formada por pequeñas embarcaciones de economía familiar, convive con los grandes buques factoría que faenan en todos los mares del planeta. La sostenibilidad medioambiental es, ya, una seña de identidad de las pesquerías españolas a nivel mundial, lo cual nos obliga, ahora, a promover la sostenibilidad desde un punto de vista social y económico. En este sentido, el papel de la FAO es clave para asegurar que el papel de la pesca y la acuicultura no se diluya en la Economía Azul. Por eso, España está dispuesta a colaborar con la FAO en la oportunidad que nos brinda el 2022, que ha sido designado por Naciones Unidas como ‘Año Internacional de la Pesca Artesanal y la Acuicultura’, para dar visibilidad a este sector.

Y, en la actividad agrícola, como en el resto del mundo, la inmensa mayoría de las explotaciones pertenecen a pequeñas empresas familiares que constituyen la base fundamental de nuestro medio rural.

En su conjunto, el sector agroalimentario español está constituido por unas 900.000 explotaciones agrarias y más de 31.000 empresas alimentarias. El 80% de ellas no tienen más de 10 trabajadores, pero su liderazgo en los mercados mundiales, su contribución a la riqueza y el empleo y su condición de ser la principal actividad económica en el medio rural las convierten en un sector estratégico para nuestra economía.

El reto inmediato es conseguir su sostenibilidad en la triple vertiente económica, social y medioambiental.

Desde el punto de vista económico, acabamos de adoptar modificaciones en la Ley de la Cadena Alimentaria para impedir la venta por debajo del coste de producción y queremos promover organizaciones, sobre todo cooperativas, que aumenten el poder negociador y la competitividad de los productores.

La rentabilidad económica de las explotaciones es una condición indispensable para asegurar la sostenibilidad social del mundo rural. Porque, en definitiva, se trata de generar un adecuado nivel de vida que resulte atractivo a la población. Y, en este sentido, creo que iniciativas como la ‘Década de la Agricultura Familiar 2018-2028’ de Naciones Unidas favorecen el avance en el desarrollo de este tipo de explotaciones familiares en todo el mundo.

La sostenibilidad medioambiental es una exigencia del planeta sin otra alternativa posible. España, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París y el Pacto Verde de la Unión Europea, está fuertemente comprometida e interesada en la lucha contra el cambio climático. Se trata de una un desafío global que requiere una profunda transformación de los sistemas alimentarios y agrícolas de todo el mundo.

                                            "Se trata de una un desafío global que requiere una profunda

                                                 transformación de los sistemas alimentarios y agrícolas" . 

 

La investigación, la innovación y las nuevas tecnologías nos ofrecen una gran oportunidad para conjugar ese doble reto de incrementar la productividad y la sostenibilidad de la agricultura. Por tanto, es totalmente necesario, a la vez que imparable, impulsar la digitalización para promover una agricultura económicamente viable, conservadora de los recursos y orientada al consumidor.

Desde el Gobierno de España somos conscientes de la importancia de impulsar el empleo de nuevas herramientas innovadoras y digitales en el sector agroalimentario y en el mundo rural para seguir produciendo más con menos y para hacer frente al reto del despoblamiento que afecta a buena parte de nuestro territorio rural.

 

La juventud rural es el futuro de la seguridad alimentaria y de una producción más sostenible. Sin embargo, parece que pocos ven un futuro para ellos mismos en las áreas rurales. De igual modo, las mujeres enfrentan muchos a obstáculos al intentar ganarse el sustento en este sector. ¿Qué medidas está llevando a cabo España para asegurar oportunidades a estos grupos en vistas a un futuro con un estándar de vida adecuado y una producción más sostenible?

El medio rural español ocupa el 84% del territorio, pero sólo acoge al 16% de la población. Por tanto, nuestro medio rural sufre una importante amenaza de despoblamiento y se encuentra masculinizado y envejecido, puesto que los primeros que lo abandonan son los jóvenes y las mujeres.

En la lucha contra ese despoblamiento, somos conscientes de que es necesario atraer a hombres y mujeres jóvenes mediante la reducción de la brecha digital y mediante la construcción de territorios complejos, adaptativos, eficientes, competitivos y sostenibles que requieren una importante dimensión financiera. En este sentido, España es uno de los países de la Unión Europea que más ha apostado por la iniciativa europea para una agricultura sostenible y competitiva (EPI-AGRI) a través de los Grupos Operativos de Innovación.

"En la lucha contra ese despoblamiento, somos conscientes de que

es necesario atraer a hombres y mujeres jóvenes

mediante la reducción de la brecha digital". 

 

En estos momentos, contamos con una línea financiera, a través del Programa Nacional de Desarrollo Rural, para fomentar el empleo mediante soluciones innovadoras en el sector agroalimentario y en el medio rural.

Además, el Gobierno de España tiene una ‘Estrategia de digitalización del sector agroalimentario y forestal y del medio rural’, pionera a nivel europeo, gracias a la cual podemos trabajar en la reducción de la brecha digital, en el fomento del uso de datos y en el impulso del desarrollo empresarial.

