24 de junio de 2020, Roma-La nueva enfermedad por coronavirus (COVID-19) tiene efectos en todas las dimensiones de la seguridad alimentaria y la nutrición, según las últimas notas de orientación de políticas publicadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).  Si bien es cierto que es probable que el sector agroalimentario muestre más resistencia a la crisis que otros sectores, la pandemia está afectando negativamente el bienestar humano y el pleno disfrute del derecho humano de las personas a una alimentación adecuada en todos los rincones del mundo .

El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, ha advertido: “es una crisis económica. Una crisis social. Y una crisis humana que se está convirtiendo rápidamente en una crisis de derechos humanos”.

Más de 820 millones de personas en todo el mundo no tienen suficiente para comer. En muchos países, la COVID-19 ha agravado factores que ya provocaban inseguridad alimentaria y desnutrición, como los conflictos y las plagas de langostas. Encontrar soluciones adecuadas a estos desafíos no siempre resulta fácil para los Estados.

"Las acciones tomadas para abordar las consecuencias inmediatas pueden no ser sostenibles o incluso coherentes según avance la pandemia", ha explicado Juan Carlos García y Cebolla, Líder del Equipo de Derecho a la Alimentación de la FAO. "Priorizar el desarrollo sostenible y situar en primer lugar los derechos humanos conlleva mejores resultados para todos", agregó.

En línea con esta visión de no dejar a nadie atrás, las Directrices sobre el derecho a la alimentación puede guiar a los Estados sobre cómo abordar las consecuencias de COVID-19. Esta herramienta política voluntaria pone de manifiesto la importancia del diálogo político y económico inclusivo en la formulación de políticas. Esto se refiere a la participación de todas las partes interesadas ​​en el sistema alimentario, entre ellas los investigadores, los parlamentarios, los consumidores y el sector privado.

La legislación y las políticas deben satisfacer las necesidades de los más vulnerables, incluidos las mujeres, los niños y los trabajadores informales. La ayuda alimentaria y la protección social facilitan la alimentación de estos grupos, quienes luchan por conseguir un ingreso diario, ha dicho el economista jefe de la FAO, Máximo Torero.

La escasez de mano de obra y la desaceleración de las operaciones, entre otros factores, amenazan la supervivencia de algunas explotaciones agrícolas, sobretodo de pequeños y medianos productores. Por eso, resulta esencial fortalecer las capacidades de adaptación, especialmente de aquellos que sufrirán las mayores consecuencias de esta crisis.