En cuanto a las mujeres, consideramos que su papel es fundamental en las comunidades rurales y que, por tanto, no se puede disociar de las políticas agroalimentarias. Somos un país puntero en el mundo en cuanto al reconocimiento de la igualdad de derechos y hemos incorporado acciones positivas, como favorecer su acceso a la titularidad de las explotaciones, con el fin de otorgarles la visibilidad y, sobre todo, los derechos que les corresponden, así como integrar la perspectiva de género en la nueva Política Agraria Común (PAC). Y creemos que la FAO puede y debe desempeñar una labor muy activa en lograr la participación de las mujeres en todos los ámbitos de decisión no sólo como productoras primarias, sino como líderes de sus comunidades.

 

Desde su lanzamiento, el Pacto de Milán ha tenido una gran acogida en España, pasando a convertirse ciudades como Valencia o Valladolid en referentes. ¿Cómo puede este creciente interés por lo urbano propiciar una transformación en favor del acceso a una dieta sana y sostenible a todas las personas, una vida digna y el respeto a los derechos de quienes producen los alimentos?

Comparto este interés creciente de la sociedad.

Es bueno que los ciudadanos, particularmente los de las ciudades, se den cuenta y valoren lo que implica la producción de alimentos, de la que depende nuestra vida.

Algo tan desafortunado como la pandemia causada por la Covid-19 se ha convertido en una oportunidad a la hora de que la sociedad urbana reconozca el papel esencial de la agricultura y la pesca. Es preciso fomentar todos estos valores que conjugan la necesidad de productos sanos y de calidad, tanto desde el punto de vista del consumo como de la producción, con el reconocimiento social y la retribución justa a los pequeños empresarios y trabajadores agroalimentarios.

Son, además, complementarios con otros sistemas de alimentación, como los que confío que tengamos ocasión de comprobar en la importantísima Cumbre Mundial de Sistemas Alimentarios prevista para el otoño de 2021.

Y permítanme mencionar explícitamente el trabajo del Centro Mundial de Valencia para la Alimentación Urbana Sostenible, el CEMAS, y sus dos líneas de actuación, que se llevan a cabo en permanente contacto con la FAO: la gestión de proyectos, estrategias y acciones por la alimentación sostenible; y su divulgación y sensibilización a través de exposiciones, congresos, difusión de datos y contenidos multimedia.

En todo caso, tal y como demandó ‘La declaración de Valencia’ es necesaria una mayor implicación de las administraciones locales de todo el mundo en los procesos de discusión, implementación, y líneas de actuación en las cuestiones relacionadas con la alimentación, el cambio climático, la lucha contra el hambre, la protección del pequeño productor, la soberanía alimentaria, la pobreza y el desperdicio alimentario.

 

En los últimos años, se ha observado, no solo un aumento del hambre, sino también un crecimiento sin precedentes del sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles causados por una mala alimentación. Esta situación se puede ver agravada ante los efectos de la COVID-19. ¿Desde el Gobierno, cómo esperan mantener y fortalecer los hábitos sanos de consumo y de preparación de los alimentos, así como el acceso a alimentos de calidad?

La pandemia provocada por el Coronavirus es un reto global sanitario, pero también pone a prueba a sectores esenciales como el agroalimentario. Como la propia FAO ha explicado en numerosos foros, es imprescindible mantener el normal funcionamiento de los sistemas y de las cadenas e intercambios alimentarios.

La crisis sanitaria ha mostrado que España cuenta con “suficiencia alimentaria”, ya que hemos conseguido sostener la base productiva a la vez que se ha posibilitado el normal abastecimiento de alimentos asequibles y compatibles con una dieta saludable, suficiente, segura y equilibrada.

Pero, precisamente ahora, se puede agudizar el estancamiento en la lucha contra el hambre en muchos países no sólo de África, sino también de Asia. Tenemos que estar muy atentos y poner todos los medios para que la lucha de la FAO en el fortalecimiento de los medios de subsistencia basados en la agricultura no se vea frenada por las consecuencias de la pandemia.

España es especialmente activa en los asuntos relacionados con la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación. Ha impulsado la Alianza Parlamentaria Española por el Derecho a la Alimentación y el Observatorio del Derecho a la Alimentación, además de haber organizado, en octubre del 2018, la Primera Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición.

En los países desarrollados tenemos problemas distintos. Tiene especial importancia observar buenas pautas de comportamiento nutricional para evitar la obesidad y la FAO así lo ha expresado al hacer llamamientos públicos para una alimentación sana durante la pandemia.

Eso significa mantener no sólo los más altos estándares de seguridad y calidad alimentaria, sino correctos hábitos de conservación y elaboración doméstica, además de una dieta equilibrada, saludable y acorde con las necesidades individuales y de la que la Dieta Mediterránea es uno de sus mejores exponentes.